El pasado viernes 4 de abril, Jesús Adán Quinto, reclamante de tierras colectivas de los ríos Jiguamiandó
y Curvaradó en el departamento del Chocó, entregó su último testimonio. Esta vez no para denunciar la
indebida apropiación de tierras por parte de actores ilegales, sino para detallar como venía funcionando el
negocio del narcotráfico en el Urabá como eje de exportación del alcaloide hacia Estados Unidos y Europa.
Cinco días después, el miércoles 9 de abril, fue asesinado por dos sicarios en el municipio de Turbo, Antioquia.
No era la primera vez que Quinto advertía sobre la exportación de droga en el Urabá chocoano y antioqueño.
Desde el 23 de septiembre de 2013, iba y venía a la capital de la República para ratificar sus denuncias ante diversos
estamentos y precisar que estaba amenazado de muerte. Sin embargo, sus graves informaciones no fueron escuchadas
y fue asesinado con varios disparos en su cuerpo.
“Nos sentimos amenazados y cansados, tengo temor por mi vida hace mucho rato, me han hecho varios atentados”:
denunció ante las cámaras el reclamante de tierras. Su testimonio evidenció experiencia en la región y señaló que
“hoy el Darién chocoano y el Urabá en la frontera con Panamá se convirtieron en un segundo Caguán de Colombia”.
Jesús Adán Quinto denunció que desde el año 2007 existe un matrimonio en la región entre grupos guerrilleros,
de autodefensa, servidores y narcotraficantes para comercializar la droga a través de territorios que pertenecen
y son ocupados por las comunidades negras.
En concreto detalló que, por ejemplo, el 27 de octubre de 2011 tuvo conocimiento del transporte de un
cargamento de 2.000 kilos de cocaína, de un sitio conocido como Batatilla, ubicado en la frontera con Panamá.
Del envío de la droga señaló Quinto, que le informó a la Brigada XVII del Ejército, pero pese a ello, dicho cargamento
llegó a Panamá sin ningún inconveniente. “El gobierno tiene totalmente descuidada la frontera con Panamá
y sigue siendo el eje del comercio para armas, droga e inmigrantes”.
El reclamante de tierras informó además que en los sectores de los ríos Cacarica, Perancho y Salaquí, cercanos
al municipio de Juradó, se transportan al menos dos cargamentos mensuales de droga, que oscilan entre los 2.000
y los 7.000 kilos. También precisó como puntos estratégicos del comercio de droga además del río Atrato, el sector de Puente América.
En cuanto a la vigilancia de las autoridades, el extinto reclamante informó que hay algunos miembros de la Infantería
de Marina que se estarían lucrando en razón de que aunque tienen información de sitios y rutas, obtenida en algunos
operativos y por inteligencia, no efectúan ninguna acción. Detalló el caso de un mayor Quiñones de la Brigada XVII
quien junto con otros integrantes de la institución, fueron informados del paso de un cargamento de 7.000 kilos, también
con destino a Panamá, pero no hicieron nada. “Desde hace cinco años existe un laboratorio ubicado
en el corregimiento de Batatilla pero sigue funcionando”
Parte de su testimonio audiovisual grabado por el Canal Capital, cinco días antes de su muerte, da cuenta del uso
de personas dedicadas a una labor humanitaria que han sido utilizadas como mulas para trasladar droga de
Colombia a Panamá, conocidos como cargueros, quienes reciben entre $2 y $4 millones de parte
de la alianza Farc, autodefensas y narcotraficantes.
Otros nombres que salieron a relucir de la denuncia del inmolado reclamante de tierras fueron el de alias
“Leo” y el de alias “Silver”. En el caso de Leo, se trata de un narcotraficante que se mueve entre el Valle del Cauca
y el Urabá y pertenece a un grupo traficantes de droga con asiento en el Norte del Valle.
Con respecto a Silver durante varios años, a través del frente 57 de las Farc, manejó el negocio y muchas de sus
operaciones se realizaron en los municipios de Carmen del Darién, Vigía del Fuerte y Riosucio. A comienzos
del pasado mes de marzo junto con su cónyuge fue dado de baja en un operativo
conjunto entre el Ejercito Nacional y la Fuerza Aérea.
Jesús Adán Quinto, concluyó su denuncia grabada, de cerca de 15 minutos, indicando que otros actores en la zona
como miembros de la Comisión de Justicia y Paz y servidores de la Defensoría del Pueblo, estarían
vinculados al negocio o hacen caso omiso de las denuncias.
Han pasado 12 días del asesinato del líder de tierras y aún no hay resultado alguno sobre los autores intelectuales
y materiales del asesinato que se produjo justamente en la celebración del día de las víctimas. La Unidad Nacional
de Protección, lamentó el asesinato e informó mediante un comunicado que en el momento de los hechos,
Jesús Adán Quinto salió sin la compañía del escolta.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, informó el día del asesinato que en esa mañana no se
hicieron presentes los escoltas de Quinto y pidió investigarlos. El Procurador Alejandro Ordoñez instó
a las autoridades a adelantar una investigación.
Entre tanto, el gobierno ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información del caso. La Policía
publicó un retrato hablado de uno de los posibles asesinos.
El director de la Asociación Tierra y Vida, Carlos Páez Díaz, denunció que la Unidad Nacional de Protección
le había reducido la seguridad a Quinto: “a pesar de las constantes amenazas de muerte por parte de grupos
ilegales en la región del Urabá antioqueño y chocoano”. Por eso pidió investigar la conducta del
director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar Pachón.
Lo cierto es que empezó a correr el tiempo y los familiares de Jesús Adán Quinto, las negritudes de Antioquia
y Chocó y los reclamantes de tierras, siguen clamando para que el asesinato de Jesús Adán Quinto
no quede en la impunidad, como muchos otros en el país.
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