Finalmente se confirmaron las filtraciones: sedición y no rebelión. El Tribunal Supremo descartó, a pesar de años sosteniendo esta tesis la Fiscalía, la rebelión, aunque la sedición deja condenas no poco gravosas. El abanico variará entre los 12 y 13 años para aquellos a los que se les impuso también malversación —13 años para Oriol Junqueras; y 12 para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa— y los 9 y 11 años para aquellos a los que no se les aplicó este agravamiento —11 años y 6 meses para Carme Forcadell; 10 años y 6 meses para Josep Rull y Joaquim Forn; y 9 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart—. Casi 'absueltos' han resultado Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, condenados a 1 año y 8 meses de inhabilitación por desobediencia.
Además, el Tribunal Supremo no accede a la petición de la Fiscalía para obligar a que los condenados no pudieran acceder al tercer grado —dormir en prisión— hasta alcanzar la mitad de la condena, lo que situaría a los condenados en posición de acceder a la 'semilibertad'. En dos meses la mayoría podrían dormir en sus casas.
Una condena contraria a los valores democráticos
La condena es contraria a los valores democráticos. Es antidemocrática porque condena por sedición a quienes desobedecieron pacíficamente, lo que sitúa a España, de nuevo, como un régimen autoritario moderno. No conviene olvidar que la desobediencia pacífica es una herramienta democrática y un país en el que no se pueden usar las herramientas democráticas difícilmente podría ser catalogado como una democracia.
"La sentencia ofrece una falsa sensación de ecuanimidad. Una especie de decisión salomónica, pues se queda a 'medio camino' entre lo que solicitaban los más reaccionarios —rebelión— y lo que hubiera sido aceptable para un demócrata —desobediencia—".Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Una condena perversa
La resolución es también perversa porque condena por sedición cuando el juicio estaba claramente dirigido —con lo terrible de este calificativo— desde un principio hacia la rebelión —pensemos en la inusual y gravosa prisión preventiva de los acusados, más de dos años—, aunque las penas siguen siendo muy altas al agravarlas con la malversación, subsumida en la rebelión. ¿Por qué este giro? Porque se trata de una condena 'salomónica' que ofrece enormes beneficios.
Beneficios de la condena 'salomónica'
En primer lugar, ofrece una falsa sensación de ecuanimidad. Una especie de decisión salomónica, pues se queda a 'medio camino' entre lo que solicitaban los más reaccionarios —rebelión— y lo que hubiera sido aceptable para un demócrata —desobediencia—. Nótese que la ecuanimidad entre un reaccionario —la mayoría de la España profunda— y un democrática —los ciudadanos que comparten el criterio de la Justicia alemana— es ya una resolución manifiestamente injusta por razones obvias:
El punto medio entre ambos siempre se encontrará fuera de los estándares democráticos;
Sitúa en el mismo nivel a los reaccionarios ultraderechistas y a los demócratas.
"Una condena por sedición permite que España pueda transmitir una imagen de democracia que con condenas por rebelión habría sido completamente imposible. Nadie con sentido común hubiera sido capaz de asumir una condena por rebelión".Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Sin embargo, resulta suficiente para que los que se sitúan entre ambos, esto es la mayoría de españoles —los más de 15 millones de votantes de PSOE, PP y Cs—, queden más o menos conformes. Incluso entre millones de estos últimos, producto de la campaña orquestada, anidará un sentimiento que variará, según la sensibilidad política, entre la tibieza o la generosidad.
En segundo lugar, una condena por sedición permite que España pueda transmitir una imagen de democracia que con condenas por rebelión habría sido completamente imposible. Nadie con sentido común hubiera sido capaz de asumir una condena por rebelión. De hecho, el PSOE ha lanzado un vídeo con varias personalidades —la vicepresidenta Carmen Calvo y varios ministros como Pedro Duque, Nadia Calviño o Josep Borrell— en varios idiomas —ruso, inglés, alemán o francés—. Los gobernantes y las élites españolas son perfectamente conocedoras de la imagen real de España en gran parte del mundo y tenían previsto este vídeo para intentar minimizar el impacto de la sentencia en el resto del mundo, allá donde sus medios de comunicación no tienen capacidad de influir.
Una condena contradictoria
La condena no solo es disparatada, antijurídica y desproporcionada, sino que también es contradictoria. Contradicción que los grandes medios de comunicación españoles obvian reiteradamente. Cuando en julio de 2018 la Justicia alemana se negó a entregar a Carles Puigdemont por rebelión, los medios de comunicación españoles organizaron una gran campaña mediática para encubrir lo evidente y lo ridículo de la situación: no había rebelión ni sedición. Ni siquiera desobediencia. Malversación, y mucho.
Aquello se cerró a la española: se retiró la orden internacional de detención para evitar tener que juzgar al resto de presos por el barreno de la Justicia alemana y asunto cerrado. Lo cual es una resolución manifiestamente injusta para los detenidos y una clara vulneración de sus derechos, que tampoco llamó en exceso la atención por cuanto el proceso en ningún momento se ha rebelado como un proceso jurídico justo, sino como un proceso judicial de Estado.
