Lunes, 15 de septiembre del 2014 - 14.07 h
“Todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a acceder a un trabajo en otro Estado miembro. En consecuencia, tienen derecho también a las prestaciones sociales”. La frase está extraída de un comunicado del ministerio alemán de Interior encabezado con una afirmación contundente: “Alemania se beneficia de la inmigración”.
Sin embargo, el ministro de Interior, Thomas de Maizière, lanzó una advertencia para justificar el paquete legislativo que a finales de agosto aprobó el Gobierno Merkel con el teórico fin de limitar abusos del sistema de ayudas sociales del país: “Alemania no puede permanecer ciego ante ciertos problemas relacionados con la inmigración”. Entre las medidas que la normativa contempla, está la obligación de abandonar el país de las personas que no han encontrado trabajo después de seis meses, o la expulsión de quienes intenten beneficiarse, mediante engaño, de las ayudas sociales que el todavía generoso sistema alemán prevé.
135.000 españoles
En Alemania viven 135.000 españoles. Entre 2004 y 2012, su llegada se ha incrementado en un 206,6%; de los 7.613 en 2004 se ha pasado a 23.345 de 2012. De los 10.000 españoles que reciben ayudas sociales, más de 4.000 tienen un minijob, con un sueldo de 450 euros. Es decir, en teoría, no están expuestos a la expulsión porque trabajan, aunque también se benefician de las ayudas públicas.
Miguel Sanz es un sevillano de 34 años que llegó a Berlín hace un año. Es uno de los miembros más activos del Grupo de Acción Sindical (GAS), que ayuda a los trabajadores españoles con problemas laborales en Alemania. Está convencido de que la nueva normativa no supondrá un peligro de expulsión para el colectivo de trabajadores españoles. “No conozco a nadie –asegura- que cobre ayudas sociales y no trabaje”. Afirma que habrá que esperar a que la ley se concrete, pero cree que está dirigida a los que se dedican a vivir sin trabajar, algo difícil, ya que “las oficinas de empleo controlan mucho a quienes perciben ayudas sociales y presionan para que acepten cualquier trabajo”.
Sanz opina que la normativa obligará a los inmigrantes a aceptar cualquier oferta. Él ha salido del mundo de los minijobs, 15 a 20 horas semanales, que en la práctica se incrementan, aunque no el sueldo, que no pasa de los 450 euros. Este es el objetivo de fondo, opina Sanz, presionar para empeorar las condiciones laborales de los inmigrantes, un fenómeno que acabará afectando también a los alemanes.
Presión ultra
Jesús Castillo es un arquitecto malagueño de 34 años. Tiene un hijo que nació en Alemania y trabajó desde abril del año pasado hasta el 15 de agosto de este año en un estudio de arquitectura en Múnich, con jornadas laborales de entre 50 y 60 horas semanales, sin cobrar horas extra. Sin embargo, considera que la normativa aprobada por el Gobierno alemán es una buena medida ya que las ayudas sociales son “para quien no puede, no para quien no quiere”.
Angela Merkel aprovecha cualquier ocasión para destacar los beneficios de la Unión Europea; igual que los socialdemócratas (SPD), sus socios de coalición en el Gobierno. Sin embargo, el tercer partido que firmó el pacto de gobierno después de las elecciones de septiembre del año pasado, exhibe un discurso populista con tintes xenófobos. Es la Unión Social Cristiana (CSU), el partido hermano en Baviera de la CDU de Merkel. Las advertencias del presidente del land de Baviera, Horst Seehofer sobre los peligros de una supuesta llegada masiva de búlgaros y rumanos, que según él, vendrían no a trabajar sino a vivir de las ayudas sociales, tuvo el resultado que buscaba con su presión: nuevas leyes para dificultar que los ciudadanos de la UE accedan al sistema social alemán.
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