Organizaciones sociales como la ANC y òmnium han criticado la "violencia del Estado", mientras que el Ministerio del Interior ha defendido la actuación "profesional".
BARCELONA (Sputnik) — El expresidente catalán Carles Puigdemont y otros miembros de su Ejecutivo, así como del Gobierno catalán actual, presentaron en el teatro KVS de Bruselas el Consejo por la República catalana.
En el acto, según informa Nació Digital, participaron en torno a unas 400 personas y estuvieron presentes en él una delegación de la Generalitat (Gobierno catalán) encabezada por su presidente, Quim Torra, y su vicepresidente, Pere Aragonès.
El responsable del Consejo por la República, el exconsejero de Sanidad Toni Comín, aseguró que el organismo no se limitará al "simbolismo" sino que tendrá "un órgano ejecutivo para hacer valer el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo" y promoverá la acción legislativa, la "ciudadanía republicana" y también "estructuras republicanas".
También desarrollará estrategias para el reconocimiento de la República catalana, acción diplomática y movilización ciudadana.
En este capítulo, Comín destacó que el Consejo por la República pedirá la suspensión de España como miembro de la Unión Europea (UE) ya que, según él, no cumple "con los requisitos" de membresía.
El organismo apostará además por liderar una "alianza" de todos los pueblos y movimientos que "luchan por la autodeterminación."
"El Consejo es la primera piedra de un nuevo Estado independiente de Europa", reza el texto del vídeo de la presentación, en la que se explica que "desde el primero de octubre (fecha del referéndum unilateral de autodeterminación en 2017), Cataluña ha iniciado el camino hacia la República" y que ahora "el Consejo ha de servir para culminarlo."
El Consejo por la República, cuya creación forma parte del acuerdo de coalición de gobierno en Cataluña entre Junts per Catalunya (JxCat) —la plataforma electoral que encabeza Puigdemont y de la que también es miembro Torra— y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuenta actualmente con 40.000 inscritos en su página web.
Por este motivo, el tercer partido independentista con representación en el Parlamento catalán, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), anunció a través de un comunicado que no participaría en la presentación del Consejo por la República en Bruselas, afirmando que "la organización no quiere contribuir a avalar iniciativas que parten desde una lógica simbólica, que no tienen como objetivo central la ruptura democrática con el Estado español y que no disponen de mecanismos de control democrático y popular."
"En este sentido, la CUP considera que, a partir de la información explicada, esta nueva institución alimenta el discurso simbólico en el exterior y no afronta el elemento central del conflicto que vive el país que es el ejercicio del derecho a la autodeterminación del territorio", continúa el comunicado al añadir que "por ahora el Consejo por la República no se constituye como una entidad que permita avanzar nacional ni socialmente."
Aunque "la CUP siempre se mostró a favor de estudiar la posibilidad de crear una institucionalidad paralela al amparo de la represión de los aparatos del Estado español, que facilitase la internacionalización del conflicto y que trabajase para trazar estrategias para ejercer el derecho a la autodeterminación, ésta ha de seguir criterios de discreción, rigor, responsabilidad, mirada larga y no han de ser espacios que respondan a estrategias de comunicación pensadas para convencer y contentar a la opinión pública catalana."
Mientras tanto, crece la presión en el espacio público de las fuerzas independentistas.
Cuando apenas faltan diez días para que el Gobierno de España celebre en Barcelona su próximo Consejo de Ministros, sus relaciones con el Ejecutivo catalán se encuentran en un punto de tensión considerable.
Las fuerzas independentistas aumentan su presión en el espacio público mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuestiona abiertamente la actuación de las fuerzas policiales autonómicas que tratan de contenerla. Esta postura, a su vez, ha generado una previsible oleada de críticas entre las que se escucha, cada vez con más insistencia, la sugerencia de volver a intervenir la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.
En este escenario, al presidente catalán –que afirma que "ya no hay marcha atrás" posible en las aspiraciones independentistas– le pareció buena idea apelar a la memoria del violento proceso separatista de Eslovenia en 1991, incluyendo así una corrosiva retórica belicista en un conflicto que no para de acumular tensiones en los últimos días.
Una visita controvertida
La decisión de celebrar una reunión ordinaria del gabinete ministerial en Cataluña fue anunciada el pasado 12 de noviembre por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aseguró también que, una vez allí, Sánchez se reuniría "con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes".
Calvo anunció la visita del Ejecutivo a Barcelona como un acto normal del que ya existen precedentes; al fin y al cabo, el Consejo de Ministros ya se reunió en Sevilla a finales de octubre y desde Moncloa no descartan una agenda itinerante que contenga visitas a todas las Comunidades Autónomas del país.
Una de las quejas principales que se dirige estos días desde el Ejecutivo español contra la Generalitat es la supuesta inacción de los Mossos contra los CDR que bloquearon la autopista. La portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, criticó que los agentes de la Policía autonómica estuvieran "parados" y afirmó que parecían estar alineándose con "objetivos partidistas".
