“Queremos una paz con transformaciones para el pueblo colombiano” 
El miércoles 30 de marzo, el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron públicamente el inicio de diálogos de paz. 

Sobre este tema, conversamos con Marylen Serna, lideresa del Movimiento Campesino de Cajibio, en el departamento de Cauca, vocera de Congreso de los Pueblos 

y delegada en el Comité nacional de impulso a la Mesa Social para la Paz.


- ¿Qué análisis hacen de los anuncios de diálogo entre el gobierno y el ELN?

– Es un análisis de esperanza, de muy buena expectativa en cuanto se hace necesario que las dos insurgencias tengan su lugar para negociar con el gobierno, 

sus apuestas de un nuevo país, porque es la lucha que han dado durante los últimos 50 años. Por otro lado, consideramos también que estos diálogos entre el gobierno 

y el Ejército de Liberación Nacional permiten avanzar hacia la participación de la sociedad en la construcción de la paz.

No solamente por el planteamiento que ha hecho el ELN de que la sociedad debe ser la que desarrolle la agenda de negociación: sino también porque las organizaciones sociales 

y los movimientos estamos planteando desde hace mucho tiempo espacios propios, espacios decisorios participativos y democráticos para poder negociar con el gobierno 

las soluciones que permitan para superar las causas políticas, económicas y sociales del conflicto social y armado. Por lo tanto, estamos haciendo un llamado 

a la sociedad para que se apreste para la participación en la construcción de la paz.

- Respecto a la agenda que mencionas, el presidente Juan Manuel Santos excluyó algunos temas del debate, planteando explícitamente que no se negociaban. ¿Cuál es su visión?

– Cuando hablamos de la participación de la sociedad en la construcción de la paz, nos referimos a varios elementos. El primero es el elemento de la unidad. 
Poder establecer realmente un acuerdo político entre muchos sectores de la sociedad, para exigir los escenarios y las garantías para esa participación directa y vinculante.

Por otro lado el tema de la identificación de las políticas en común, que son temas que refieren a cambios sustanciales para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, 
como son la política agraria, la política minero-energética, los tratados de libre comercio, la política de salud, de educación, el reconocimiento de los actores sociales como sujetos políticos, 
como en el caso del campesinado. Esa agenda que realmente nos unifique y nos lleve a ponernos de acuerdo para exigir un mecanismo de participación.

Por último el mecanismo de sentarse a negociar al gobierno. Que para nosotros -cada vez más nos convencemos- pasa por la movilización. Si bien hay escenarios de negociación, 
el gobierno ha sido muy claro en que no va a negociar el modelo económico y el modelo político, que son el fundamento del conflicto armado que vive el país. Y nosotros hemos dicho 
que se debe negociar ese modelo económico y político. Que esas políticas que van en contra de los territorios y de las comunidades deben ponerse en una mesa de negociación, 
que deben darse las discusión para que se den cambios y para que la política sea más favorable al pueblo colombiano.

En ese sentido, realmente hay una visión distinta. Nosotros queremos una paz con participación, decisoria, vinculante, con garantías pero sobre todo con transformaciones para el pueblo colombiano.

- ¿Qué iniciativas hacia esta unidad y agenda común ya están en curso y cuáles evalúan ustedes que se pueden abrir o reforzar a partir de los anuncios de esta semana?

– Reconociendo que la lucha de los movimientos sociales es una lucha histórica -desde antes del conflicto armado las organizaciones venimos haciendo una resistencia en el territorio 
y también construyendo alternativas de vida que se puedan convertir en políticas públicas-, también hay que destacar el surgimiento de nuevos movimientos
 sociales en Colombia que han aglutinado a grandes sectores de la sociedad.

A su vez, en los últimos tiempos, se ha dado la articulación de esos procesos nacionales, como la Cumbre Agraria Étnica, Campesina y Popular, que recoge 13 de las 
principales plataformas agrarias del país, que surge de las movilizaciones agrarias de 2013 y que hoy tiene un pliego único nacional agrario, que es importante, profundamente político. 
Con una mesa única de negociación con el gobierno nacional, de cara a nuevas políticas agrarias y que hoy se apresta a una movilización unitaria.

Estos tres elementos -pliego único, mesa única y movilización unitaria- hacen parte de esa construcción de las agendas de paz en el país. Nos aprestamos a una gran movilización en 2016, 
no sólo del movimiento agrario, sino también del movimiento obrero, del transporte, por la salud y la educación, y otros, que nos tiene que llevar a consolidar cada vez más 
una propuesta o proyecto de país, un mandato nacional que permita hacer esa negociación en clave de paz.

Estos ejercicios del movimiento social que son concretos, que son permanentes, que son en clave de transformación son nuestro aporte al proceso de construcción de la paz. 
Esos espacios de unidad son los que tenemos que poner a jugar, para alcanzar esa paz verdadera que queremos construir a través de la participación real.

- ¿Cuáles son las medidas más urgentes en cuanto a las garantías de seguridad para la paz?

– A nivel de las garantías para la participación, hemos dicho que en primer lugar el gobierno debe hacer un reconocimiento del movimiento social: el respeto a las comunidades, 
a sus dinámicas organizativas y a sus líderes. Por lo tanto no debe continuarse el ejercicio de judicialización y persecución al movimiento social, porque el movimiento 
social hace parte de los que construyen la paz en el país.

En segundo lugar, el desmonte del paramilitarismo, que es un actor real que está golpeando a los territorios y a las comunidades para detener esta ola de participación 
y de movilización en torno al tema de la paz y a la defensa de los territorios.

En sí, respeto a los derechos humanos. No puede ser posible que siga existiendo la persecución a las comunidades, porque son ellas la base de la construcción de la paz con justicia social. 
Y también la voluntad política del gobierno para escuchar a las comunidades, a las organizaciones, para hacer realmente un ejercicio democrático.

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