El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó este viernes que Costa Rica, Guatemala, Chile, Panamá y Argentina rectificaron sobre el punto 9 de la Declaración del Grupo de Lima, que atribuía a Guyana parte de las aguas territoriales venezolanas.
Arreaza, en su cuenta en en Twitter, indicó que San José reiteró su apego al derecho internacional y la "no intromisión en asuntos en controversias territoriales bilaterales", escribió.
Más temprano, el ministro de la cartera de Relaciones Exteriores de Venezuela también agradeció a Guatemala por corregir su postura "rescatando los principios del Derecho Internacional".
Más tarde, el canciller aseguró que su homóloga panameña, Isabel de Saint Malo, ratificó que el Gobierno centroamericano no interferiría en el diferendo territorial que mantienen Caracas y Georgetown.
¿Qué dice el punto 9?
El punto 9 de la Declaración del Grupo de Lima manifiesta que la marina venezolana interceptó el pasado 22 de diciembre a dos buques contratados por la ExxonMobil "dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana", según se lee en el documento.
Caracas ha reiterado que las embarcaciones fueron divisadas en la fachada atlántica al norte del Delta del Orinoco, en aguas territoriales venezolanas. Incluso, uno de los tripulantes de los buques admitió que se encontraban en territorio venezolano, según dos audios de transmisión de la Armada Nacional Bolivariana con los navíos de exploración sísmica, que fueron difundidos el miércoles por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.
Los cinco países que corrigieron su postura forman parte del autodenominado Grupo de Lima, un bloque de 13 gobiernos aliados al Gobierno de EE.UU., que el pasado 04 de enero divulgaron una declaración con 12 puntos.
En el documento (suscrito por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) los países desconocen el nuevo período del presidente, Nicolás Maduro, y reconocen solamente al Parlamento en desacato como "órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela", reza la resolución.
El Gobierno venezolano consideró la declaración como una acción dirigida a "alentar" un golpe de Estado, por lo que el presidente Maduro fijó un plazo de 48 horas, a partir del miércoles, para que esos países rectificaran en "su política intervencionista".
De no hacerse la rectificación, el mandatario dijo que su país adoptaría las "medidas más crudas y enérgicas que pueda tomar un Gobierno en defensa de la dignidad, soberanía e integridad".
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