Ahora es “pies secos” con “polvo”

Estados Unidos nunca ha actuado seriamente en el cumplimiento de los compromisos pactados con Cuba

Por LÁZARO BARREDO MEDINA

30 de noviembre de 2015

Washington es responsable directo del  desorden y la inseguridad que ha primado en las migraciones cubanas en estos 55 años.

Nunca ha actuado seriamente en el cumplimiento de los compromisos pactados. Estados Unidos sigue enganchado en una contradicción viral: supuestamente quiere emprender el mejoramiento de relaciones, pero sin resolver los obstáculos que la entorpecen.  Lo acaba de reiterar la delegación estadounidense durante las últimas conversaciones bilaterales, cuando transmitieron claramente “que su gobierno no tiene la intención de hacer cambios en la política migratoria que se aplica a los ciudadanos cubanos”.

Cuba, como casi todos los vecinos de Estados Unidos, no estuvo ni está ajena a la creciente migración económica hacia ese país. Según datos del servicio norteamericano de inmigración y naturalización entre 1948 y 1957 unos 80 mil cubanos se asentaron como residentes permanentes en su territorio. Los trámites legales para que un cubano emigrara a Estados Unidos antes de 1959 eran prolongados y rigurosos. El que ingresaba ilegalmente era perseguido y le esperaba sin remedio la expulsión o la prisión.

Pero desde que triunfó la Revolución, las administraciones estadounidenses no solo depauperaron las relaciones bilaterales, sino que convirtieron los asuntos migratorios en un instrumento de agresión al prohibir el libre flujo ordenado y seguro de los cubanos y alentar el show de la salida ilegal y la deserción. Es visible el claro propósito de crearle dificultades internas a Cuba con quienes quieren emigrar por razones generalmente económicas y por reunificación familiar, y convertir el deseo de emigrar en irritación o descontento que estimule una posible “fuerza antigubernamental”. A la vez, y de paso, alentar una campaña internacional que distorsione la imagen del Gobierno Revolucionario ante el mundo, al tiempo que encuentra vías para sustraer profesionales.

Un poco de historia

Después de que los exponentes de la dictadura batistiana y los “siquitrillados” dieron origen no a una emigración, sino que trasplantaron hacia EE.UU. la típica sociedad neocolonial cubana de los años 50, con todo su aparataje y las riquezas extraídas del país, sin que nunca las autoridades estadounidenses respetasen el acuerdo de extradición entre ambos países, el presidente John F. Kennedy auspició en 1962 una ley de migraciones y asistencia a los refugiados,  donde designó como tales a los que salieran ilegalmente de la isla, no así a los que llegaran legalmente desde terceros países, a la vez que suspendió los vuelos hacia y desde Cuba. De esa manera crearon tensas situaciones internas mediante el aliento de los secuestros de naves aéreas y embarcaciones, así como las salidas ilegales en condiciones sumamente riesgosas.

Cuba, que trató por todos los medios de convencer a las autoridades norteamericanas de poner orden en ese asunto, no tuvo más remedio que tomar su primera decisión unilateral y responder a esos entorpecimientos con el establecimiento del puerto de Boca de Camarioca en 1965, desde el cual salieron varios miles de personas que querían establecerse en Estados Unidos o propiciar su reencuentro familiar. En diciembre de 1965 se establecieron negociaciones entre ambos países y se logró un memorándum de acuerdos que establecía el puente de Varadero para facilitar las salidas, lo cual concluyó en 1973.

