Desde Abril protestan los indígenas en la selva amazónica peruana en contra de la política del gobierno, para intentar evitar que se de una apertura total de sus territorios ancestrales a la explotación petrolera, minera y maderera. Las leyes que se elaboraron y promulgaron en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos darían a las empresas acceso libre a los recursos, sin necesidad de llevar a cabo procesos de consulta. Alrededor de 30.000 indígenas bloquearon carreteras, ríos y vías de tren, para exigir la derogación de las nuevas leyes.

Las comunidades indígenas denuncias que el 70% de la Amazonía peruana ya está concesionada a las empresas que exploran gas y petróleo, las cuales amenazan la vida de las poblaciones y de la biodiversidad amazónica. Los manifestantes detuvieron los trabajos de bombeo del oleoducto de la empresa petrolera estatal. El presidente de Perú, Alan García reaccionó con declaraciones de que “pequeños grupos” no detendrían el “desarrollo” de la región amazónica.

El 9 de Mayo, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia para 60 días. Envió además militares y fuerzas especiales de la policía a la zona, para detener de forma violenta las protestas pacíficas y para proteger los intereses de las empresas mayormente transnacionales. Espantosas escenas de violencia en contra de los indígenas tuvieron lugar en este contexto.

Perú cuenta con la segunda mayor parte de la selva amazónica, tras Brasil. La mayor selva de mundo y el río más caudaloso del mundo tienen una importancia decisiva para la conservación de las especies y para el clima global. Los expertos estiman que en Perú, se encuentran unas 25.000 especies de plantas, cerca del 10% de la flora de la tierra. También habitan en este país 1.816 especies de aves. Hombre y naturaleza están cada vez más amenazados por la explotación industrial de los recursos naturales en las últimas décadas.

Entre 2002 y 2007 creció la minería en la región en más de un 70%. El año pasado, se extendieron unas 4.200 permisos para la extracción maderera a las comunidades locales, pero toneladas de madera de cedro y caoba fueron vendidas en el extranjero, aunque el comercio de estas especies está prohibido internacionalmente. La nueva y anticonstitucional Ley Forestal (ref. 1090) será nuevamente discutida en el congreso peruano.

Alberto Pizango, director de la mayor organización de pueblos indígenas del Perú (AIDESEP – Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), aclaró que los territorios indígenas fueron concesionados a las empresas multinacionales sin consultas previas y que todo diálogo con el gobierno fue interrumpido. Con el estado de excepción impuesto por el gobierno en las regiones centrales de Loreto, Amazonas, Ucayali y Cuzco se impusieron límites a los derechos fundamentales de la población, como la libertad de reunirse o de viajar, y se facilitó el control militar de la zona. Los habitantes tienen miedo de que se produzca una división entre los propios pueblos indígenas. Por favor, envíe el siguiente escrito al presidente peruano Alan García expresando su rechazo e indignación por los acontecimientos y expresando las exigencias más urgentes.

Entren en www.salvalaselva.org, pueden firmar en contra de la venta de la selva peruana.