EUROPA Y ESPAÑA EN EL MOMENTO
DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA

 La fuerza de la nobleza y la debilidad correlativa de la Corona, sin embargo, nunca se consagraron en un sistema constitucional que limitara explícitamente los poderes del monarca. Las cortes -representantes de la nobleza, la Iglesia y algunas ciudades- eran convocadas usualmente a voluntad de la Corona, casi siempre cuando ésta requería algún subsidio para corregir sus habituales déficit o para iniciar una nueva campaña militar. Pero no se requería la aprobación de las cortes para promulgar nuevas leyes -aunque sí para derogar las antiguas- , y la nobleza y el clero, exentos de obligaciones tributarias, se desentendieron usualmente de las funciones de las cortes y dejaron a las ciudades sufrir aisladas la presión fiscal del rey, sin pretender utilizar un organismo tal para formalizar y consolidar un poder de hecho que parecía alejado de toda posible discusión.

El escaso desarrollo urbano y la ausencia de incentivos para el desarrollo de manufacturas -España tenía ya un buen producto de exportación en la lana, requería pocas importaciones y tenía una amplia industria doméstica artesanal, casi toda para autoconsumo- impidieron la formación de una burguesía amplia y fuerte. Buena parte de las actividades comerciales y financieras fueron asumidas por extranjeros, como los italianos o judíos. Mientras la burguesía formaba un grupo débil, la Iglesia había adquirido un amplio poder. La guerra santa, religiosa y nacional al mismo tiempo, había dado a las órdenes militares religiosas (las de Calatrava, Alcántara y Santiago) inmensas riquezas y vastos señoríos en las zonas que habían ayudado a ganar para el cristianismo. Obispos y clérigos, exentos de impuestos, acumularon concesiones y donaciones hasta que los ingresos de muchos prelados se igualaron a los de los más ricos nobles. El destino de la Iglesia se fue confundiendo con el de Castilla. A falta de una unidad nacional y cultural clara, se forjó sobre todo a partir del siglo XIII una exaltada unidad religiosa que adquiría ilimitado vigor con ocasión de cada guerra o cada crisis nacional. Los judíos, tolerados en la Edad Media a pesar de la legislación antisemita de la Iglesia, se convirtieron en objeto del odio popular desde las pestes del siglo XIV, a lo que se sumó la animadversión de los grupos tradicionales hacia quienes como prestamistas, usureros, cobradores de impuestos, etc., controlaban el poder financiero y buena parte del capital comercial. Muchos judíos, presionados, se convirtieron al cristianismo y entraron a la burocracia o al patriciado urbano y continuaron ejerciendo sus funciones económicas tradicionales. Pero renovadas tensiones y motines condujeron a las primeras normas de limpieza de sangre en 1449, en las que se exigía demostrar que no se tenía sangre de judíos ni de conversos para desempeñar cargos públicos. Pese a esto los reyes siguieron tolerando la presencia judía, aunque los cristianos nuevos tropezaron con crecientes dificultades; sólo el esfuerzo final de unificación nacional, a fines del siglo XV, hizo que la Corona pusiera su fuerza en las luchas contra los judíos, en un momento en el que finalmente las metas de la nación se confundían inextricablemente con los ideales religiosos; así, en 1492 cuando la conquista de Granada eliminaba la última posesión árabe en la península, los judíos fueron definitivamente expulsados de España.

3. La situación de Aragón

El reino de Aragón había tenido un desarrollo histórico muy diferente al de Castilla. Menos poblado (contaría quizás con 1.000.000 de habitantes a finales del siglo XV), formado por Cataluña, Aragón y Valencia, había consolidado entre 1270 y 1400 una economía basada en la producción y exportación de textiles. La monarquía, al servicio de un patriciado urbano que cosechaba los beneficios del comercio textil, emprendió exitosas aventuras imperiales, que le permitieron incorporar en 1409 las islas de Cerdeña y Sicilia al cetro aragonés. Las cortes de Cataluña, Aragón y Valencia, apoyadas en el gran poder de la burguesía y en una tradición feudal más profunda que la de Castilla, se reunían con frecuencia y lograron consolidar un sistema constitucional en el que se definían claramente los poderes y obligaciones de gobernantes y gobernados; las cortes gozaban de poderes legislativos y para expedirse cualquier ley era necesario el consentimiento mutuo del rey y las cortes.

