De la misma manera que hemos sido espectadores y partícipes del paro nacional del 21 de noviembre y de las masivas movilizaciones que acompañaron y han continuado tras ese histórico acontecimiento, se han apreciado igualmente múltiples esfuerzos y contribuciones intelectuales y políticas para aproximar entendimientos acerca de sus principales características y alcances, así como de sus perspectivas más inmediatas.
La evidencia indica que lo que está ocurriendo en nuestro país trasciende lo meramente reivindicativo, siendo éste en todo caso un componente esencial, para situarse en un campo de crítica al orden social capitalista vigente, en la forma neoliberal que éste asume en la actualidad. En ese sentido, todos estos hechos también deben ser leídos como otra expresión localizada - con sus particularidades y singularidades - de procesos que se han venido manifestando a escala planetaria en diferentes momentos durante los últimos lustros, y que dibujan igualmente aspectos esenciales de la coyuntura que se vive en otros lugares de Nuestra América.
Por mucho esfuerzo que se haga por desconocer o incluso maquillar la situación a través de los más variados discursos políticos, el trasfondo del asunto se encuentra en los límites sistémicos y civilizatorios del capitalismo realmente existente, específicamente en lo que se refiere a la estructuración del poder y la dominación (la “democracia”), a la constitución de la naturaleza y de las relaciones con ella (desde la depredación hasta la “sostenibilidad”), a la organización de la economía y su reproducción (la acumulación por despojo), y a los fundamentos culturales que atraviesan toda la organización social (autoritarismo, patriarcalismo y fascistización). Así estos campos se nos presenten en forma separada, en sentido estricto se encuentran profundamente interrelacionados y articulados en un todo, lo que debe definirse como la totalidad capitalista.
Las múltiples y variopintas demandas sociales, concebidas y promovidas por sujetos sociales y políticos de similar naturaleza, traducidas y sintetizadas en creativas consignas del paro y la movilización, y del movimiento donde se encuentra constituido o en proceso de hacerlo, además de dar cuenta del “malestar de la cultura” en esos diversos ámbitos del orden social, vienen poniendo de presente que no se trata simplemente de requerimientos por la reforma gatopardista y apaciguadora, sino de interpelaciones sustantivas respecto de su constitución estructural, fundamental. De manera singular, las reivindicaciones para enfrentar los problemas (que parecieran ser) del vivir cotidiano, no admiten siquiera el retorno al inacabado (o desmontado) “estado bienestar”, así haya proyectos políticos que busquen encauzarlas en esa dirección con cierta nostalgia. En un sentido más profundo, lo que hoy se discute en las calles es acerca de la organización de la vida, presente y futura. Y lo que se ha puesto de manifiesto, es que hay hartazgo e indignación respecto de cómo se está haciendo en y desde el orden capitalista.
Desde esa perspectiva, la movilización y las expresiones de movimiento asumen los rasgos de lo destituyente. La cuestión gruesa es cómo lograr que de esa condición se pueda transitar hacia lo constituyente, entendido como proceso y como construcción social colectiva “desde abajo”, es decir, en una comprensión que trascienda las simplificaciones (liberales) de la forma de una asamblea nacional constituyente, dado que ésta representaría apenas un momento necesario de ese proceso que por naturaleza es continuo.
En este punto se precisa una comprensión íntegra de la situación. Los límites que hoy exhibe el orden social vigente, y particularmente el “modelo económico”, son también los límites de la propia Constitución de 1991, la cual -desde su origen, pero también a través de reformas y desarrollos legales y reglamentarios, y jurisprudenciales-, ha estado atravesada por el proceso de neoliberalización de la sociedad, incluso reconociendo los frenos derivados de las luchas y de la jurisprudencia constitucional.
Es comprensible que haya proyectos políticos que centren y limiten sus aspiraciones al cumplimiento de los aspectos progresistas del orden constitucional, particularmente en lo referente a la protección de la integralidad y a la necesidad de materialización de los derechos humanos. No obstante, debe señalarse al mismo tiempo, que el régimen económico contenido en ese ordenamiento es el de la neoliberalización y la sostenibilidad fiscal, el cual habilita dispositivos para el despliegue de procesos de mercantilización y para políticas tributarias que acentúan las desigualdades, y de techo fiscal selectivo que imposibilitan fácticamente el disfrute de los derechos, como ha sido constatable desde 1991. Así es que hoy también se trata de “desneoliberalizar” el orden normativo vigente, como se ha puesto de presente en el paro y las movilizaciones. Ya no es suficiente levantar las banderas de 1991, es una de las enseñanzas.
¿Con qué contamos hoy en términos básicos para avanzar en esos complejos propósitos?
