El problema radica en quiénes están detrás, quiénes se benefician": El senador Iván Cepeda analiza los asesinatos de líderes sociales en Colombia

La pregunta surge conforme avanzan las cifras de líderes sociales y excombatientes asesinados en Colombia: ¿por qué aumentan las víctimas, incluso en la cuarentena decretada como medida preventiva ante la crisis generada por el coronavirus?

El informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registra en lo que va de año 138 líderes y defensores de los derechos humanos asesinados, al igual que 35 exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).

Estos homicidios, focalizados en algunas regiones, habitualmente son presentados por los medios de comunicación como consecuencia de la disputa de organizaciones criminales, narcotraficantes y grupos residuales de la guerrilla por el control del territorio. Sin embargo, una mirada más profunda podría arrojar otras razones.

Para analizar este repunte de violencia, RT ha entrevistado al senador colombiano Iván Cepeda, defensor de los derechos humanos, fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y facilitador del proceso de conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC.

RT: ¿Cuáles son los factores que pueden afectar el aumento de asesinatos de líderes sociales y excombatientes durante el confinamiento por el coronavirus?

I.C.: La Fundación Ideas para la Paz recoge en un informe que los asesinatos de líderes sociales aumentaron 53 % entre enero y abril. En esto hay que examinar las dinámicas de las regiones porque el asesinato de líderes sociales se concentra en pocas zonas del país, que son extensas pero muy focalizadas. En el Cauca hemos tenido un recrudecimiento de la violencia, allí hay una situación muy grave que tiene que ver con la lucha por la tierra y la violencia contra los pueblos indígenas, que está relacionada también con la lucha de control territorial de grupos armados que han llegado ahí y tiene que ver con las relaciones que tienen las fuerzas militares y de policía con el narcotráfico y minería ilegal. Algo similar pasa en el Catatumbo (Norte de Santander) y en el Bajo Cauca (Antioquia).

La acción de estos grupos ocurre en zonas en las que no hay mecanismos que permitan generar una visibilidad y un control social, lo que hace que se recrudezca. Se está aprovechando la pandemia para golpear organizaciones comunitarias, a los líderes sociales, sin que se produzca una reacción de la opinión pública, de los medios de comunicación y, por supuesto, sin una acción estatal.

RT: Si organismos internacionales como la ONU le han pedido reiteradamente al Gobierno garantizar la seguridad de los luchadores sociales, ¿por qué pareciera no haber respuesta?

I.C.: Uno de los conceptos más claros lo dio el relator especial de la ONU para los derechos humanos, Michel Forst, que dijo que Colombia es el país más peligroso en el mundo para los defensores de derechos humanos. Ahora, habiendo tanta recomendación, ¿por qué no hay una reacción? Porque hay que entender de qué fenómeno estamos hablando. El Gobierno ha planteado la tesis de que la muerte violenta de los líderes sociales obedece al narcotráfico, con lo cual se ocultan varias realidades: una lucha intensa por la tierra, la verdad de las víctimas y las responsabilidades.

El propio problema del narcotráfico, en la versión del Gobierno, sigue siendo presentado como la existencia de unos carteles, de unas organizaciones criminales pero sin focalizar el problema: el narcotráfico no puede existir en Colombia y en el mundo sin un cierto nivel de connivencia con el Estado.

Es inexplicable que en las zonas más militarizadas del país, sea donde florezca el narcotráfico. Eso tiene que ver con un profundo fenómeno de descomposición de la Fuerza Armada y de la Policía. Es muy difícil que pueda haber una acción contra quienes están asesinando a los líderes sociales, si políticos y fuerzas militares, que son los encargados de garantizar desde el Estado esa protección, están de alguna manera involucrados, bien sea directamente con los crímenes o con la omisión de hacer algo para contrarrestarlos.