Un proceso judicial de Estado que desnuda a la Justicia española
Este proceso judicial de Estado evidencia la ausencia de independencia e imparcialidad de la Justicia española, elementos, no olvidemos, indispensables en cualquier sistema judicial de un país democrático. España no lo es.
El proceso comenzó, si recuerdan, en la Audiencia Nacional, esa excentricidad que representa la continuación del Tribunal de Orden Público del franquismo y que ni España pudo correctamente justificar cuando en los años ochenta debió homologar la Justicia española y equipararla a los estándares europeos. Sin embargo, en Europa saben hace décadas que España no es una democracia plena, aunque la cuestión no es ni ha sido nunca esa, no en este mundo neoliberal en el que lo que importan son los negocios, sino la apariencia. Y como finalmente España consiguió dotar de una cierta apariencia democrática al Frankenstein jurídico-franquista, Europa se tragó el sapo.
Cómo y por qué pasó el juicio al 'proces' de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo es otra de esas cuestiones que difícilmente podrán ser explicadas sin comprender que España es un régimen autoritario moderno. La cuestión de falta de competencia, no es ni mucho menos menor, sino que constituye otra grave vulneración de derecho. Y el listado ya hemos comprobado que es interminable.
A este registro habría que añadir al juez Manuel Marchena —presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y magistrado principal del proceso—, el cual debería haber sido expedientado, sustituido del proceso y expulsado de la carrera judicial por no permitir el principio de contradicción de los testimonios de policías y guardias civiles con los vídeos realizados durante el referéndum organizado el 1-O.
Esta situación ha sido tan obvia que la Federación de Derechos Humanos (FIDH) y la Red Eueromediterránea de Derechos Humanos (EuroMed Rights) han emitido un informe en el que denuncian la ausencia del necesario principio de contradicción. El informe, además, destaca que la actitud de la ciudadanía fue pacífica, en todo caso se podría constatar tensión, pero en ningún caso violencia generalizada. Por si no fuera suficiente, se denuncia que la "organización de tipo militar" impuesta por el juez Marchena atentó contra el derecho de defensa.
Para muchos españoles, contaminados por los medios de comunicación, no lo será, pero la sentencia revela con claridad la realidad actual: España es un régimen autoritario moderno cuyo mayor esfuerzo radica en aparentar ser una democracia. Si fuera Escocia o Canadá, habría pactado un referéndum; y si fuera Alemania no concebiría ningún delito más allá de la malversación.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
Manifestantes bloqueando la entrada al aeropuerto protestando por la sentencia sobre el 'procés'. Barcelona, 14 de octubre de 2019. / Albert Gea / Reuters
Tras conocerse este lunes la sentencia sobre el proceso independentista catalán, las protestas se suceden en la región. El incidente más importante de la jornada ha tenido lugar en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, donde se han producido enfrentamientos entre manifestantes y Mossos d'Esquadra (la Policía de Cataluña).
Así, a lo largo de la mañan, ha habido un desplazamiento masivo de personas hacia el aeropuerto barcelonés tras el llamamiento realizado por Tsunami Democràtic, un movimiento nacido para protestar por las condenas a los líderes independentistas, que pedía concentrarse en la terminal 1 del aeropuerto para parar la actividad de la instalación.
Los manifestantes comenzaron a desplazarse a pie, en tren y por carretera, mientras el aeropuerto se encuentra vigilado por más de un centenar de agentes antidisturbios de los Mossos y la Policía Nacional, que vigilan todos los accesos posibles a la infraestructura.
Los Mossos reteniendo a uno de los manifestantes, aeropuerto de Barcelona, España, 14 de octubre de 2019. / Josep Lago / AFP
La Policía ha ordenado suspender los accesos por transporte público y mantiene dispositivos de control en varias carreteras que han quedado colapsadas. Además, Renfe –la operadora ferroviaria– ha anunciado que ha suprimido los servicios de Cercanías R2 Norte, posteriormente restablecida, y la línea 8 del metro de Barcelona.
Manifestantes bloquean el acceso en el aeropuerto de Barcelona, España, 14 de octubre de 2019. / Albert Gea / Reuters
Por otro lado, a lo largo de la mañana diversos grupos han cortado carreteras en distintos puntos de Cataluña. En Barcelona, el Ayuntamiento calcula que sobre las 13 horas (local) unas 25.000 personas estaban en las calles protestando por la sentencia del Tribunal Supremo.
Policía en el aeropuerto de Barcelona, España, 14 de octubre de 2019. / Emilio Morenatti / AP
Las marchas han bloqueado diversas vías en la capital catalana, colapsando el tráfico de la zona centro. Asimismo, miles de estudiantes han salido desde sus respectivas facultades para dirigirse al centro de la ciudad al mediodía.
