4. Sentado ello y como los episodios ilícitos que se vienen desarrollando en esta causa no cesan, a través de este escrito y en este acto he de dejar de todo esto debida constancia. Ello, cuanto menos para que su análisis pueda llevarse a cabo cuando se restablezca en Argentina el Estado de Derecho.
a. En primer lugar, reitero mi negativa de manera categórica y terminante, dehaber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así como también de haber cometido delito alguno. La investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni siquiera una mínimaprueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen.
b. En segundo lugar, no obstante todos los abusos judiciales de que vengo siendo objeto, me mantuve y me mantendré en todo momento a disposición de la justicia.
Como muestra de ello, pese a que se trataba de otro abuso de Bonadío, en mi carácter de Senadora Nacional voté la autorización para que se llevaran a cabo los allanamientos de los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate, individualizados en este proceso.
En este mismo sentido, el bloque de Senadores que integro, sin dejar de enfatizar que tales procedimientos resultaban arbitrarios, desproporcionados e inconducentes hizo expresa mención sobre la necesidad de que las diligencias judiciales se llevaran a cabo de conformidad con las normas constitucionales y legales, respetando también el derecho a la intimidad. Así y con el acuerdo de los restantes bloques del Senado, ello quedó debidamente consignado en la resolución dictada el día 22 de agosto del corriente año (ver apartado 2º).
A pesar de tales recomendaciones, ninguno de los allanamientos fue realizadoconforme a derecho. Veamos.
En el caso de la diligencia practicada en esta ciudad, de manera ilegal e inexplicable se privó a mi defensor participar en el operativo. Ello derivó en que no se tuviera oportunidad alguna de controlar el desarrollo de la diligencia, tal como expresamente lo prevé la legislación vigente y lo había recomendado el Senado de la Nación.
En el caso del allanamiento practicado en El Calafate, éste se extendió en el tiempo de manera ilegítima y deliberada, con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas delos diarios de ese fin de semana. Además se filtraron a la prensa, como es de costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos ni objetos de procedencia ilícita.
Finalmente, como todos los allanamientos arrojaron resultado negativo, se optópor el secuestro de objetos que no guardan relación alguna con este proceso yni siquiera se salvaron los atributos presidenciales del Dr. Néstor Carlos Kirchner y de la suscripta.
Por todos los daños irrogados, en su oportunidad habré de accionar legalmente en vuestra contra y de quienes resulten coautores, cómplices y encubridores de la maniobra.
c. En tercer lugar, del mismo proveído a través del cual se dispone mi citación a prestar declaración indagatoria surge que la maniobra de fórum shopping con que Bonadío y Stornelli se apoderaron de esta causa ahora resultó triplicada.
En efecto, por lo visto, se han formado tres nuevos expedientes (causas Nº 13.816/2018, 13.820/2018 y 13.821/2018), los cuales en lugar de ser enviados a sorteo han sido retenidos bajo la misma falsa excusa que se invocara en la oportunidad anterior: que, oh casualidad, ellos resultan conexos aotros tres procesos que ya tramitaban ante este mismo Juzgado.
d. En cuarto lugar, la resolución a la que antes me refiriera también pone en evidencia, una vez más, el carácter de persecución política que reviste este proceso.
En efecto, sin disimulo alguno, se habla aquí de una extensión temporal del objeto procesal de la causa y no se convoca a prestar declaración indagatoria a los dueños de las empresas más importantes del país que supuestamente habrían participado en los episodios que se dice estar investigando y que habrían acaecido en aquel período. Por si no se lo recuerda, hasta el año 2006 el Ing. Mauricio Macri se encontraba al frente del grupo empresario familiar, el cual según los dichos de algún “arrepentido” también habría formado parte de la cartelización de la obra pública.
Por el contrario, en lugar de ello, la imputación se dirige ahora contra dirigentes de una agrupación política que nada tienen que ver con las cuestiones que aquí se investigan y que resultan un blanco predilecto para los medios de comunicación concentrados afines a este gobierno.
En suma, como lo señalé precedentemente, estamos en presencia de una supuesta investigación que carece de todo contenido jurídico, que se desarrolla con fines que nada tienen que ver con un servicio de administración de justicia y que, de manera torpe, busca distraer la atención de la opinión pública frente a una debacle política, económica y social que ya nadie puede ocultar.
Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad,
SERÁ JUSTICIA.
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