El ministro Luís Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó suspender una orden del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil para expulsar a todo el cuerpo diplomático de Venezuela, acreditado en el país.

Este sábado terminaba el plazo dado por el Palacio de Itamaraty (sede de la cancillería) a los funcionarios del gobierno legítimo de Venezuela, encabezado por el presidente electo constitucionalmente Nicolás Maduro.

Tal despido fue comunicado en una carta del gabinete de Exteriores enviada el miércoles, con carácter urgente, a la Embajada de Venezuela en Brasilia.

La decisión de Barroso vale por 10 días y determinó que durante este período el presidente Jair Bolsonaro y la jefatura de la diplomacia presenten explicaciones al STF.

Barroso respondió a una solicitud del diputado federal Paulo Pimenta, quien entregó en el STF un hábeas corpus para solicitar el derrocamiento de la orden de Itamaraty.

Según Pimenta, obligar a los venezolanos a moverse sin la logística adecuada, los procedimientos legales tradicionales y la responsabilidad, en un momento de pandemia provocada por un virus de alcance mundial, significa practicar actos de la mayor crueldad.

‘Por encima de todo, significa poner en grave riesgo el derecho de los pacientes y sus familias a la vida, el más fundamental de los derechos humanos’, escribió el parlamentario.

Tales garantías, remarcó, están protegidas por las convenciones internacionales, ‘incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, todas las cuales ya han sido debidamente introducidas en nuestro ordenamiento jurídico interno’.

La víspera, el fiscal general de Brasil, Augusto Aras, exigió también a la cancillería suspender la orden contra los funcionarios venezolanos que se extiende además a quienes prestan servicios de apoyo y a las familias de los afectados por la medida.

Para Aras, la recomendación de la Fiscalía debería durar ‘siempre y cuando se aclare el contexto de la medida y se recojan elementos para verificar los posibles riesgos de cumplimiento’, al alegar que el mundo enfrenta la pandemia de Covid-19 que afecta igualmente los servicios de salud en Venezuela.

Esa oficina sugiere asimismo a la cancillería que tenga en cuenta la perspectiva humanitaria, el contexto de la epidemia y las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

Por esa arbitraria medida, más de 20 partidos políticos, asociaciones y personalidades de disímiles sectores de la sociedad brasileña repudiaron la política exterior que promueve el Gobierno Bolsonaro que viola la Constitución Federal y la Convención de Viena.

En un manifiesto, los firmantes rechazaron el documento de la cartera de Exteriores que ‘no respeta los tratados existentes en la Convención de Viena, pues el propio comunicado del gobierno brasileño no presenta ningún motivo o fundamento jurídico para la expulsión de los diplomáticos enumerados en el documento’.

(Con información de PL)