Por otra parte, el hecho de que Quim Torra y el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, se reunieran posteriormente para analizar las cargas de los Mossos contra los independentistas y amenazaran a la cúpula de la fuerza policial con destituciones también ha sido objeto de controversia.
Los principales partidos de la oposición se han mostrado gravemente indignados al respecto. La presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos en la asamblea catalana, Inés Arrimadas, dijo que la gestión la Generalitat al frente de las fuerzas de seguridad autonómicas había sido "inadmisible", y cargó contra el Gobierno de Sánchez, al considerar que "deja que Cataluña sea un territorio sin ley en manos de Torra".
Información y privacidad de Twitter AdsPor su parte, el Partido Popular –que insiste desde hace tiempo en volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña– presentó este lunes una moción en el Senado para instar al Gobierno de España a hacerse con el control de la Policía catalana, mediante la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.
Dura advertencia del Gobierno central
El Ejecutivo español ha enviado este martes tres cartas a las autoridades catalanas referidas al control de las fuerzas de seguridad. La vicepresidenta, Carmen Calvo, escribió a su homólogo Pere Aragonés para reprocharle que "aparentemente ha existido una dejación de las funciones que tiene atribuidas ese Gobierno, con consecuencias para la seguridad pública", y advertirle que es obligación del Gobierno central "evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido".
Disturbios en Gerona (España) entre manifestantes de extrema derecha y antifascistas. 6 de diciembre de 2018. / Josep Lago / AFP
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, también envió una misiva a la Generalitat sobre el asunto. Sin embargo, la más contundente ha sido la remitida desde el Ministerio del Interior, por el titular Fernando Grande-Marlaska, en la que detalla un artículo de la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que permite al Ejecutivo enviar la Policía a Cataluña si los Mossos no garantizan la seguridad.
La 'vía eslovena'
Al actual clima de tensión también han contribuido unas declaraciones realizadas el sábado por el presidente Torra, que tuvieron un efecto incendiario en un panorama ya de por sí inflamable.
Se hallaba en el acto de presentación del 'Consell per la República' (El Consejo por la República) celebrado en Bruselas, y dijo que los eslovenos "decidieron determinarse y tirar hacia delante en el camino de la libertad con todas sus consecuencias hasta conseguirlo". "Hagamos como ellos", propuso entonces Torra.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlamento de Cataluña. Barcelona (España) 2 de Octubre de 2018. / Albert Gea / Reuters
Esta referencia al enfrentamiento armado con el que Eslovenia se independizó de Yugoslavia, y que se saldó con 74 muertos y varios cientos de heridos, ha contribuido considerablemente a elevar la tensión del conflicto entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno central, y a agitar la polémica en torno a su validez como figura política en un contexto democrático.
La portavoz Isabel Celaá ha calificado las palabras de Torra como "lamentables e insensatas", y práctimente la totalidad del espectro político español ha condenado su mención a la vía eslovena.
Huelga de hambre
Al mismo tiempo, en el ámbito jurídico, corre la cuenta atrás hacia la celebración del juicio a los líderes independentistas que llegaron a proclamar la independencia de Cataluña en el Parlamento autonómico el 27 de octubre de 2017, entre los que se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras y varios exconsejeros del Ejecutivo regional, que aguardan el juicio en régimen de prisión preventiva.
Cuatro de los acusados en el juicio, Jordi Sánchez, Jordi Turull,Joaquim Forn y Josep Rull,han iniciado una huelga de hambre con la intención de incrementar la presión en su reivindicación de libertad. Como gesto simbólico, el presidente Torra se ha solidarizado con ellos llevando a cabo un ayuno de 48 horas que terminará este martes.
Cuando el pasado sábado 8 de diciembre el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, esgrimió la 'vía eslovena' acercó de nuevo la posibilidad de un choque entre España y Catalunya. Pero esta vez hablamos de un choque armado. "Hagamos lo mismo", apostilló Quim Torra tras afirmar que "[los eslovenos] decidieron determinarse y tirar hacia delante en el camino de la libertad con todas sus consecuencias hasta conseguirlo". ¿Amenaza o farol?
La 'vía eslovena', por puntualizar, implica el uso de la violencia. En 1990, Eslovenia consiguió la independencia de la entonces Yugoslavia tras dos negociaciones, un referéndum con más de un 90% de participación y un 88,2% a favor de la independencia y un conflicto armado que duró diez días —la 'Guerra de los diez días'—. Después de 74 muertos, el día 7 de julio de 1991, obtuvieron la independencia, declarada el 25 de junio.
