El monopolio telefónico, detrás del 7D

SI algún anuncio faltaba para echar por tierra la versión interesada de que el 7D se juega la “madre de todas las batallas” por la libertad de prensa y de la palabra, bastó la conferencia de prensa dada por Martín Sabbatella, encargado de la aplicación de la ley de medios. El ex intendente de Morón hizo el listado de las empresas que deben “desinvertirse” y para sorpresa de varios omitió nada más y nada menos que a Telefónica, propietaria de Telefé, el principal canal de aire, y de otros ocho canales del interior. El asunto rozó el escándalo, porque Telefónica, en su doble carácter de empresa de servicios públicos y de capital extranjero, no puede prestar servicios de medios de comunicación.

La alianza entre el kirchnerismo y las telefónicas viene de larga data. En la primera versión de la ley de medios, el oficialismo habilitaba de manera expresa a las telefónicas a prestar el servicio de triple play (telefonía, TV e Internet). Posteriormente, cuando la Presidenta se vio obligada a eliminar esta autorización para conseguir votos en el Congreso, pronosticó que no se podía “tapar el Sol con las manos”. Lo que no se le ocurrió a nadie, es que la Presidenta había excluido a las teles con la finalidad de evitar que deban ‘desinvertir’ -un caso único de hipocresía política. Es lo que dice ahora Sabbatella, que niega por un lado la propiedad de Telefónica sobre Telefé, un fraude a todas luces evidente, y por el otro la autoriza a eludir los límites para empresas de capital extranjero. Para justificar este exabrupto declara que Telefé está protegida por la ley de Bienes Culturales. La ley de medios se ha convertido, entonces, en un negociado.
No es ésta la única triquiñuela del gobierno “nacional y popular”. Consultado sobre qué sucederá con los medios de comunicación en manos del capital yanqui, Sabbatella anunció también que el capital norteamericano gozaba de derechos adquiridos en los medios, como consecuencia del tratado de protección de inversiones recíprocas firmado durante el gobierno de Menem. Estamos ante la defensa de una norma colonial. Lo de “recíproco” es claramente una farsa, ya que las inversiones argentinas en Estados Unidos son casi inexistentes.

Las telefónicas no son las únicas beneficiadas. El grupo que controla el banquero menemista Monetta tampoco fue incorporado dentro de los que deben desinvertir, a pesar de que las radios que posee superan los límites establecidos por la norma vigente. Otro tanto ocurre con Telecentro, del ex menemista y duhaldista Pierri, que con una sola licencia presta su servicio en varios distritos. Dentro de los que violan la ley por ser propietarios de empresas de servicios públicos se encuentran también Cristóbal López y Manzano, pero también contarían con el favor oficial para seguir con su doble condición de empresarios.

Salta a la vista que lo que está en juego es un reparto del negocio de medios de comunicación. El gobierno cuenta con el apoyo de grandes capitalistas, listos para quedarse con los despojos de la Corpo.

El 7D no se juega “la libertad de la prensa” ni la “pluralidad de la palabra”. Es una disputa por intereses capitalistas  entre monopolios CON LA VENIA Y EL INTERES DE CORRUPTOS POLITICOS QUE BUSCAN SACAR TAJADA. Frente a esto, el gran desafío de los trabajadores es construir nuestra propia alternativa.