Periodistas colombianos denuncian amenazas y persecución por parte del DAS
TERRIRISMO DE ESTADO O QUE??????
Los comunicadores colombianos Hollman Morris y Claudia Julieta Duque denunciaron este martes, en el contexto de la celabración del Día del Periodista en Colombia, amenazas, acosos y seguimientos contra ellos y su familia por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). !!!!POLICIA SECRETA MANEJO DIRECTO DEL PRESIDENTE!!!
En rueda de prensa, Morris y Duque hicieron públicos los documentos del llamado G-3 del DAS, donde se pone en evidencia que las informaciones sobre los hostigamientos, del cual ellos advierten, en contra de críticos del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, eran enviados al propio mandatario.
"El periodismo en Colombia está herido de muerte y en el día de hoy (Día del Periodista) tiene poco que celebrar y mucho que denunciar", señaló Morris, director del programa Contravía, en el que se ofrece una crítica visión del conflicto armado colombiano.
Asimismo, el periodista explicó que "las pruebas y testimonios judiciales que están en poder de la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia son contundentes en señalar la responsabilidad del jefe del Estado, por acción y omisión".
Sostuvo además que Uribe no puede desconocer su responsabilidad sobre el argumento de que él no ordenó esas actividades.
"El presidente Uribe tiene que responder políticamente por lo actuado y efectuado por el G-3, no ha habido en este país un presidente que más hable de seguridad, que más sepa de seguridad como el presidente Uribe y él no puede decir que desconoce que su policía secreta dirigió, organizó la operación ilegal más grande contra la oposición política en Colombia", indicó Morris.
"Hollman Morris y yo estamos emprendiendo acciones legales contra el Estado colombiano y además estamos solicitando la solidaridad internacional para buscar protección a nuestras vidas, porque lo que es claro que la situación continúa, es muy grave y hemos dejado en manos del presidente Álvaro Uribe nuestra protección", advirtió por su parte Duque.
La comunicadora también indicó que, según los documentos que presentaron este martes, ha llegado a recibir llamadas del departamento de Seguridad, en las que amenazaban a su hija de diez años.
Morris y Duque aseguraron que tanto ellos como sus familias "continúan en riesgo", así como unos 16 periodistas colombianos más, entre ellos Carlos Lozano, director del semanario Voz, y Alfredo Molano, columnista de El Espectador.
Duque reconoció haber violado el secreto sumarial de su caso al presentar las pruebas, pero argumentó que lo hizo por "el derecho a la vida", y dijo que hoy sigue viva "gracias a las Brigadas de Paz", una Organización No Gubernamental que da protección a víctimas.
De acuerdo con las denuncias estuvo el periodista Carlos Lozano, quien también responsabilizó al presidente Uribe de lo que le pudiese pasar a sus colegas.
"Si algo llegare a pasarle a alguno de estos periodistas o a algunas de estas personas que han sido sometidas a esos seguimientos, la responsabilidad principal la tiene el presidente de la República, el señor Uribe Vélez. Hoy no hay duda que ahí en la casa de Nariño, es donde se estaban tramando todo este tipo de cosas delincuenciales".
Amenazas para quienes denuncian
Los periodistas que han criticado la gestión del presidente Uribe Vélez han denunciado amenazas por parte de la policía secreta del Estado.
Morris fue detenido en el 2009 cuando se trasladaba al sitio donde iban a ser liberados varios secuestrados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En esa oportunidad, el Gobierno lo inculpó de ser afín a esa agrupación insurgente.
El programa Contravía, surgió en el año 2003 a iniciativa del Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos y, tras varios de meses de suspensión, retornó a las pantallas por el Canal Uno de la televisión colombiana.
Por su parte, Duque se fue al exilio luego de que, en el 2004, finalizara sus investigaciones sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón.
Ese trabajo documental multiplicó la persecución conta Duque, hasta que se vio obligada a ir al exilio, donde, dijo, siguió sometida al seguimiento.
Duque también es la creadora del informe Fiscalía General de la Nación: Una esperanza convertida en amenaza, balance de Luis Camilo Osorio, trabajo en el que indagó sobre la infiltración de los paramilitares en ese órgano gubernamental durante la gestión de Osorio.
El fin de LA REVISTA CAMBIO
Las denuncias de los periodistas colombianos han tenido lugar en la misma semana que se anunció el cierre de la revista colombiana Cambio, hecho que ha causado asombro en el gremio de los medios de comunicación.
La revista Cambio ha denunciado casos de corrupción y escándalos en Colombia, como el otorgamiento de subsidios agrícolas a terratenientes, el espionaje del DAS a opositores, periodistas y magistrados, o las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército.
En el sitio Web Cuba periodistas, Cecilia Orozco Garzón, en una entrevista con los ex directivos de la revista, tituló "Colombia: Cierre de la revista Cambio, golpe al periodismo de denuncia".
Orozco Garzón señaló que esta decisión de la Casa Editorial El Tiempo, de cerrar la revista y de cancelar los contratos de Rodrigo Pardo y María Elvira Samper, causó desasociego.
Pardo declaró a Caracol Radio que "es paradójico que coincida la celebración del Día del Periodista con el cierre de un medio que durante 17 años hizo un gran periodismo, fue un espacio de opinión distinto y diferente".
Por otro lado, Samper calificó de "lamentable" el hecho y asegura que el cierre tiene "razones distintas" a las económicas que alegan.
"Yo siento que fuimos incómodos para el poder", añadió Samper.
El jefe de redacción de la revista, Oscar Montes, indicó que "nunca fuimos notificados de que la situación era esa, todo lo contrario la gente nos felicitaba, los colegas de la casa editorial por las investigaciones que estábamos haciendo y la verdad por eso fue que nos sorprendió tanto la decisión tan radical de anunciar el cierre de la revista".
