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General: Falta mucho para que la justicia española sirva a las mayorías
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| من: Ruben1919 (الرسالة الأصلية) |
مبعوث: 18/02/2020 13:53 |
Más de un millón de desahucios se han ejecutado en España desde 2008 hasta lo que va de 2020, tal como lo denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Tras esos desalojos forzosos quedan familias en situación de desprotección, personas que han preferido suicidarse u otras que enfrentan causas judiciales por intentar evitarlos.
Isa Serra es una activista y dirigente política española que con apenas 30 años de edad ha participado en varios de los eventos políticos y sociales que han marcado la historia reciente de España. Con apenas 22 años se lanzó a las calles para participar en el Movimiento 15M, o también conocido como el Movimiento de los Indignados, que exigió a lo largo y ancho del país, mayor participación, más justicia social y menos poder en manos de banqueros y corporaciones, "democracia real", gritaban ellos.
Poco después, Serra participó en la creación del partido político Podemos, que el pasado 7 de enero llegó al poder tras la conformación del primer gobierno de coalición desde la llegada de la democracia en 1978.
Isa Serra, ahora diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid se enfrenta a la justicia de su país. En 2018 se le acusó de provocar desórdenes públicos y liderar acciones violentas contra la policía cuando el 31 de enero de 2014 vecinos del barrio Lavapiés intentaron frenar el desahucio de Antonio, un hombre con discapacidad que no tenía más alternativa de vivienda.
La Fiscalía pide para Serra 23 meses de cárcel y 5.250 euros de indemnización. A pocos días de conocerse la sentencia y dar a luz a su primer hijo, Isa Serra conversa con Sputnik sobre la causa que enfrenta y sobre el problema de la vivienda que hay en España.
—¿Qué fue lo que pasó aquel 31 de enero de 2014 en Lavapiés?
El día 31 de enero hace ya seis años, yo me pasé un rato por un desahucio que había en mi barrio, en Lavapies, donde se desalojó a una persona con discapacidad, con una enfermedad crónica, a quien no solo se le desahució, sino que se le detuvo. Fue un hecho dramático que generó una situación de tensión y de violencia, tanto de la policía como de algunas personas que estaban en ese desahucio. Lo que hizo la policía a partir de ese momento fue ir a por las personas a las cuales se nos conocía por participar en los movimientos sociales.
—¿Qué pruebas has presentado tú para defenderte?
En el juicio ha quedado muy demostrado que no solo son acusaciones falsas en mi contra, sino que lo que hizo la policía fue señalar a personas y activistas sociales de agredir a la policía.
De eso nos acusan, a mi personalmente. Nosotros, por parte de la defensa, hemos presentado numerosos vídeos, unos 115 vídeos y muchísimas fotos. En todas las fotos y vídeos se ve que yo no estaba actuando de la forma como dice la policía. Hemos demostrado que todas las acusaciones son falsas, hemos aportado muchos testigos y ha quedado en evidencia que la policía actuó de forma irregular a la hora de identificar a las personas, que no fue a partir de una denuncia por los hechos de ese día, sino a partir de intereses políticos.
—Cuando hablas de intereses políticos a quiénes te refieres ¿quiénes pudieran estar detrás de las acusaciones en tu contra?
Yo creo que cuando hay condicionamientos políticos los hay por varias razones. Está claro el fallo de identificación de la policía, porque no fue que me detuvieron ese día, sino que me identificaron veinte días después. Buscan señalar a personas que hemos sido activistas de movimientos sociales. Yo participaba en el movimiento por la universidad pública, en el movimiento feminista, en el 15M y a partir de ahí la policía concluye que yo soy una de las personas que ha agredido. Lo dicen sin ninguna prueba, solo por haber sido activista social.
En segundo lugar ha habido condicionamientos políticos en este procedimiento judicial porque yo he sido una persona pública de Podemos. Por un lado es bueno porque hay mucha atención mediática y eso puede permitir más garantías para los activistas, pero también, al hacerse mediático el caso, intervienen medios de comunicación de derechas y grupos políticos, como el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que públicamente presionan para que yo salga condenada de un procedimiento como este. Esos son los elementos políticos que creo que hay en esto, pero espero que en la decisión judicial no exista. Solo se me puede condenar si existen esos factores políticos porque en lo que se ha demostrado en el juicio es que no hay ninguna prueba que me haga culpable por lo que trata de inculparme la policía.
