Medidas simples :
- Que el indulto, tal y como está concebido, desaparezca. Que el Gobierno tenga que dar explicaciones claras sobre a quién indulta y por qué. Para que deje de ser la puerta por la que se escapan los corruptos.
- Que no se lleve a puerto la Reforma Penal proyectada por Gallardón.
- Que se imponga la transparencia informativa: se deberían facilitar datos de todas las obras públicas que cada ayuntamiento acomete.
- Que se imponga la conservación de documentos.
- Que se imponga la prohibición de aceptar regalos.
- Que se imponga que cualquier compra que realicen las Administraciones Públicas debería estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, al menos tres ofertas de proveedores diferentes, para poder elegir la más adecuada.
- Que se imponga la transparencia total de las Administraciones Públicas: que cualquier decisión tomada por un funcionario dentro del cumplimiento de su profesión pueda ser conocida por el resto de ciudadanos, excepto por cuestiones relacionadas con la seguridad. Y así, ningún miembro de la Administración podría negarse a satisfacer las necesidades de información no sólo de los periodistas, sino de los votantes.
- Que se imponga la ausencia de cargos de designación política: actualmente en todo el territorio nacional existe un elevado número de cargos cuya designación ha sido realizada sin ningún criterio de méritos. La hermana de Esperanza, el marido de la Fabra (sí, ese que siendo Consejero de Sanidad nombrado a dedo privatiza los análisis clínicos y luego consigue que sea su empresa la que se lleve la millonaria concesión de esos análisis), etc, etc. La guinda del pastel la pone una alcaldesa que no ha sido votada.
- Que se impongan las pruebas objetivas: para cubrir el lugar de los altos cargos de las Administraciones Públicas deberían realizarse pruebas objetivas, en lugar de ser por designación partitocrática. Estos cargos deberían designarse por méritos propios, nunca por “soy pariente de, novia de, amante de, prima de, la hermana de…”.
- Que la remuneración de los sueldos públicos sea homogénea: no es lógico que un concejal en Alcalá de Henares pueda cobrar diez veces más que uno en Pontevedra, por ejemplo. Y debería ligarse a factores económicos medibles con el índice de precios de consumo (IPC).
- Que se imponga la homogeneidad de sueldos: los políticos no deberían jamás poder decidir sus propios sueldos.
- Que se imponga la incompatibilidad del cargo público con el ejercicio de actividades privadas relacionadas directamente con los asuntos en que tenga que intervenir por razón de su cargo.
Es decir,
Un político no debería, por ley:
- pertenecer a consejos de administración u órganos rectores de empresas cuya actividad esté relacionada con las que gestione el ayuntamiento;
- desempeñar cargo representativo o ejecutivo en sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación o aval del sector público local;
- tener participación superior al 10 por ciento en el capital de dichas empresas.
Y ya de paso, acabe usted con la amnistía fiscal. Si esa amnistía consiguió recaudar 85 millones de euros y diez eran de Bárcenas, es como para creer que hizo usted la ley a medida de su tesorero.
Y por supuesto. Que los delitos de corrupción NO PRESCRIBAN, para que su (ex) amigo Bárcenas no pueda irse de rositas.
Tan simple como esto.
Se puede y se debe exigir.
¿Y cómo puede exigirse?
Acabando con la ignorancia.