Pero Aragón, vinculado estrechamente a la economía urbana del Mediterráneo, sufrió con dureza la crisis de finales de la Edad Media. Ya para 1400 eran visibles las señales de decadencia. La población rural, disminuida por las pestes (el número de habitantes de Cataluña pasó de unos 430.000 en 1365, cuando ya había pasado la más violenta de las plagas, a unos 280.000 en 1497) aprovechó la coyuntura para debilitar los derechos feudales y mejorar su situación. Una áspera lucha social se desarrolló durante toda la primera mitad del siglo XV y culminó en una guerra civil, de 1462 a 1472, a la que confluyeron otros elementos de crisis. La industria textil se enfrentaba a una creciente competencia europea y muchos de los patricios urbanos prefirieron invertir sus capitales en tierras. Los genoveses desplazaron en parte a los aragoneses del comercio con Castilla y de las actividades financieras; el comercio con el Mediterráneo se hallaba hacia 1450 en clara decadencia. En el ambiente cada vez más cargado los artesanos, pequeños comerciantes, obreros textiles, etc., derribaron a la oligarquía de rentistas y comerciantes que controlaban las instituciones municipales de Barcelona e intentaron poner en marcha un programa de rígida protección textil (1453). Tratando de transferir los costos de la crisis al campo, el Rey abolió en 1455 los derechos feudales y la obligación de residir en la tierra del señor. La nobleza esperaba una eventual revocación de estas decisiones, pero la proclamación de Fernando (el Católico) como heredero de Aragón, en vez de su hermano medio Carlos, aliado de los nobles, hizo perder esperanzas a la nobleza que se enfrentó entonces con las armas a la monarquía. Una violenta guerra civil se extendió por Aragón. Los múltiples enfrentamientos -el Rey contra la aristocracia, señores contra campesinos, grandes burgueses contra pequeños burgueses y artesanos, familias rivales en busca de poder local- dieron a la guerra un confuso carácter y la hicieron muy destructiva. A consecuencia de ella el poder real se consolidó y las medidas contra la nobleza quedaron en pie. Sin embargo la crisis económica se acentuó y Aragón resultó incapaz de reconstruir las bases de su poderío comercial e industrial.

4. La unión de Castilla y Aragón

Los dos reinos de Castilla y Aragón eran los más importantes de la Península Ibérica al finalizar el siglo XV. Ambos habían incorporado varios reinos y dominios más pequeños en su proceso de expansión hacia el sur y Castilla, en especial, había afirmado una voluntad de cruzada que podía ser puesta al servicio de ideales de unidad nacional. Pero la unión de los dos reinos hecha posible por el matrimonio de los dos herederos -Isabel de Castilla y Fernando de Aragón- en 1469, fue más la consecuencia de consideraciones dinásticas que el resultado de confusas y tal vez inexistentes aspiraciones nacionales. Cuando Isabel recibió el trono en 1474, y Fernando el suyo en 1479, cada uno heredaba únicamente el mando sobre su propio reino, sin que se considerara una posible unificación de Castilla y Aragón. Aunque Fernando e Isabel gobernarían en forma conjunta, al final de su reino cada monarquía seguiría independiente. En la práctica la unión, que era teóricamente de iguales, resultó en la subordinación de Aragón -el reino más avanzado y moderno, pero más débil demográfica y militarmente- a Castilla y a sus intereses. Y esto ocurrió aunque fuera Fernando quien se encargara de la política internacional, apoyándose en su mayor familiaridad con las complejidades de esa naciente diplomacia renacentista en la que, como lo revelara la obra de Maquiavelo, quien consideró a Fernando un magnífico ejemplo de ella, se advierte el triunfo de la astucia y la voluntad de poder sobre la moral tradicional.

