A juicio de Toledo, lo que no dijo el Comisionado es que no hay recursos porque en Chile se destina a políticas indígenas solo el 0, 3 % del presupuesto estatal. “Tal es la medida del peso que se le asigna a los asuntos y derechos indígenas: 0,3 %”, subraya. Respecto del segundo factor, apunta el investigador mapuche que la Ley Indígena solo considera admisibles aquellas reclamaciones que se refieren a casos de usurpaciones de tierras que estuvieron bajo un título otorgado por el Estado: titulos de merced, titulos de reforma agraria, u otros de similar origen estatal. Sin embargo, considera inadmisibles las reclamaciones de tierras ancestrales o tierras antiguas, que quedaron fueran de los títulos de merced, y cuyos deslindes se conservan solo en la memoria colectiva de las comunidades. En tales circunstancias, las comunidades solo cuentan con el recurso de las vías de hecho para reivindicar sus tierras”, señala.

Apunta Toledo que a través del no reconocimiento de las demandas por tierras ancestrales, caso de la comunidad Requem Pillan y de gran parte de aquellas coordinadas hoy en la Alianza Territorial Mapuche, el gobierno solo busca poner límites a las reivindicaciones y salvaguardar intereses empresariales. Para ello se basaría en una singular doctrina inventada a inicios de la transición.

“Según esta doctrina, los derechos de propiedad de los indígenas emanan de títulos del Estado. En otras palabras, se niega todo el derecho internacional en materia de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas -el título nativo- , derechos que se fundan en la ocupación tradicional anterior al propio Estado. La doctrina de negación de derechos, fue sistematizada por el indigenismo chileno a inicios de la transición en 1991, como respuesta a las emergentes reivindidaciones de tierras ancestrales que fueron violentamente neutralizadas. Por cierto, tal doctrina de negación de derechos es contraria al derecho internacional. Al persistir en ella, el estado de Chile incumple el Convenio 169 de la OIT, desobedece la jurisprudencia de la Corte Interamericana, desconoce a la Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y desafía al Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial”, señala.

¿Legítima defensa?

Según la versión policial, Jaime Mendoza Collio resultó muerto tras enfrentarse a escopetazos con Carabineros en las inmediaciones del fundo San Sebastián. Frente a esta situación, el funcionario del GOPE, Patricio Jara Muñoz, hizo uso de su arma de servicio y con una bala 9 mm evitó ser acribillado por el joven comunero. Es lo que dice la versión policial, dada a conocer por el Prefecto de Malleco, coronel Iván Bezmalinovic, ratificada por el General de la IX Zona de Carabineros, Cristián Llévenes y avalada desde La Moneda por el Subsecretario del Interior, Patricio Rosende. Todos ellos, a coro, no dudaron en calificar como un acto de “legítima defensa” el crimen de Mendoza, denunciando incluso una emboscada mapuche con escopetas contra los efectivos policiales. “la acción de Carabineros fue para repeler los ataques realizados por al menos 60 comuneros... respaldamos absolutamente los procedimientos”, señaló Rosende tras conocerse la noticia.

Lo cierto es que nada de ello era verdad. Lo aseguran quienes acompañaron a Mendoza aquel día y lo ratifican sendos Informes del Servicio Médico Legal de Angol y del Laboratorio de Criminalística de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). El primero de ellos, basado en los resultados de la autopsia, demostró que Mendoza recibió el disparo mortal por la espalda. El segundo, dado a conocer el pasado lunes, demostró que Mendoza no disparó ningún arma el día de su asesinato. Ambos peritajes, de manera rotunda, han echado por tierra la tesis sostenida por el alto mando de Carabineros y las autoridades de gobierno. Tanto es así que el Fiscal Militar de Angol, Rodrigo Vera, tras conocer los informes, resolvió someter a proceso al funcionario del GOPE bajo el cargo de “violencia innecesaria con resultado de muerte”.

