Ampliaron la imputación contra el Presidente en la causa por la condonación de la deuda del Correo
Macri y sus empresas, cada vez más complicados
El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió profundizar la investigación sobre el mandatario. También sumó acusaciones contra directivos de varias firmas del grupo Macri, la jueza Marta Cirulli y los síndicos que intervinieron en el concurso.
El escándalo del Correo Argentino sigue sumando nuevos capítulos y compromete al Presidente y su grupo empresario. Imagen: Leandro Teysseire
El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió la imputación contra el presidente Mauricio Macri en la causa en la que se investiga la supuesta condonación de una millonaria deuda por parte del Estado al Correo Argentino S.A. Zoni profundizó la denuncia contra Macri y resaltó que incluso al solicitar volver a “foja cero”, el mandatario se involucró “en incompatibilidades por conflicto de intereses”. También pidió que se investigue el presunto intento de vaciamiento de la empresa, durante los años que lleva en quiebra, por lo que sumó las acusaciones contra la jueza Marta Cirulli y los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A. y a los síndicos intervinientes del concurso, a quienes cuestionó por la aceptación del lapso de 120 días acordado para estudiar nuevamente un eventual acuerdo entre el Estado y el holding Macri.
Respaldado en los nuevos dictámenes de la fiscal Gabriela Boquín, Zoni amplió la denuncia que presentó en febrero ante el juez Ariel Lijo para investigar las responsabilidades de Macri; el ministro de Comunicación, Oscar Aguad; y el representante legal del ministerio en el concurso del Correo Argentino S.A., Juan Manuel Mocoroa; por el acuerdo calificado de “abusivo” por Boquín, ya que significaba una condonación del 98,8 por ciento de la deuda mantenida entre el Correo Argentino S.A y el Estado.
Zoni apoyó la ampliación de la imputación en el rechazo de Boquín respecto de la voluntad del gobierno nacional de postergar por 120 días la audiencia que se debió desarrollar a mediados de marzo para tratar la deuda del Correo. El pedido de demora hecho por el Ejecutivo, días después de que el presidente Macri diera un discurso solicitando que se revise el acuerdo, fue aceptado por todas las partes pero no por la Cámara Nacional Comercial.
“Resulta llamativo el accionar de las sindicaturas en cuanto cuestionan la dilación del proceso pero a la vez relativizan las consecuencias de la suspensión de los 120 días requerida, sin oponerse”, sostuvo Zoni en su dictamen de doce páginas. En ese punto, el fiscal subraya la contrariedad entre las decisiones tomadas y el objeto del concurso al indicar que “la aceptación a dicha suspensión resulta no menos que contradictoria con la defensa de los intereses de los acreedores concursales entre ellos el Estado Nacional” y advierte: “El paso del tiempo tiene como principal consecuencia licuar el crédito en perjuicio de los acreedores, por lo que la medida sólo favorecería a Correo Argentino S.A.”
El dictamen del fiscal también pone en crisis la respuesta de Macri en aquella conferencia en Casa Rosada luego de que se destapara el escándalo por el acuerdo firmado -que condonaba la deuda de la familia presidencial con el Estado en un 98,8 por ciento-, cuando dijo que la intención era cobrar la deuda que desde hace 16 años perjudica las arcas públicas y propuso volver a “foja cero”. Por un lado, Zoni retoma otra observación de Boquín para advertir que ya existía legislación vigente que “ordenaba el deber de abstención de aquellos funcionarios en la intervención de asuntos que revistiesen un interés directo” antes de que el presidente sancionara tras el escándalo el decreto 201/17 para regular “conflictos de intereses” montando en el discurso de una nueva transparencia.
Luego, el dictamen vuelve sobre la marcha atrás del Gobierno para señalar que “al retractarse de la aceptación a la propuesta concordatoria, el representante del Estado Nacional refirió estar siguiendo expresas instrucciones del Presidente la Nación” y subraya que “denota una vez más un elemento a investigar (…) ya que quien da las instrucciones se encuentra incurso en incompatibilidades por conflicto de interés”.
