Quería escribir un artículo sobre la paz de Colombia, pero las circunstancias me llevan a pronunciarme de inmediato sobre la nueva inhabilidad que me ha sido impuesta por el procurador Ordoñez, funcionario que no es juez, y que me quita mis derechos políticos por un año, después que ya lo había hecho por 15 años en pasado proceso.

El procurador Ordoñez, hombre de ideas fascistas, busca evitar a toda costa que yo sea candidato en las próximas elecciones en representación del progresismo de Colombia.

No le ha importado al Estado colombiano que una figura como la del procurador haya violado el mandato popular en centenares de municipios e inhabilitado mandatarios y congresistas elegidos por el voto popular. El Estado colombiano ha violado así, la Convención Americana de la que es signatario y que prohíbe que los derechos políticos se pierdan sino por decisión de juez penal. Es decir cuando el mandatario ha cometido un delito.

La prensa colombiana prolífica en examinar los derechos de la oposición venezolana no se ha percatado, o lo oculta, que lo que allá defiende, aquí se conculca. La sentencia de la Corte Interamericana en favor de Leopoldo López, precisamente prohíbe que un funcionario administrativo revoque derechos políticos; siendo sentencia de la Corte, es obligatoria para todos los países signatarios de la Convención; la petición de usar la Carta Democrática allá en Venezuela, tiene mucha más legitimidad, aquí en Colombia.

Nos acercamos a una paz, que podría ser una trampa si estas fuerzas oscurantistas no son puestas en su verdadero lugar. La Paz significa Democracia, y la Democracia implica que todo(a)s podamos tener el derecho a elegir y a ser elegido(a)s si somos nacionales ciudadanos y no hemos cometido ningún delito.

Parece que no será así en mi caso. Magistrados amigos del procurador, y son amigos no porque congenien con sus ideas fascistas, sino porque les ha empleado a sus cercano(a)s, han impedido que el Consejo de Estado vote sobre la continuidad de Ordoñez en la Procuraduría. Los mismos que lo impiden votaron porque yo no fuera protegido de la destitución y pérdida de derechos políticos casi de por vida por haber cambiado el modelo de aseo hacia uno que premiara el reciclaje y no los rellenos sanitarios; y  son los mismos que suspendieron de manera muy poco transparente las modificaciones que adaptaban la ciudad de Bogotá al cambio climático en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

No deja de ser evidente, que las razones que llevan a mi pérdida de derechos políticos se relacionan con mi política pública de mitigar y adaptar a Bogotá, y debería ser al país y al mundo, al Cambio Climático. las necesidades de nuevas culturas, nuevas políticas públicas, nuevos comportamientos de la sociedad que demanda la lucha contra el Cambio Climático parecen arrojar tensiones inmensas que podrían derivar en caídas en la irracionalidad y la barbarie.

Mi primera inhabilidad versa sobre mi supuesta actuación con dolo, es decir con ganas de hacer daño, al cambiar un modelo de aseo privado cuyas ganancias se extraían de los usuarios por recoger, transportar y enterrar sus basuras; por uno mixto, donde el Estado podía proteger la actividad del aprovechamiento o reciclaje de residuos y hacerla crecer en detrimento del modelo de enterramiento de basuras.

El reciclaje ayuda a disminuir las emisiones de CO2 y por tanto ayuda a la vida en el planeta.

El enterramiento de basuras produce gas metano, 29 veces más poderoso que el CO2 en calentar el planeta y por tanto conduce a la enfermedad y a la muerte no solo de los vecinos al relleno sanitario, sino del Planeta mismo.

Donde estaba el dolo? Dónde la intención de producir daño del alcalde de Bogotá?

Lo cierto es que en el modelo de enterramiento de basuras en toda Colombia gana un cartel de pocos contratistas, algunos ligados al paramilitarismo, otros a la vice Presidencia de la República. Son poderosos porque manejan políticos, funcionarios de la CRA y la Superintendencia y periodistas.

Detrás de un modelo depredador está un intrincado de intereses políticos y económicos que configuran un escenario más de cómo el cartel de contratistas se ha adueñado de la política y por tanto del poder en Colombia. Un cartel que pasa a lavar dólares y a ejercer la mayor parte de la corrupción del país.

Es por eso por lo que fui inhabilitado. Por enfrentarme a ese cartel, por mostrar nuevas ideas más afines a la transparencia, la justicia, el fortalecimiento de lo público y el nuevo equilibrio con la naturaleza que necesita la vida.

