La inflación, el fracaso del Indec, la deuda externa, precios, salarios, paritarias e Impuesto a las Ganancias han ocupado la preocupación de la gente. En el campo de batalla mediática son más las noticias malas para el Gobierno que las buenas a pesar de que el 90 por ciento de la artillería es del oficialismo. Llega en su socorro la caballería judicial y un cambio de estrategia. Ya que las noticias propias son malas, busquemos enchastrar al adversario. Dos conocidos alfiles anti K de los tribunales salieron en socorro del gobierno macrista para distraer el foco de atención y socavar la imagen de la ex presidenta Cristina Kirchner. Es ahora o nunca. Si la imagen de la ex presidenta se mantiene, cada momento que pase será más difícil bajarla.
Con el propósito de enfocar las sospechas sobre el anterior gobierno, el fiscal Ricardo Sáenz dictaminó “sin ninguna duda” que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado. El fiscal no basó su dictamen en ninguna investigación propia. Simplemente se hizo cargo de los argumentos de las querellas, que han sido descartados por la gran mayoría de los peritos. Pero Sáenz es un viejo enemigo de Cristina Kirchner y hubiera sido el Procurador de la Nación del macrismo si lograban expulsar a Alejandra Gils Carbó.
Detrás suyo apareció el polémico juez Claudio Bonadio –un magistrado con record de pedidos de juicio político en la Magistratura– para citar a indagatoria a la ex presidenta por las operaciones con dólar a futuro, una causa puramente mediática. Lo que importa es distraer la atención de los sablazos al bolsillo de la gente, para insistir con una táctica que fue fructífera cuando el macrismo estaba en la oposición. Pero el impacto en la billetera no se disipa con una cortina de humo con protagonistas que han pasado a segundo plano.
El Gobierno necesitaba cambiar el eje y estos funcionarios judiciales fueron funcionales. Había pasado una semana intensa. En dos meses de gestión el macrismo se ganó el primer paro nacional de estatales contra sus políticas, acompañado por una masiva concentración en la Plaza de Mayo. Y al mismo tiempo pudo evitar el paro docente pero contraviniendo su propia estrategia al concederles casi un 40 por ciento de aumento. Ha podido operar sobre el massismo para que lo acompañe en el Congreso, pero el quiebre en el Frente para la Victoria fue mínimo, mucho menos de lo que se esperaban y en términos más expectantes que rupturistas.
Es el momento de mayor fuerza para el gobierno y de más debilidad para el FpV que fue derrotado en las urnas. Sin embargo el rédito ha sido pobre. Es la desgracia de haber ganado por muy poca diferencia. La presión centrífuga en el seno del FPV es menor que la sensación de que las políticas oficiales están desatando una tormenta económica y social impredecible. Si el horizonte fuera de fortalecimiento del gobierno a partir de la gestión y el manejo del aparato estatal, es probable que la ruptura del FPV hubiera sido inevitable y bastante más grande que las diferencias que se discutieron en el congreso del PJ de esta semana. El peronismo tendrá muchos defectos, pero sabe que la gestión puede ampliar el poder político y, por lo tanto, es un buen termómetro de ese fenómeno. Si no hubo división y la gran mayoría se quedaron adentro, es porque afuera huelen a tormenta. El sector más duro quiere una oposición activa pero el ala más moderada quiere evitar que les achaquen responsabilidad sobre cualquier fracaso de las políticas oficiales. Las dos posiciones coexisten junto con las necesidades de intendentes y gobernadores. La fotografía actual del PJ, tras una derrota reciente, es más o menos igual a la previa de ese traspié, lo cual es ganancia para un peronismo que puede ser volátil. La Cámpora cedió terreno en forma voluntaria y gobernadores como José Luis Gioja o jefes territoriales como Jorge Capitanich ocuparon el centro. Hubo reacomodos pero sin sangrías.