En cuanto a las acusaciones contra la jueza Marta Cirulli y los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A, Zoni coincidió con la fiscal general en el “posible vaciamiento de la concursada a favor de sus empresas controlantes en perjuicio de los acreedores”, en un contexto de presunto “fraude concursal”.
Así, el documento sostiene que “Correo Argentino SA habría abonado a su controlante Sideco Americana SA en concepto de alquileres y otros conceptos adicionales, montos cuyo respaldo documental no coincide con las cifras erogadas”. También menciona “la compra por parte de la concursada a su controlante, Socma Americana SA, de una porción minoritaria de la sociedad Neficor SA (uruguaya) por la suma de u$s 2.210.000”.
“La conducta de la concursada respecto de la actividad vinculada a esta compraventa (...) podría importar un vaciamiento realizado en beneficio de la accionista Socma Americana SA”, sostuvo la fiscal Boquín y coincidió su colega Zoni.
“Aquel acto requería de autorización judicial previa ya que la incorporación al proyecto automotriz resultaba un acto notoriamente ajeno al objeto social de Correo Argentino SA por lo que el juez del concurso debía autorizar o no dicho acto”, lo que no ocurrió, según explica el dictamen.
El caso por el acuerdo “abusivo” y “ruinoso” -de acuerdo al primer dictamen de la fiscal Boquín- que pretendía convalidar Macri con la empresa privatizada manejada por su familia cuenta con cuatro denuncias por corrupción que tramitan en Comodoro Py. Dos fueron realizadas por bloques de diputados kirchneristas, una por un abogado independiente y la cuarta por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
Las denuncias fueron presentadas luego de un duro dictamen de Boquín en diciembre del año pasado ante la Cámara Comercial donde describió cómo el acuerdo aceptado por el representante del Ministerio de Comunicaciones significaba una quita del 98,8 por ciento de la deuda a través de un pago en 15 cuotas anuales, que contemplaban la cancelación de la mitad de la deuda nominal en los últimos dos años, o sea, en 2032 y 2033.
Boquín también reveló en el reciente dictamen cómo el holding de la familia Macri consiguió la mayoría para cerrar el acuerdo de junio pasado. La fiscal general denuncia que 354 acreedores vendieron o cedieron su voto a un grupo de 14 personas, en su mayoría vinculadas al Grupo Macri, y algunas incluso integrantes del directorio del Correo. Parte de la operación se hizo a través del Meinl Bank Antigua, entidad financiera propiedad en un 51 por ciento de la constructora Odebrecht y pieza clave en el pago de coimas que se investigan en la megacausa Lava Jato. Boquín también señala que en la operación en busca de mayorías participó el Banco de Servicios y Transacciones SA (BST), que tiene como accionista a Marcelo Mindlin, empresario cercano al Gobierno y actual dueño de Iecsa, firma socia de Odebrecht en el soterramiento del tren Sarmiento, obra que está en la mira de la pata argentina del Lava Jato.
Tal vez sea solo una cadena de azares, una señal indescifrable del destino, un capricho de los dioses que juegan con nosotros a los dados. O tal vez se trate de algo más sórdido. Lo cierto es que cada vez que el periodismo internacional accede a millones de documentos productos de filtraciones, el presidente argentino, Mauricio Macri, sufre un disgusto. Y al ritmo que se viene desarrollando la cosa, uno ya no sabe ni qué esperar.
Hasta ahora, nada de eso ha tenido costo político. Macri atraviesa una luna de miel con la sociedad. Sus indicadores de imagen son realmente fantásticos. Tal vez sobreviva a todo esto. Al fin y al cabo, hay ejemplos muy conocidos de líderes que atravesaron escándalos explosivos sin una muesca: Mariano Rajoy, sin ir más lejos.
Los polvorines, está claro, no siempre explotan. Pero la sociedad argentina, sobre todo sus clases medias, que hoy son muy macristas, han sido lapidarias, tarde o temprano, ante la acumulación de hechos tan poco explicados.
Hace varias décadas que los paraísos fiscales están en el centro de la agenda internacional porque, como se podrá entender, son instrumentos para que los ricos del mundo eviten aportar a sus países lo que les corresponde. En parte, la persistencia de la pobreza en el mundo, se debe a esas maniobras.