La manifiesta debilidad del Gobierno
Los abusos cometidos hasta la fecha por el Estado español (amenazas de intervención militar, despliegue y brutalidad policial o evidente abuso jurídico) han generado la simpatía internacional del movimiento independentista, la cual se ha modulado con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Si bien es cierto que el presidente socialista no admitió la existencia de presos políticos ni aceptó negociar la celebración de un referéndum, no lo es menos que reconoció que Catalunya debía solucionarse de forma pacífica y política (como Quebec) y que, llegado el momento, los presos políticos podrían ser indultados.
Sea como sea, la amenaza, o el farol, llega en un complicado escenario para el Gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez tras el fracaso electoral andaluz y la irrupción en la política española del partido ultraderechista VOX. De hecho, el diario conservador El Mundoadvertía en su portada del 11 de diciembre sobre serias discrepancias internas en el partido socialista. Estas críticas se centran en relacionar el batacazo electoral socialista en Andalucía, la primera vez que previsiblemente no gobernará el PSOE en la autonomía más poblada de España en los últimos cuarenta años, con la supuesta debilidad de Pedro Sánchez en Catalunya.
Enfrentamientos entre la Policía autonómica catalana y los Comités para la Defensa de la República en Barcelona, 10 de noviembre de 2018. / Albert Gea / Reuters
Más allá de la veracidad o el acierto que se le pueda otorgar al anterior análisis, pues los casos de corrupción socialista en Andalucía han sido más que notables en los últimos años y existen importantes vectores (desempleo, falta de expectativas, problema migratorio, etc.) que han influido en la desencanto ciudadano, lo cierto es que la posición del Gobierno se ha debilitado tanto que lo que antes era casi una obviedad, el adelanto de las elecciones generales al próximo año 2019, se ha convertido en una quimera. Solo un buen resultado en las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019 propiciarían el adelanto electoral.
La deriva violenta en Catalunya
Pocos pueden negar que el proceso de independencia en Catalunya ha sufrido un viraje claro en los últimos meses. Lo que había sido un proceso considerado internacionalmente ejemplar por ser liderado por el pacifismo empezó a vivir los primeros actos violentos, aunque menores, a finales de septiembre y principios de octubre de este 2018, con la conmemoración del aniversario del Referéndum. Estos primeros actos violentos, nada que ver con los espontáneos y aislados episodios inherentes a cualquier concentración multitudinaria, cambiaron la dinámica del proceso pacífico y anunciaron una variación de estrategia.
Esta alteración del rumbo pacífico inicial, tanto si ha sido organizado jerárquicamente o como si se debe a la falta de control de los movimientos ciudadanos, ha permitido legitimar, por primera vez desde que dio comienzo el proceso, la retórica belicista más ultra y centralista de la España más cavernaria. De hecho, ha supuesto todo un respiro para un Régimen que había fracasado una y otra vez frente al pacifismo catalán.
"La violencia, de mayor o menor intensidad, lo único que provocará será la legitimación de todo lo que hasta ahora ha hecho el Gobierno español y lo que en el futuro haga".Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Por ello, y por el ya comentado estado anémico del Gobierno socialista, España ha deslizado la posibilidad de endurecer su postura con un nuevo despliegue policial en Catalunya y, aunque el Ejecutivo lo ha negadooficialmente, se ha insinuado la aplicación del artículo 155 que suspendería la autonomía de Catalunya (Cs, PP y VOX lo solicitan abiertamente). Pero es que, en unas manifestaciones de difícil catalogación, el secretario general del partido socialista en Castilla La Mancha ha llegado a aseverar que había que estudiar la posibilidad de ilegalizar a los partidos independentista. Algo que ya no supondría, como las dos primeras medidas, volver a la casilla en la que estábamos hace poco más de un año en los momentos previos de la celebración del referéndum del 1-O (despliegue policial y amenazas de intervención), sino retornar directamente a la dictadura.
La 'vía eslovena' o el uso de la violencia sería el mayor triunfo de España
Sea como fuere, desde mi punto de vista, el mayor logro del proceso independentista, al menos hasta hace escasas fechas, ha sido su pacifismo y esa es su mayor arma para conseguir lo que cualquier demócrata consideraría justo: un referéndum. La violencia, de mayor o menor intensidad, lo único que provocará será la legitimación de todo lo que hasta ahora ha hecho el Gobierno español y lo que en el futuro haga.
Por tanto, no deberían los dirigentes catalanes dejarse seducir por situaciones históricamente tan excepcionales como Eslovenia, entre otras cosas porque el siglo XX no es el siglo XXI y los códigos que rigen ambas épocas son completamente diferente. No olvidemos que en los treinta años anteriores a 1990/1991 los episodios violentos en Europa fueron múltiples y considerables.
