“Cuando la injusticia se convierte en ley, la rebelión se convierte en deber” – Gandhi.

Desde hace un tiempo, el Grupo Aval comenzó a verse en la mira de cara al caso de Odebrecht y su posible participación

en el escándalo de corrupción quizás más macabro vivido en Colombia: la filial Corficolombiana era socia de la empresa

brasilera de construcción para la “Ruta del Sol II”, en la que se pagaron multimillonarias coimas.

Esto afectó la reputación de dicho grupo financiero. En el mes de noviembre las acciones preferentes en bolsa de Aval

cayeron un 10,6% y llegaron a cerrar el día con una baja del 6,2%, siendo la mayor caída desde el año 2011. Además,

para el caso de Corficolombiana, su filial financiera, el desplome fue de un 8,4%.

Ahora bien, este diciembre trajo consigo, como forma de rechazo al Grupo Aval, una campaña para que los colombianos

decidan retirar sus cuentas de ahorros de Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco Av Villas.

Ante esto, el señor Jorge Castaño, superintendente financiero, y Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, salieron en defensa del Grupo Aval.

El superintendente manifestó que entablaría denuncias penales contra las cuentas que promovieran esos mensajes,

posición apoyada por la vicepresidenta, quien a través de un trino habló de lo urgente de que la Fiscalía dé trámite

a dicha denuncia por la especulación sobre entidades financieras.

El delito al que se refieren ambas ilustres personalidades es el que se ha encontrado codificado desde 1980 en el

artículo 232 del código penal de la época y que fue reformado en el artículo 302 de la Ley 599 del 2000, el actual

código penal colombiano. Se trata de un tipo penal en blanco, dada la serie de comportamientos en el señalado,

de peligro abstracto, esto es que no es necesario para que se configure que exista un daño o perjuicio efectivo,

es un castigo de tentativas o castigos potenciales, comúnmente utilizada esta técnica legislativa

en los delitos contra el orden económico y social.

Sin embargo, más allá de un delito, que en mi sentir no se configura con la conducta llevada a cabo a través

de la campaña en Twitter, se trata de un acto cercano a la desobediencia civil, una campaña que la sociedad

civil emprende y que es contraria a un orden de autoridad, para el caso financiero, considerado ilegítimo,

y sobre el que se levanta la manta de la corrupción y la vileza, quedando impune.

Asumir el reto de la campaña, esto es cortar lazos con el Grupo Aval, no pretende desestabilizar el sistema

financiero colombiano, que se proclama tan consistente y robusto, se trata simplemente de recuperar nuestra

dignidad, de darle sentido a la palabra justicia y de ratificar las garantías de libertad financiera y no solo las

del derecho a consumir y el deber de obedecer que desean imponernos… esto es una desobediencia al miedo,

para que recuperemos un orden social en el que la justicia, la dignidad y las personas —todas las personas

y no solo el señor Angulo— sean lo más importante para el gobierno.

Esta iniciativa es un acto de desobediencia al actuar del Estado como títere del capitalismo financiero,

un acto de pedagogía a través de la acción, es mostrarle al Estado y al mercado que no somos mercancías

en manos de nadie, es darle la vuelta y disputar el sentido común que nos ha hecho olvidar las palabras de

Antonio Machado al decir que “Solo el necio confunde el valor con el precio”.