En entrevista con este medio, Luna García, presidenta de SOS Bebés Robados de la Comunidad Valenciana, agradece que por fin la Justicia se haya puesto "manos a la obra", que es "un primer paso". En su día, cuando el escándalo llegó a los medios de comunicación, fue una cuestión que afectó a la opinión pública, pero poco a poco se había "quedado en el olvido", explica.
El fiscal pide para el ginecólogo 11 años de prisión por tres delitos: sustracción de menores, suposición de parto cometido por facultativo y falsedad en documento oficial. La acusación particular eleva su petición hasta los 13 años.
El doctor Vela y Sor María
El doctor Vela y la monja sor María han sido durante muchos años las caras visibles de este drama que afecta a miles de padres, madres, hijos e hijas en España. Aunque ambos supuestamente perpetraron los delitos de los que se les acusa en la madrileña clínica de San Román, lo cierto es que este tipo de prácticas se llevaron a cabo en hospitales y clínicas de todo el país. García afirma que aspiran a que por fin se reconozca que se trató "de una trama nacional".
De hecho, no es la primera vez que se abren diligencias por la sustracción de menores en esta clínica de Madrid. Sor María Gómez Valbuena, una monja que ayudaba al doctor Vela en la clínica, fue la primera persona a la que un juez abrió diligencias por un caso de niños robados, pero falleció antes de que pudiera ser juzgada. Este era uno de los miedos de los afectados, que Vela, de 85 años, no pudiera responder ante la justicia por su avanzada edad.
Pero lo cierto es que hasta ahora, a pesar del volumen de afectados, la Justicia no se había mostrado activa. Las prescripciones o la falta de pruebas que alegaba la Fiscalía eran los principales motivos. García habla de "falta de interés", y opina que el miedo a que determinados nombres relevantes puedan aparecer, tanto de familiares directos como de personas que estuvieran directamente involucradas en estas adopciones ilegales, puede ser el motivo: "Pensamos que los tiros van por ahí". Incluso comenta que la Transición y el inicio de la democracia en España "se han quedado cortos" tras 40 años de franquismo.
Sin embargo, no es mucho lo que se espera de la comparecencia del ginecólogo ante el juez. De hecho, el doctor Vela llegó a afirmar en 2011: "Olvidaos de eso, nunca encontraréis a vuestros padres. Todo se hacía de forma verbal, no hay archivos ni ninguna constancia en papel", en declaraciones que recogió también Interviú.
Seis décadas robando y vendiendo bebés
Según la asociación SOS Bebés Robados de Madrid, se calcula que el proceso comenzó en 1938 y duró hasta los años 90, y que más de 300.000 niños fueron separados de sus familias biológicas de manera irregular.
Las familias que se hacían cargo de los recién nacidos en muchos casos eran cómplices, en otros, a pesar de las enormes cantidades de dinero que pagaban, creían que se trataba de una adopción regular.
28 asociaciones de bebés robados de España han convocado para este martes 26 de junio una concentración ante la Audiencia Provincial de Madrid. La presidenta de la asociación de la Comunidad Valenciana agradece a los políticos o partidos que en algún momento les han mostrado públicamente su apoyo, pero aspiran a un siguiente paso a nivel legal.
Quieren reconocimiento e investigación y buscar a los responsables, aunque García apunta: "Quién va a prisión a estas alturas es lo de menos, queremos encontrar a nuestros familiares".
Reclamación de apoyo de las Administraciones
Lo que las asociaciones reclaman además del progreso de la vía judicial es un mayor apoyo a las Administraciones Públicas. Por ejemplo, "que la gente se pueda hacer pruebas de ADN de forma gratuita", o que se realicen más exhumaciones. "¿Por qué no se exhuma más?", reclama García.
En este sentido, una de las pruebas que piden los familiares es la exhumación de las tumbas de los bebés que les dijeron que habían muerto. Ya se han realizado algunas, y que el sepulcro se encuentre vacío es una de las primeras pruebas para comenzar la investigación de lo sucedido en los juzgados.
Las tumbas de 46 posibles bebés robados se comenzaron a exhumar en Cádiz en octubre. La mayor traba con la que se encuentran las familias es que aunque aparezca un féretro vacío, la prueba no sirve de nada si se considera que el delito está prescrito, para lo que se tiene en cuenta la fecha de la supuesta defunción del bebé.
Pero además de las exhumaciones, también piden que se investiguen cómo historiales médicos o legajos en los registros civiles han podido desaparecer.
Nuria López
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