por Vicente Romero el 07 Abr 2010 | URL Permanente
Los haitianos saben desde hace mucho tiempo que predicar es una cosa y dar trigo, otra. La última vez que lo constataron fue tras los dos huracanes y las dos tormentas tropicales que, en agosto y septiembre de 2008, devastaron la misma zona costera que el pasado enero fue destruida por el terremoto. Entonces se les prometió una ayuda internacional de 1.350 millones de euros de los que sólo recibieron 17 millones. Es decir, menos del 1,3 por ciento. Ahora la Conferencia de Donantes reunida en la ONU ha recaudado para ayudar a Haití durante los dos próximos años 3.900 millones de euros... en palabras. ¿A cuanto se reducirá finalmente esa cifra?
Las conferencias de donantes suelen quedarse en subastas de buenas intenciones. Los representantes de las naciones más poderosas se llenan la boca de anuncios generosos, predicando solidaridad internacional. Pero no existe un organismo mundial que fiscalice el cumplimiento de las promesas con poderes ejecutivos para exigir el pago puntual de las cantidades ofrecidas.
En la reunión de Nueva York se acordó que Bill Clinton y el presidente haitiano se encargaran de supervisar las entregas de la ayuda, con apoyo del Fondo Financiero Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Pero ese compromiso no pasa de ser otro papel mojado, ya que ningún país oficializa su ayuda con el rigor de una deuda a plazo fijo. De aquí a dos años la tragedia sufrida por Haití parecerá muy lejana. Y acaso otra amenaza de crisis económica aconseje emplear buena parte de esos fondos solidarios en apuntalar nuevamente al sistema financiero mediante ayudas a la banca privada.
Tras el optimismo sembrado por el éxito de la Conferencia de Donantes se plantean serios interrogantes. ¿Se empleará parte de esos fondos en pagar la deuda externa haitiana? Porque algunos países que han prometido ayudar a Haití figuran entre sus acreedores. Y cada mes el FMI y el BM pasan puntualmente facturas al gobierno haitiano, tras haberle impuesto sometimiento a las despiadadas leyes del libre comercio que han arruinado la economía del país.
¿Servirá la ayuda internacional para pagar a las compañías privadas norteamericanas encargadas de obras y servicios tras el terremoto? En tal caso, el abono podría ser hecho directamente sin que el dinero llegase jamás a pasar por las arcas haitianas. ¿Se descontarán costes derivados de la presencia militar por razones humanitarias? Ello supondría --además de una estafa política-- una afrenta a los haitianos que trabajan en la reconstrucción de su país. Porque, como señala en un artículo José Luís Patrona (coordinador de la ONG brasileña Vía Campesina), el sueldo de cada soldado internacional desplegado en Haití asciende a 3.000 dólares mensuales, mientras el salario mínimo local es de tan solo 60.
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