Los manifestantes protestan contra el fallo del Tribunal Supremo, hecho público este mismo lunes, por el que 9 de los 12 líderes independentistas encausados han sido condenados a penas de prisión de entre 13 y 9 años. Los otros tres condenados han sido multados e inhabilitados políticamente durante 18 meses. Todos han sido juzgados por la celebración del referéndum de autodeterminaciónunilateral de octubre de 2017 y la posterior proclamación unilateral de la independencia de Cataluña.
Presidente de Cataluña, sobre la sentencia del 'procés': "Es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana"
Publicado: 14 oct 2019 09:59 GMT | Última actualización: 14 oct 2019 11:58 GMT
El Tribunal Supremo ha hecho pública su sentencia, en la que condena a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión por un delito de sedición.
El presidente catalán Quim Torra valorando la sentencia sobre el proceso soberanista. Palacio de la Generalitat, Barcelona, 14 de octubre 2019.
Rafael Marchante / Reuters
El presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, ha comparecido ante los medios este lunes después de conocer la sentencia sobre el proceso de independencia de Cataluña. Desde el Palacio de la Generalitat, acompañado de los miembros de su Gobierno, Torra ha afirmado que el fallo del Tribunal Supremo "es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana".
El presidente ha comenzado su discurso afirmando que "Cataluña vive un día gris" porque "se ha condenado a 12 personas honorables, demócratas y pacíficas". Tras repasar los nombres de cada uno de los sentenciados, ha considerado que han sido condenados a "cien años en conjunto" unas personas "estrictamente democráticas y absolutamente pacíficas".
Torra ha dicho que los líderes en prisión "han cumplido lo que los ciudadanos desean, la petición de independencia como ejercicio democrático", y que un Estado debe basar "la convivencia entre sus ciudadanos en la voluntad popular". Asimismo, ha sostenido que "toda la sociedad catalana sabe lo que pasó el 1 de octubre –fecha de celebración del referéndum de Cataluña– y recuerda emocionada cómo se va a rechazar de forma colectiva lo que fue un ataque injustificado y nada humanitario de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad española".
Además, en su discurso, el mandatario catalán ha afirmado que "se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados y, por extensión, los de todos aquellos catalanes a los que representaban", por lo que entiende "que las acusaciones que se han hecho y la sentencia que se ha dictado son extensivas a millones de catalanes"
Finalmente, Torra ha reclamado: "Exigimos el fin de la represión y la liberación de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía para todas las personas represaliadas".
BARCELONA (Sputnik) — El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, inició el 25 de julio el congreso fundacional de su nuevo partido Junts per Catalunya (JxCat), que busca ser un eje central para el independentismo catalán.
"Nuestra aspiración es reforzar la alianza de quienes estamos en el mismo bando. Por eso nos llamamos Junts per Catalunya [Juntos por Cataluña], siempre tendremos las puertas abiertas a quien comparta la necesidad de sumar para ser más fuertes", afirmó Puigdemont en el acto de presentación, al que compareció de forma virtual desde Bruselas.
El predecesor de Quim Torra vive en Bélgica desde otoño de 2017, cuando huyó de España para evitar ser juzgado por la convocatoria del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de ese año.
Por la organización de la consulta y la posterior declaración unilateral de independencia fueron condenados por el Tribunal Supremo de España una docena de dirigentes independentistas, nueve de los cuales formaban parte del Ejecutivo de Puigdemont.
Tres años más tarde, el exlíder catalán pone en marcha una nueva herramienta política que no quiere ser "sectaria ni excluyente" con la esperanza de atraer afiliados del casi desintegrado Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), sucesor de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
"No nos sobra nadie, nos necesitamos todos", trasladó a todos los que se sitúan en "el mismo bando", es decir, los partidarios de la independencia de Cataluña.
El proceso fundacional del nuevo partido independentista se alargará hasta el próximo 3 de octubre, cuando quedará definida su estructura, ideología y objetivos.
De momento, cuenta ya con unos 2.500 afiliados aunque no está clara su estrategia más allá de los objetivos de culminar el proceso independentista.
La marca JxCat fue creada para las elecciones del 21 de diciembre de 2017 en Cataluña, cuando Puigdemont ya estaba en Bélgica y encabezó la lista a distancia.
Actualmente, Junts per Catalunya gobierna bajo el liderazgo de Quim Torra y en coalición con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), formación que dirige desde la cárcel el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
En declaraciones a la prensa en una visita a la ciudad de Girona aprovechando su reciente régimen de semilibertad, Junqueras deseó "suerte" a Puigdemont y definió la nueva fuerza como la "centro-derecha del independentismo".
El exvicepresidente defendió su propuesta "republicana" frente a la centro-derecha que ha tenido que "reorganizarse" en varias ocasiones, de cara a las elecciones que tendrán lugar este año en Cataluña.
Los comicios que anunció en enero el presidente Torra no cuentan todavía con una fecha, aunque los medios catalanes especulan que podrían celebrarse el próximo octubre.
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