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Una junta médica convocada por la justicia uruguaya analizará las historias clínicas de las víctimas de dos enfermeros que confesaron 15 homicidios de pacientes y decenas de posibles otros, mientras se suman las críticas a las autoridades por presunta falta de controles.
El juez de la causa, Rolando Vomero, convocó formalmente el jueves a una Junta Médica, dijo a la AFP el forense Hugo Rodríguez, director del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de la República, uno de los tres médicos convocados. "Vamos a empezar a trabajar inmediatamente", indicó, previendo que "va a ser un trabajo complejo y largo".
Los médicos deberán estudiar los fallecimientos de las 15 víctimas identificadas por Juan Ariel Acevedo y Marcelo Pereira, los dos enfermeros procesados el domingo por homicidio especialmente agravado tras haber confesado el asesinato de 10 pacientes en el primer caso y de cinco en el segundo.
La Junta deberá analizar, entre otros elementos, si corresponde realizar una exhumación de los cadáveres para encontrar indicios del motivo de fallecimiento, que en algunos casos se produjo por inyecciones de drogas como morfina y en otros mediante inyección de aire en las venas, según la confesión de los imputados.
Rodríguez explicó que "en muertes violentas por causa tóxica la exhumación puede permitir encontrar elementos de prueba dependiendo del tóxico que sea (...) en algunas es posible encontrarlas aún pasado mucho tiempo" del fallecimiento, aunque esto no es posible si la muerte sobrevino por la inoculación de aire. Aunque en algunos casos sea difícil encontrar pruebas, "no vamos a dejar de hacer nada que pueda dar un resultado, por más remoto que sea", enfatizó el forense.
Los enfermeros, que declararon que no podían precisar cuántas veces mataron, cometieron asesinatos al menos desde inicios de 2010, según el auto de procesamiento judicial difundido el miércoles.
La justicia también procesó -lo que implica que comienza el juicio- a otra enfermera como cómplice.
Pero en los últimos días, la Policía, las autoridades sanitarias y las asociaciones de usuarios de la salud de Uruguay recibieron más de 200 denuncias de familiares de fallecidos en los dos hospitales donde trabajaban los enfermeros, la privada Asociación Española y el público Hospital Maciel.
El macabro caso motivó además la presentación de al menos dos nuevas denuncias penales y la solicitud de desarchivar otro caso de 2009, según fuentes judiciales.
Mientras la investigación continúa, se suceden los cuestionamientos a las autoridades sanitarias y persiste la interrogante de cómo dos funcionarios de la salud pudieron asesinar a pacientes durante al menos dos años sin generar sospechas.
Según el acta del procesamiento, cinco enfermeras de la Unidad de Cardiología del Hospital Maciel desconfiaban de Marcelo Pereira, mientras que al menos una podría haber denunciado al enfermero ante las autoridades del hospital hace un año.
Los legisladores de la oposición han acusado al gobierno de falta de controles que permitieron el robo de medicamentos por parte de un enfermero para ejecutar sus crímenes y de no desconfiar de muertes consideradas inesperadas, pese a que ocurrían en unidades donde se atendía a enfermos graves.
"Confirmamos que no hubo control por parte del Ministerio de Salud Pública, no existe el rol de policía sanitaria que debe tener", acusó el diputado Antonio Chiesa, del opositor Partido Nacional, tras la comparecencia del ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, ante una Comisión de Salud parlamentaria. El diputado reiteró en la comisión que los controles médicos no fallaron y que los protocolos no estaban preparados para detectar criminales.
"Nadie imaginaba que había dos personas que iban a salir a matar. ¿Cómo se va a controlar algo que era impensado?", aseguró a su vez el diputado oficialista Álvaro Vega.
En un tibio apoyo al ministro, el presidente José Mujica indicó a los periodistas que Venegas, "por ahora sigue", en su cargo.
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