El catalán no es el único idioma protegido con multas. La Agencia Catalana de Consumo (ACC), ente que depende de la Generalitat, impuso el año pasado 94 sanciones a comercios por no etiquetar en castellano, de un total de 205 actas abiertas. En el mismo periodo, la Administración abrió expediente sancionador a 152 empresas por vulnerar la política lingüística catalana, con un montante de 148.100 euros, según los últimos datos oficiales.

"La regulación, en el caso del etiquetaje, es favorable al castellano. Hay cerca de 120 leyes estatales que obligan a etiquetar en español", aclara Jordi Anguera, director general de la ACC. Las normas son claras; salvo excepciones, se obliga a marcar los productos en español, como en la Ley General de Consumidores y Usuarios, actualizada 2007: "Las indicaciones obligatorias del etiquetado (...) deberán figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado".

Sanción leve

La Generalitat no especifica qué cantidad recibió por las 94 multas que puso el año pasado, ya que estas infracciones se clasifican como deficiencias de información, al contrario de lo que pasa con la protección del catalán, que tiene capítulo propio. Ambas sanciones son tipificadas como leves, por lo que nunca pasan de los 3.000 euros. "Las multas idiomáticas no son homologables. En el catalán miramos todos los aspectos a proteger; en el castellano, solo tenemos problemas con el etiquetaje", especifica Anguera. En el resto de aspectos relacionados con el consumo, asegura, no han debido sancionar porque "siempre está disponible en castellano".

Estas sanciones no son publicitadas, aunque el año pasado se hizo una excepción: Ikea no tenía etiquetados sus productos en castellano -tampoco en catalán- y se la multó. También es habitual encontrarse con problemas en alimentos de otros países, solo etiquetados en la lengua de origen. El auge de estos productos, asevera Anguera, provoca que en lo que llevamos de 2010 la cifra de multas ya sea similar a la del año anterior.

 

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