Ahora, por segunda vez me inhabilitan y el tinglado es el mismo.

Peñalosa expidió su POT del 2000 por decreto, Mockus también, pero solo Petro es inhabilitado por hacerlo igualmente.

En realidad la ley permite expedir al alcalde el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, por decreto si el Concejo, municipal o distrital, no lo aprueba. Así dice la ley, sino lo aprueba.

Que significa no aprobarlo? Votar en contra? No votar y dejar pasar el tiempo? Usted puede dedicarse varias horas a especular sobre estos criterios.

Lo cierto es que la Fiscalía en el auto que archivaba el proceso penal en mi contra por decretar las modificaciones al POT, estipulaba que no había aún claridad normativa al respecto.

Tal realidad que yo examiné en su momento me llevó a decretarlo, una vez el Concejo no había aprobado en 90 dÍas como dice la ley el proyecto presentado, ni la moción de reconsideración a la que tenía derecho cuando una comisión del mismo Concejo votó en contra y que obligaba a ser votada en plenaria, (art. 73 del acuerdo 348 del 2008 o reglamento del Concejo). Pensé que ante los casos de duda el funcionario ponía por encima el interés general como ordena la Constitución

Lo cierto es que la Procuraduría dice que actué con dolo, es decir con ganas de hacer daño, porque ya un concejal de la oposición había advertido que no se podía decretar. Nueva teoría de la Procuraduría, los alcaldes deben hacerle caso a los concejales de la oposición, si estos son de derecha. Muchos dijeron lo contrario: que se podía decretar, pero al procurador Ordoñez no le interesa ni la verdad ni la Justicia, sino  quitarme mis derechos políticos para que no pueda ir a elecciones.

De hecho el procurador una vez fue dictada la medida de protección cautelar por unanimidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejó de ser un juez independiente e imparcial en mi caso. Pero ese principio de la Justicia Universal no le interesa al Procurador Ordoñez, de nuevo se lanza contra su rival ideológico, desde el Estado.

Como en el caso del reciclaje y el papel del Estado en un servicio público que garantiza un derecho, en el POT nos encontramos con una realidad similar.

La razón del ataque a las modificaciones al POT que realizó la “Bogotá Humana” y por tanto de mi nueva destitución, es que propusimos un ordenamiento territorial que mitigaba y adaptaba la ciudad de Bogotá al cambio climático.

Para hacer ese ordenamiento territorial de los usos del suelo frente al Cambio climático era necesario no solo reemplazar el relleno sanitario y el modelo de recolección de residuos; el relleno es el segundo factor de emisión de gases de efecto invernadero de la ciudad, no solo era necesario establecer formas de financiación derivadas de los usos del suelo a los modos de transporte eléctricos no contaminantes como el Metro: es el transporte el primer factor de emisión de gases efecto invernadero en la ciudad; sino además, era imperativo ordenar el territorio alrededor del agua, liberarle espacios al agua, ampliar las zonas de protección ambiental, amenazadas de urbanización; prohibir la construcción en zonas de riesgo climático, y óigase bien, obligar a todo proceso constructivo a contribuir con cargas que produjesen o financiasen espacio público.

Los constructores privados al tener que ceder espacio en especie o en dinero a la ciudad, pagarían menos a los dueños de la tierra por la tierra. No solo teníamos una política pública de adaptación al cambio climático que salvaría vidas, sino una política contra la especulación de tierra urbana o contigua a la urbe en Bogotá

De inmediato, como en el caso del reciclaje, salieron los intereses económicos, ligados al interés político, a relucir. La prensa dijo que las modificaciones al POT eran para abrir prostíbulos en centros comerciales, ningún periodista se leyó el proyecto; de inmediato CAMACOL, cuya dirección pertenece a los constructores propietarios de tierra y no a los constructores simples sin tierra, se lanzó al ataque y movió su oficina dentro del Estado: el ministerio de vivienda. El ministro de vivienda un día después de haber realizado yo mismo un pacto con el Presidente de la República, se fue al Concejo a pedir que votaran en contra del POT.

Finalmente, sin decisión del Concejo de la ciudad que no votó mi moción de reconsideración de la negativa de la comisión, decreté las  modificaciones excepcionales al POT, consciente que con esas normas se salvaban vidas y se generaba un ejemplo para el mundo entero: El modelo de ciudad que permite re equilibrase con la Naturaleza.