El paro de los estatales el miércoles es indicativo de la situación social. Muchas veces no se trata del motivo, si existe o no, sino de la circunstancia: si el contexto o la situación política soportan una medida de fuerza. Y normalmente los dos primeros meses de un gobierno constituyen un tiempo desfavorable. Pero esta vez fue una medida con muy poco rechazo, se produjo dentro de la lógica que se está desarrollando en el país. Ese “no” al rechazo que podría haber generado en otro momento, da una medida de los espacios que va cediendo el Gobierno.
No pudo explicar los despidos masivos alegando ñoquis o militantes. No pudo mostrar un solo caso. El hecho más vergonzoso quizás sea el del ministro encargado de los despidos, el ministro de “Modernización del Estado” Andrés Ibarra, que anuncia que va a revisar contratos y concursos para justificar los despidos. Pero su esposa, la militante del PRO Carla Piccolomini, que ha tenido cargos de bajo rango en la CABA, fue catapultada a una gerencia de Radio y Televisión Argentina (RTA) con un sueldo de 90 mil pesos, sin realizar ningún concurso. Para completar la imagen de arbitrariedad por los miles de despidos que está decidiendo Ibarra, en los círculos internos de la empresa paraestatal se asegura que Ibarra llegó a presionar incluso a Hernán Lombardi para lograr el nombramiento de su esposa.
Para desprestigiar al gobierno anterior y justificar despidos en estas áreas, se han construido mitos sobre Tecnópolis y el Centro Cultural Kirchner como obras faraónicas sin sentido, igual que el Museo del Bicentenario. Se escribieron editoriales en La Nación y se organizaron visitas de periodistas de Clarín para mostrar goteras y cables pelados. Según la administración, en estas obras todo fue despilfarro, corrupción y demagogia. Dijeron horrorizados que los 500 trabajadores del Centro Kirchner habían sido designados dos meses antes del fin del gobierno, o sea cuando empezó a funcionar.
Sin embargo, el presidente de Francia François Hollande pidió visitar el centro Kirchner, la cena en su honor se organizó en el Museo del Bicentenario y uno de los tratados que firmó el presidente francés fue de intercambio entre Tecnópolis y su similar de París. El presidente Mauricio Macri se lució ante su par francés con las obras realizadas por el gobierno kirchnerista y que su gestión denigra.
En un informe del año pasado el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Empleo (Cippec), muchos de cuyos integrantes forman parte ahora del gobierno de Macri, señalaba que el 17 por ciento de la población activa trabaja en el Estado. De esa cantidad la mayoría corresponde a los gobiernos provinciales y municipales y sólo una pequeña fracción a la estructura nacional. Desde Canadá hasta la mayoría de los países desarrollados de la OCDE tienen ese índice por arriba del de Argentina. O sea que esos países tienen, en proporción, más empleados públicos que Argentina.
El empleo público no es un problema como lo presentó demagógicamente el macrismo y su coro de prensa oficialista. La diferencia que está planteando la supuesta “modernización” macrista está en el rol del Estado que proponen. Según ellos están despidiendo ñoquis a los que ya están reemplazando por sus esposas y parientes o militantes del PRO. Pero no han podido presentar un solo caso de ñoquis hasta ahora, aunque sí están metiendo a sus parientes y militantes mientras Macri dice, suelto de cuerpo, que “el Estado no tiene que financiar la militancia”.
Lo que sí están haciendo es desactivar los programas sociales de inclusión, los programas de salud pública y ambiental y los programas de derechos humanos o desmantelando aquellos organismos encargados del control de precios o de la vigilancia de delitos financieros que involucran a bancos y grandes empresas, muchas de las cuales tienen sus representantes en el gobierno.
La consigna: “modernización del Estado”, que sirve para justificar este verdadero linchamiento público de miles de trabajadores que se quedan en la calle, no es modernización, sino retroceso a un Estado controlado por las grandes empresas, una estructura que se retira del rol de inclusión, de equilibrar desigualdades o de resguardo de los más débiles para convertirse en una herramienta de las grandes corporaciones que están representadas en esta gestión. También se trata de un Estado presente, pero esta vez para consolidar desigualdades. Sería un contrasentido que un Estado que incorporó a sus niveles de dirección a los altos ejecutivos de las corporaciones más poderosas se preocupara por la desigualdad. Si esta afirmación fuera pura construcción teórica o abstracta, cualquiera diría que es esquemática. Pero solamente es una descripción de los hechos. Cuando la realidad se propone ser esquemática supera incluso a los ideologismos esquemáticos.