Los nuevos monarcas, apoyados en su creciente poder interno, lograron rápidamente la culminación de las luchas de la Reconquista. En 1482 Castilla se apoderó del Alhama, en 1487 cayó Málaga y en enero de 1492 fue capturado el último reducto árabe, Granada. En la exaltación del triunfo se ordenó la expulsión de los judíos; así la nobleza veía desaparecer el único grupo social distinto de ella con algún poder económico de significación. Los que quisieran convertirse podrían permanecer en España, aunque quienes lo hicieron se convirtieron con frecuencia en víctimas favoritas de la Inquisición. La situación tenía adicional ironía si se piensa que durante años se había atacado continuamente a los conversos; ahora se presionaba la conversión más o menos coactiva de miles más. En 1502 el obispo Francisco Jiménez de Cisneros impuso a los moros de Castilla la disyuntiva de convertirse o emigrar, que muchos resolvieron con una conversión aparente. Con esto se lograba al menos nominalmente la unidad religiosa; ahora sólo quedaban en España, fuera de los cristianos viejos, los "conversos" judíos y los recientes conversos del Islam (los "moriscos"); algunos moros de Aragón, que eran fuerza de trabajo de la nobleza, fueron tolerados hasta 1526. A cambio de esta unidad religiosa, que iba a adquirir mucho peso en la mentalidad de los españoles, sufría la economía, pues la salida de unos 120 a 150.000 judíos implicó el retiro de gran parte del capital comercial y financiero y la pérdida de muchos especialistas y artesanos, mientras que la expulsión de los árabes que rehusaron convertirse acentuó la debilidad de la agricultura española. La ausencia judía fue especialmente grave y sólo pudo ser suplida en parte por la intervención creciente de otros grupos de capitalistas extranjeros. Genoveses, flamencos, alemanes pudieron así adquirir en un momento u otro el dominio de sectores claves de la economía española, aunque los conversos, con su número recién inflado, desempeñaron un continuo papel en tales actividades y siguieron, por lo tanto, siendo víctimas de la mentalidad anticapitalista de fuertes sectores nobiliarios y de la sospecha acerca de la sinceridad de la conversión, mantenida con impecable lógica por quienes habían aprobado que se les obligara a adoptar la cristiandad5.

Tan importantes como el fin de la reconquista fueron las modificaciones que los Reyes Católicos introdujeron en la balanza del poder interno de España. Aunque ambos monarcas se mantuvieron aferrados al ideal medieval del buen príncipe, cuya autoridad no está limitada pero que al orientarse al bien común no puede chocar con las prerrogativas, derechos y fueros de los gobernados, Castilla evolucionó en un claro sentido autoritario, que aumentó los recursos políticos de la Corona a costa de los poderes de la nobleza y la burguesía. Aragón, gobernado casi siempre en ausencia, afirmó por el contrario los elementos contractuales de su constitución; con esto los dos reinos se separaron aún más en sus formas reales.

