Prepárense para escuchar, en unos meses, que con el Gobierno de Mariano Rajoy el número de casos de violencia doméstica ha descendido de manera apabullante. Incluso no sería de extrañar que se dijera que se trata de un problema menor de la sociedad española. Pero no se equivoquen. No será porque el número de casos de maltrato haya bajado, sino porque el Ejecutivo ha cambiado la forma de contabilizarlos.
En la pelea diaria por maquillar las cifras, Moncloa está ultimando una nueva fórmula para contabilizar la lacra de la violencia doméstica. Esta pasará por suavizar el registro mensual de agresiones. Así solamente los partes de lesiones que hayan requerido una hospitalización mínima de 24 horas serán contabilizadas. Las heridas leves, no. Así lo ha adelantado hoy Rafael J. Álvarez en el diario 'El Mundo'.
Se trata de un polémico registro con los partes de lesiones elaborados por los médicos de atención primaria, en base a unos criterios comunes en todas las autonomías, y en los que haga constar que se trata de un posible caso de violencia de género, pero no sólo en el diagnóstico primario, sino también en uno secundario. Sin embargo la extensión de la hospitalización hasta las 24 horas ha levantado ampollas. ¿Si una mujer sufre la rotura de un brazo a consecuencia de una paliza de su pareja y es atendida y escayolada en menos de 24 horas, significa que esa persona no ha sido maltratada?
Según los datos oficiales, apenas el 10% de las mujeres agredidas por sus parejas o exparejas acaban ingresadas en centros hospitalarios. Aplicando a rajatabla el nuevo baremo, las políticas sociales del Gobierno de Rajoy se venderán como la vacuna contra la violencia doméstica al haberla reducido en un 90%. O incluso más, ya que los partes de lesiones psicológicas nunca entrarán en la lista de agresiones derivadas de este tipo de sucesos.
Las redes sociales están que arden con el tema y ya circulan numerosos tweets en los que se pueden encontrar frases como 'Mi marido me pega lo normal' o 'sólo eres una víctima si tu pareja te ha pegado más de lo normal'.
A todo esto hay que sumar que el el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local suprime el artículo 28 de la norma vigente, esto es y entre otras, las competencias muniLcipales de igualdad. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Moltabán, ha sido la última en dar la voz de alarma al Ejecutivo sobre este asunto, la semana pasada: la labor de los ayuntamientos a la hora de ayudar a las víctimas de violencia de género es imprescindible y con la modificación de la ley, esta función "corre peligro". Fuentes del organismo, además, argumentan que los propios jueces creen que la desaparición de estos centros municipales sería un "gravísimo error" en la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres maltratadas.
Montalbán cifra en "aproximadamente" 450.000 las mujeres que son maltratadas y que no denuncian: "La bolsa oculta del maltrato". Una cifra gigantesca que se engordará con los casos que el Gobierno no contabilice como maltrato.