Sin embargo, la intencionalidad política de agresión se mantuvo y prueba de ello es que en 1966 se puso en vigor la Ley de Ajuste, donde en virtud de ese malintencionado engendro jurídico y a diferencia de los inmigrantes de otras nacionalidades, cualquier cubano que arribe a suelo estadounidense por cualquier medio, en particular por vías ilegales, obtiene inmediatamente beneficios tales como recibir de forma inmediata y automática permiso de trabajo, prescindir de la prestación de una declaración jurada de manutención para recibir su residencia legal, obtener un número de seguridad social, beneficios públicos de alimentación y alojamiento, ajustar su situación migratoria sin necesidad de ir a su país de origen a recibirla, ni necesitar abogados ni incurrir en gastos para obtener el beneficio de la residencia permanente
Esta facultad que se ha dado al Fiscal General –que las autoridades de inmigración aplican–, ha sido empleada desde entonces para admitir a todo cubano que llegue a Estados Unidos e incluso ofrecer absoluta impunidad a los responsables de graves delitos, muchos de ellos cometidos con el objetivo de alcanzar el territorio estadounidense.

La demostración más contundente de esa inclinación a favorecer a los cubanos, como no se ha hecho nunca en la historia bicentenaria de Estados Unidos, lo constituye el ejemplo de que solamente entre 1963 y 1972 las instituciones federales estadounidenses aportaron a esos llamados refugiados una “ayuda” cercana a los mil millones de dólares. Desde entonces, esta política se ha convertido en una “danza de los millones” a costa del contribuyente norteamericano.

Las autoridades cubanas, por su parte, presentaron reiteradamente propuestas para lograr una solución ordenada y segura. En 1978, por ejemplo, tras el encuentro con la comunidad en el exterior, Cuba se pronunció por un énfasis a cuatro programas migratorios con salidas priorizadas: 1) reclusos contrarrevolucionarios y familiares; 2) exreclusos contrarrevolucionarios y sus familiares; 3) reunificación familiar a partir de reclamos de residentes en Estados Unidos y 4) las personas que posean doble ciudadanía.

La respuesta a esta voluntad constructiva fue la de no otorgar visas, dilatar la salida legal y alentar nuevamente las violaciones de la ley cubana, lo que culminó con el estimulado proceso de penetración ilegal de embajadas en 1980, sobre todo la del Perú. Esa fue la razón que desató el éxodo por el puerto del Mariel.

Durante la administración de Ronald Reagan, la presión de importantes sectores de la sociedad norteamericana en torno al problema de los llamados “excluibles” que llegaron vía Mariel, hizo que en la víspera de las elecciones estadounidenses se llevaran a cabo negociaciones sobre el tema y se adoptaran los acuerdos migratorios de 1984, pero unos meses después de su reelección, Reagan dio luz verde al engendro mal llamado Radio Martí, y fueron suspendidos los compromisos.

No obstante esa virulenta agresividad de Reagan, tras un proceso de atención a personalidades políticas y religiosas estadounidenses, las autoridades cubanas decidieron unilateralmente en 1986 excarcelar y dar salida a presos contrarrevolucionarios en compañía de sus familiares, pero de nuevo Estados Unidos comenzó a otorgar visas lenta y dilatadamente con una tendencia a la reducción, lo que llevó a varios cientos de esos expresos contrarrevolucionarios a formar un grupo de protesta contra la intransigente política de quienes los reclutaron y embarcaron en las aventuras anticubanas por las cuales tuvieron que cumplir sanciones penales.

Durante las administraciones de George Bush padre y William Clinton, Estados Unidos apostó al colapso interno de Cuba y acrecentó sus medidas para provocar el éxodo ilegal tras el impacto de la desaparición del socialismo en Europa del Este y de la Unión Soviética lo cual ocasionó nefastas consecuencias al desarrollo de Cuba y el desabastecimiento de productos básicos,  y se tuvieron que aplazar expectativas de solución a problemas latentes en la sociedad.

La aventura de cruzar el estrecho de la Florida volvió a convertirse en una tragedia humana y sirvió de base a otra campaña de difamación anticubana, acompañada además por el estímulo de salidas ilegales por las varias decenas de plantas radiales que han sido emplazadas contra el pueblo cubano.