"Europa no comprendería un movimiento violento en sus entrañas ni Occidente está remotamente interesada en la segregación/debilitación de España".Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Era el Viejo Continente en la segunda mitad del siglo XX un espacio en el que la violencia resultaba hasta cierto punto aceptable y común, sobre todo porque su comparación con la primera mitad no la hacía execrable por completo. De hecho, las transiciones en Rumanía (coetánea a la independencia eslovena) o en España dejaron milesde muertos y heridos (solo España más de 2.500 y Rumanía todavía más) y los grupos armados surgieron prácticamente en toda Europa como instrumento político (Irlanda entre 1971 y 1976 e Italia entre 1978 y 1982 fueron los episodios más sangrientos de un período conocido en Europa y América Latina, los años sesenta y setenta, como los 'años de plomo'). Por si fuera poco, Europa y Occidente estaban ansiosas por anexionarse económicamente territorios del espacio postsoviético, por lo que apoyaron decididamente el movimiento esloveno.
Ninguna de estas circunstancias se da en la actualidad: ni Europa comprendería un movimiento violento en sus entrañas ni Occidente está ni remotamente interesada en la segregación/debilitación de España. Al menos, no de momento.
Tampoco deberían los políticos catalanes dejarse arrastrar por movimientos como el que acontece recientemente en Francia, pues los 'chalecos amarillos' poco o nada tienen que ver con Catalunya. Entre otras cuestiones porque se trata de un movimiento 'interior' con el que se identifica una gran cantidad de la ciudadanía francesa, mientras que un brote violento en Catalunya se puede considerar un movimiento 'periférico' que generaría en el resto de España y en parte de Catalunya una enorme repulsa. De un conflicto vertical, casi de clases, a un conflicto horizontal, casi de naciones.
Además, el ejemplo vasco y cómo la violencia fracasó en su intento de conseguir un referéndum con el Estado español debería ser muy tenido en cuenta por los catalanes. Si hoy Euskadi se encuentra más lejos que Catalunya de poder decidir su futuro ello se debe, fundamentalmente, a que en el primer caso intervino la violencia y en el segundo, no.
Es cierto, por otra parte, que los socialistas no tienen la menor intención de convocar un referéndum ni tan siquiera pretenden apostar por un modelo de república federal que permitiera un mejor encaje de Catalunya, por lo que los catalanes, llegado el caso, estarían más que justificados, ante las democracias y ante los demócratas, a plantear medidas de presión que les permitan solucionar el conflicto de forma pacífica. ¿Quién no tendría por legítimo el uso de herramientas como huelgas, huelgas de hambre, manifestaciones, paralizaciones de sectores estratégico e incluso la paralización indefinida de la economía catalana en aras de conseguir una solución democrática?
Sin embargo, casi nadie comprendería la lucha armada, los adoquines o los 'chalecos amarillos' en Catalunya, menos aún cuando los catalanes hace tiempo que han demostrado que las guerras se pueden ganar con lazos... y con paciencia.
BARCELONA (Sputnik) — Las autoridades y varios medios de comunicación locales expresaron su preocupación por los llamados Grupos Autónomos de Acción Rápida (GAAR), una nueva formación independentista catalana que se encuentra detrás de algunas de las convocatorias de protesta contra el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona.
Los medios se hicieron eco de una nota de los GAAR difundida a través de redes sociales —en particular un canal de Telegram que cuenta con 6.000 seguidores, según informa este viernes el diario La Vanguardia en su edición digital—, llamando a emprender acciones de "boicot" y "sabotaje" contra vías de comunicación, servicios públicos de transporte y vías ferroviarias y zonas industriales, pero también contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sistemas informáticos e infraestructuras clave.
Este tipo de acciones, precisan, no se detendrían hasta la proclamación efectiva de la República catalana.
Los GAAR aseguran ser grupos autónomos sin ninguna vinculación con los Comités de Defensa de la República catalana (CDR), organizaciones independentistas de tipo asambleario que también convocaron acciones de protesta para el próximo 21-D, así como con partidos políticos y otras organizaciones soberanistas.
"Nuestra organización", subraya el comunicado, "está pensada para no recibir órdenes, ni directrices de nadie, de manera que si un grupo cae, los otros seguirán efectuando sus acciones de forma independiente."
Según publicó anteriormente El Español, estos grupos cuentan con un manual de acción propio, llamado "El cançoner" (El cancionero), en el que proporcionan instrucciones para llevar a cabo sus acciones, que han de ser "complementarias" a las del "restos de colectivos que luchan y defienden la República".
Los GAAR también hacen un llamado a que cada grupo sea "autónomo" y "autoorganizado", llegando a poder estar formado hasta por una sola persona.
Sin embargo, algunos independentistas expresaron a través de las redes sociales sus sospechas hacia los GAAR y especulan con la posibilidad de que se trate de una maniobra para avalar las acusaciones de "terrorismo" contra el movimiento soberanista catalán, incluso incitar provocaciones contra la Policía y justificar así una acción penal contra los activistas, o una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que permite al Ejecutivo central, previa autorización del Senado (cámara alta del Parlamento), intervenir una administración autonómica para restablecer la legalidad.
