Las órdenes de la delegada del Gobierno de Madrid a la Policía Nacional durante las protestas de 'Rodea el Congreso' serán investigadas por un juez. El Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal presentada por Izquierda Unida contra Cristina Cifuentes por las identificaciones "indiscriminadas" de manifestantes y las posteriores "duras e injustas" sanciones.

La denuncia de IU imputa a la delegada del Gobierno de Madrid los supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y el cometido contra la Constitución por autoridad por vulnerar los derechos individuales de las personas que acudieron a las manifestaciones en la Plaza de Neptuno y alrededores.

IU asegura que en el fondo de esta actuación está "una estrategia deliberada" del Ministerio del Interior para "amedrentar" a los ciudadanos que protestan contra los recortes con la única receta de "la vía policial y la multa".

En este sentido, la formación denuncia que en Madrid existía "un plan previamente diseñado para identificar y sancionar a miles de ciudadanos críticos con el Gobierno y sus medidas".

En opinión de IU, éste se demostró especialmente el pasado 27 de octubre cuando la Policía Nacional identificó "indiscriminadamente" en los alrededores del Congreso de los Diputados y la Plaza de España a unas 300 personas, entre asistentes a la protesta y "ciudadanos que pasaban por ahí".

Posteriormente, la Delegación del Gobierno tramitó las multas que en algunos casos llegan a los 500 euros por participación en una manifestación "ilegal". IU tilda estas sanciones de "duras e injustas" y cree que Cifuentes pudo cometer un presunto delito de falsedad documental.

El diputado de IU Ricardo Sixto, que presentó la querella el pasado día 12 junto a su compañero Alberto Garzón, ha celebrado "este primer paso judicial" y ha expresado su deseo de que le sigan "otros muchos" para que los tribunales arrojen "luz suficiente" a estos hechos que califica de muy graves. "Estamos empeñados en acabar con la impunidad con la que, a nivel político y recurriendo de forma inadecuada al poder disuasorio de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el PP busca acallar cualquier atisbo de protesta contra las políticas antisociales que lleva imponiendo desde hace un año", ha proclamado.