Etapas decisivas en el proceso de afirmación de la autoridad real en Castilla fueron las Cortes de Madrigal (1476) en las que se creó un cuerpo permanente de policía y administración judicial rural, la Santa Hermandad, que logró pacificar el campo español, presa de bandidos y vagabundos. Las cortes de Toledo (1480) dieron un fuerte golpe a la nobleza, al exigir que devolviera la mitad de todo el ingreso usurpado al rey por los nobles desde 1464 (aprovechando sobre todo las guerras civiles, en particular la que enfrentó a Isabel con la pretendiente al trono, Juana la Beltraneja, entre 1474 y 1479).  La importancia de esto no debe exagerarse: les quedaba en todo caso la mitad de lo usurpado, y pronto muchos nobles fueron compensados por lo que debieron ceder.  Además se instauró un consejo real, el Consejo de Casti­lla, que reemplazó a la nobleza en el ejercicio de las funciones políticas de la corte.  Esta medida refleja en forma justa el sentido de la evolución de la monarquía, aún más que la orden de devolución.  Los reyes querían esencialmente debilitar el poder político de la nobleza, pero no estaban interesados en disminuir sus poderes económicos y sociales.  El Consejo de Indias estuvo compuesto en su mayoría por letrados, burgueses o plebeyos, usualmente fieles a la corona a la que debían su encumbramiento y desligados de toda solidaridad de clase con la burguesía o los sectores populares.  Ver en el ascenso de estos individuos un ascenso burgués es optimista, como lo muestra la firmeza con la que se enfrentó la realeza con los poderes políticos de las municipalidades y las cortes.  En efecto, a partir de 1480 la corona nombró corregidores, delegados directos suyos, en casi todas las ciudades; estos nuevos funcionarios limitaron de manera drástica las funciones de los cabildos, la institución en la que se expresaban los intereses autónomos urbanos.  Asumieron también muchas de las tareas judiciales ejercidas antes o por el alcalde (nombrado por el cabildo) o por el señor, en los casos en los que la villa estaba sometida a un señorío.  El sistema judicial se completó con la formación de tribunales reales para resolver los casos sujetos a una segunda instancia (Audiencias).

Más bien que disminuir, el dominio económico y social de la nobleza sobre el sector rural aumentó; la reorganización del estado hecha por la monarquía no había sido hecha contra la nobleza sino más bien en alianza con ella.  Nuevas tierras fueron concedidas a los nobles tras la conquista de Granada; en 1515 se confirmó y extendió el derecho a establecer mayorazgos, lo que reforzaba el orden estamental español.  Además los Reyes conce­dieron muchas hidalguías, una política que iba en el mismo senti­do de las anteriores.  En la jerarquía social española, después de los "grandes" (unos 25, que conservaban el sombrero en presen­cia del rey) y de los nobles titulados, venían los hidalgos, exentos como los anteriores de toda obligación tributaria.  Los hidalgos tenían derecho a ser tratados con el título de "don" y constituían una capa de nobles muchas veces empobrecidos; una gran parte de la población española estaba formada por hidalgos, y a esa parte se añadían cada vez nuevos grupos, en premio de determinadas acciones o, después de 1520, por compra del título.  Este último procedimiento, al ser utilizado por plebeyos enrique­cidos, sacaba de las listas tributarias a quienes tenían precisa­mente con que pagar impuestos, y gravaba en forma creciente al  pueblo bajo y en especial a los campesinos.  Este hecho, junto con la prohibición a los nobles de desempeñar oficios "viles", que retiraba del trabajo productivo a muchos hidalgos recientes, acentuó la crisis de la agricultura que la decisión de 1501 en favor de la Mesta no había hecho sino subrayar.

En el terreno económico, la corona adoptó políticas monopolistas: el tráfico de lana fue entregado al Consulado de Burgos (1494), siguiendo antecedentes aragoneses, con el objetivo adicional de facilitar el cobro de tributos a una de las fuentes esenciales de ingresos de los reyes.  La industria, menos fácil de someter a un sistema simple de impuestos, fue atendida menos por Isabel y Fernando.  España tenía un conjunto de industrias artesanales bastante amplio, y una proporción muy alta de la población caste­llana empleaba parte de su tiempo en ellas, en su propio hogar o incluso como asalariados. Fernando, siguiendo el ejemplo arago­nés, trató de organizar estas industrias en gremios, lo que iría a dificultar su desarrollo. En un momento en el que los gremios entraban en crisis en Europa, la adopción de una política de este tipo, hostil a innovaciones tecnológicas, disminuciones de costos y aumentos de la producción, no podía ser más inadecuada.  Pero a pesar de que la política económica de los Reyes Católicos no condujo a un desarrollo importante de la producción española, excepto indirectamente, en cuanto garantizaron un buen grado de paz interior y en la medida en que apoyaron las expediciones de descubrimiento y conquista de América, la política tributaria fue mucho más exitosa: la corona aumentó sus ingresos en forma extra­ordinaria y logró en la práctica una plena independencia de las contribuciones de las Cortes.