Junto con esta nota reproducimos la última fotografía de Santiago Maldonado. En otra se ve a tres gendarmes. Ambas fueron tomadas por la propia Gendarmería en el momento de la irrupción en la comunidad mapuche de Cushamen, el primero de agosto. La Gendarmería contó con ese material desde el mismo día en que ocurrió la agresión de un centenar de uniformados en armas contra ocho jóvenes desarmados que huyeron hacia el río.
Pese a la insistencia del Gobierno nacional en desacreditar el testimonio del joven mapuche Matías Santana a quién acusó desde sus medios de propaganda de sembrar pistas falsas, la fotografía comprueba que tal como él dijo Santiago Maldonado vestía una campera celeste que Santana le prestó. Ese material gráfico fue secuestrado durante uno de los allanamientos que casi una semana después de los hechos ordenó el primer juez de la causa, Guido Otranto. Pese al tiempo transcurrido y en señal de confianza sobre la impunidad de la que gozaban, esas imágenes permanecieron en uno de los discos rígidos de la fuerza de inseguridad.
Contra lo que trató de instalar anoche la gobernadora de Buenos Aires María Vidal (en cuanto le notificaron el hallazgo de un cuerpo en el río) de que el Gobierno y el propio presidente Maurizio Macrì habían hecho todo lo posible por contribuir a la búsqueda del joven artesano, estas son indicaciones de lo contrario .
Santiago Maldonado está semi agazapado a la izquierda de la imagen alejado de la cabaña de troncos. Frente a esa precaria edificación se ve a otro hombre con la cara cubierta. En la otra foto tres gendarmes se aproximan al alambrado de púas para descolgar una bandera en la que ampliando la imagen puede leerse libertad al weichafe (una palabra en mapudungun) y una tercera palabra que podría ser Huala, igual a uno de los apellidos del líder mapuche detenido por el acuerdo que Macrì alcanzó con la presidente de Chile, Michelle Bachelet, durante su última visita a ese país vecino. La secuencia fue registrada con pocos segundos de diferencia.
Ayer la líder oficialista Elisa Carrió insistió en que tendrían que pedirle perdón por las respuestas que cosechó cuando dijo que existía un 20 por ciento de probabilidades de que Maldonado estuviera en Chile con la RIM (sigla de Regimiento de Infantería de Montaña) que no se sabe si mencionó deliberada o erróneamente. En vez de llamarse a un prudente silencio anoche insistió en una verborrea atropellada e irrespetuosa.
Las integrantes de la organización marcharon el jueves hasta la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, Argentina, y denunciaron que la reconstrucción del sitio anunciada por el Gobierno tiene como fin reducir el espacio donde se realizan las manifestaciones populares.
En una medida inesperada, la Justicia levantó la feria judicial para ordenar un virtual allanamiento a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Hebe de Bonafini denunció al Gobierno por querer "borrar la historia, borrar la memoria y querer destruir el archivo de las Madres que es del pueblo".
Miércoles negro para la economía argentina. El Merval, el principal índice bursátil de Buenos Aires, se desplomó casi un 9% ante los temores de una nueva recesión. Esta es su cuarta caída consecutiva.
Según especialistas, después del financiamiento solicitado por Buenos Aires al FMI, los inversionistas temen por los "duros deberes económicos" que tendrá que enfrentar el país.
Un corredor trabaja en una bolsa de Buenos Aires.
Martin Zabala / www.globallookpress.com
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El fin de la era del 'dólar barato' provocó la caída del mercado bursátil en Argentina, que retrocedió este miércoles en 9,78 %.
