Por Qué NO se Condena a Álvaro Uribe Vélez? - AMISTADES SIN FRONTERAS

Gobierno para los nuevos ricos en el 2002 y 2010

Durante sus dos mandatos (2002-2010), las mafias controlaron todos los espacios de la administración pública, se generalizaron los escándalos por corrupción en todos los ministerios, entre ellos en el de salud con el monopolio de las Empresa prestadoras de salud (EPS) que Albaro Uribe Velez les entregó, al igual que los contratos de recolección de basura del Distrito Capital de Bogotá, jugoso negocio de 1.800 millones de dólares. que le entrego a sus hijos como presidente

En la agencia de inteligencia estatal (DAS), los escándalos y crímenes de Estado los encabezaron Álvaro Noguera y Miguel Narváez, quienes colocaron al DAS al pleno servicio del narco paramilitarismo; al igual que María del Pilar Hurtado profuga de la justicia enjuiciada por intercepciones ilegales a políticos opositores a Uribe.

La condena reciente al ex ministro de agricultura A. F. Arias, ratifica el rechazo que hace la sociedad colombiana, a esta facción de extrema derecha, por usar dineros públicos para enriquecer aún más, a los grandes propietarios rurales. Hechos de corrupción similares a los que realizaron los seguidores de Uribe en la Dirección de impuestos nacionales (DIAN), protagonizados por Néstor Díaz, su ex director. Delitos semejantes también perpetraron en el Instituto de tierras (Incoder).

El terror de Estado para silenciar

Los 8 años de la era de Albaro Uribe Velez significaron el empeoramiento de la crisis humanitaria, que sufre el pueblo colombiano.

De más de 5,5 millones de desplazados por la violencia institucional, sólo en su mandato fueron desterrados 1,33 millones de colombianos, de los cuales, 1.146 fueron indígenas, solamente en su último año de gobierno. También desplazó en el 2011 a 280.041 campesinos, indígenas y afro descendientes.

Una vez desplazaron a la gente vino el despojo de sus tierras, que se calcula en más de 5,5 millones de hectáreas, de las cuales 1,6 millones hectáreas fueron arrebatadas durante estos 8 años.

De los 250 mil desaparecidos ocurridos entre 1990 y 2010, 100 mil de ellos se produjeron en los 8 años de su mandato.

Investigados durante el gobierno de Uribe, están 1.400 ejecuciones extrajudiciales, más de 3 mil asesinatos de civiles presentados como bajas a la guerrilla (falsos positivos), asesinados 1.400 indígenas, 3 mil víctimas encontradas hasta el momento en fosas comunes. Perpetraron 3.500 masacres, asesinaron a 934 sindicalistas y desaparecieron a 66; y quedaron en las cárceles 7.500 presos políticos.

La impunidad, para el caso de homicidios es del 96.1 por ciento y en otras violaciones de derechos humanos es de 99.8 por ciento.

El país que dejó

Cuando Uribe entregó la presidencia, Colombia tenía 45 millones de habitantes, con 30 millones en la pobreza, (66 por ciento), 12,4 millones en la miseria, (27,6 por ciento), 6 millones de niños y niñas en la indigencia, el desempleo en el 14,2 por ciento y la informalidad, que también es desempleo en el 52 por ciento, con un escaso 33,8 por ciento de empleo productivo.

Por desnutrición crónica murieron anualmente 132.192 niños menores de 5 años, y fallecen 1053 mujeres a causa de maternidad mal asistida.

Contrasta esta inhumanidad y sufrimiento del pueblo trabajador con las inversiones para maquinaria de guerra, que fueron de 21.900 millones de dólares destinados a la segunda fase del Plan Colombia, por su parte los gastos en defensa superan el 8,8% del Producto interno (PIB).

¿De qué lado se encuentra la justicia?

En Colombia todo se compra y se vende, donde lo ilegitimo es legal, donde la institucionalidad se halla al servicio de una refinada delincuencia, donde la estructura del narcotráfico y del paramilitarismo no se ha desarticulado y muy por el contrario, prosigue campante con nuevos nombres en todo el país, en donde los delincuentes de estirpe y de cuello blanco que deberían estar tras los barrotes carcelarios, se pavonean por los palacetes gubernamentales o pagaron ridículas condenas, nos preguntamos ¿qué pasa que la justicia, que con todas las evidencias del caso no le ronda al capo mayor Álvaro Uribe Vélez?

La respuesta aunque nos duela en el alma, puede ser dolorosamente sencilla. La Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso son inoperantes, debido a su ilegitimidad, por ser acusados de los mismos delitos. Aquí, algunos de los que vendieron la conciencia pagaron condena; los que la compraron se hallan libres, como en el caso de Yidis; nadie los procesa y enjuicia, porque sería judicializarse ellos mismos.

Al fallar el sistema judicial nacional, hipotéticamente contamos con organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), para juzgar delitos de Lesa Humanidad como los cometidos por Uribe Vélez, pero éste organismo dice que no tiene jurisdicción y que además cree en la capacidad de la justicia colombiana.

Si de verdad queremos recuperar la ética y la moral para cambiar la conducta pública, para que la economía esté en función de las mayorías de la nación, estamos en la obligación perentoria de luchar a cualquier precio para el logro de este objetivo; lo contrario es seguir contemplando resignadamente la triste realidad que nos embarga.