Argentina pide información sobre bienes robados a los desaparecidos

Un juez de Buenos Aires, Sergio Torres, ha pedido este mes a Uruguay, Panamá e Islas Vírgenes información sobre sociedades en las que presuntamente criminales de la última dictadura de Argentina (1976-1983) guardaban activos obtenidos del robo de bienes a los desaparecidos, según publicó el periódico Página/12. No se ha especificado si se trata de las Vírgenes británicas o las norteamericanas, pero ambas son consideradas paraísos fiscales. Panamá y Uruguay reniegan de esa calificación por los progresos en la transparencia tributaria en los últimos años.

El juez formuló los exhortos a partir de la petición del fiscal del caso y de la Unidad de Información Financiera del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que considera que no solo debe investigarse el robo a las víctimas del régimen sino también el presunto lavado de dinero. El fiscal, en cambio, considera que no se puede indagar sobre blanqueo de capitales, dado que ese delito fue tipificado en Argentina en 2004. La justicia, de momento, analiza las acusaciones de apoderamiento de inmuebles, coches y dinero contra condenados por secuestros, torturas y homicidios en el centro clandestino de detención, instalado en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). En las sociedades investigadas en Argentina, Panamá, Uruguay e Islas Vírgenes aparecen los nombres de dos de ellos, Ricardo Cavallo y Jorge Radice. Se presume que los marinos se apoderaban de bienes de sus secuestrados o de las organizaciones guerrilleras a las que algunos pertenecían e incluso fraguaban la venta de sus viviendas. Se supone que el dinero de la comercialización de esos activos ha sido depositado en firmas del extranjero que, con cierta periodicidad, inyectan capital en empresas argentinas de poco renombre, en las que Cavallo, Radice y otro condenado de la ESMA, Jorge Acosta, El Tigre, han trabajado.

La unidad contra el lavado de dinero de Argentina afirma en un informe que la hermana de Radice “tiene a su nombre bienes que fueron robados a personas desaparecidas” y “es la representante de una de las sociedades del exterior que efectúa inyecciones de capital en el entramado de sociedades locales”. El mismo organismo sospecha que el dinero robado y depositado en el exterior puede servir en la actualidad para financiar la huida de los actuales 73 prófugos acusados de crímenes del régimen. El robo de bienes es otro de los delitos de lesa humanidad de la dictadura, además de los secuestros, los tormentos, las vaciones, los asesinatos y desapariciones y el robo de bebes hijos de detenidas ilegalmente.