Este es el cuarto desplome consecutivo del índice Merval, que acumula un retroceso de 15,88 %. Un especialista consultado por Reuters aseveró que ese comportamiento es producto del temor que tienen los inversionistas ante los "duros deberes económicos" impuestos a Argentina por el FMI para tener acceso a un financiamiento de 50.000 millones de dólares.
A este panorama se suma un aumento superior al 3 % en la tasa de riesgo país, que ubica a Argentina en un nivel máximo de ese indicador. Tal comportamiento no se había registrado desde octubre de 2015, cuando la nación austral estaba en la víspera de sus elecciones presidenciales, destaca La Nación.
"Es evidente que hay menor apetito emergente ante un clima financiero global más desafiante. Pero a eso se suman, en el caso argentino, los duros deberes económicos del FMI, así como sus implicaciones políticas", estimó el economista de la consultora Estudio Ber Gustavo Ber.
Este 17 de julio vencen, como ocurre todos los meses, letras del Banco Central y el valor de la moneda estadounidense volvió a alcanzar los 28 pesos, pero puede seguir subiendo.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene un sistema de emisión de letras, llamadas Lebacs, con la intención de que le ingresen fondos a sus arcas. Esto significa que aquellos interesados en preservar su capital ante los elevados índices de inflación local, pueden colocar su dinero en la entidad bancaria y a cambio se llevan un papel, con altas tasas de interés, muy superiores a la subida generalizada de precios en ese país latinoamericano.
En otras palabras, cada vez que se produzca un vencimiento de Lebacs, el ciudadano o fondo de inversión podrá elegir si renueva este servicio o si, por el contrario, opta por retirar el dinero del BCRA, sumándole el porcentaje del interés que se pautó al momento de adquirir los papeles. Usando términos más simples, podría decirse que el poseedor del capital le presta dinero al banco, a cambio de una gran tasa de interés, cuyo vínculo puede finalizar en un breve lapso de tiempo.
El mayor problema de este sistema, que funciona de modo dinámico y a veces impredecible, es que una vez al mes se producen vencimientos de los papeles. En efecto, el pánico se desata en el 'supermartes' —así lo denominan muchos medios locales— porque en este 17 de julio se vence el equivalente a 536.000 millones de pesos (unos 19.000 millones de dólares), una cifra determinante para la economía local. En efecto, eso representa casi la mitad del stock total de las Lebacs.
Presidente del Banco Central de la República Argentina, Luis Caputo. / Marcos Brindicci / Reuters
Según publicó Clarín, el presidente del Banco Central, Luis Caputo, espera renovar el 75% de esas letras que vencen el martes, a una tasa de hasta el 47%. Por si no se entendió: quienes coloquen su dinero en este banco madre obtendrán una ganancia equivalente a casi la mitad de su valor inicial. Pocos negocios son tan rentables, por ello también hay críticas desde sectores de la clase trabajadora: se teme que esta apuesta desaliente las inversiones en el aparato productivo para llevarlas hacia el mundo de la especulación financiera.
Y entonces, sube el dólar
Según las estimaciones mencionadas, cuya veracidad se conocerá luego del vencimiento, se calcula que unos 140.000 millones de pesos (5.000 millones de dólares) se fuguen de este sistema, por no renovar las letras hacia plazos futuros. Eso quiere decir que el BCRA perdería ese monto a menos que aparezcan nuevos aportantes.
Así las cosas, como viene ocurriendo durante las fechas claves, el precio del dólar norteamericano volvió a aumentar. En efecto, ya toca los 28 pesos, y con el correr de las horas se esperan novedades acerca de su valor. Mientras tanto, el peso argentino continúa devaluándose.
Imagen ilustrativa / Jose Luis Gonzalez / Reuters
La explicación entre la relación de los vencimientos de las Lebacs y el precio del dólar es muy sencilla: las personas o entidades que tengan esa gran cantidad de pesos en su poder, y no elijan reingresar al mecanismo ya explicado, es altamente probable que compren dólares. El resto de la ecuación se explica por la ley de oferta y demanda; si hay muchos pesos con la intención de ser intercambiados por dólares, lógicamente aumentará el valor de la moneda extranjera.
