El aviso llega, como en tantas ocasiones, a través de un sucinto mail. “McCoy echa un vistazo a estas dos noticias y ata cabos”.
Un poco largo de leer, pero merece la pena enterarse de lo rápido que se ponen de acuerdo para lo que les interesa.
Que los tres principales grupos del arco parlamentario –PP, PSOE y CiU- llegaron el pasado seis de marzo a un acuerdo de tapadillo que les permitía reconvertir asistentes en asesores, a una ratio de 2 por 1 y con un máximo de cinco por grupo. Dichos auxiliares percibiría una remuneración bruta máxima de 3.800 euros al mes frente a los 1.900 de los reemplazados. Ah, pues tampoco es tan grave, el presupuesto no se altera y se gana en cualificación. Mira tú que bien.
El aviso llega, como en tantas ocasiones, a través de un sucinto mail. “McCoy echa un vistazo a estas dos noticias y ata cabos”. Por todo incluir, un par de enlaces. El primero, de la edición de El Mundo del pasado 12 de abril, redirige a un sugerente titular para los tiempos que corren: “Denuncian un pacto para recolocar en el Congreso a políticos en paro”, llamada desde portada incluida. El otro, conduce a una información de El Confidencial firmada por Alberto Mendoza: “El PSOE presenta un ERE bajo la reforma del PP y fija para julio el...”. Interesante…
Lo que se ve:
Que los tres principales grupos del arco parlamentario –PP, PSOE y CiU- llegaron el pasado seis de marzo a un acuerdo de tapadillo que les permitía reconvertir asistentes en asesores, a una ratio de 2 por 1 y con un máximo de cinco por grupo. Dichos auxiliares percibiría una remuneración bruta máxima de 3.800 euros al mes frente a los 1.900 de los reemplazados. Ah, pues tampoco es tan grave, el presupuesto no se altera y se gana en cualificación. Mira tú que bien.
Que el PSOE se ve obligado a reducir su personal como consecuencia del impacto sobre sus ingresos de las sucesivas debacles electorales, dándose la paradoja que el ajuste se produce con la nueva legislación fijada por su principal oponente político. Pues, hombre, tampoco está mal siempre que conduzca a modelos de autofinanciación que no pasen por los famosos 3%...
Sin embargo, si uno entra en el detalle, descubre en la segunda de las piezas cómo es intención de los socialistas el colocar en “puestos financiados por las instituciones, como sucede con el Congreso de los Diputados” parte del personal sobrante. Acabáramos. Cobra una nueva dimensión la reconversión de puestos de trabajo. Más aún cuando, de acuerdo con la Junta de Personal de la Cámara Baja, sus funciones “se solapan con las tareas de los empleados públicos y duplica el apoyo técnico y jurídico por ellos desempeñado”. Con una diferencia, además: al tratarse de colaboradores eventuales, nombrados a dedo, no está sujetos a las restricciones salariales y de jornada que afectan a los funcionarios de carrera. Vaya, vaya…
Imagino que mi interlocutor virtual ‘contaba con mi astucia’. No tardo en contestarle, poniéndole al corriente de mi conclusión preliminar sobre la discriminación y la redundancia de los asesores. McCoy, un crack. Su respuesta:
“En efecto, una vergüenza. La Junta de Personal recurrió la decisión ante la Mesa del Congreso y el día 15 vence el plazo para que ésta diga algo. Sin noticias de Gurb. Primará casi seguro el silencio administrativo negativo. Pero, ojo, porque si no hay respuesta se abriría un plazo de tres meses para que acuda al Contencioso-Administrativo. Y es una posibilidad más que cierta. ¿Te imaginas lo que puede suponer que se abra este melón en mitad de las discusiones sobre el modelo y el tamaño del Estado? Se pueden incendiar las Cámaras. Porque algunos de los nombrados aún no han pisado el hemiciclo. Y mírate lo que ha ocurrido con Jacques Chirac en Francia. Cambio y corto”.
¿Chirac?, ¿qué tiene que ver en todo esto Chirac? Pese a mis lamentos, ni una línea más.
Busca, busca, requetebusca y, mira por donde, voilá, nunca mejor dicho. Resulta que a finales del año pasado, el ex presidente francés recibió una condena por malversación de fondos públicos tras haber quedado probado que creó puestos de trabajo ficticios para sus aliados políticos de 1992 a 1995, en su última etapa como Alcalde de París. Estamos hablando de una condena de dos años y un desembolso de 2’2 millones de euros por veinte empleos, tras faltar a su “deber de honradez sin tener en cuenta el interés de los ciudadanos”. Si verdaderamente es eso lo que sucede en nuestro Parlamento, designaciones a dedo de asesores virtuales, el escándalo está servido. Más aún cuando el ‘enemigo’ es de la casa y los grupos minoritarios pueden sacarle todo el partido necesario.
Lo dicho, puede ser un verano (y un otoño) caliente en el Congreso de los Diputados. Y no solo por las razones que cabría imaginar. Desgraciadamente.
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