#25S Represión Asociada. - AiresdeLevante

Rousseau preconizaba un “contrato social” tácito, mediante el que todos los ciudadanos renunciaban parcialmente a su libre albedrío, que se depositaba en el Estado, de manera que éste podía redactar y ejecutar las leyes que obligaban a todos. De esta manera las voluntades individuales quedaban voluntariamente restringidas en favor de algo superior y más socialmente eficiente: la voluntad general.
En las democracias parlamentarias actuales, esa renuncia se canaliza mediante el mecanismo de la representatividad. Diversos partidos presentan sus programas de gobierno a los ciudadanos, y cada ciudadano elige para que le represente al partido que más se acerca a sus intereses, valores, y creencia. Así surge un Parlamento que representa al conjunto de ciudadanos, y de él un gobierno que se encarga de llevar a cabo el programa que había propuesto a los electores.
Una de las ideas que ha impulsado la manifestación del 25S ha sido la de “no nos representan”. Es el resultado del desprestigio galopante de los políticos en general, unido al hecho de que el Partido Popular viene tomando una serie de medidas completamente contrarias a las que figuraban en su programa de gobierno. Con independencia de que la inmensa mayoría de los que se quejan de ese incumplimiento son ciudadanos que no han votado al Partido Popular, persiste el problema del flagrante incumplimiento de contrato –cosa que, por otra parte, vienen haciendo todos los gobiernos en España desde el asunto de la salida de la OTAN-.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos cuando los políticos en el gobierno rompen unilateralmente el contrato social que les legitima para gobernar? ¿Tienen que esperar resignadamente hasta las siguientes elecciones para suscribir otro contrato con otro partido, que volverá a incumplirlo? ¿Están legitimados para romper también su compromiso con el Estado y recuperar su libre albedrío completo? Y en ese caso ¿eso incluiría retirarle al Estado el privilegio del uso exclusivo de la violencia? ¿Se pueden crear mecanismos legales eficientes para castigar penalmente los incumplimientos de un gobierno? ¿Qué pasaría cuando el incumplimiento se debiera a un gobierno de coalición en el que ningún partido puede imponer su propio programa? ¿Cómo diferencias los incumplimientos derivados de falsas promesas de los debidos a la evolución imprevisible de los acontecimientos?