El artículo 155 fue aplicado por primera vez el 27 de octubre de 2017, el mismo día en que el Parlamento de Cataluña aprobó la declaración de independencia basándose en los resultados de la consulta soberanista, y fue levantado con la formación del actual Gobierno catalán, presidido por Quim Torra.
Fuentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) aseguraron a La Vanguardia desconocer el origen de los GAAR y subrayaron que no van a tomar posición ante una organización que "ni siquiera sabemos si es real"; también la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) se desmarcó "absolutamente" de esta organización, de la que, afirma, desconocía incluso su existencia.
Tanto las plataformas como los partidos soberanistas piden a sus seguidores que se informen exclusivamente a través de los canales oficiales y desconfíen de iniciativas de las que se desconoce su procedencia, y apuntan como dato que el grupo de Telegram se creó en una fecha muy reciente, el pasado 4 de diciembre.
Por su parte, fuentes policiales manifestaron al rotativo catalán que, "aunque se analizan todas las amenazas por inverosímiles que parezcan, no elevarían el grado de preocupación por el surgimiento de este grupo a juzgar por lo que ellos mismos han difundido".
Esas mismas fuentes recalcaron que la iconografía elegida por los GAAR "recuerda a otras cosas", en alusión a organizaciones terroristas, pero agregaron que "a simple vista no parece algo serio", aunque se extremarán las preocupaciones de cara a las protestas del próximo 21 de diciembre.
Grupos independentistas, en particular los CDR, anunciaron su intención de protestar en Barcelona el próximo 21 de diciembre con motivo de la convocatoria del Gobierno de España de un consejo de ministros en la ciudad, ya que la fecha del consejo coincide con el primer aniversario de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, celebradas bajo la aplicación del artículo 155, por lo que el Ejecutivo autonómico considera que la decisión del Gobierno español "tiene un punto de provocación."
Mientras tanto, crece la presión en el espacio público de las fuerzas independentistas.
Cuando apenas faltan diez días para que el Gobierno de España celebre en Barcelona su próximo Consejo de Ministros, sus relaciones con el Ejecutivo catalán se encuentran en un punto de tensión considerable. Las fuerzas independentistas aumentan su presión en el espacio público mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuestiona abiertamente la actuación de las fuerzas policiales autonómicas que tratan de contenerla. Esta postura, a su vez, ha generado una previsible oleada de críticas entre las que se escucha, cada vez con más insistencia, la sugerencia de volver a intervenir la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.En este escenario, al presidente catalán –que afirma que "ya no hay marcha atrás" posible en las aspiraciones independentistas– le pareció buena idea apelar a la memoria del violento proceso separatista de Eslovenia en 1991, incluyendo así una corrosiva retórica belicista en un conflicto que no para de acumular tensiones en los últimos días.
Una visita controvertida
La decisión de celebrar una reunión ordinaria del gabinete ministerial en Cataluña fue anunciada el pasado 12 de noviembre por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aseguró también que, una vez allí, Sánchez se reuniría "con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes".
Calvo anunció la visita del Ejecutivo a Barcelona como un acto normal del que ya existen precedentes; al fin y al cabo, el Consejo de Ministros ya se reunió en Sevilla a finales de octubre y desde Moncloa no descartan una agenda itinerante que contenga visitas a todas las Comunidades Autónomas del país.
Información y privacidad de Twitter AdsSin embargo, la fecha de la visita a Cataluña es especial y ciertamente controvertida. La reunión de los ministros en Barcelona está prevista –y ha sido recientemente confirmada– para el día 21 de diciembre, cuando se cumple exactamente un año de las últimas elecciones autonómicas catalanas, convocadas por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que suspendía la autonomía de Cataluña.
En un momento en el que otra intervención de la autonomía catalana se perfila como una posibilidad, esta visita del Consejo de Ministros adquiere matices perturbadores para las fuerzas independentistas que gobiernan la Generalitat. De hecho, el Ejecutivo catalán, a través de su portavoz, Elsa Artadi, declaró que percibía "un punto de provocación" en la presencia del Gobierno español precisamente en esa fecha, y se apresuró a afirmar que garantizarían la seguridad de la visita, pero también el derecho a la protesta.
Mientras tanto, el independentismo a pie de calle se muestra especialmente agitado y combativo, y tanto sus acciones como la gestión de las fuerzas de seguridad que se lleva a cabo desde la Generalitat para contenerlas están siendo objeto de polémica.
Este fin de semana, varios activistas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) mantuvieron cortada durante 15 horas la AP-7, una autopista de vital importancia, al grito de "el pueblo manda, el Gobierno obedece".
Información y privacidad de Twitter AdsEn los días previos, varios disturbios registrados en Gerona y Tarrassa entre independentistas y partidarios de la Constitución se saldaron con una polémica intervención de los Mossos d'Escuadra [Policía autonómica catalana].
