El aborto: cuestión de salud pública y de derechos

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Por: Camila Giraldo – enero 3 de 2012

A pesar de las altas cifras de maltrato contra las mujeres en el país, pocas situaciones ponen en peligro la vida de las mujeres como los abortos clandestinos. Hasta 2006, Colombia todavía formaba parte de reducido grupo de países en el que el aborto estaba considerado como delito penal absoluto, pero con la decisión de la Corte Constitucional de permitir la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres casos excepcionales –cuando, bajo certificación médica, el embarazo constituya peligro para la vida o salud de la mujer, por graves malformaciones fetales que hagan imposible la vida fuera del útero y en caso de un embarazo resultado de una violación–, Colombia se situó a la vanguardia en materia de legislación frente a otros países de América Latina y a la cabeza de Suramérica.

No obstante, esta decisión sin precedentes en un país más bien conservador no ha estado exenta de polémica. En Colombia, como en la mayor parte de América Latina y de los países de mayoría islámica de África y Asia, la condena religiosa y moral incide considerablemente en las actitudes del conjunto de la sociedad frente al tema del aborto inducido. Esto ha hecho que, al margen del Estado laico consagrado en la Constitución de 1991, gran parte de las discusiones y debates se sitúen dentro de la esfera de lo religioso, en donde se suele confundir el pecado con el delito y la moralidad con el derecho.

Mientras los debates se suceden, las cifras muestran una realidad alarmante. Según datos del informe de 2011 realizado por el Guttmacher Institute de Estados Unidos, se estima que en 2008 ocurrieron 400.400 abortos inducidos, de los cuales solo 322 se ajustaron a las excepciones contempladas por la Ley. Es decir, en la actualidad el 99.92% de los abortos en Colombia se practican en la clandestinidad. Existen centros que llevan a cabo estos procedimientos apegándose a los protocolos médicos pero que, debido a los costos, no son accesibles para la mayoría de mujeres. Por esto, muchas de ellas recurren a personas no capacitadas o incluso a provocárselos ellas mismas, por lo general en condiciones precarias.

El total de abortos anuales corresponde al 44% del total de los embarazos no deseados, de los cuales un tercio termina en complicaciones que requieren atención médica, siendo las mujeres pobres de zonas rurales las más afectadas: para ellas la tasa de complicaciones es del 53%, de las que la mitad no recibe tratamiento médico. Estas cifras sitúan la tasa de aborto en Colombia por encima del promedio de los países suramericanos, lo que pone el acento en la necesidad de profundizar la política nacional de salud sexual y reproductiva e incluir y regular la interrupción voluntaria del embarazo.

Pero estos números, además de hacer hincapié en el aborto como un problema de salud pública, revelan también las dinámicas sociales que se esconden detrás. Además de la falta de información adecuada sobre anticoncepción y métodos de emergencia, existe un gran desconocimiento por parte de las mujeres de sus derechos en un tema que les concierne tan íntimamente, lo que resulta preocupante si se tiene en cuenta que, en la última década, el número de embarazos no planeados ha aumentado en un 15%, de los que cerca de la mitad terminan en aborto.

Al margen de estas alarmantes cifras, el debate que en los últimos meses ha suscitado el intento de penalizar el aborto dentro de la Constitución se ha centrado fundamentalmente en los argumentos morales y religiosos del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien sigue contraviniendo la Carta Magna y extralimitándose en el ejercicio de sus funciones. Una de las implicaciones más importantes de la decisión de la Corte Constitucional al despenalizar parcialmente el aborto es que establece y refuerza la clara separación del Estado frente a las doctrinas religiosas para garantizar el bienestar y la seguridad de las colombianas, sin importar el credo al que adhieran.

Sin embargo, el mayor avance de esta nueva normativa legal es para las mujeres colombianas, puesto que hasta la sentencia de 2006 todos los tratados, convenciones o artículos de la Constitución que reconocieran los derechos la mujer quedaban excluidos. Contrario a la prohibición absoluta del aborto, en la que la mujer es un objeto pasivo y el feto un sujeto de derecho, desde hace cinco años, legalmente, la mujer es también un sujeto de derecho al cual se le garantizarán igualmente la salud y la vida, reconociéndola más allá de su capacidad de procreación.

El aumento de las últimas dos décadas de los embarazos no planeados que terminan en aborto pone de manifiesto que la tipificación del aborto como delito no constituye una medida disuasoria para evitar que esta práctica sea llevada a cabo. Las motivaciones son lo suficientemente fuertes como para correr el riesgo de someterse a un procedimiento clandestino que, además de tener graves consecuencias sobre la salud, puede acarrear penas de cárcel de entre tres y cuatro años. Por tanto, la prohibición hasta ahora no ha hecho que se reduzca el número de interrupciones voluntarias del embarazo, pero sí ha provocado un aumento en la cifra de complicaciones y de muertes de mujeres.

En este sentido, el aborto se reconoce como un derecho de la mujer para decidir el momento y la cantidad de hijos que desea, en un contexto en el que la situación socioeconómica, la falta de oportunidades y la imposibilidad de inserción laboral, sobre todo para las madres menores de veinte años y las madres solteras, son factores decisivos dentro las dinámicas familiares y sociales.

A pesar de la función social del Estado y de la secularidad establecida en la Constitución de 1991, las discusiones sobre el aborto se han llevado a cabo casi exclusivamente en el ámbito de lo religioso y lo moral, perdiendo de vista el aborto clandestino como un problema de salud pública y de derechos. Si bien actualmente el debate moral se desarrolla en las altas esferas del poder, se pierde de vista la perspectiva de las mujeres y el hecho de que el aborto no es algo ‘deseado’, siendo pocas las veces que una decisión de este tipo está libre de conflictos.

Las discusiones frente a este tema tabú, que además posiciona a cada individuo en temas de sexualidad, derechos de las mujeres y religiosos, señalan la necesidad de permitir que se escuchen la pluralidad de voces de la sociedad, con el fin de evitar que las decisiones del Estado y las políticas públicas se acomoden únicamente a creencias religiosas. Ante la imposibilidad de llegar a conclusiones definitivas sobre el tema, será conveniente incluir en el debate las motivaciones de la mujer o la pareja para recurrir al aborto antes de simplificar y reducir su complejidad a las opciones a favor y en contra, en un tema con tantas implicaciones y en un país poco acostumbrado al diálogo.