Luego de que se filtró esa declaración, el comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, dijo en una rueda de prensa: “No conozco que haya existido alguna orden, será la Fiscalía quien en la investigación determinará qué se ha hecho, qué se ha producido”.
Y aquí entra el subteniente Blanco. El joven oficial y varios soldados más entregaron a la Fiscalía pantallazos de chats y contaron lo que sabían del plan para asesinar a Dimar. De ese modo, el coronel Pérez y los soldados Alarcón, Buriticá y Casilimas quedaron en el radar como posibles coautores del asesinato.
A Blanco, quien estaba colaborando con eficacia, según la Fiscalía, sorpresivamente lo retiraron del Ejército mediante Resolución 3128 del 20 de mayo de 2019. Eso lo dejó como un civil más en un proceso que representa alto riesgo. Al no estar por ahora involucrado ni relacionado con los hechos criminales, decidió demandar al Estado. Su carrera en el Ejército como oficial apenas comenzaba y no tenía observación alguna en su hoja de vida.
Con las pruebas que tiene la Fiscalía muchos se preguntan por qué el coronel Pérez y los tres soldados están libres. Y, en realidad, las dilaciones han atravesado el caso. En la audiencia de imputación de los militares, la abogada del coronel solicitó trasladar el proceso a la justicia penal militar, aun cuando en esa instancia hay una valoración preliminar que indica que los estrados ordinarios son competentes. Los jueces castrenses existen solo para hechos relacionados con el servicio y “matar ciudadanos civiles no es una conducta propia de los servidores del Estado”, argumentó el fiscal del caso.
A Blanco, quien estaba colaborando con eficacia, según la Fiscalía, sorpresivamente lo retiraron del Ejército mediante Resolución 3128 del 20 de mayo de 2019. Eso lo dejó como un civil más en un proceso que representa alto riesgo.
Esa estrategia de la defensa del coronel evitó que la Fiscalía les imputara cargos formalmente a los militares. La audiencia se encuentra suspendida desde el 9 de septiembre. Esta semana, el Consejo Superior de la Judicatura revisó el asunto de la competencia y devolvió la carpeta. Ahora, un Juzgado Penal del Circuito definirá la petición de la abogada del coronel. Y solo después fijará fecha para continuar con la imputación de cargos.
¿Qué pasará con los acusados? ¿Sin una orden de captura acudirán a la audiencia? ¿Dónde están en este momento? Diego Martínez, abogado de la familia de Dimar Torres, teme que esto sea el inicio de una cadena de trabas que arriesguen un desenlace con justicia efectiva. El mes pasado, Martínez intentó viajar a Washington para asistir a una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que hablaría de la reincorporación de los excombatientes de las Farc. Pero al llegar al aeropuerto no le permitieron subir al avión. “Me dijeron que por indicación de la Embajada de Estados Unidos”, dice. Para el abogado esto busca silenciar sus denuncias.
Al coronel Pérez Amézquita, con arraigo en Sogamoso, Boyacá, lo llamaron a calificar servicios el 20 de mayo. Hay gran expectativa por su comparecencia en los estrados. Aún quedan en el aire dudas sobre si hay más uniformados en la línea de mando involucrados en uno de los crímenes más escabrosos de los años del posconflicto.
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