A los anteriores aspectos de afirmación del poder real se añadió la política relativa a la Iglesia.  Una de las más importantes medidas de los reyes fue incorporar a la corona las órdenes religiosas militares, colocando a Fernando como patrón.  Con esta medida se incorporaban al dominio real tal vez un millón de vasallos y se ponían en manos de Fernando unos 1.500 cargos para premiar a sus amigos.  En esta incorporación se advierte el frío realismo con el que se manejaron estos asuntos, evidente también en la pretensión de Isabel de que el Papa se limitara a confirmar sus nombramientos de obispos.  Nada se logró en este sentido hasta 1486, cuando Inocencio VIII, que requería la ayuda militar y política de Fernando para apoyarse en Italia, dio a los reyes el derecho de "patronato" -o sea de seleccionar los obispos- en las iglesias que se establecieron en Granada.  El proceso siguió, y otra vez interesado en apoyo en los conflictos italianos Ale­jandro VI concedió en 1493 el derecho exclusive a evangelizar en América -fuera de legitimar la autoridad temporal de los reyes españoles sobre los territorios descubiertos- y en 1501 cedió los diezmos que se cobraran en las nuevas tierras.  Julio II, el belicoso sucesor de Alejandro, entregó en 1508 el patronato sobre las iglesias de Indias y Adriano VI dio a Carlos V en 1523 el derecho de presentación de todos los obispos de España, con lo que se garantizaba la subordinación política de la Iglesia al estado español.  Esta subordinación no representó una gran prueba para la Iglesia.  Más bien la fortaleció, en la medida en que Isabel se esforzó por reformarla, escogiendo con cuidado los obispos, colocando en las sedes eclesiásticas a hombres severos e ilustrados, impulsando la reforma de los colegios y los monaste­rios, en muchos de los cuales se vivía sin disciplina ni morali­dad.  Fue tal la decisión con que se hicieron las reformas que se dice que un buen número de monjes en Andalucía se convirtió al islamismo por no soportar los rigores de la nueva disciplina.

Con un estado más moderno y efectivo del que existía pocas  décadas antes, capaz de recaudar una elevada tributación, de imponer su voluntad sobre nobles, ciudades y prelados, España se encontraba en una nueva situación a finales del siglo XV.  La monarquía había acumulado suficiente poder para apoyar con deci­sión las empresas imperiales que pronto se plantearían a España, en parte como continuación del impulso de la misma Reconquista.  La nobleza, beneficiada con su poderío económico en aumento y por la eliminación de los sectores burgueses, estaba lista para empresas imperiales en Europa y para buscar beneficios eventua­les en la conquista de América.  Por otro lado, la orientación de la economía hacia la ganadería favorecía la creación de continuos excedentes de población sin empleo, la aparición de gente di­spuesta a toda clase de aventuras militares y coloniales.  La estructura económica española, aunque no fuera muy sana ni pudie­ra transformarse fácilmente para romper las limitaciones que en especial le imponía la situación agraria, podía sin embar­go soportar una alta dosis de tributación. La experiencia de la reconquista y la de los dominios aragoneses en Italia dieron a España, tanto al prestar gran importancia a las virtudes y habi­lidades militares y al orientar buena parte de la población hacia ideales guerreros como al conformar antecedentes para la adminis­tración de colonias y poblaciones conquistadas, una experiencia de la que se nutriría en el proceso de la conquista americana.  Por último, la conciencia de misión y de cruzada y la religiosidad exaltada y febril derivada de la lucha contra los árabes permi­tían a los españoles colorear las más audaces aventuras imperia­les con los honestos matices del servicio a Dios y a la cristian­dad. Todos los factores mencionados, de un modo u otro, se entre­lazaron hacia el año 1500 para dar a España los medios y la energía necesarios para la empresa americana.