MADRID (Sputnik) — La defensa de los 18 procesados en la causa donde se investigan los posibles delitos del independentismo catalán pidieron en el Tribunal Supremo (TS) —con sede en Madrid— que su juicio sea trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Durante la vista de cuestiones previas que se desarrolla en el TS, la defensa de los procesados argumentó que, en caso de haberse producido los delitos que se les atribuyen a los líderes independentistas, estos fueron cometidos en Cataluña, por lo que el juicio debería ser trasladado allí.
"Lo único relevante para atribuir la competencia es el lugar donde se hayan cometido los hechos que constituyen el elemento del tipo penal", argumentó Marina Roig, abogada del líder social Jordi Cuixart, uno de los procesados.
En total, el Tribunal Supremo mantiene encausadas a 18 personas, a los que se les atribuyen delitos de rebelión, sedición, desobediencia o malversación por su participación en el proceso que llevó al referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y a la adopción de una declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña el día 27 de ese mismo mes.
Entre los 18 encausados están 9 destacados líderes sociales y políticos que se encuentran hace más de un año en prisión preventiva, a la espera de que se celebre el juicio.
Entre ellos destacan figuras como el exvicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, o la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.
Pedro Sánchez reunirá a su Ejecutivo en la capital catalana en el aniversario de las últimas elecciones autonómicas mientras las fuerzas independentistas se esfuerzan en boicotear la visita.
Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y otras organizaciones separatistas pretenden así "parar completamente el país", provocando una 'gran aturada' ('gran parada' en catalán) mediante distintas formas de sabotaje de la circulación.
En sus redes sociales han llamado a "maximizar la movilización independentista", y han señalado a la movilización de los 'chalecos amarillos' franceses como una fuente de inspiración.
No serán, en cualquier caso, las primeras acciones que se produzcan en el espacio público como reacción a la visita del Consejo de Ministros. Durante las últimas semanas, el independentismo a pie de calle se ha mostrado especialmente agitado y combativo.
Ya durante el segundo fin de semana de diciembre –muy cerca de la fecha en la que se celebraba, precisamente, el día de la Constitución Española–, varios miembros de los CDR mantuvieron cortada durante 15 horas la AP-7, una autopista de vital importancia, al grito de "el pueblo manda, el Gobierno obedece".
Esta última consigna apunta a un aspecto importante del momento político en Cataluña: la insatisfacción de los sectores más radicales del separatismo con respecto al gobierno regional, encabezado por el independentista Quim Torra. Para estos sectores, todo lo que no sea proclamar la república constituye una dilación inadmisible de los objetivos de la Generalitat.
Una decisión controvertida
La decisión de celebrar una reunión ordinaria del gabinete ministerial en Cataluña fue anunciada el pasado 12 de noviembre por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que consideró la visita del Ejecutivo a Barcelona como un acto normal del que ya existen precedentes. En efecto, el Consejo de Ministros ya se reunió en Sevilla a finales de octubre y desde Moncloa no descartan una agenda itinerante que contenga visitas a todas las Comunidades Autónomas del país.
Sin embargo, la fecha de la visita a Cataluña es especial y ciertamente controvertida. La reunión de los ministros en Barcelona está prevista –y ha sido recientemente confirmada– para el día 21 de diciembre, cuando se cumple exactamente un año de las últimas elecciones autonómicas catalanas, convocadas por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que suspendía la autonomía de Cataluña.
En un momento en el que otra intervención de la autonomía catalana se perfila como una posibilidad, esta visita del Consejo de Ministros adquiere matices perturbadores para las fuerzas independentistas que gobiernan la Generalitat. De hecho, el Ejecutivo catalán, a través de su portavoz, Elsa Artadi, declaró que percibía "un punto de provocación" en la presencia del Gobierno español precisamente en esa fecha, y se apresuró a afirmar que garantizarían la seguridad de la visita, pero también el derecho a la protesta.
"Los nacionalistas son expertos en propaganda"
En opinión de la periodista y analista política catalana Laura Fábregas, la visita del Consejo de Ministros a Barcelona, en su planteamiento inicial, fue articulada desde el Gobierno de Pedro Sánchez como "un gesto de acercamiento" para, entre otras cosas, "demostrar que España no es solo Madrid, que es un país descentralizado y que, como tal, puede celebrar los Consejos de Ministros en distintas ciudades, como ya ocurrió en Sevilla".
Manifestación a favor de la liberación de los líderes independentistas presos. Barcelona, 16 Octubre de 2018 / Albert Gea / Reuters
Con respecto al "punto de provocación" percibido desde la Generalitat, Fábregas comenta que "el nacionalismo siempre verá una provocación en cualquier cosa que implique rebajar la tensión".
Esta analista comenta la situación interna de las fuerzas soberanistas en Cataluña y la intensidad de sus reivindicaciones señalando que "hay frustración porque el proceso independentista no ha cumplido aún su finalidad de proclamar la república". Asimismo también ha querido precisar que "a veces, desde la prensa española, se exagera un poco lo que son los CDR", y explica que la mayoría ellos "no son violentos, no hacen cosas preocupantes, salvo un grupúsculo que si lleva a cabo cortes de carreteras, etcétera".