POSDATA Es tan normal que los Narco_Para-Terroristas del Estado Colombiano siga matando, desapareciendo,penalizando, amenazando y desterrando a todo ser que se atreva a pensar opinar y escribir diferente a lo que ellos hacen con el pobre pueblo Colombiano, turistas, visitantes y vecinos...
El Terrorismo de estado tiene licensia propia para matar, desaparecer, desterrar a todo aquel que no haga lo que ellos ordenan en la pobre y martirizada colombia el ciudadano del comun tan solo ler quedan CUATRO opciones
1_ SER PARAMILITAR (Trabajar con el estado)
VIDEOS TESTIMONIO Y TERRORISMO
2
3
ALBARO URIBE Y EL CARTEL DE MEDELLIN
2- SER GUERRILLERO (Grupo Armado de la Izquierda)
LA NARCO-GUERRILLA
6215 NINOS MUERTOS EN COMBATE FARC
3- PASAR AL EXILIO (Vivir en otro pais dejando todo y empesando de cero como nosotros
y
4 UNA TUMBA, FOSA COMUN O EL FONDO DE LOS CAUDALOZOS RIOS COMO MORADA HACIA LA OTRA VIDA
Que ironia esa es la politica de seguridad del famoso Narco-Para-Terrorista del ALBARO URIVE VELEZ
Las ejecuciones extrajudiciales, llamadas “falsos positivos”, se convirtieron en una tragedia anunciada desde que el 17 de noviembre de 2005 el Ministro de Defensa de entonces, Camilo Ospina, hoy aspirante al cargo de Fiscal General con el apoyo incondicional de Uribe, (Actual Presidente ) expidiera la Directiva Nº 29 orientada a establecer una tabla de incentivos y recompensas “por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley...”. La Directiva privilegiaba el método del “body count” o conteo de bajas, abandonado por los norteamericanos para medir los avances en la guerra después de la estruendosa derrota de Vietnam, donde produjo múltiples masacres y genocidios contra la población civil por la necesidad de mostrar “positivos” donde sólo había engaño.
El Personero de Soacha denunció hace ya dos años que la desaparición de unos muchachos en ese municipio y su posterior aparición en Ocaña muertos y presentados como integrantes de un grupo guerrilero era un engaño para conseguir premios e incentivos por parte de los militares. Desde entonces la suma total de estos “falsos positivos” se acerca a los 1.800 casos, configurándose un verdadero genocidio contra la población civil. El mecanismo utilizado es de por sí macabro: aprovechan la desesperación de los muchachos para conseguir trabajo con el fin de trasladarlos y luego asesinarlos montando la escena como si hubieran sido dados de baja en un combate.
Preocupados por responder rápidamente las primeras denuncias, las autoridades militares y el gobierno de Uribe destituyeron como una medida efectista a 27 oficiales, pero pasaron rápidamente a una actitud de defensa, unas veces soterrada, otras desembozada, de los militares implicados. Uribe ha sostenido en discursos ante las fuerzas militares que se trata de “falsas denuncias”, la cúpula militar no solo ha respaldado esta interpretación sino que incentivó la conformación de una organización de apoyo jurídico a los militares implicados, que supuestamente son víctimas de una “guerra jurídica” desatada por los simpatizantes y amigos de los guerrileros. La estrategia de los abogados ha sido la de dilatar los procesos para sacar a sus defendidos por vencimiento de términos, ya que no pueden probar su inocencia.
Los padres de familia de las víctimas y sus defensores han sido aislados, perseguidos y amenazados, sin que sus reclamos de protección por parte del Estado haya sido escuchados. Pero a los victimarios concentrados en un batallón en Bogotá la cúpula militar les organizó en días pasados fiesta con sus familiares. El rechazo nacional e internacional contra la posición del gobierno y las liberaciones de los incriminados ha tenido tanta resonancia que los funcionarios de Estados Unidos se han visto obligados a reclamarle en público al gobierno de Uribe por los crímenes cometidos y por su vergonzosa liberación. 53 parlamentarios demócratas en enero se quejaron ante el gobierno de Obama por la continuación del apoyo al gobierno de Uribe y la financiación del Plan Colombia a pesar de las graves acusaciones contra las fuerzas militares por violaciones a los derechos humanos y la ausencia de una posición enérgica del gobierno. Este es otro palo que Uribe atraviesa en el camino de la aprobación del TLC en el congreso estadounidense.
Por la necesidad de darle contentillo a los gringos y porque tiene urgencia de asegurar su reelección, propia o en cuerpo ajeno, Uribe decidió recibir el viernes pasado a las madres de las víctimas de Soacha, asegurando de labios para afuera y para los medios de comunicación que pedía que se aceleraran las investigaciones en la fiscalía y que se garantice que el acerbo probatorio va a impedir que salgan por vencimiento de términos.
Sin embargo, lo notorio del día de la cita lo protagonizaron algunas de las madres que fueron a manifestar su inconformidad al Palacio de Nariño. Se negaron a entrar porque dicen que Uribe las quiere utilizar: "Nosotros radicamos una carta recién que sucedieron estos hechos, y no nos atendió, entonces, ¿por qué ahora, que se está haciendo lo de la reelección, lo de las elecciones, por qué nos quiere utilizar en estos momentos?" precisó Luz Marina Beltrán Porras, según lo registró El Espectador del 13 de febrero. Lo que las madres de las víctimas necesitan es que se haga justicia y no sainetes reeleccionistas para los medios de comunicación.
Creo que Colombia necesita ya parar esa masacre contra sus humildes he indefenzas victimas civiles
NO MAS TERRORISMO DE ESTADO
NO MAS EL NARCO-PARA-TERRORISTA DE URIBE EN EL PODER
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