Asunto: Informe (2009) Argentina con Lupa (Indigenas denuncian a Kirchner y Hebe de Bonafini) 
Indígenas de diversos puntos del país, vienen de presentar una queja por el  Plan Tierra Madres, firmado por Néstor Carlos Kirchner con la jefa nacional de las a sí mismas identificadas como madres de la Plaza de Mayo, su “asesor” Sergio Schoklender, la ministra de Acción Social, Alicia Kirchner y el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, en 2007, por el cual se entregó a las “madres” la facultad de formar y educar a los niños indígenas de todo el país.
Dirigentes comunitarios de esos mismos indígenas han planteado su protesta porque no se los consulta acerca del contenido de la educación que viene cumpliéndose bajo la dirección inconsulta de las mencionadas mujeres y sus asesores.
“Educar a nuestros infantes indígenas sin nuestra aprobación y nuestra participación puede ser considerado un delito de lesa humanidad”, sostiene la queja planteada en nombre de cerca de más de un mil{on de indígenas.

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Las madres de plaza de mayo se hicieron cargo de la formación de los niños indígenas

Cien mil menores recibirán formación política por parte de los equipos de Hebe de Bonafini.

El 14 de noviembre de 2007, el entonces Presidente Néstor Kirchner firmó en la Casa Rosada con las Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Popular de aquéllas el Convenio Tierra Madres, para que las entidades mencionadas se hagan cargo de la capacitación de los formadores para la atención primaria de los niños de los pueblos originarios de todo el país y de zonas rurales marginales. Entre los firmantes más destacados del convenio estaban Hebe de Bonafini y Sergio Shoklender y, por el lado del Gobierno, la Ministra de Acción Social Alicia Kirchner y el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrili. El convenio preveía la capacitación de 500 formadores, 250 en cada semestre del 2008. De los 20 docentes a cargo de los cursos, 14 pertenecen a la Universidad Popular de las Madres y el resto a las universidades de Mar del Plata, Entre Ríos y Río Cuarto. El programa de trabajo para la capacitación de los formadores se realizó en base a estos objetivos: “Acompañamiento en la crianza y cuidados de niños de 0 a 4 años de edad, más el agregado de otros contenidos que hacen a la formación política, desarrollo del cooperativismo y la productividad, a los derechos humanos y la historia de las Madres, a la historia de las comunidades y a los primeros auxilios. Este laboratorio para la formación de niños marxistas ya está en plena ejecución, aunque no sin protestas. Seis meses atrás, un grupo de representantes de comunidades ranqueles, le hizo llegar a la Casa Rosada una presentación de rechazo al Convenio Tierra Madres. Señalan en la presentación que las comunidades originarias no han sido siquiera convocadas a opinar sobre el programa que se les está aplicando a sus hijos. Invocan también que el Gobierno actúa desconociendo la ley 23.302, el Convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas aprobada por las Naciones Unidas el 13 de septiembre del 2007. Reclaman también en la presentación su derecho a ser llamados pueblos indígenas y no originarios. Finalmente, advierten contra el Plan Tierra Madres: “Educar a nuestros infantes indígenas sin nuestra aprobación y nuestra participación puede ser considerado un delito de lesa humanidad”.

En la Argentina, las poblaciones indígenas suman 1.350.000 habitantes, que se distribuyen sobre todo en las provincias del Noroeste, Chaco, Formosa y la Patagonia. Su índice de analfabetismo es alto, llegando al 30%. Anualmente, más de 100.000 miembros de esas comunidades se ubican en la franja etaria de 0 a 4 años, es decir que ingresan al Plan Tierra Madres. La continuidad del proyecto proveería al grupo de Hebe de Bonafini de una gran masa de niños adoctrinados ideológicamente aun antes de comenzar su educación primaria, la cual, obviamente, también sería digitada por las Madres. Si la intención del gobierno con la firma de este convenio fue instalar una verdadera bomba de tiempo política justamente en las provincias menos desarrolladas del país, se puede decir que lo ha logrado plenamente.