Cabe destacar que Mendoza Collio no es el primer joven mapuche vinculado al movimiento social que muere baleado por efectivos policiales, ello bajo los gobiernos de la Concertación. En circunstancias similares falleció en enero de 2008, el joven estudiante de agronomía de la Universidad la Frontera de Temuko, Matías Catrileo Quezada de 20 años, quien fue baleado por el cabo de Carabineros Walter Ramirez al interior del fundo Santa Margarita, perteneciente al agricultor Jorge Luchsinger, en la zona de Vilcún. Catrileo participaba de una ocupación pacífica del predio. En días recientes, el fiscal militar de Temuko, José Pinto Aparicio, cerró el sumario por el crimen, procesando también a Ramirez por el delito de “violencia innecesaria con resultado de muerte”. El policía, actualmente en servicio activo, arriesga una pena que va desde los 5 a 15 años de presidio.

A este caso se suma el de Alex Lemún Saavedra de 17 años, quien murió el 13 de noviembre de 2003, tras participar de la ocupación del Fundo Santa Elisa de Forestal Mininco en las cercanías de Ercilla. El joven recibió un disparo en su cabeza, de una escopeta antidisturbios, en momentos que Fuerzas Especiales intentaban reprimir la ocupación del Fundo por parte de familias mapuches del sector. Marco Aurelio Treuer, entonces mayor de Carabineros, fue sindicado como autor del disparo mortal. Tras una investigación a cargo de la Fiscalia Militar, fue finalmente absuelto de cargos. El caso se encuentra hoy bajo investigación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Un tercer asesinato vinculado a la causa mapuche y donde las comunidades denuncian participación de agentes del Estado es el de Juan Suarez Marihuan, ocurrido el año 2002. Hermano de Segundo Suárez, Lonko de Malla Malla, y miembro del Consejo de Lonkos del Alto Bio-Bio, Jorge Suárez (27 años) falleció en extrañas circunstancias en la zona cordillerana del Cajón del Queuco, Octava Región. Su cuerpo apareció el día 11 de diciembre del 2002 en la ribera del río Queuco, tras permanecer dos semanas desaparecido. Según consta en el informe forense, la causa de muerte no sería asfixia por inmersión, sino “lesiones provocadas por terceros”.

De acuerdo a antecedentes aportados por la familia, un individuo no identificado, supuestamente agente de inteligencia policial, habría entregado dinero a dos colonos del sector para llevar a efecto la operación de asesinar al comunero, delito que sería encubierto como un deceso accidental, provocado por un supuesto “estado de ebriedad”. Sin embargo, diversos testimonios dan cuenta de una golpiza que habría provocado la muerte de Suárez Marihuan y luego su cuerpo habría sido arrojado al torrentoso caudal. Este hecho sería en represalia por la participación del joven pewenche en recuperaciones de tierras y movilizaciones de freno a las inversiones de empresas energéticas en la zona del Valle del Queuco, en el Alto Bío Bío.

Un cuarto caso lo constituye el crimen del lonko del sector Boyilco Chico, comuna de Nueva Imperial, Juan Lorenzo Collihuin Catril, perpetrado el año 2006. Collihuin fue asesinado por efectivos policiales de la Cuarta Comisaria de dicha ciudad. Los hechos ocurrieron la madrugada del 29 de agosto de 2006, cuando efectivos de Carabineros llegaron hasta la casa de las familias Collihuín Catril y Collihuín Llanculef, investigando un supuesto “robo de animales”. En un procedimiento irregular, los efectivos dispararon contra el lonko de 71 años, quien recibió varios tiros en su cuerpo que causaron su fallecimiento. Dos de sus hijos, Juan y Emilio Collihuín Llanculef (de 36 y 44 años respectivamente) también resultaron heridos en el procedimiento policial, uno con un impacto de bala en la pierna derecha y el otro en la cadera izquierda.

Tras una investigación de Fiscalia Militar, la justicia liberó de responsabilidad al principal inculpado del crimen, el entonces Sargento 1º Juan Mariman Levio. Cabe destacar que dicho funcionario policial formó parte de un violento operativo que el 1 de marzo de 1987, durante el régimen militar de Pinochet, detuvo al lonko Collihuin y a tres de sus hijos, siendo años más tarde denunciado como “torturador” ante la justicia. Este sería, a juicio de familiares del lonko y organismos de derechos humanos, el móvil tras el horrendo crimen del jefe tradicional.