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—A Isa Serra se le juzga por frenar un desahucio, a raperos por sus letras, a actores por “cagarse en Dios”, como en el caso de Willy Toledo. ¿qué está pasando con la justicia de España?
Yo creo que no pasa de ahora. El ejemplo de que haya personas como Willy Toledo estén declarando por una denuncia por haber insultado a la Virgen o que yo por manifestarme pacíficamente frente a un desahucio haya tenido que ir a juicio, pues es la demostración de que queda mucho que hacer en este país para que la institución judicial funcione de acuerdo a los intereses de la mayoría y no de acuerdo a intereses políticos.En los 40 años que llevamos de democracia ha habido muchos cambios institucionales, insuficientes, en la mayoría de ellos, pero donde más hace falta la evolución y avanzar hacia una institucionalidad democrática es en la justicia.
—Pero, precisamente es en la justicia donde se ve el mayor bloqueo. El Partido Popular se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que tiene un año en funciones, porque justo ahí tienen mayoría?
Eso es lo que estamos denunciando desde hace mucho tiempo, y es que el Partido Popular ha tratado siempre de controlar la justicia, utiliza la justicia para atacar derechos políticos, civiles y sociales, y ahora lo que están haciendo es utilizar su fuerza parlamentaria para bloquear la renovación de la justicia, precisamente porque no quieren que responda al interés conjunto de la ciudadanía y por eso van a tratar de controlarlo hasta donde puedan.
—La vivienda y los desahucios son uno de los principales problemas de España ¿cómo se llegó hasta esta situación?
Fundamentalmente, desde la crisis económica de 2008 y la implementación de políticas de austeridad que vinieron después por parte de organismos internacionales y de los gobiernos de nuestro país. A partir de ahí se creó un drama social que continúa hasta el día de hoy. Solo en la Comunidad de Madrid hay 17 familias que son desahuciadas diariamente y en un 80% de esos desahucios se ven afectados niños, niños que no tienen alternativa habitacional y que desde luego se vulneran todos sus derechos.
En el momento del estallido de la crisis los desahucios eran por ejecuciones hipotecarias, es decir, ejecutados por bancos. Ahora, los desahucios son por el impago del alquiler. Esto demuestra que en ambos casos quienes están detrás son los grandes bancos o los grandes fondos buitres que entienden la vivienda como un negocio para especular y no como un derecho de la ciudadanía que hay que garantizar. Creo que lo que está pasando en los últimos años con el aumento del alquiler en Madrid, por ejemplo, con el aumento de un 50% en algunos barrios como Puente de Vallecas, Arganzuela, está demostrando que quienes gobiernan en la Comunidad de Madrid gobiernan para favorecer a esos fondos buitres que acumulan viviendas, porque esas viviendas vacías hacen que suba el precio del alquiler y que se produzcan estos desahucios.
—La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, insiste, y lo volvió a repetir en su reciente reunión con el presidente Pedro Sánchez, en la necesidad de legislar para regular el precio de los alquileres. Sin embargo, el Banco de España ha dicho que eso podría tener efectos adversos y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dicho que el ejemplo de la regulación en Berlín no está siendo tan exitoso. Calviño insiste en aumentar la oferta en el Plan de Vivienda ¿cuál crees que sería la solución habitacional para este país?
El acuerdo de gobierno que se ha firmado entre el PSOE y Unidas Podemos establece medidas que son prioritarias respecto a solucionar el drama de la vivienda, y no son todas las que habría que hacer porque no es el programa de Unidas Podemos, sino que es el programa que hemos podido consensuar en una situación de minoría dentro de un gobierno, pero sí pone como prioridad regular los precios de los alquileres.
Yo entiendo que cuando Calviño plantea que no es lo que hay que hacer es que no está de acuerdo con el acuerdo de gobierno del PSOE con Unidas Podemos. Desde luego que algo que se ha hecho en muchas ciudades europeas, y también en EEUU, y que hay que hacer acá es movilizar la vivienda vacía y se puede hacer de diferentes formas. Nosotros en el programa de la Comunidad de Madrid lo planteábamos. Se pueden poner impuestos a los grandes tenedores para que movilicen esa vivienda, es decir, que la pongan en el mercado de alquiler y si lo ponen no tengan que pagar impuestos.
