La subasta entre comercializadores de último recurso para fijar el término de la energía dentro de la tarifa de luz, cuyo peso ronda el 50% en el recibo, se cerró con bajadas del 7,1%. Este descenso da margen al Gobierno para aplicar en abril un incremento en parecida proporción de la otra parte del recibo, la correspondiente a los costes regulados de la actividad eléctrica, o peajes, sin necesidad de subir la TUR.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria. (Foto: JAVIER LIZÓN)
El Ejecutivo advirtió de que el recibo subirá previsiblemente en abril para recoger las recientes sentencias del Tribunal Supremo que obligan a refacturar los consumos de cerca de 22 millones de clientes desde octubre del año pasado para recoger el coste real de la actividad eléctrica. En todo caso, el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció que no todo el peso de la refacturación caerá sobre el consumidor. Para ello, el Gobierno trabaja en una reforma energética que permita rebajar los costes del sistema eléctrico.
En una nota, el operador español del mercado ibérico de la electricidad, Omel, indica que la subasta se cerró con un precio para el producto de carga base de 51 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 56,27 euros por MWh para el producto punta.
La cantidad total de energía subastada para el segundo trimestre de 2012 fue adjudicada en su totalidad a 26 vendedores. De producto base se vendieron 3.000 megavatios (MW) en cada hora del segundo trimestre, mientras que del producto punta se colocaron 451 MW en cada hora.
SUBASTA POR INTERNET
La subasta se desarrolló por Internet mediante el sistema informático de subastas del operador eléctrico y conforme a un mecanismo de 'reloj descendente' en el que, partiendo de unos precios iniciales, se procedió a una reducción progresiva de los mismos en sucesivas rondas hasta llegar al equilibrio entre oferta y demanda en cada producto.
En el escenario actual, las eléctricas calculan que, para evitar que en 2012 el déficit de tarifa supere el tope legal de 1.500 millones de euros, es necesario subir un 30% los peajes de luz, que recogen los costes regulados del recibo, lo que redundaría en un alza del 15% en el precio final de la electricidad.
Frente a estos cálculos, el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti Scharfhausen, advirtió el viernes pasado de que es el Gobierno el encargado de dirigir la política energética y advirtió a las eléctricas de que la solución del problema no recaerá solo sobre el consumidor.
Al margen de posibles recortes en los costes que se reconocen a las empresas, otra de las opciones para mitigar una fuerte subida de la luz sería ampliar el máximo legal de 1.500 millones de euros de deuda eléctrica para el ejercicio, como ya hizo anteriormente el departamento dirigido por Miguel Sebastián.
La bajada en la subasta de este miércoles cumple con la tendencia de los últimos años, en los que el precio de la electricidad ha sido estacionalmente más bajo en la primera parte del ejercicio. El año pasado, cuando ya se había subido un 9,8% el recibo en enero, la subasta de marzo cerró con caídas del 9,4%, lo que permitió al Gobierno subir un 10,8% los peajes y forzar una congelación del recibo.
EL MINISTERIO AÚN NO DECIDIÓ CUÁNTO SUBIRÁ EL RECIBO
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, aseguró ayer que no decidió aún cuánto subirá la luz a partir de abril, pero insistió en que el Gobierno cumplirá con los autos del Tribunal Supremo, en los que se obliga a refacturar los consumos de cerca de 24 millones de clientes desde octubre del año pasado para recoger los costes reales del sistema eléctrico. 'El Tribunal Supremo nos obliga a subir en una determinada cuantía (el recibo de la luz). Estamos estudiando todavía esa cuantía, aún no la hemos determinado', explicó Soria.
Soria recordó que la subasta eléctrica que se celebraóeste miércoles servirá para determinar la mitad del recibo de la luz en la revisión de abril, la correspondiente al coste de la energía, y marcará el margen del Gobierno para ajustar la otra parte, la de los costes regulados.
Lo que tiene claro el Gobierno, según subrayó José Manuel Soria, es que los autos dictados por el Tribunal Supremo se cumplirán, pero tratando de no perjudicar demasiado a los consumidores, sobre todo teniendo en cuenta que España tiene más de cinco millones de desempleados.
'Todo el ajuste que se tenga que hacer en el déficit tarifario no irá sobre las espaldas del consumidor, sólo una parte', garantizó el ministro.
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