Vale destacar que en ese país sudamericano los ciudadanos que poseen pequeños ahorros o grandes capitales concentrados, por lo general no optan por preservar su dinero en la moneda local ya que la subida de precios en productos y servicios produce la disminución de su valor. Es decir, si la cantidad de pesos se mantiene intacta durante cierto lapso de días, meses o años, con el correr del tiempo ese monto servirá para adquirir menos cosas que en el pasado. Por ello, muchos recurren a monedas extranjeras, bonos, títulos y letras bancarias, o la compra de bienes.
También aumentan los precios
El economista y especialista en finanzas, Ignacio Carballo, ya explicó a RT que cuando sube el valor del dólar en Argentina se disparan también los precios de toda la economía, generando un círculo vicioso: "No impacta solo a mediano y largo plazo, sino en un lapso cortísimo y en bienes de primera necesidad, afectando severamente a las personas de menores recursos, la base de la pirámide social".
En ese sentido, vale destacar que no solo aumentan los valores de aquellos productos extranjeros, por estar cotizados en dólares, sino que muchos de los fabricados en esa nación se ven afectados ya que distintos componentes del proceso de producción se miden en dólares, como por ejemplo, el uso de insumos o maquinarias compradas en otros países.
Sobre materia inflacionaria, este martes también hay altas expectativas ya que el Indice Nacional de Estadísticas y Censospublicará sus datos sobre la inflación alcanzada en junio. Sin embargo, Ámbito destaca que algunas consultoras privadas estiman aumentos del 4% solo para ese mes. Si el organismo estatal confirma aquella cifra, se habría llegado al 15% de inflación en la mitad del año. Vale destacar que en enero el Gobierno de Mauricio Macri había anunciado esa cifra para los aumentos de todo el año, hasta que se vieron obligados a cancelar su meta.
Malestar en el Ejército: Llegan tropas de EEUU a pedido de Macri
El despliegue de tropas de EEUU en Argentina provoca PRO-fundo malestar en el Ejército y polémica institucional por no haberse informado al Congreso de la Nación.
El jueves llegaron a la Argentina, y a petición del Gobierno de Mauricio Macri, al menos 8 efectivos de las fuerzas especiales del Ejército yanky para instruir a gendarmes y policías que garantizarán la seguridad de la cumbre del Grupo de los 20 (G20) del 30 de noviembre y el 1 de diciembre en la Capital Federal.
Los militares del imperio del Norte pertenecen al Comando de Operaciones Especiales Sur (Coesur), una unidad subordinada al Comando Sur, la división del Pentágono que proporciona planificación de "contingencias, operaciones y cooperación" en países de Latinoamérica y el Caribe.
La noticia cayó muy mal en el Ejército Argentino, que ha encontrado un nuevo motivo para protestar frente al trato diferencial que reciben las fuerzas federales, en medio de la polémica por su magra reactualización salarial, que aleja los haberes del Ejército de Tierra, la Armada y la Fuerza Aérea de los que perciben en Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal.
Además, también ha levantado suspicacias en las Fuerzas Armadas argentinas el arribo de militares extranjeros a territorio argentino sin la autorización del Senado. Según la ley, el despliegue de los soldados estadounidenses de esta manera no es técnicamente legal. El Poder Ejecutivo no puede permitir que ingresen al territorio fuerzas extranjeras sin la autorización del Congreso, excepto en circunstancias especiales que en este caso no se dan.
Según lo previsto, los militares permanecerán hasta el 3 de agosto en la provincia de Buenos Aires para capacitar a unos 40 miembros del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal, en una iniciativa de cooperación que debería costar 1 500 000 dólares.
Activistas pro derechos humanos aseguran que los intereses militares del Gobierno de Macri están alineados con los de Estados Unidos, que ha incrementado su presencia militar en América Latina y el Caribe.
