El coronel César Oswaldo Morales, comandante del batallón en la zona de Arauca, fronteriza con Venezuela,

 y el teniente coronel Manuel Antonio Beltrán, se entregaron por un caso de ejecuciones ocurrido en la zona de La Guajira,

dijo en diálogo telefónico Néstor Armando Novoa, jefe de fiscales.

Los dos militares tenían ordenes de capturas pendientes por delitos de homicidio agravado,

 secuestro y falsedad en documento, agregó Novoa.

El funcionario dijo desconocer de inmediato otros detalles, pero versiones en la prensa indicaron que el coronel Morales y Beltrán,

oficial de inteligencia de la brigada móvil número 22, eran buscados por la muerte de dos hombres en marzo del 2007

 en La Guajira, a quienes presentaron como rebeldes abatidos en combate.

Los dos militares no son los primeros en ser investigados por casos de ejecuciones,

y otros coroneles han sido condenados por casos similares.

En febrero, el coronel en retiro Luis Fernando Borja, ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre del Ejército,

fue condenado a 19 años de prisión al aceptar su participación en el asesinato de un civil en enero del 2008.

Desde fines del 2008, cuando se denunció que algunas bajas reportadas por los militares en realidad

 eran ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía ha recibido denuncias de que más de 2.700 personas

habrían sido víctimas de esta práctica, que es conocida en Colombia como "falsos positivos".

En octubre del 2008, el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y el actual mandatario,

Juan Manuel Santos, quien era ministro de Defensa al momento del escándalo de los falsos positivos,

destituyeron a 27 militares, entre ellos a tres generales, porque por acción u omisión

habrían tenido alguna responsabilidad en este tipo de crímenes.