Una vez más Colombia está hablando de maniobras ilegales ejecutadas, al parecer, desde inteligencia del Ejército. Lo confirmó el propio ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien el pasado 1.° de mayo aseguró que “se realizaron cambios en la estructura de mando del Ejército (…) para dinamizar y mejorar las operaciones y los procesos de inteligencia”. Palabras que se entendieron mejor cuando la revista Semana divulgó su última edición, que incluye una investigación sobre cómo militares habrían usado recursos públicos para hacer seguimientos informáticos y “perfilar” a más de 130 personas entre febrero y diciembre del año pasado.
Además de los cambios de estructura, el ministro indicó que 11 oficiales serían retirados y que un general pidió la baja. Según conoció este diario no es uno, sino dos generales los que salen por cuenta de este escándalo: Eduardo Quirós, exjefe de contrainteligencia, y Gonzalo García Luna, jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia. Quirós fue señalado de haber iniciado una cacería en las fuerzas militares para dar con las fuentes del periodista Nick Casey, de The New York Times, uno de los 130 “perfilados”: los militares sabían por dónde se movía y con quién hablaba el corresponsal que publicó en mayo del año pasado una investigación sobre el posible regreso de los falsos positivos.
Pero, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo se puso inteligencia militar a recabar información privada sobre periodistas —sobre todo corresponsales de medios extranjeros—, políticos, sindicalistas y hasta generales y funcionarios cercanos al presidente Iván Duque, como Jorge Mario Eastman, su exsecretario general y embajador ante el Vaticano desde hace nueve meses? Según supo El Espectador, de dos maneras: una a través de una herramienta bastante conocida en el mundo del mercadeo, el periodismo y la tecnología, llamada Osint. Es una sigla en inglés para open source intelligence, que traduce “inteligencia de fuentes abiertas”, y consiste en obtener información desde espacios que no tienen restricción alguna.
Agencias como la CIA, que recurren a la Osint, señalan que esta herramienta juega “un rol esencial” para aportar contextos “a un costo relativamente bajo”. El material se recopila desde internet, publicaciones de medios de comunicación, revistas especializadas, conferencias, estudios de think tanks y hasta datos geoespaciales. Las nuevas tecnologías —con su facilidad de encontrar información personal en Google y redes sociales— han hecho de la Osint un camino mucho más fácil de recorrer. Así fue como, por ejemplo, recolectaron los datos, entre otros, de la camioneta que conduce María Alejandra Villamizar, analista en Noticias Caracol e integrante de La Luciérnaga, en Caracol Radio.
No hay mucha ciencia en recoger información de esta forma. Cualquiera con un computador, buen internet y nociones mínimas de fuentes confiables puede hacerlo. Si es legal o no, es algo que tendrá que definir la Fiscalía. A Laude Fernández, por ejemplo, ex DAS, exrepresentante legal de BRG y protagonista de otro episodio de chuzadas(el que se tejió desde la propia Fiscalía), la Fiscalía lo procesó por haber recogido información de medios abiertos como Facebook(es decir, recurriendo a la Osint)de personas que, además, resultaron con sus teléfonos intervenidos ilegalmente. Ya existen en el país precedentes de que recoger información personal puede ser considerado ilegal.
La segunda vía que tomaron los militares involucrados en este escándalo para recopilar información de más de 130 personas fue una herramienta tecnológica que adquirió el Ejército hace un par de años, aproximadamente. Se conoce como Voyager y lo produce la empresa israelí Voyager Labs, que fue creada en 2012 y que, para 2016, ya había conseguido que invirtieran en ella más de US$100 millones con base en lo que ofrece: el uso de inteligencia artificial para analizar una cantidad indescifrable de datos y predecir comportamientos humanos. Su fundador y director ejecutivo es Avi Korenblum, quien trabajó más de dos décadas con inteligencia israelí.
Los afectados
La lista de periodistas perfilados desde inteligencia militar, dice la revista Semana, es extensa. En una carta titulada “¿Por qué nos vigilan?”, firmada por los perfilados, por colegas y medios que salieron a respaldarlos, se preguntan quién o quiénes dieron la orden de perfilar y vigilarlos; con qué criterio se justifica activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad; quiénes eran los destinatarios de esta información o si el presidente Iván Duque tuvo conocimiento de “estas actividades de espionaje ilegal”. “Demandamos un pronunciamiento del Gobierno (…) y le recordamos las obligaciones del Estado colombiano para garantizar la libertad de prensa”.