Una amiga del Procurador en el Consejo de Estado, la magistrada Elizabeth García, al día siguiente de mi restitución en el cargo como alcalde de Bogotá, decidió suspender las modificaciones excepcionales al POT , que aún hoy, siguen vigentes, es decir gozan de cabal presunción de legalidad, pero sin poder aplicarse por esa decisión.

La amiga del Procurador defendió con su medida no los derechos generales, no los derechos ambientales, no el derecho a la vida; no tuvo en cuenta las profundas discusiones que sobre el cambio climático se hacían en el mundo, el inmenso peligro que representa; la conversión del Cambio Climático en el principal problema de la humanidad; nada de eso importó para ella, solo importó el muy pequeño y mezquino interés particular de CAMACOL y la especulación inmobiliaria de la que ganan enormes fortunas sin atención a la vida y a la ciudad. De nuevo sobre la sociedad se impusieron los amigos financieros  del vice Presidente  de la República y del Procurador Ordoñez.

Así que por segunda vez pierdo mis derechos políticos.

Estamos ante un régimen que no se atreve a permitir que las nuevas ideas, que las nuevas personas, que los nuevos proyectos, que la política con decencia se mueva dentro de la sociedad colombiana. Quiere este régimen de facto, construido sobre la contratación pública, la especulación financiera y el narcotráfico, con su oscurantismo anacrónico, su ausencia total de ideas, imponerse como única posibilidad política para los colombianos.

Lo que demuestra Ordoñez es que hace parte de una estructura del Estado que se mueve como un poder policivo y extorsionador para evitar transformaciones acordes con la Constitución del 91. Aquí se permite el mandato de la gente que proviene de la izquierda o del progresismo pero si varían su programa al acomodo de la élite de privilegiados contratistas y de las mafias de la corrupción. No existen las garantías al ejercicio del mandato popular, a los programas por los que vota la gente, a la base misma de la democracia.

Ordoñez ha demostrado que persigue sistemáticamente un grupo poblacional civil, aquel que no comulga con sus ideas.

En mi caso hay un atentado contra la Democracia y la Paz, y como hice en el 2013, es mi deber como ciudadano, y como progresista defenderme, en todas las instancias, incluidas las internacionales. Si le temen a mi candidatura, tendrán mi candidatura. Si le temen a un programa de ideas nuevas y transformadoras, tendrán un programa de ideas nuevas y transformadoras vueltas gobierno. Si le temen a una Colombia Humana, tendrán una Colombia Humana y en Paz.

Apenas unos días después del plebiscito se ha descubierto por confesión misma del gerente de la campaña del No, el ex senador Juan Carlos Vélez Uribe, que poderosos empresarios financiaron la campaña, entre ellos el propietario del Canal RCN y de gaseosas Postobón: Carlos Ardila Lulle; y que dicha financiación sirvió para construir una estrategia que buscaba engañar a los sufragantes con temas que no tenían que ver con los acuerdos de la Habana y que buscaban indignar a los electores y hacerlos votar a favor del NO.

Todos vimos la campaña, todos vimos cómo por redes y en iglesias de políticos que se han disfrazado de pastores, se le decía a los electores que los pensionados iban a perder su pensión, que los taxistas iban a tener que dejar sus taxis que pasarían a manos de guerrilleros, que las familias se iban a desintegrar y que sus hijos se volverían homosexuales porque las Farc ejercerían una llamada dictadura de género, que los pobres iban a perder sus subsidios porque estos pasarían a financiar jugosos salarios de los guerrilleros; que Colombia pasaría a tener un régimen como el de Venezuela; que Santos es un comunista camuflado amigo de Castro, que Dios esta con el No, etc.…etc.…

Hasta manipularon el video de una vieja entrevista mía, lo editaron y lo hicieron aparecer como si yo invitase a votar por el NO. Video profusamente repartido a un alto costo económico.

Cometieron un crimen. El engaño al sufragante es un delito tipificado en el código penal y tiene pena de prisión.

Aunque no nos guste escucharlo. Los directivos de la campaña del No que difundieron esta estrategia engañosa son unos delincuentes, agravada su actitud con el hecho que el fraude electoral no servía para obtener unas curules sino para mantener al pueblo sumido en la guerra. Su engaño buscaba que se mataran más colombianos.