En el Gobierno argentino se limitan a decir que todo es legal, que no hay ningún delito o, más corrientemente, no dicen nada, esperando a que pase el chubasco mientras la luna de miel sigue como si nada. Si lo hace la Corona británica, Apple, Putin y el primer ministro de Islandia, ¿por qué no ellos? ¿Quién no tiene o ha tenido una cuenta offshore?, preguntan.
El tiempo dirá cómo le afecta todo esto al exitoso presidente argentino.
Por ahora, solo queda esperar de qué otros casos nos enteraremos en la próxima filtración.
Una investigación del periodista Juan Amorín develó que el partido de gobierno robó datos personales y falsificó información sobre el dinero aportado para las elecciones de 2017.
La gobernadora argentina María Eugenia Vidal, festejando su triunfo en las elecciones de 2015.
Juan Marcelo Baiardi / CAMBIEMOS / AFP
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A mediados de junio el medio de comunicación El Destape hizo pública una investigación que revelaba la falsificación de donaciones de dinero a la campaña electoral del PRO (principal partido de la alianza Cambiemos que gobierna en Argentina) en las elecciones legislativas de 2017. Según la información revelada por el periodista Juan Amorín, cientos de personas beneficiarias de planes sociales figuraban como aportantes a la campaña electoral de esa organización en la provincia de Buenos Aires pero no sabían nada al respecto.
De hecho, con el correr de las semanas fueron apareciendo cada vez más casos que denunciaban no haber puesto dinero de su bolsillo pero estaban en el listado presentado por el PRO a la Justicia Electoral. Incluso dirigentes sindicales afines al Gobierno como Ramón Ayala, titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), quien se enteró en una entrevista radial que también figuraba como aportante.
De acuerdo con los últimos datos ya son mil personas las que se encuentran en esta situación y en su mayoría forman parte de los programas estatales de creación de empleo mediante cooperativas como Argentina Trabaja y Ellas Hacen o están inscriptas en el Monotributo Social. Quienes perciben este tipo de asistencia son los sectores más vulnerables de la población que, además, figuran como afiliados al partido en cuestión.
La gobernadora María Eugenia Vidal durante el recuento de votos en las elecciones de octubre de 2017 / Gabriel Sotelo / www.globallookpress.com
En el caso del Monotributo Social abarca a personas con ingresos inferiores a los 107.000 pesos (3.800 dólares) al año. Por este motivo resulta llamativo que, según consta en las actas del PRO, hayan decidido destinar entre 350 y 700 pesos –casi el 10% de su ingreso mensual– a la campaña electoral que permitió que Esteban Bullrich y Gladys Gónzalez sean electos senadores por el distrito más importante del país.
El descubrimiento
"Hubo una persona de una cooperativa que me escribió hace algunos meses diciéndome que se encontró en una lista de Cambiemos", contó a este medio el propio Amorín, dando detalles de cómo inició su investigación. Fue entonces que descubrió que no estaba en la boleta electoral sino que en realidad figuraba aportando a la campaña. "Cuando le digo esto me contó que, así como figuraba ella, había otras cuatro personas de su propia cooperativa. Y ahí me empiezo a dar cuenta que no era una casualidad sino que había un patrón", agregó el periodista.
"Llevamos más de mil casos encontrados, en su mayoría personas pobres que reciben planes sociales y figuran financiando la campaña de Cambiemos"Juan Amorín, periodista
Accediendo a información parcial del Ministerio de Desarrollo Social dio en una primera búsqueda con 205 casos de falsos aportantes que también eran beneficiarios de planes sociales. Una semana después, con la base de datos completa, la lista llegó a 500 y se fue ampliando por denuncias de personas que se fueron encontrando en las planillas presentadas por el PRO a la Justicia Electoral.
Hasta el domingo el lavado de dinero documentado por el periodista mediante esta metodología ascendía a 1.825.000 pesos (66.600 dólares). "Llevamos más de mil casos encontrados, en su mayoría personas pobres que reciben planes sociales y figuran financiando la campaña de Cambiemos", enfatizó Amorín.
Desde su punto de vista uno de los "datos curiosos y que también generan alegría" es el hecho de que "se utilizó a esta gente para que no se diera cuenta, porque no tienen las herramientas tecnológicas o el tiempo para revisar y curiosamente quien logró descubrirlo fue una de esas personas a las que el Gobierno subestimó".
