BOGOTA (AP) — La Procuraduría General colombiana impuso el martes una sanción de 16 años de "inhabilidad política" a un ex ministro de Agricultura y cercano colaborador del ex presidente Alvaro Uribe, por su presunta omisión en la celebración de contratos en un programa de subsidios agrícolas.

El anuncio fue hecho por el procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez en su despacho ante la presencia de varios reporteros.

Ordóñez, que representa a la institución encargada en Colombia de velar por el interés de la sociedad y que puede aplicar sanciones disciplinarias como la suspensión o destitución s funcionarios en ejercicio como a ex funcionarios, dijo que sobre el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, pesan cuatro acusaciones por violar "principios de transparencia" al intervenir y aprobar contratos que presuntamente fueron suscritos sin hacer estudios previos y sin procesos de licitación u oferta pública.

La sanción impuesta a Arias, que puede ser apelada ante la misma Procuraduría, impide que el ex ministro se postule a cargos públicos durante 16 años.

Arias, quien debido a su defensa, fidelidad y afinidad ideológica con el ex presidente Uribe (2002-2010) era apodado 'Uribito', ha negado que cualquier irregularidad haya ocurrido en la adjudicación de esos contratos.

El ex ministro tiene pendiente en la Fiscalía General de la Nación una investigación penal y enfrenta la posibilidad de que se le formulen cargos y se pida su detención.

En junio pasado, la fiscal general Viviane Morales pidió una audiencia ante un tribunal penal en Bogotá para formular cargos y pedir la detención del ex ministro Arias. Se espera que esa audiencia se realice en los próximos días.

El programa por el cual fue sancionado Arias por la Procuraduría es llamado "Agro Ingreso Seguro", un plan del ministerio de Agricultura que otorgaba subsidios y que, según denuncias surgidas en la prensa, fueron otorgados no a pequeños y medianos campesinos y agricultores, como estaba previsto, sino a grandes empresarios en contratos con presuntas irregularidades.

De acuerdo con la Fiscalía, las irregularidades detectadas en la investigación suman en su conjunto unos 169 millones de dólares.

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