"Los CDR –explica la periodista– no son una organización vertical, sino completamente horizontal, anónima, con mucha coordinación. Y en ellos hay de todo, hay incluso madres". Fábregas subraya que los integrantes de estos grupos "son en su mayoría de personas normales y pacíficas", aunque sí existe una minoría de "elementos violentos que aprovechan cualquier excusa para generar altercados".
Fábregas no se atreve a hacer ningún pronostico sobre la probabilidad de que se aplique el artículo 155 de Cataluña, y se limita a señalar que, de momento, ni los nacionalistas parecen dispuestos a "transgredir el umbral legal volviendo a la vía de la unilateralidad", ni el Gobierno de Sánchez a aplicar el 155, por más presión que reciba diariamente desde una oposición parlamentaria en la que los partidos más conservadores (Ciudadanos y el Partido Popular) se lo reclaman con insistencia.
"Veo complicado aplicar el artículo 155 si no hay antes una vulneración de la legalidad muy flagrante", concluye Fábregas, que no obstante advierte que "la realidad catalana cambia cada día".
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ante el Parlamento británico, Londres, Reino Unido, 13 de diciembre de 2018.
Phil Noble / Reuters
La Crida Nacional per la República (Llamamiento Nacional para la República, en español), el nuevo instrumento político promovido por el expresidente catalán Carles Puigdemont, celebrará su congreso constituyente este 26 de enero en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (Cataluña, España).
Este movimiento, que tiene alrededor de 16.000 fundadores y al que se han adherido más de 50.000 personas, cuenta con el apoyo institucional del sustituto de Puigdemont, Quim Torra, y el favor del activista Jordi Sánchez, que se encuentra en prisión.
Con la meta de lograr una 'República catalana', la intención de esta Crida es "definir unas nuevas estrategias, disponer de nuevos instrumentos y renovar alianzas" para lograr una "unidad soberanista y republicana" basada en "la radicalidad democrática, la transversalidad ideológica, la transparencia en la toma de decisiones y la buena gestión del bienestar público".
Los promotores de la Crida pretenden aglutinar tantas sensibilidades políticas y sociales como sea posible para participar en las citas electorales venideras y se comprometen a disolverse cuando alcancen su objetivo. De hecho, Carles Puigdemont apeló el pasado 24 de enero a "una gran generosidad por parte de todos" para "superar los marcos estrictos de las formaciones políticas".
Sin embargo, este proyecto parece lejos de ser la casa común del soberanismo y aglutinar a otros partidos que abogan por la autodeterminación y desde el principio cuenta con la oposición de Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) y de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), que se han negado a incluirse en esta herramienta.
De hecho, el debate sobre si participar o no solo existe en el seno del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat) —las siglas con las que Puigdemont se presentó a las elecciones dentro de la plataforma Junts per Catalunya—, que es heredero de Convergencia Democrática de Cataluña, la formación con la que Jordi Pujol y Artur Mas gobernaron esa región española durante 23 y seis años, respectivamente.
Puigdemont, líder de la acción política
La Crida reserva su liderazgo de la acción política a Carles Puigdemont, huido de la Justicia española. A falta de que se vote durante el congreso de mañana, todo hace presagiar que la ejecutiva del partido estará liderada por Jordi Sánchez y Elsa Artadi, actual consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat.
Otra incógnita es repercusión de este instrumento en las elecciones europeas que se celebrarán en mayo, ya que varios partidos nacionalistas de España habían llegado a un acuerdo para concurrir juntos a esos comicios. Entre ellos se encuentra el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que parece receloso de compartir lista con la Crida.
Candidato a alcalde de Barcelona desde la cárcel
En este contexto, durante la semana se supo que el exconsejero de Interior de Cataluña, Joaquim Forn, planea encabezar la lista de "una candidatura integradora, solvente y trasversal" a la Alcaldía de Barcelona. El protagonista de los hechos hizo pública su decisión a través de una carta abierta que colgó en su perfil de Twitter.
Forn afronta el reto desde la cárcel, pues es uno de presos preventivos por el proceso judicial fruto del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Está acusado de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos y se encuentra en prisión provisional desde el 2 de noviembre de ese año.
El traslado de los políticos presos ha comenzado. El Tribunal Supremo está ultimando los detalles deljuicio por el 'procés', en el que se sentarán en el banquillo nueve exmiembros del Govern -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs-, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y líder de JxCat Jordi Sànchez y el presidente de òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Está previsto que en breve se comunique la fecha de inicio de la vista oral, que está previsto que arranque a principios de febrero.
Abrimos un hilo directo para informar de las últimas noticias sobre el juicio a los políticos catalanes.