Nunca se acordó ni “pies secos” ni  “pies mojados”

Como resultado de la última crisis migratoria, llamada “crisis de los balseros” en 1994, se produjeron varias rondas de conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos, que concluyeron con la firma del Acuerdo Migratorio del 9 de septiembre de ese año y la Declaración Conjunta del 2 de mayo de 1995.

Tales acuerdos, según el Comunicado Conjunto, establecieron que: “Los Estados Unidos y la República de Cuba reconocen su interés común en impedir las salidas riesgosas desde Cuba que ponen en peligro las vidas humanas [...] Adicionalmente, los Estados Unidos han descontinuado su práctica de otorgar la admisión provisional a todos los migrantes cubanos que lleguen al territorio  de los Estados Unidos por vías irregulares”.

Nunca se acordó ni se habló de la política de “los pies secos y los pies mojados”. En declaraciones al Miami Herald el 23 de diciembre de 1996, el director regional del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) de los Estados Unidos, Lemar Wooly, anunció que los ciudadanos cubanos que arriben ilegalmente después del 6 de diciembre de 1996, sea por mar u otra vía sin la debida documentación “serán tratados como inmigrantes ilegales y sometidos a los mismos procedimientos que se les aplican a los que provienen de otros países. Estas personas serán devueltas a Cuba, de ser aceptados por las autoridades cubanas”.

Según los representantes del INS, decía el reporte de prensa de entonces, “se quiere dar un mayor orden al proceso migratorio para los cubanos que deseen asentarse en Estados Unidos”. La información, dijo el diario, fue confirmada por la vicedirectora del Buró Cuba del Departamento de Estado y por el jefe de la SINA.

La capacidad de la Administración Clinton fue limitada por los detractores en el Congreso y la mafia de Miami que usó su lobby para chantajear. Altos personeros del Gobierno reconocieron por esas semanas que estaban siendo sometidos fuertemente al acoso y las reacciones de esta derecha política anticubana en Estados Unidos. De ahí vino la deformada interpretación que atizó los reiterados incumplimientos de estos Acuerdos por la parte estadounidense, azuzada más aún por la administración de George Bush hijo, para continuar alentando la emigración ilegal.

En enero de 2013 Cuba actualizó su política migratoria y facilitó una flexibilidad mucho mayor a los que querían visitar a sus familiares o hacer turismo, a quienes quisieran por razones económicas asentarse de manera permanente o temporal en otros lugares, o realizar otras actividades y tener siempre la posibilidad de regresar al país.

Como señaló la reciente Declaración del Gobierno Revolucionario “En los últimos tres años, casi medio millón de cubanos han viajado a otros países por asuntos particulares, lo que representa un crecimiento del 81% en relación con el período 2010-2012. Los principales destinos son los Estados Unidos, México, Panamá, España y Ecuador”.

Como se ha explicado, recientemente “varios miles de cubanos que salieron legalmente de Cuba y entraron de igual forma a un primer país de destino, desde donde iniciaron su recorrido irregular, se encuentran en estos momentos en una situación ilegal en Centro y Sudamérica, con destino a la frontera de México con los Estados Unidos”.

“Esta emigración irregular se articula a través de redes de tráfico de personas que operan en la región, responsables de actos de violencia, extorsión, vejaciones y otros delitos de que son víctimas los cubanos en su intento por llegar a los Estados Unidos, después de un peligroso recorrido de no menos de 7 mil 700 kilómetros y de cruzar ilegalmente ocho fronteras”, señaló la Declaración.

Esa modalidad, surgida a partir de los “pies secos” ya es llamada por varios expertos como “pies con polvo”, aunque esto no quiere decir que crucen el desierto como hacen miles de personas indocumentadas, pues pueden presentarse ante el oficial de inmigración que cuida la frontera y solicitar asilo o refugio.

Estados Unidos no podrá establecer el control y la disciplina en sus fronteras mientras exista la Ley de Ajuste Cubano, y seguirá en contradicción con la anunciada voluntad de avanzar en la normalización de las relaciones bilaterales.