BOGOTÁ (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Colombia (ombudsman) pidió a las agencias del Estado que adopten "medidas efectivas" para la protección de los líderes sociales del país, luego de que el sábado se registró un atentado contra una activista en el departamento del Cauca (suroeste) que dejó a dos personas heridas.
"Se hace necesario implementar acciones que involucren a todas las agencias del Estado en la adopción de medidas efectivas en pro de superar los factores que amenazan y generan vulnerabilidad a defensores y defensoras de derechos humanos, que vayan más allá de los esquemas de protección individual que en ocasiones no son efectivos para las particularidades del territorio", indicó el organismo.
En ese sentido, recomendó incluir
medidas de seguridad social y de fortalecimiento comunitario "que impacten en la protección", y recordó que el pasado 26 de abril emitió una alerta temprana "por el aumento de amenazas en contra de organizaciones como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN)".
El comunicado de la Defensoría se divulgó luego de que la líder social afrocolombiana Francia Márquez denunció haber sido víctima de un atentado el sábado cuando realizaba una reunión junto con otros líderes en el municipio de Santander de Quilichao, en la comunidad de Lomitas, que forma parte de la Aconc.
"Llegaron unas personas armadas y empezaron a disparar y tiraron una granada. No nos pasó nada gracias a Dios pero uno de mis escoltas está herido y otro compañero" también, escribió en su cuenta de Twitter Márquez, quien en 2018 ganó el Premio Goldman (considerado el Nobel del medioambiente) por su lucha contra la minería ilegal.
Los ocho escoltas de la estatal Unidad Nacional de Protección (UNP) repelieron el ataque.
En diálogo con la emisora local Caracol Radio, Márquez denunció nuevas amenazas contra defensores derechos humanos en el norte del Cauca.
"Me acabo de enterar que le llegó una amenaza a otro compañero al norte del Cauca en la que le dicen que nos libramos de esta de alguna manera, pero que la próxima (vez) no nos vamos a librar", señaló Francia al referirse al reciente atentado.
En tanto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó que, como medida de prevención, las autoridades convocaron a una reunión con los delegados de los distintos consejos comunitarios en el Cauca para revisar las medidas de protección.
Gutiérrez señaló que el Gobierno brinda protección a 7.400 personas, de las cuales 4.500 son líderes sociales.
Según un informe reciente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y del Movimiento Defendamos la Paz, desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC (en noviembre de 2016) han sido asesinados en el país más de 500 líderes sociales, indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos.
Diferentes organizaciones indígenas de Colombia denunciaron que cerca de 50 líderes de comunidades nativas han sido asesinados en lo que va de 2019, por lo que pidieron al Gobierno que formule una política pública para atender la situación.
"La noche del pasado viernes 12 de abril fue asesinado el líder indígena (…) Aquileo Mecheche (…), como él en 2019 ya van asesinadas casi 50 personas que lideraban pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes, es decir, prácticamente una cada dos días", indicó la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) en un comunicado conjunto con el Movimiento Defendamos la Paz.
Según el texto, desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en 2016, han sido asesinados en el país más de 500 líderes sociales, indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos.
"Acabar con los liderazgos sociales de las zonas rurales y de las comunidades más vulnerables del país es, en realidad, un crimen contra la paz" que profundiza la crisis humanitaria en regiones tradicionalmente abandonadas por el Estado colombiano "en las que estas personas desempeñan un rol crucial en la cohesión, conservación y desarrollo del tejido social", dice el comunicado.
En ese sentido, pidieron al presidente Iván Duque que formule una política pública que atienda de manera urgente la situación de las comunidades rurales y que ofrezca garantías para el ejercicio de la participación y la construcción de la paz.
Asimismo, hicieron un llamado al jefe de Estado para que avance en la implementación del Acuerdo de Paz, el cual "contempla mecanismos específicos para proteger tanto a las personas reincorporadas a la vida civil como a quienes ejercen liderazgos sociales, la defensa de los derechos humanos y la paz".
Por último, también pidieron a la Fiscalía General de Colombia que avance en las investigaciones para dar con los responsables de los crímenes.
FUENTE (Sputnik) PIPOLL
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