Lo primero, es un creciente auto-reconocimiento del poder contenido en los múltiples, heterogéneos y diversos sujetos, mujeres y hombres, colectivos e individuales, organizados o no, que conforman las rebeldías que hoy se vienen expresando, las cuáles no pueden considerarse espontáneas dado que descansan sobre acumulados históricos de lucha y resistencia, así posean expresiones y elementos novedosos. Ese poder, además de profundizar su condición destituyente, puede derivar en poder constituyente, siempre y cuando logre desatar la potencia que contiene, y eso presupone por su parte, mayor politización, organización, coordinación y articulación. Estos sustantivos que concebidos integralmente y en sus interrelaciones conllevan la necesidad de construir colectiva- y creativamente horizontes programáticos, que además de darle un norte al proceso, contribuyan a superar el pragmatismo y el oportunismo muchas veces asentado y actuante como freno para evitar el desborde de las inconformidades que -se considera- deben ser reguladas y controladas en sentido sistémico.
Segundo, además de la movilización y de la escenificación de la política en la calle, se cuenta con procesos organizativos de diversa trayectoria e índole, desiguales, diferenciados, y -debe reconocerse-, muy fragmentados. Pero se está frente a la posibilidad de la coordinación y la articulación, y también de la confluencia. Es un imperativo que la movilización pueda avanzar hacia movimiento, o más específicamente, hacia la condición de movimiento de movimientos, bajo el supuesto que éstos se constituyen en sus propias dinámicas y con sus propias autonomías, y hacen esfuerzos por construcciones comunes, especialmente programáticas y de acción política. En un sentido figurado, se trata de construir una (inter)relación entre afluentes y torrente. La forma organizativa que se logre construir es fundamental; sobre todo debe evitar la tentación del vanguardismo, del burocratismo, de la lucha intestina por la representación, siempre presentes en los esfuerzos e iniciativas del campo popular. Más aún, cuando la fuerza de los acontecimientos ha superado toda dirección política existente. La experiencia ha enseñado que cuando el movimiento se asemeja a una estructura rígida, se termina paralizando, y es derrotado. Así como el movimiento, la estructura también debe ser flexible y fluida.
Es prematuro arriesgar cualquier conclusión sobre las trayectorias cercanas de continuidad de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en nuestro país, así como sobre sus configuraciones específicas. Todo parece indicar que lo que vendrá es una tregua, en medio de la persistencia de las acciones de guerra social y de las hostilidades que se vienen expresando en la agenda política y legislativa del gobierno, que está contando apoyos mayoritarios en el Congreso, incluidos algunos sectores que han manifestado su respaldo a la “construcción de la paz”. Esa tregua para el campo popular significa recuperar fuerzas, evaluar, organizar, politizar, y prepararse para jornadas más intensas. La naturaleza sustantiva y la condición antisistémica de lo que está en juego así lo imponen. Pensarse en perspectiva constituyente es un imperativo.
Jairo Estrada Álvarez es es Profesor del Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia Este texto fue publicado como editorial de la Revista Izquierda No. 81 de diciembre de 2019, editada por Espacio Crítico – Centro de Estudios. www.revistaizquierda.com
Cacerolazo a dos meses del paro en Colombia: ¿por qué continúan las protestas y cuál ha sido la respuesta de Duque?
Publicado:
Este martes 21 de enero se cumplen dos meses del inicio de las protestas en Colombia contra el gobierno de Iván Duque y, por ello, ha sido convocado un cacerolazo en las principales plazas del país.
La convocatoria fue hecha por el Comité Nacional de Paro (CNP), que integra a centrales sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas, pensionados, entre otros, tras una reunión realizada el pasado 13 de enero, en la que se acordó, además, que el cacerolazo se llevará a cabo a las 17:00 horas (local).
De acuerdo al CNP, la movilización de este martes será para "rechazar el asesinato de líderes sociales, denunciar los falsos positivos, las chuzadas realizadas por el Ejército y los abusos de la fuerza pública", como la represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Con este cacerolazo, además, mantienen las peticiones con las que comenzaron las movilizaciones nacionales el pasado 21 de noviembre contra lo que denominaron el 'paquetazo' de Duque.
Asesinato de líderes sociales
Este año, Colombia arrancó con un incremento en las agresiones contra líderes sociales, campesinos y excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó a la prensa que 23 líderes sociales han sido asesinados en los primeros 19 días de 2020; cifra similar a la ocurrida en todo el mes de diciembre de 2019.
Entre los últimos asesinatos se cuentan los de Jaiber Alexander Quitumbo Ascue, de 30 años, que pertenecía a una comunidad indígena en el resguardo de Toribío, ubicado al norte del departamento del Cauca, en el suroccidente del país; y Samuel Federico Peñalosa, de 60 años, asesinado en Altos de Tamaná, en el municipio del Nóvita, en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.
Ambos ocurrieron el mismo día, el pasado martes 14 de enero. Quitumbo recibió diez impactos de bala mientras trabajaba en su parcela, a 50 metros de su casa; mientras, Peñalosa fue sacado de su pueblo por un grupo armado y su cadáver fue encontrado en el río Tamaná.
Pese a las denuncias, el fiscal general de la Nación encargado, Fabio Espitia, dijo que en lo que va de año solo se ha registrado el asesinato de una lideresa social, que es el de Gloria Ocampo, de 37 años, en el departamento del Putumayo, ubicado en la región amazónica; el resto de los casos, asegura, está en investigación.