El presidente Duque se pronunció sobre este espinoso en su alocución de anoche y reiteró que no tolerará a quienes “deshonren el uniforme” con prácticas ilegales. Desde el pasado primero de mayo, había escrito en su Twitter que ordenó a “@CarlosHolmesTru, desde que llegó a @mindefensa, adelantar rigurosa investigación de labores de inteligencia de últimos 10 años”, señaló el primer mandatario desde su cuenta oficial. Juanita León, directora del portal La Silla Vacía, escribió allí que este escándalo, junto a la hipótesis de que el general (r) venezolano Clíver Alcalá planeó un golpe de Estado a Nicolás Maduro con conocimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, “dejan en evidencia que si Duque no sabía, no controla la Inteligencia (militar)”.
El Espectador habló con algunos de los periodistas que aparecen en las denominadas “carpetas secretas”. John Otis, corresponsal del medio estadounidense National Public Radio, dijo: “No sé si hubo algún trabajo en particular (que llamara la atención de los militares). Como periodistas hablamos con todo el mundo en el conflicto. Quizás creen que, debido a que nosotros a veces entrevistamos a guerrilleros, narcos o disidentes, con hacernos seguimientos llegarán a sus blancos. Es pura especulación mía”. Otis, quien vive en Colombia desde 1997 y cubre la región Andina, asegura que no ha identificado campañas de desprestigio en su contra.
“No es que no me preocupe esto, pero hay otros periodistas en Colombia, especialmente en regiones, que trabajan en condiciones mucho más difíciles. Trato de poner las cosas en perspectiva, los que estamos en Bogotá tenemos mejores condiciones de seguridad”, agrega Otis. Lo mismo dice Daniel Coronell, quien señaló que no se sintió sorprendido al saberse objetivo de perfilamiento militar. “Ya tenía indicios de que esto estaba pasando. Sé que esa información se ha compartido con dirigentes políticos y que se usa para campañas de desprestigio en redes y en pasquines digitales. Ellos están dedicados a acabar con la reputación de la gente porque no encuentran nada que puedan judicializar”.
“Hay una tendencia en Colombia de pensar que criticar a los militares es estar de acuerdo con la subversión, que quien no los respalde en cuerpo y alma está con la guerrilla”, anota Coronell, quien cree que debería esclarecerse quiénes usaron la información recopilada por el Ejército y que el general (r) Nicacio Martínez, comandante en el período en que se hicieron estos perfilamientos, debería rendir cuentas por lo que pasó. La pelea judicial en la que terminaron involucrados periodistas del portal Rutas del Conflicto con Martínez, precisamente, es la razón por la que, creen ellos, también resultaron perfilados. Querían saber sobre unos convenios del Ejército con petroleras y terminaron con militares en sus oficinas intimidándolos.
“Parece muy evidente, las fechas de los seguimientos coinciden con el proceso de solicitud de información. Uno no entiende, de verdad uno no entiende por qué el Estado lo ficha a uno con inteligencia militar simplemente porque le pregunta al Ejército en qué se gasta la plata que le dan unas empresas”, expresó el coordinador de Rutas del Conflicto, Óscar Parra. “Ninguna responsabilidad administrativa, penal o disciplinaria recae sobre el General Nicacio de Jesús Martínez Espinel en relación con lo narrado por la revista Semana”, salió a decir en un comunicado el abogado del general (r), Jaime Granados. “No existe prueba alguna que lo vincule o pueda llegar a vincularlo con estos hechos”, agregó.
La Fiscalía y la Procuraduría tienen ya en sus manos información de este sensible, pero repetitivo, episodio de los organismos de inteligencia. Se espera que ellos le cuenten al país, más temprano que tarde, quiénes realmente hicieron algo ilegal, bajo órdenes de quién y, sobre todo, para qué.
FUENTE EL ESPECTADOR.COM.CO
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