Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y Luis Almagro, secretario general de la OEA. Foto: El Nacional.

El informe de Michelle Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela contiene todos los requisitos para ocupar un lugar señero en una enciclopedia universal de la infamia. Mucho más porque la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se debe a un conjunto de mandatos emanados de la Carta de esa organización, de los acuerdos de su Consejo de Derechos Humanos y de otras de sus instancias, que resultan pisoteados en este documento.

El informe no menciona apenas la guerra económica de Washington contra Venezuela y sus terribles efectos en la población y mucho menos exige que se ponga fin a esa brutal agresión. Omite innumerables hechos de primerísima importancia. Entre ellos, la violencia feroz de la oposición dirigida por Estados Unidos, tanto en marchas como en guarimbas y en sus reiterados intentos golpistas, enmarcados en un contexto de guerra híbrida cuyo fin desde 2002 es derrocar al gobierno bolivariano, eliminar físicamente al chavismo y apoderarse de las enormes riquezas naturales del país suramericano.

¿Golpismo? ¿Guerra Guerra híbrida? ¿Guerra económica? Qué va. Para Bachelet lo único que existe en Venezuela son violaciones del gobierno a los derechos humanos. Tampoco existe una grave crisis humanitaria ni de derechos humanos en Haití, Honduras, Guatemala, Colombia, Yemen, Somalia, Libia, Afganistán, Palestina ocupada por Israel. Ni las políticas neoliberales que hunden hoy en la miseria a millones de argentinxs y brasileñxs antes elevados a niveles dignos de vida por los gobiernos de Cristina Fernández y Lula, acciones que constituyen violaciones masivas de los derechos económicos, políticos y sociales de esas poblaciones. Ni la campaña de terrorismo de Estado del gobierno de Trump contra millones de migrantes, su exacerbación del supremacismo blanco, la xenofobia, el racismo y la misoginia.

¿De qué país habla Bachelet? El que refiere en su informe no es el que he visitado muchas veces durante el período revolucionario. No es el de millones de personas marchando en apoyo a su gobierno; no es el de la alta matrícula en todos los niveles de educación; no es el del programa Barrio Adentro ni los Centros de Diagnóstico Integral, que con médicos venezolanos y cubanos han hecho de la salud un derecho universal; no es el de la igualdad entre hombres y mujeres ni el del reconocimiento de la diversidad sexual; no es el de la menor desigualdad en nuestro continente, de acuerdo con datos de la respetada Comisión Económica para América Latina de la ONU; no es el democracia participativa y protagónica ejemplar; no es el de lxs jóvenes y el pueblo alegres y cultos. Tampoco el de los casi tres millones de viviendas dignas.

No está en mi ánimo edulcorar la realidad, tampoco oculto mi compromiso militante con la Revolución Bolivariana. Pero si de investigar y calificar una realidad se trata, lo menos que debe exigirse es que predomine la observación y comprobación escrupulosa de los hechos y no el desequilibrio ni un ejercicio totalmente discriminatorio, unilateral, selectivo y sesgado. En Venezuela, como en todos los procesos revolucionarios, se han cometido errores. Hay burocratismo y corrupción, que cualquier chavista reconoce y denuncia. El Estado burgués dificulta el avance revolucionario y los cuerpos de seguridad pueden cometer excesos que se investigan y con frecuencia se sancionan. Pero nada de esto podría analizarse si no se considera la subordinación por mucho tiempo del país al sistema de dominación de Estados Unidos, expresado en el modelo petrolero rentista y el subdesarrollo. Mucho menos si se obvia la guerra en curso contra la Revolución Bolivariana, precisamente por los éxitos que ha obtenido en la trasformación de aquella realidad en materia de soberanía, justicia social, solidaridad humana, amplias libertades democráticas y verdadero ejercicio de los derechos humanos, e incluso éxitos económicos, ahora velados por el bloqueo.

¿Cómo puede justificar Bachelet que de las 588 entrevistas que nutren su informe ninguna haya sido realizada en Venezuela? ¿A qué fueron entonces allí la señora y su equipo, que permaneció semanas en el país? ¿Cómo explicar que el secretariado redactor del informe sea el mismo que hacía esta labor al Alto Comisionado anterior, el príncipe jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, de estrechos vínculos con el repugnante secretario de la OEA, Luis Almagro, y con Leopoldo López?

María Eugenia Russian, presidenta de Fundalatin, ONG con Estatus Consultivo Especial dentro del Consejo Económico y Social de la ONU, denunció la exclusión de informes y testimonios de 12 ONGs en el Informe Bachelet.

La Alta Comisionada no tomó como fuentes de su reporte los documentos confeccionados por dos expertos independientes de la ONU, Alfred de Zayas e Idriss Jazairy, quienes censuraron en términos muy duros las sanciones económicas contra Venezuela y las consideraron causantes de las privaciones que sufre la población.

El informe de Bachelet, en fin, parece redactado por Almagro. Tal para cual.