El autobús que traslada a los políticos presos a Madrid, a su paso por Lleida. / LAURA CORTÉS (ACN)
Para las comunicaciones telefónicas, dispondrá de tarjeta con 10 números autorizados a los que pueden llamar semanalmente, con una duración máxima de la llamada de cinco minutos. Al igual que para el resto de los internos, lascomunicaciones con sus abogados no tendrán límite de tiempo ni restricciones horarias, y se realizarán en locutorios especiales, en los que el funcionario solo tiene control visual. Por su parte, las comunicaciones institucionales tendrán lugar a petición de los internos y siempre que no entorpezcan las comunicaciones del resto de reclusos.
13:48
Como el resto de internos, dispondrán de locutorio dos veces a la semana con una duración de 20 minutos, si bien se pueden acumular en una sola de 40 minutos y puede haber hasta cuatro personas en el locutorio. Una vez al mes podrán tener un vis a vis, con una duración de entre una y tres horas, y podrán recibir la visita de sus familiares también una vez al mes con una duración de entre una y tres horas en un local adecuado. Si tienen pareja e hijos menores de 10 años, podrán tener derecho a estancia de convivencia una vez al trimestre, con una duración de tres a seis horas y puede haber hasta seis miembros de una familia.
13:45
En primer lugar, los presos serán llevados al módulo de ingresos, donde serán identificados, se tomarán sus huellas y se someterán al registro de sus bienes personales. Allí serán reconocidos por el equipo médico y se les hará entrega, como al resto de internos, de un lote de productos higiénicos, ropa de cama y cubiertos.
13:42
Instituciones Penitenciarias procurará que los presos independentistas estén en módulos de respeto en las cárceles de Soto del Real y de Alcalá Meco, donde llegarán hoy, igual que lo estuvieron antes de que fueran trasladados a Catalunya. No obstante, la última palabra la tienen los directores de estas dos prisiones.
13:37
"El Govern quiere una vez más demostrar su apoyo y solidaridad con las familias de los presos y las víctimas de la represión española", continúa Torra. "Nuestros derechos se han violado de un modo vergonzoso". Ahora Torra cambia al catalán para denunciar una "estrategia premeditada para eliminar la voluntad democrática de los catalanes". Y pide al Gobierno español "valentía y coraje" para hacer los cambios democráticos necesarios para homologarse al resto de democracias europeas. "Democracia, no violencia, justicia y libertad", acaba el 'president' su declaración institucional acompañado del resto de miembros del Ejecutivo catalán.
13:34
Comparece Torra: "Estamos en las horas previas de un juicio que cambiará la historia de nuestro país. Ante un juicio contra el derecho de autodeterminación y la democracia", empieza. El 'president' lee una parte de la declaración en inglés para rechazar la, a su juicio, represión del Estado contra los líderes independentistas catalanes. "El problema para los demócratas catalanes el también el problema de los países democráticos y la Unión Europea"
13:25
En breve, está previsto que comparezca también el 'president' Quim Torra para leer una declaración institucional tras el Consell Executiu extraordinario que se ha celebrado este viernes en el Palau de la Generalitat.
13:20
El anuncio de la fecha del juicio se ha hecho público mientras los presos independentistas están siendo trasladados a Madrid, para acudir a las sesiones del juicio, que está previsto que dure entre dos meses y medio y tres meses.
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El juicio del 'procés' comenzará el próximo 12 de febrero, según han confirmado fuentes jurídicas a este diario, informa Ángeles Vázquez.
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En breve está previsto que arranque la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros, en el que con toda probabilidad los periodistas interrogarán a la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, sobre los detalles del traslado de los presos independentistas a Madrid.
El conflicto catalán está entrando en un nuevo capítulo con la posible apertura de una mesa de diálogo como escenario para acercar posturas y con su mayor polémica hasta la fecha: la presencia de una figura que algunos califican de mediador, otros de relator y otros de coordinador.
La mesa abierta de partidos políticos para abordar el diálogo y la situación política en Cataluña se fraguó tras la cumbre de Pedralbes, en Barcelona, del pasado 20 de diciembre, en el encuentro que mantuvieron el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el responsable del Ejecutivo catalán, Quim Torra, así como en las dos entrevistas que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, mantuvo en enero con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la consejera de la Presidencia catalana, Elsa Artadi.
¿Por qué ahora?
Queda una semana para que empiece a discutirse en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que Sánchez presentó hace pocos días y que, precisamente, necesita del apoyo de los partidos catalanes para salir adelante.
El presidente español, Sánchez, y el catalán, Torra, en el Palacio de Pedralbes. Barcelona, 20 de diciembre de 2018. / Albert Gea / Reuters
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad, aunque todavía se muestra abierta a retirarla dependiendo de los gestos del Gobierno. Y el Partido Demócrata europeo de Cataluña (PDeCat), de Torra, aún muestra dudas sobre la postura que tomará.
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