Se pueden tomar medidas para aumentar la oferta de viviendas, pero desde luego que esto implica que se permita a los ayuntamientos y comunidades autónomas que pongan un tope a las subidas de los precios del alquiler.
Esto se ha propuesto en el programa de gobierno estatal, pero la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, es decir, Díaz Ayuso y Almeida han dicho que no lo van a poner en marcha y han dicho que van a ser quienes abanderen la guerra contra el gobierno estatal. Van a demostrar nuevamente que en esa guerra política contra un gobierno de izquierda van a defender a los fondos buitres y sus intereses, en lugar de defender el bienestar de los jóvenes y la ciudadanía.
—También se ha barajado la propuesta del entonces llamado Ministerio de Fomento de ceder terreno público a fondos de inversión privada para la construcción de viviendas de alquiler asequible. ¿Estás de acuerdo?
No, desde luego que no estoy de acuerdo. Creo que lo que tiene que hacerse es vivienda 100% pública y que todo lo que ha sido de regalar vivienda pública a fondos privados sea revertido.
También quiero destacar que otra de las cosas que está haciendo la derecha en el último tiempo es hacer una campaña perversa contra la ocupación, como si el problema de la vivienda sea la ocupación, tratando de buscar un chivo expiatorio al problema y generando una guerra del último contra el último para así tratar de quitar de la ecuación a los verdaderos responsables, que son los políticos que están en las instituciones que gobiernan de acuerdo a los intereses de los fondos buitres, y desde luego los propios fondos buitres que acumulan viviendas.
—¿Cual sería entonces la solución?
Hay que ampliar el parque público de vivienda, eso es fundamental. En la Comunidad de Madrid se ha hecho todo lo contrario. En el año 2013 se vendió vivienda de la agencia pública a fondos buitres como Goldman Sachs. Hace dos meses hubo una sentencia que dijo que es venta (de Ana Botella e Ignacio González) fue fraudulenta y que esa venta no se puede tener en cuenta. Es decir, que esas viviendas pasan a ser públicas de nuevo y así lo tiene que asumir el gobierno. Sin embargo, lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular es llevar a los tribunales de nuevo esa sentencia para que no se aplique.
Esto es una vergüenza porque no solo no reconocen el daño que se hizo en su momento, sino que quieren continuar haciéndolo, afectando al conjunto de la ciudadanía en tanto no incorporen esa vivienda que han regalado a los fondos buitres a la vivienda del parque social. También haciéndole daño a las personas inquilinas que vivían en esas viviendas, que después de haber sufrido todo tipo de presiones, extorsiones y maltratos por parte del fondo buitre para que se fueran de esa vivienda, y ahora, a pesar de que la justicia les de por una vez la razón, venga el Partido Popular a continuar con este calvario.
—Ustedes pasaron de indignados al poder ¿creen que podrán traer soluciones a los problemas sociales que viven españoles?
Hay que asumir los límites de un gobierno en el que estamos.
También hay que reconocernos que a pesar de todos los ataques por parte de las cloacas del estado, de los poderes económicos, de todo el intento de acabar con una fuerza política como Unidas Podemos, hemos resistido, confiamos en que se podía hacer y, finalmente, gracias a los movimientos sociales y a las personas que conforman Unidas Podemos, hemos conseguido entrar en un gobierno. Ahora viene lo difícil, pero ya en estas semanas hemos demostrado que se pueden hacer cosas si hay voluntad política y si se está dispuesto a poner por encima de cualquier interés económico el interés de la ciudadanía. Hemos subido las pensiones, el salario mínimo interprofesional, hemos dicho también que vamos a aumentar la inspección del trabajo en el sector de los temporeros donde se vulneran derechos humanos y hay trabajos forzosos y situaciones abusos sexuales contra mujeres. Falta mucho, pero creo que, desde luego, es una etapa muy esperanzadora para la mayoría social de nuestro país.
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