Para el Gobierno, ser integrante de Abuelas de Plaza de Mayo es un demérito. Así se desprende de una medida adoptada la semana pasada: pidió al Senado el retiro del pliego de Alan Iud, abogado de ese organismo de derechos humanos, que debía ser nombrado fiscal. “Es un acto discriminatorio”, dijo a PáginaI12 Estela Carlotto, presidenta de Abuelas, quien lee detrás del gesto una condena a la institución. Iud había ganado un concurso y a principios de mes su nombramiento estaba listo para ser aprobado en la comisión de Acuerdos, pero una decisión del Gobierno, sin fundamentos, lo dejó fuera. “No hubo objeciones sobre la idoneidad del candidato”, confirmó el presidente de esa comisión, el senador peronista Rodolfo Urtubey.
PáginaI12 había anunciado hace dos semanas la intención del Gobierno de retirar el nombre de Iud de los candidatos para ocupar un cargo como fiscal de la Procuración General, por el que el abogado de Abuelas concursó en 2014. La medida se efectivizó el viernes 14 de julio con un mensaje enviado al Senado firmado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano y el presidente Mauricio Macri. El breve texto del Poder Ejecutivo, que finaliza con la frase “Dios guarde vuestra honorabilidad”, ingresó al Congreso el lunes 17 de julio. Ante una consulta de este diario, desde el ministerio de Justicia no ofrecieron ningún fundamento sobre la medida, pero transmitieron que el retiro no implicaba que más adelante el pliego no pudiera volver. Algunas versiones hablaban de un acuerdo con un sector del peronismo, pero el presidente de la comisión de Acuerdos lo desmintió. “Nosotros no tenemos ninguna objeción sobre el candidato y si el Ejecutivo cambia de idea lo votaríamos”, dijo a PáginaI12 Urtubey.
En 2014, cuando concursó para el cargo de fiscal de la Procuración, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo salió primero en la sumatoria de los exámenes oral y escrito y terminó quinto en la lista luego del cómputo de los antecedentes. Como se concursaban cinco lugares, entró como primer nombre de la quinta terna. Antes de terminar su mandato, Cristina Fernández de Kirchner envió su pliego al Senado, pero poco después de asumir, Mauricio Macri lo retiró para “revisarlo” junto con el de otros treinta candidatos que eran “sospechados” de kirchneristas. En octubre del año pasado el Gobierno decidió reenviar el pliego. El nombramiento quedó otra vez congelado debido a una cautelar que cuestionó la forma en que se hicieron los concursos en la Procuración en medio de la pelea del Gobierno con la titular de ese organismo, Alejandra Gils Carbó. A principios de junio la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó esa medida, que había sido promovida por la asociación civil “Será justicia”, ligada al macrismo y al ultraconservador Colegio Público de Abogados y avaló los concursos realizados. De esa forma, todos los pliegos que estaban pendientes debido a ese amparo quedaron en condiciones de ser tratados en comisión y aprobados. El cinco de julio, el nombramiento de Iud como fiscal iba a recibir dictamen aprobatorio en comisión. El texto estaba escrito, pero no fue firmado por falta de quórum. Fue llamativa la ausencia no prevista del Presidente Provisional del Senado y principal senador oficialista, Federico Pinedo. El abogado de Abuelas no había recibido ninguna impugnación, sólo el mismo reproche general por el método del Concurso, ahora validado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Pero se convirtió en el único nombre que el Gobierno reclamó retirar, luego de aquella “revisión” de los primeros días del mandato.
“No puedo pensar bien de un gobierno que discrimina y de un parlamento que apoya esa discriminación. Es muy desagradable. Es una persona de alta capacidad y la capacidad y la honestidad tendrán que estar por encima de cualquier diferencia. Está pasando con muchas personas, si no sos de determinado partido político te echan o no te dan empleo. Alan Iud rindió todo de manera satisfactoria y tiene una importante trayectoria de trabajo con las Abuelas de Plaza de Mayo. Pero pareciera que llevó adelante juicios que afectaron a ciertos sectores”, destacó Estela de Carlotto.
Iud tiene 36 años años. Hace once que trabaja como abogado de la institución que busca a los hijos de desaparecidos apropiados durante el terrorismo de Estado y desde mediados de 2009 es el coordinador del equipo jurídico. Participó en decenas de causas vinculadas a delitos de lesa humanidad, como en el juicio oral que determinó que hubo un Plan Sistemático de robo de niños durante la última dictadura, en el que fueron condenados nueve represores y en el que Jorge Rafael Videla fue recibió 50 años de prisión. También intervino en la denuncia contra la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Pero el Gobierno no parece estar enemistado con otras personas vinculadas con esa causa, como es el caso de la jueza que lo llevó adelante, Sandra Arroyo Salgado. Así que la objeción debe provenir por el trabajo general de Iud en la búsqueda de niños desaparecidos, ya que como recordó Urtubey, en el trámite parlamentario no se recibió ningún reproche por su idoneidad.
