Por el corresponsal de RFI en Madrid
Bajo el lema “Contra la impunidad del franquismo” y coreando consignas en favor de la aplicación de la Justicia Universal en España, decenas de miles de personas recorrieron las arterias del centro de Madrid y diversos trayectos en otras ciudades españolas para mostrar su apoyo al Magistrado Baltasar Garzón que, con toda probabilidad, será procesado por el Tribunal Supremo por un supuesto delito de prevaricación por haber impulsado la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil española (1936-39) y la posterior dictadura fascista del general Franco.
La manifestación se desarrolló entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol, y ha constituido la mayor demostración de rechazo por parte de la sociedad española frente a un proceso que muchos ciudadanos, y también prestigiosos juristas y organizaciones de Derechos Humanos de todo el mundo consideran injusto, ya que el único delito de Garzón, según quienes respaldan su iniciativa, es haber intentado ofrecer justicia y reparación a miles de familias españolas que perdieron a sus familiares durante la represión franquista y que hasta el día de hoy continúan desaparecidos.
Los más de 130.000 cuerpos enterrados en las cunetas de las carreteras españolas y fosas comunes, según Amnistía Internacional, constituyen el mayor caso de desapariciones forzadas del siglo XX en todo el mundo y, tal como establece la legislación internacional, son delitos que no prescriben.
Al finalizar una concentración en la que lucieron cientos de banderas republicanas y fotografías de desaparecidos durante la dictadura franquista, se procedió a la lectura de un manifiesto por destacadas personalidades de la cultura española, como el director de cine Pedro Almodóvar y la escritora Almudena Grandes.
En uno de sus párrafos se lamentaban “las consecuencias de un proceso que en democracia ensucia la memoria de las víctimas del franquismo, desprecia el dolor de sus hijos, de sus nietos y condena las aspiraciones de justicia de cientos de miles de familias españolas”.
“Nadie puede siquiera comprender que un Estado democrático impute un delito de prevaricación a un Juez que ha asumido los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas, por aplicar en España la doctrina del derecho penal internacional que hace unos años le permitió actuar contra crímenes semejantes cometidos en países como Argentina y Chile”, se destacaba en el texto.
La escritora Almudena Grandes reprochó al Tribunal Supremo que pretenda devolver a España “a la noche de los asesinos”.
Apoyo en Latinoamérica
La formación ultraderechista Falange Española, el partido único de la dictadura franquista, y que junto al sindicato Manos Limpias presentó la querella contra Garzón ante el Tribunal Supremo, también convocó una contramanifestación a la misma hora en Madrid que apenas consiguió aglutinar unas decenas de participantes. Los distintos itinerarios y la estrecha vigilancia policial impidió que se produjeran incidentes entre las dos marchas.
La manifestación que tuvo lugar en Madrid y otras veinte ciudades españolas ha mostrado el amplio respaldo a las iniciativas de Garzón, que consideran legitimadas por el principio de Jurisdicción Universal, por el que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Los detractores del juez argumentan, por el contrario, que el Juez español ignoró la ley de amnistía de1977 aprobada por el Parlamento ibérico con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución, y que tuvo como consecuencia el perdón a los responsables de todos los abusos del franquismo .
Frente a las embajadas de España en Bruselas, Buenos Aires, Londres, París y Dublín también se concentraron numerosos manifestantes en contra de la impunidad del franquismo y en favor de la investigación de los crímenes que causaron la desaparición de más de 130 mil personas en España.
Si Garzón fuera declarado culpable por el Tribunal Supremo del delito de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta), el Juez más famoso del mundo, y que investigó a varios de los máximos responsables de las dictaduras militares en Chile y Argentina, podría recibir una condena de inhabilitación de entre diez y quince años, lo que en la práctica le apartaría definitivamente de la carrera judicial.
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