Según la organización Front Line Defenders, de los 304 asesinatos de defensores de derechos humanos cometidos en 2019, el 34 % se registró en Colombia, ubicando al país en el primer lugar donde ocurren estos crímenes.
Fosas comunes
Aunado a ello, el mes pasado el país se conmovió con el hallazgo de fosas comunes con decenas de cuerpos.
En diciembre, La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia informó sobre la apertura de una investigación a raíz del hallazgo de una fosa común con unos 50 cuerpos inhumados en el Cementerio Católico Las Mercedes de Dabeiba, en Antioquia, en el noreste del país. La institución adelantó que, según datos preliminares, los cuerpos serían, en su mayoría, "hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad".
Mientras, a principios de enero, el comando de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules confirmó el hallazgo de dos fosas comunes en la vereda Barro Caliente del municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, al suroeste del país. En el lugar fueron encontrados seis cuerpos.
El cacerolazo también rechaza las actuaciones del ESMAD durante las manifestaciones que iniciaron el 21 de noviembre.
El caso más emblemático y que ha sido tomado como bandera en las protestas es la muerte de Dilan Cruz durante el inicio de las protestas antigubernamentales en Bogotá. La autopsia reveló que se trató de un homicidio. El joven, de 18 años, fue golpeado por un proyectil tipo 'bean bag', disparado por una escopeta calibre 12, un arma convencional usada por el ESMAD.
A ello se le suma el caso del universitario Cristian Rodolfo Rodríguez, quien perdió un ojo tras resultar herido durante el accionar del ESMAD en una protesta frente a la Universidad Nacional de Bogotá.
Las "chuzadas"
Otro escándalo que ha tenido lugar en este país suramericano en las últimas semanas fue un nuevo episodio de interceptaciones ilegales o "chuzadas" por parte de unidades del Ejército, de las que habrían sido víctimas dirigentes políticos, magistrados y periodistas.
El caso se conoció por una investigación de la Revista Semana, medio que tuvo acceso a fotografías, documentos secretos, videos de seguimiento y más de una docena de fuentes directas, que demuestran las acciones de escuchas ilegales realizadas por organismos del Estado en el gobierno de Duque.
Por este hecho, los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictar medidas cautelares de protección para obligar al Estado colombiano a garantizar los derechos políticos en el país suramericano.
Además, se reunieron con miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de EE.UU., a quienes les pidieron investigar el supuesto uso de fondos estadounidenses de cooperación para el espionaje militar en Colombia contra dirigentes políticos.
Caso omiso a peticiones
Los manifestantes no han descuidado su pliego de peticiones pendientes con el Gobierno, que hasta ahora, denuncian, no ha tenido respuesta oportuna.
Oposición a reforma laboral.
Oposición a reformar el sistema público de administración de pensiones.
Oposición a lo que denominaron el 'tarifazo', con el que buscan elevar las tarifas de energía eléctrica hasta el 35 %.
Acabar con la corrupción.
Implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Cumplimiento de promesas hechas a organizaciones indígenas, sindicales y estudiantiles en previas jornadas de protesta.
El gobierno de Duque ha hecho caso omiso a varias de las peticiones de los descontentos.
Por ejemplo, entre los reclamos del CNP está el rechazo a una reforma tributaria, alegando que busca rebajar impuestos a las grandes multinacionales y empresas e imponer más cargas a la clase media y trabajadores. Pese a ello, la madrugada del 20 de diciembre fue aprobada en el Congreso.
También se opusieron a la creación de un 'holding' financiero estatal, que, según señalan, afectará a 17.000 trabajadores en Colombia y a 16 empresas estatales. Sin embargo, las autoridades desoyeron esta queja y el 25 de noviembre, mediante el Decreto 211 de 2019, se materializó la creación del holding financiero estatal, al que le dieron por nombre Grupo Bicentenario.
Además, pedían un aumento del salario mínimo en un 8,1 %, para que se eleve a un millón de pesos (300 dólares) con el subsidio de transporte incluido. En este caso, a principios de enero, Duque anunció el aumento salarial, pero llegó a los 980.656 pesos (294 dólares).
Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales
En la reunión del pasado lunes 13 de enero, el CNP también aprobó la realización del II Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales el 30 y 31 de enero.
En ese encuentro, en el que esperan reunir a unos 1.400 delegados de organizaciones sociales, acordarán "la estrategia política y el plan de acción del paro nacional para los siguientes meses", detalla el documento de la reunión del CNP.
Se bordarán, entre otros temas: "Análisis de la coyuntura, balance de las movilizaciones del 2019, plan de acción 2020, inclusión de nuevos sectores en el CNP y la agenda del fortalecimiento de los CNP territoriales".
Esa reunión, básicamente, "aspira a echar una mirada hasta los hoy fracasados intentos de diálogo con el Gobierno y producir una posición política general de lo que ha sido el resumen del comité del 21 de noviembre hasta la fecha", dijo a la prensa el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela.
De momento, ya se acordó que para marzo habrá una huelga general, de no obtener repuestas por parte del Gobierno a su pliego de peticiones.
Edgar Romero G.
Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos