Entonces, ¿el “derecho al olvido” en la red con el que ya cuentan los europeos desde el mes pasado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) va a ser la solución definitiva que permita que se borre la huella de una persona en internet? Absolutamente falso.
Desde mi punto de vista, se trata de un intento débil por garantizar la intimidad y la privacidad de los ciudadanos, castigando a los motores de búsqueda que poco o nada tienen que ver con el contenido que suben y difunden los usuarios de los sitios web, blogs y perfiles en las redes sociales. El culpable no es Google y borrarnos de sus resultados tampoco será la solución.
La falla está en el planteamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, donde se contempla que la persona que desee tener el “derecho al olvido” en la red debe dirigirse directamente a los motores de búsqueda y serán ellos los únicos “jueces” que decidan si la reclamación tiene fundamento y dicte si olvida o no su negro pasado.
Sólo el primer día, el pasado 30 de mayo, en que Google puso a disposición de los europeos un formulario para solicitar borrar contenido de su plataforma, recibió 12.000 solicitudes, en cuatro días acumuló 41.000. ¿Cuántos millones de peticiones recibirá cuando se le abra la oportunidad al mundo? ¿Cómo va a tratar, verificar y evaluar cada caso? Es absurdo y peligroso dejar en manos de compañías privadas la decisión de liberarnos o mantenernos en el encierro de la red. Además, lo que plantea esta sentencia sólo permite un “olvido a medias”; que se borren los vínculos de los buscadores no quiere decir que el contenido sea eliminado por completo de internet, ni siquiera, completamente de Google, los enlaces eliminados de Google (Europa) seguirán apareciendo en el mismo Google de otras latitudes y, por supuesto, por muy gigante de la tecnología que sea, no está en sus manos poder de borrar el contenido de las fuentes de donde proviene la información.
Con más de 2.400 millones de personas conectándose a diario a internet, el flujo de información y el volumen de datos a procesar son prácticamente incalculables. El uso de internet crece, pero no se presenta una actualización en su reglamentación ni en su manual de protocolo, lo que nos lleva a que cada día estemos más expuestos al abuso y a que hoy el 60 % de las redes sociales se utilice para el acoso virtual.
Claro que merecemos tener todo el derecho al olvido, pero un olvido definitivo. Borrar aquello que deshonre, humille, difame nuestro ser, desde su raíz y para siempre, un derecho al perdón. Y para ello, hay que partir del hecho de que Google no es internet, que la culpa ni es de Google ni de los avances tecnológicos; aquí los que están echando a perder la libertad de expresión y las bondades de una herramienta potente son los desadaptados cuyo único propósito es destruir la vida de las personas.
Se necesita, con urgencia, reglamentar al sujeto detrás de la tecnología y cada plataforma en la que opera: páginas web, blogs, redes sociales y cualquier otro medio donde se genere contenido. Leyes estrictas que regulen el desorden del ciberespacio que está colapsando la vida offline de las personas.
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