De manera inexplicable, el gobierno argentino, encabezado por la presidenta Cristina Fernández, ha comunicado a través de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el cese de la custodia de edificios públicos, hospitales y escuelas de Buenos Aires, que hasta el momento efectuaba la policía federal, con el pretexto de – según manifestó la ministra Garré- “mejorar la seguridad de los vecinos”.

Esta declaración no resulta muy convincente para los ciudadanos que viven a diario un clima de inseguridad pública más que alarmante, en una ciudad donde los robos con violencia están a la orden del día, la delincuencia se ha incrementado a pasos agigantados, y los delitos de sangre se han multiplicado considerablemente en un corto espacio de tiempo.

En medio de este caos, el gobierno nacional ha decidido retirar la custodia policial en cientos de lugares, transfiriendo la responsabilidad al gobierno de Buenos Aires, encabezado por el opositor Mauricio Macri, que cuenta únicamente con un cuerpo de policía local recién formado y claramente insuficiente para asumir las funciones de los 1.200 efectivos de la policía nacional que, en menos de 24 horas y cumpliendo las órdenes de Nilda Garré, se han visto obligados a abandonar la protección de hospitales, escuelas e instituciones públicas.

Parece, indudablemente, un conflicto de intereses entre el Estado y el gobierno local en año electoral, donde las únicas víctimas son los indefensos ciudadanos que deben enfrentarse por sí solos a una situación de creciente inseguridad y violencia desatada que ya ha superado los límites imaginables: la vida humana en Buenos Aires parece haber dejado de tener valor y la muerte a manos de delincuentes sin escrúpulos se pasea por sus calles en la más absoluta impunidad, y ante la pasividad del gobierno.

Lo más injustificable es que el contrato de servicios policiales entre el gobierno nacional y la municipalidad de Buenos Aires no finaliza hasta el próximo 6 de mayo y que, además, existe una cláusula en el mismo que indica que la rescisión se debe anunciar con un mes de anticipación. Por lo que se está incurriendo en un grave incumplimiento del mencionado contrato, ya que el gobierno nacional ya ha comenzado aceleradamente a retirar sus efectivos.

La ministra Garré, además, acumula ya otras acusaciones de la oposición por no cumplir un mandato judicial y negarse a comparecer ante una comisión de diputados argentinos para explicar la inacción policial en el bloqueo a las plantas de impresión de los periódicos Clarín y La Nación de hace unos días, que impidió su circulación, en lo que se entiende como un flagrante ataque a la libertad de expresión.

Muchos ciudadanos se preguntan si – por lo menos- a esos policías apartados de la custodia se les podrá encontrar patrullando en las calles en caso de que alguien los necesite con urgencia. Por lo pronto médicos y funcionarios de varios hospitales han iniciado paros de protesta, pues estos centros han quedado desprotegidos y la cantidad de robos con violencia en esos lugares alcanza cifras inquietantes.

La municipalidad de Buenos Aires, a través de su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, ha declarado que los policías federales no están protegiendo los lugares. “ Si no retoman las custodias, demandaremos a la ministra Garré”- señaló.

La denuncia que se va a presentar ante la Justicia será por dejar sin efecto el contrato antes de su vencimiento.

Mientras tanto, los bonaerenses se mantienen como rehenes de una peligrosa situación en la que la vida y los derechos humanos se han devaluado por debajo del peso argentino.