Un entramado político que llega a las altas esferas
En uno de los artículos escritos por Amorín, en este caso junto a Ari Lijalad, enumeraron a los principales responsables políticos de esta operación. A la cabeza aparece la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y titular del partido político a nivel provincial, María Eugenia Vidal.
La gobernadora "está metida de lleno en esto porque ella es la presidenta del PRO en la provincia de Buenos Aires", subrayó el periodista. Según comprobó la Justicia a partir de lo que fue publicado por El Destape y "está certificado por la Cámara Nacional Electoral", el 99% de los aportantes falsos "están afiliados al partido que preside la gobernadora". "Es decir que la gobernadora facilitó los datos para que puedan distribuir el dinero a lavar", explicó Amorín.
La gobernadora María Eugenia Vidal y el senador Esteban Bullrich, electo en los comicios de 2017. / Marcos Brindicci / Reuters
Además, aparecen implicados Maria Fernanda Inza, tesorera del partido en territorio bonaerense y secretaria Legal y Técnica de la provincia; al apoderado partidario Patricio Gregorio Blanco Ilari, que fue el segundo de Inza en la Secretaría hasta el 11 de diciembre de 2017, cuando Vidal lo nombró asesor general de Gobierno; Pablo Clusellas, exdirectivo del holding de la familia Macri que ahora ocupa la Secretaría Legal y Técnica de la Nación; y Matías Burgos, jefe de Gabinete de Clusellas.
Según Amorín, el mapa lo completa Gabriel Maximiliano Sahonero, un "puntero" (dirigente territorial con manejos poco transparentes) del PRO y actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires, como "primer responsable económico" de esta operación.
En un artículo de la periodista de RT Julia Dominzain, publicado años atrás en Revista Anfibia, Sahonero definía a Vidal como su "punta de lanza". Cuando esta era vicejefa de Gobierno de la capital del país el actual legislador era el encargado de su despacho.
"Se utilizó a esta gente para que no se diera cuenta, porque no tienen las herramientas tecnológicas o el tiempo para revisar y curiosamente quien logró descubrirlo fue una de esas personas a las que el Gobierno subestimó"Juan Amorín, periodista
"También está metida en el medio la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien es a su vez la esposa del jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai", agregó Amorín.
La funcionaria "probablemente deba explicar a la Justicia si le aportó las bases de datos del Ministerio al partido gobernante", dijo el periodista, y analizó que "es muy sugestivo que casi 850 personas figuren como beneficiarias de planes sociales y con monotributo social aportando siempre cantidades bajas". Ahí hay "un análisis de los ingresos que tiene cada persona y esos datos los tiene la ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social nacional".
Los presuntos delitos
Esta operación que ya está siendo investigada judicialmente implica varios delitos combinados. El periodista detalló que los principales serían lavado de activos, falsedad ideológica, falsificación de documentos públicos, usurpación yrobo de identidad, entre otros.
Además, "de acuerdo a la Ley Electoral le puede llegar a costar incluso el sello partidario a Cambiemos o al PRO por lo menos, además de las penalidades económicas por las distintas infracciones que estamos viendo".
"Hay una decisión editorial de cubrir a la gobernadora Vidal"Juan Amorín, periodista
Una de las denuncias judiciales fue presentada por la senadora provincial Teresa García en el juzgado Federal número 3 de La Plata. Allí además de a Vidal, acusó de estos delitos a los alcaldes de Vicente López, Jorge Macri, y Lanús, Néstor Grindetti, vicepresidentes primero y segundo del PRO respectivamente.
El "apagón mediático"
Finalmente, al ser consultado por la repercusión que había tenido su investigación en los medios, Amorín describió la situación como "desesperante". "Algunos diarios le dedicaron algunas páginas pero es muy breve en comparación con el escándalo por la campaña de financiamiento de Cristina Kirchner en 2007", sostuvo.
No obstante, destacó que existen "colegas de los distintos diarios y portales que sí se hicieron eco de la investigación y la difundieron a través de las redes sociales", pero no lo han podido replicar en las empresas periodísticas donde trabajan "porque hay una decisión editorial de cubrir a la gobernadora Vidal".
