La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sugirió este viernes que los manifestantes tendrán que hacerse cargo del gasto por la limpieza de las calles. "Es una cargo extra que no se incluye en los presupuestos. Y está prohibido gastar en algo que no está presupuestado", repitió antes de comentar en un tono más distendido que "en Valencia hay muchas ocasiones en que se genera aglomeración y suciedad, como las manifestaciones... o las Fallas". Lo hizo durante la presentación de lo que, según expresó, serán unos presupuestos “realistas, coherentes, responsables y comprometidos”. Calificativos que chocaron de frente con los propuestos por la oposición: “injustos, ficticios y alejados de la realidad”. En total, la cantidad destinada es de 731.301.453 euros. Un 2,2% más que el de 2011 (que fue de 715,8 millones de euros) y la primera vez “en años” que está “al alza” porque, según las “prudentes” palabras de la alcaldesa, “se atisba un cierto crecimiento”.

“Habría que pasar factura”, comentó bromeando, porque estas actuaciones “son una cosa muy seria” y deberían contemplar penas "como cuando se multa a quien realiza pintadas”. Barberá detalló que el gasto en residuos y limpiezas es de 54 millones y ocupa un 16% del total. También hizo hincapié en que se trata de una partida centrada en lo social y remarcó que la asistencia directa a personas y ciudadanos se corresponde con el 83% del presupuesto. La primera edil estimó que, para finales de 2013, la deuda del consistorio rondará los 875 millones de euros, después de rozar los mil millones. “Recuperaremos los niveles de 2011”, señaló.

Una aproximación que el grupo municipal socialista rebatió con los datos acuñados para finales de 2012. Según afirmó el concejal Pedro Sánchez, el saldo previsto para finales de diciembre era de 835 millones y alcanzará los 964: “Les pasará lo mismo que este año, que tuvieron que cambiarlo a los cinco días y han cambiado las previsiones tres veces. En marzo calcularon un gasto de 712 millones y un ingreso de 660 y en julio tuvieron que hacer un plan económico financiero por el crédito de 183 millones para pagar a los proveedores”. Sánchez también valoró que el leve aumento total “no compensará el desplome de las inversiones del Gobierno central (43%) y de la Generalitat Valenciana (41,6 %) en la ciudad”.

En este sentido, el consistorio celebró el mantenimiento de la inversión para obras ya realizadas, como el Pont de Fusta o el centro cultural La Rambleta. También nombró la reforma de la Tabacalera y el millón de euros dedicados al Aumsa, la empresa que gestiona el Plan de El Cabanyal. Esta cantidad se suma a los 27 millones “para actuar” en el barrio, con el que están “plenamente comprometidos”.

Por último, la alcaldesa explicó que el gasto en personal pasa de 244 millones de euros a 239 por una política “de gasto cero”, lo que congelará oposiciones: “Vamos a reorganizar a los trabajadores, pero no podemos reponer”, acertó a decir. Para Rosa Albert, concejal de EUPV, estos cálculos son “ilógicos” ya que “se anuncia la apertura de nuevos equipamientos contruidos por el Plan E al mismo tiempo que se reducen 373 puestos de trabajo”.