Chantaje de Macri a las FFAA
En un esfuerzo por calmar las aguas, reencauzar un deterioro absoluto en las relaciones y sabeedor de la llegada inminente de las tropas yankys al País, el Presidente rápidamente dispuso una subida de 20% a los salarios de las Fuerzas Armadas, en un intento de chantaje y calmar las reacciones que no tardaron en llegar. Además de acallar voces contrarias al interior de las Fuerzas, el aumento salarial es una decisión política a contramano de las medidas de austeridad fiscal que el Gobierno prometió al FMI para merecer un rescate financiero de 50.000 millones de dólares, pero necesaria para calmar lo que continúa amenazando en convertirse en una grave tormenta Institucional. Hace dos semanas, la Casa Rosada dispuso una subida salarial de sólo 8% para los cargos militares más bajos y sumas fijas para los más altos, en un contexto inflacionario que podría llegar al 30% en 2018. El repudio entre los uniformados fue tal que debió suspenderse el desfile militar del día de la Independencia, el 9 de julio.
La cuestión de fondo supera ampliamente lo salarial. Las Fuerzas Armadas no tienen hoy un rol claro en Argentina, un lastre que cargan desde el regreso a la democracia, en 1983. Los primeros años fueron de ajuste a la nueva realidad política. Le tocó a Raúl Alfonsín juzgar a los jerarcas del régimen, y por ello debió enfrentar una sucesión de levantamientos militares. Zanjó la cuestión con las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que dejaron impunes miles de delitos de lesa humanidad cometidos por los cuadros bajos y medios. Carlos Menem dio un paso más allá y en 1990 indultó a todos los militares golpistas y a los jerarcas condenados por genocidio. A cambio, redujo el presupuesto en Defensa como nunca antes y envió al Ejército a misiones de paz fuera del país.
Cuando Néstor Kirchner llegó al poder derogó los decretos de Menem y los juicios por delitos de lesa humanidad se reactivaron. En el frente político, un decreto presidencial prohibió al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Armada a participar de cualquier evento que no involucrara el ataque de un Estado extranjero.
Luego de casi tres años de Gobierno, se ha instalado en la Argentina, el #MacriMiente. Fiel a esta realidad, Mauricio Macri prometió en campaña que pondría las cosas en su lugar y consiguió el apoyo electoral sin fisuras de los militares. Pero las urgencias de la crisis provocada por su Régimen demoraron los cambios prometidos. La incesante llegada de Fuerzas militares yankys ha terminado por ponerse de sombrero el apoyo de las FFAA hacia Macri. Fue la gota que colmó el vaso.
Los yankys buscan tener acceso a Recursos Naturales estratégicos
Elsa Bruzzone denuncia la realización de maniobras conjuntas entre tropas argentinas y estadounidenses sin el permiso del Congreso argentino. El Centro de Militantes para la Democracia Argentina ha alertado de la entrada en territorio argentino de agentes armados de EEUU en el mes de mayo.
En la jornada de este viernes, la bolsa cerró en 25.167,96 puntos.
Un hombre trabaja en el piso de la Bolsa de Buenos Aires, Argentina. 9 de mayo de 2018.
Marcos Brindicci / Reuters
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El derrumbe en más de 25% de las acciones del Grupo Supervielle, luego de un balance financiero que no dio los resultados esperados, arrastró este viernes a la Bolsa de Argentina, que perdió 5,11%.
La debilidad de la moneda local y la caída de otras plazas emergentes precipitaron el retroceso del índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), recoge el portal Ámbito.
Los operadores alegaron que las ventas de acciones en el sector financiero hicieron mucho peso en el hundimiento de la bolsa: los balances negativos del Grupo Supervielle desataron el pánico de los inversionistas. En Nueva York, los títulos del banco de capital argentino se hundieron en 30,1%.
Los capitales también se movieron con relativa prudencia ante el clima de inestabilidad en Argentina, luego de que se impulsaran investigaciones judiciales que vinculan a empresarios y figuras políticas en un supuesto esquema de sobornos.
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