Estamos tan acostumbrados al engaño al elector, a la compra de votos, que consideramos esto como cosas normales de la democracia. La realidad es que nuestra democracia ha sido de mentiras y que la mayoría de quienes han hecho las leyes de Colombia lo han hecho en virtud de haber sido elegidos a través del fraude, del delito: la compra de los votos.

Tenemos un sistema político delincuencial que ha sido usado por los narcotraficantes para hacer la ley.

Pero la confesión de Juan Carlos Vélez es más grave. Habla del uso del delito electoral ya no solo para hacer las leyes y obtener curules, sino para mantener la guerra en Colombia, para involucrar a millones de jóvenes en el conflicto armado fratricida del país, para condenarlos a la muerte y la violencia. Jóvenes en su inmensa mayoría pobres y sin oportunidades en la educación pública de Colombia.

Una estrategia electoral delictiva que necesita de bajos niveles de información y conocimiento de la gente. No nos extrañe porque Pastrana y Uribe recortaron los recursos a la educación que había establecido la Constitución del 91. La única manera de mantener al pueblo en la guerra que lo destruye es a partir de la ignorancia.

Pero es importante hoy saber qué buscan en realidad los dirigentes del NO con la continuidad de la guerra en Colombia, así pregonen, otra falsedad: que están con la Paz.

Varios de los empresarios que financiaron el NO están acusados de financiar a los grupos paramilitares, es decir de apoyar el genocidio que desataron en Colombia. No quieren que un Tribunal especializado los escuche en indagatoria.

El presidente Uribe dijo que no quería que los militares sindicados de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad acudan, como los guerrilleros, al tribunal especial de justicia, a confesar y a cambio recibir los beneficios jurídicos que les permitirían el perdón de la sociedad y rehacer la vida de sus familias.

A Uribe le aterra que los militares sindicados confiesen y los sacrifica, los lleva de lleno a la justicia internacional, con tal que su nombre no aparezca en las indagatorias como auspiciador de crímenes cuando fue gobernador de Antioquia o cuando fue Presidente.

El temor de Uribe arrastra al país a la sangre.

La campaña del NO oculta, que no quieren que la tierra amasada ilícitamente y con sangre por el narcotráfico para lavar sus dólares del comercio de la cocaína, más de diez millones de hectáreas, sea devuelta de nuevo a sus antiguos poseedores legítimos o a los campesinos y empresarios que quieren producir alimentos.

El engaño generalizado en la sociedad colombiana y triunfante en regiones antioqueñas, santandereanas y cafeteras, es para ocultar uno de los peores hechos de la historia colombiana, la acumulación de poder económico y político sobre la base de la muerte, el genocidio y el desplazamiento forzado en la sociedad.

Y están a punto, gracias a la debilidad del presidente Santos y la derrota fraudulenta de su plebiscito, de condenarnos a todos a la guerra.

Por eso, como nunca antes, la sociedad colombiana debe actuar. Los jóvenes, los llamados a la violencia han dado el ejemplo. Se rebelan contra la guerra y salen a marchar por centenares de miles.

Como lo hicimos en Bogotá Humana, la movilización debe ser permanente: Una y otra vez. Pero esta vez debe alcanzar todos los rincones de Colombia.

Al movimiento estudiantil ya desatado y que se organiza a partir de asambleas públicas en los parques, donde se coordinan las siguientes acciones y se evalúa la situación del país, debe articularse de manera organizada, una fuerte movilización indígena y campesina por la Paz.

Así romperemos el engaño tejido por los señores de la guerra en el barrio popular, en el municipio, en la ciudad.

Se nos convoca al cabildo abierto, a un movimiento asambleario, que debe tener todo el sentido constituyente del pueblo soberano.

Hay que destituir el engaño, el oprobio, los señores de la guerra, lo que nos lleva a la muerte fratricida. Hay que constituir lo que permite la convivencia. Hasta los acuerdos de la Habana que deben ser respetados se quedarán pequeños si como sociedad somos capaces de no tolerar el engaño y de salir en multitudes a constituir la Paz.

Nos tocó un momento histórico determinante para Colombia y vale la pena vivirlo y actuar con inteligencia y con contundencia. No son los tiempos de quedarnos en la casa, son los tiempos de la acción democrática y masiva. El tiempo de las Multitudes Constituyentes.