El gobierno en cuerpo ajeno que tenemos es el gobierno que sí va a hacer trizas los acuerdos de paz a punta de desprestigio
a su institucionalidad, de recortes al presupuesto del postconflicto, de glifosato, de incumplimiento y de despojo a las víctimas.
Durante los tres primeros meses del año lo único que hemos hecho en Colombia es enterarnos de escándalos,
situaciones graves de orden público, muertes siniestras, políticas y nombramientos retardatarios,
política exterior fallida, en fin. Desde que el ELN estrenó el año con la bomba en la escuela de la Policía,
arrancó un ‘segundo aire’ para este gobierno con el que hemos podido conocer su verdadero talante.
Ya pasó el tiempo de gracia que tantos le concedimos, confiando en que el presidente encontraría su
propia voz y orientaría su administración en el marco de sus promesas de unión y
‘gobierno para todos’. Pero ya entendimos que nada de eso va a ocurrir.
El gobierno en cuerpo ajeno que tenemos es el gobierno que sí va a hacer trizas los acuerdos de paz a
punta de desprestigio a su institucionalidad, de recortes al presupuesto del postconflicto, de glifosato,
de incumplimiento y de despojo a las víctimas; el gobierno que cuenta a diario los líderes que asesinan
en el territorio a manera de estadística y que designa en la entidad encargada de recoger la
memoria del conflicto a un historiador que estima que en Colombia no ha habido conflicto armado.
Es el gobierno que con pretensiones mesiánicas y una mal calculada arrogancia diseña una gesta
libertadora solo comparable con la caída del muro de Berlín para validar, bajo el falaz discurso de la
ayuda humanitaria, la agenda intervencionista de los Estados Unidos, sin siquiera un mínimo asomo
de dignidad nacional. Y mientras esto ha absorbido toda nuestra atención, también ha sido el Gobierno
que, por debajo de cuerda, reformó el Departamento Administrativo de la Presidencia, reduciendo,
por ejemplo, la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, uno de los más ambiciosos
proyectos de cooperación internacional para el postconflicto, a una función más de la hoy mal llamada
Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Es el gobierno que mientras nombra cristianos homófobos
para atender la política pública de derechos humanos en el Ministerio del Interior, llama a la
censura de la libertad de cátedra para evitar el ‘adoctrinamiento’; el gobierno que no le cumplirá a los
campesinos que quieren hacer la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos ni a quienes reclaman las tierras que el conflicto les quitó.
Y como culminación máxima de su afrenta contra la paz, es el gobierno que objetó la ley estatutaria de
la JEP por la inconveniencia de cumplir lo dicho por la Corte Constitucional y los compromisos nacionales
asumidos antes por ‘otros’, como si cada vez que un gobierno empezara fuera necesario refundar la Nación.
En este estado de cosas, y en un afortunado -aunque insuficiente- contrapeso, la semana pasada semana
el Consejo Asesor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
se reunió por primera vez con el pleno de sus miembros para respaldar las labores que empieza
a hacer esta institución que será la encargada de recoger el relato plural de lo que ha sido el conflicto en Colombia.
En un momento en que la verdad está más amenazada que nunca a punta de falsedades, de verdades
a medias y posverdad, es la entidad que tendrá la responsabilidad de recoger
las narrativas de tantas víctimas para armar nuestra historia del conflicto.
En un mundo de fake news, de encuestas amañadas, de redes sociales, algoritmos, manipulación
tecnológica y exceso de información, la Comisión de la Verdad aparece como un salvavidas frágil
pero fundamental para no perder, por cuenta de una agenda contraria a la paz, los logros conseguidos
en favor de los derechos de las víctimas que hoy están siendo intimidadas y revictimizadas.
En medio de la confusión y la desconfianza, la Comisión es el espacio cuyo mandato dará a los ciudadanos
herramientas para comprender lo que ha sido su historia a partir de la valiente misión de romper el silencio
que quiere imponerse desde los sectores de poder del país. El trabajo de recoger, procesar e incorporar la
información de ese relato es un reto que podría contribuir a recuperar la confianza y a mantener vivo el
concepto de ciudadanía. La mirada desde el lugar de las víctimas que rige la labor de la Comisión podrá
servir para fortalecer nuestra democracia al reconocer y validar la pluralidad de pensamiento, nuestra
diversidad y multiculturalidad y dar un lugar y reconocimiento a esos sectores
marginados de siempre cuya historia es también la nuestra.
El respaldo a la labor de la Comisión tendrá que venir de todos aquéllos que creemos en su histórico papel,
desde el lugar en el que estemos para hacerlo. Sin embargo, hoy sobretodo, se necesita el apoyo contundente
de la cooperación internacional para evitar que ese recorte presupuestal del 40% que esta administración
le hizo, no se convierta en la manera de coartar o invisibilizar la misión que tiene. Gobiernos y organizaciones
que han creído en el proceso de paz y que le han apostado al postconflicto colombiano,
hoy más que nunca tienen esa responsabilidad con Colombia.
Fuente EL ESPACTADOR Juliana Bustamante Reyes
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