“Un legado de lucha”

Cuatro días dicta la tradición mapuche que un cuerpo debe ser velado antes de su entierro. La muerte es el inicio de un viaje al reencuentro de los ancestros y ello demanda cuatro jornadas de ceremonias. Más de tres mil personas, miembros de comunidades y organizaciones del Pueblo Mapuche, acudieron hasta Requem Pillan para acompañar a Jaime en los preparativos de su viaje, ello el pasado domingo 16 de Agosto. El masivo funeral, tal vez el más grande del que se tenga memoria, transcurrió en un clima de profundo recogimiento por parte de los miles de asistentes, quienes a partir del día viernes comenzaron a arribar hasta Ercilla provenientes de diversos puntos del País Mapuche.

Todos exigieron justicia por el crimen de Mendoza Collio. En diversos tonos, las delegaciones presentes demandaron a la Presidenta Bachelet que se termine en Chile con la “política criminal de encarcelar y asesinar a los mapuches que luchan por sus tierras”. Por medio de consignas, esta demanda se escuchó con especial fuerza durante el emotivo recorrido de 3 kilómetros a pie rumbo al cementerio, por un camino con pendientes y con el féretro cargado por lonkos y familiares. Jóvenes “weichafes” (guerreros), todos a rostro descubierto y no encapuchados como informó El Mercurio, escoltaron la columna que era encabezada por comuneros a caballo, todos portando simbólicas lanzas con hojas de canelo en sus puntas.

Arribaron a Requem Pillan numerosas organizaciones, tales como la Identidad Territorial Lafkenche, el Consejo de Todas las Tierras, la Alianza Mapuche de Izquierda, Coordinadora Arauco-Malleco, Asociación Ñancucheo de Lumako, el Consejo de Lonkos del Pikun Willi Mapu, Meli Witran Mapu de Santiago, el Partido Mapuche Wallmapuwen, Hogar Mapuche Pelontuwe de Temuko, la Asociación Ayun Mapu y figuras públicas como la destacada líder pewenche, Berta Quintremán Calpan. Acompañaron también la ceremonia familiares del joven estudiante Matías Catrileo, asesinado por Carabineros el año 2008. A nombre de la familia del comunero y ante los miles de asistentes a la ceremonia, el werken de Requem Pillan, Rodrigo Curipan, expresó el sentir de la Comunidad.

“La muerte de Jaime hara vivir a muchas consciencias de los mapuches, a muchos jovenes que queremos luchar de verdad por nuestras tierras. Nos contaba la familia que hace un par de días el habia señalado que no solo queria luchar por la tierra, sino que queria convertirse en dirigente de la comunidad para seguir sacandola adelante de la situación de pobreza en que se encuentra. Ese es el mensaje que tenemos que llevarnos cada uno de nosotros de este lugar. Aquí estamos repudiando la actitud criminal del Estado con los mapuches. Mientras haya un mapuche de pie en el Wallmapu seguiremos reivindicando este derecho”, señaló el joven vocero.

“Esta lucha no termina -agregó Curipan-, vamos a pedir que se haga justicia por Jaime... hoy día estamos aquí, con la cara descubierta para decirle a los políticos, al gobierno, a la derecha y a la Concertación, de que vamos a luchar firmemente por nuestros derechos con la frente en alto y con la fuerza que nos caracteriza como pueblo. El peñi Jaime con su lucha se ha ganado un lugar al lado del peñi Lautaro, de Pelantaro, de Kilapan, de Guacolda y de Fresia. Hoy día allí esta sentado el peñi y le vamos a pedir que desde allí nos ilumine y nos acompañe con la fuerza que luchaba para que nosotros hagamos realidad su sueño”, arengó Curipan.

* Publicado originalmente en Revista Punto Final / www.puntofinal.cl