El mensaje del Ejecutivo solicitando el retiro del pliego de Iud debe ser votado en el recinto. Técnicamente, los legisladores podrían oponerse y rechazarlo, pero en la práctica esas comunicaciones son formales. Urtubey señaló que ellos votarían favorablemente si el Gobierno mantuviera la postulación.
Es muy poco usual que el gobierno se arrepienta de una propuesta sin que haya ocurrido algo grave en el medio. Ni siquiera lo hizo con Julio César Castro, que fue procesado por amenazas, violencia de género y abuso sexual. Castro –que había sido jefe de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y luego fue investigado por la Procuración– ganó un concurso para integrar un tribunal oral federal. El Gobierno nunca retiró su nombre. La Comisión de Acuerdos y luego el Senado lo rechazaron. Y aunque el hecho se produjo con conformidad con el oficialismo, el Ejecutivo no dio la señal política que sí hizo con Iud. El Gobierno tampoco tiene ninguna objeción hacia el fiscal Gustavo Fehlman, que fue denunciado por acoso por una alumna y tiene una orden de restricción y podría convertirse en juez federal.
Es cierto que el abogado de Abuelas desentona con el perfil general que está buscando Cambiemos para ocupar los cargos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Entre los postulantes del Poder Ejecutivo figura, por ejemplo, Juan Ignacio Pérez Curci, ex subdirector de Acceso a la Justicia de la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugencia Vidal. Para la Cámara Federal de Mendoza está propuesto Gustavo Castiñeira de Dios, vinculado al radicalismo: fue subsecretario de Justicia de Julio Cobos. En Mendoza, Macri está en condiciones de nombrar prácticamente toda la Cámara Federal (cinco de seis lugares). Estos pliegos fueron remitidos al Senado en el último mes(al igual que tres postulantes para la Cámara Nacional del Trabajo). Junto con Castiñeira de Dios, entre los propuestos para esos cargos se destaca Olga Pura de Arrabal, quien actualmente es jueza federal de primera instancia y tiene relación con el grupo Vila-Manzano: dos de sus hijos trabajan allí y uno de ellos es ahijado de bautismo de Alfredo Vila Santander, miembro del directorio de varias empresas de ese grupo. En la misma línea, Pura de Arrabal es una de las magistradas que falló en su momento contra la aplicación de la ley de Medios.
Carlos María Casas Noblega concursó como fiscal ante el Tribunal Oral de Córdoba. Casas Noblega intervino como defensor público de represores en Catamarca y fue impugnado por familiares de desaparecidos y ex presos políticos de esa provincia. Más allá de que su rol fue como defensor público y no particular, los organismos de derechos humanos cuestionan que cuando el represor Ernesto Barreiro aportó una lista con los nombres de 18 desaparecidos, Casas Noblega señaló que eso era posible porque “los imputados se conmueven y tienen sensibilidad por lo que escuchan”. Casas Noblega fue elegido por el gobierno por sobre Facundo Trotta (estaba en la misma terna en segundo lugar y Casas Noblega tercero), quien es fiscal subrogante en Córdoba y tuvo una actuación destacada en el megajuicio por el centro clandestino “La Perla”. Con el mismo perfil aparece José Gabriel Bongiovanni Servera -el 12 de julio fue aprobado en el Senado su pliego para defensor público en Ushuaia- quien, a pedido de la defensa de Herrera de Noble, escribió un artículo en el que argumentaba en contra de la extracción compulsiva de ADN para quienes se sospecha que pueden ser hijos de desaparecidos. En su momento, la Cámara de Casación llamó la atención sobre la cita de los abogados de la dueña de Clarín a “un comentario de doctrina no publicado”.
Además del perfil doctrinario y político que privilegia el Gobierno, del total de 49 candidatos para jueces, fiscales o defensores que entraron en la Comisión de Acuerdos en el último tiempo y fueron aprobados o están en camino de serlo, 37 son hombres (75,5 por ciento) y 12 mujeres (24,5). La desproporción de género es aún mayor si se compara por la jerarquía del cargo. Entre los camaristas, 23 postulantes son hombres y apenas 2 son mujeres.
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