El periodista recordó que en España, un hecho similar le costó el cargo al presidente Mariano Rajoy. Y añadió que en Argentina "se cubrió más el financiamiento ilícito de Rajoy que el de Vidal y Cambiemos". "Estamos viviendo un tiempo de apagón mediático muy grande", concluyó.
A última hora la causa de los cuadernos y las coimas sumó sorpresas, cuando el juez Claudio Bonadio ordenó detener a Claudio Uberti, el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) involucrado en la relación de la administración kirchnerista con Venezuela, al ex secretario privado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, José María Olazagasti, al ex titular de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain, y al dueño de Servicios Vertúa, Raúl Vertúa. Además de las menciones en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, todo indica que Bonadio se inspiró en algunos datos surgidos en indagatorias que tomó ayer. Las más resonantes fueron las de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, y la del ex Techint Luis Betnaza.
Al cierre de esta edición, ya habían sido detenidos Lascurain y Vertúa y se encontraban alojados en la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Uberti y Olazagasti eran buscados. Lascurain había declarado como imputado el jueves. Ese día dijo: “No me voy a arrepentir porque no tengo nada de que arrepentirme”, “no tengo nada que ver en absoluto con esta gente”. Vertúa también había declarado el miércoles. Entre una serie de medidas que dispuso ayer mismo Bonadio, allanó la vivienda de Uberti. Este último al escándalo de la valija de Antonini Wilson, empresario venezolano-estadounidense, a quien trajo en un vuelo privado con un maletín con 790.550 dólares no declarados, caso que prescribió. Después de ese affaire se tuvo que ir del gobierno.
Anoche todo parecía indicar que los arrestos estaban vinculados a la declaración de Wagner, que mencionó a varios empresarios en un esquema de cartelización que se habría inaugurado con Julio De Vido en Planificación. Pero además fue indagado Betnaza, tras ser señalado por Héctor Zabaleta, otro directivo de Techint, como quien disponía pagos que estimó en un millón de dólares por un acuerdo con el Gobierno, para que las empresas del grupo estuvieran en condiciones de funcionar (por ejemplo que no les corten el gas y la luz), aunque en esa época no tenían contratos en marcha. El hecho es que en la declaración de Betnaza señaló que funcionarios del Ministerio de Planificación le pedían dinero para interceder ante Venezuela, en tiempos del gobierno de Hugo Chávez, para solucionar la situación de las empresas de Techint allí, en alusión a la acería Sidor que fue expropiada. Lo que dijo es que le pedían dinero por “gastos que no debería afrontar el gobierno argentino para solucionar un problema de una empresa privada”. Uno de los hombres que dependían de De Vido y manejaban los lazos con Venezuela era Uberti.
El ex jefe de Gabinete hasta 2008, Alberto Fernández, le dijo a este diario que: “Si Betnaza dice que pagó para que le hicieran lobby por la estatización de su empresa en Venezuela, miente. Me consta que miente. Yo estuve presente en la reunión que mantuvimos en el último piso del Hotel Hermitage de Mar del Plata, durante la Cumbre de las Américas. Estábamos Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Paolo Rocca y yo. Un rato también estuvo Cristina. Delante de todos, Kirchner dijo: ‘Hugo, tenés derecho a nacionalizar, pero tenés que pagar, porque es una empresa argentina. Y Chávez dijo que sí. Rocca estuvo muy agradecido. Y eso no lo pago nadie de nadie. Es una grave mentira de Betnaza”. Si fuera lobby, tampoco se trata de un delito, no se trataría de cohecho, que alude a un pago para que un funcionario haga algo vinculado con su cargo. A lo sumo podría serlo si se tratar de un tráfico de influencias.
En el momento de la indagatoria les tendrán que exhibir las pruebas que hay en su contra, si es que están basadas en los cuadernos, en los dichos de otros imputados o en algunas otras pruebas recogidas como respaldo. Eso está por verse. Hasta ahora el criterio que manejan Bonadio y Stornelli en el expediente es que el que confiesa, se arrepiente y aporta algún dato que consideren relevante, sale en libertad. El que no habla, queda preso.
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