Asimismo, basan su denuncia en los presuntos vínculos del presidente y su gabinete con el narcoparamilitarismo que persigue, asesina y desplaza sistemáticamente a líderes, lideresas, población campesina, organizaciones sociales, defensores de DD.HH. y excombatientes de las FARC-EP, comprometidos con la paz.

Entre las acciones que pide ejecutar de inmediato, están las de encargarse de asuntos como los feminicidios, violaciones, desplazamientos forzados, la erradicación de cultivos ilegales y la renta básica.

También hacen hincapié en hacer reclamos referidos a la matrícula cero en instituciones universitarias, el acuerdo humanitario con los grupos armados y en pro de la paz así como la derogación de los Decretos Ley expedidos por el presidente, que favorecen al sector financiero y actúan en contra de los intereses y la vida del conjunto de la población colombiana.

Otros de los puntos es el de las tropas estadounidenses en suelo colombiano. También exigen velar por el cumplimiento de todos los acuerdos pactados con la sociedad civil.

Para concluir, solicitan a toda la comunidad internacional una Audiencia Humanitaria y la visita de relatores especiales de las Naciones Unidas a los territorios para seguir de cerca y ofrecer las garantías necesarias al movimiento social y a los DD.HH. de los colombianos.

fuente