EL IMPERIO Y SUS MERCENARIOS CONTRA CUBA

Publicado en: Cuba y los derechos humanos (Libro)

En este artículo: Cultura, Literatura

22 marzo 2005

Capítulo 5 del libro “Cuba y los derechos humanos”: Estados Unidos intensifica el reclutamiento, financiación y utilización de mercenarios en sus pretensiones de socavar la libre determinación del pueblo cubano.

La guerra no declarada de los círculos de poder en Estados Unidos contra la nación cubana – que ha sido convertida en verdadera política de Estado -, ha incluido las más diversas formas de agresión.

El reclutamiento, dirección, y apoyo logístico y financiero a mercenarios al servicio de su política dentro de la Isla, ha desempeñado un papel clave en el diseño y ejecución de la estrategia anticubana. Washington siempre ha pretendido fabricar – manipulando a los traidores y anexionistas que conforman su nómina de asalariados -, la falsa percepción de que en Cuba se dirime una supuesta lucha “entre cubanos”.

Los mercenarios al servicio de la política imperialista contra el pueblo cubano – siempre cumpliendo instrucciones expresas de los servicios especiales norteamericanos -, han mutado sus “métodos de lucha” en función de los requerimientos de cada etapa en la estrategia de agresión contra la Isla. Han transitado de invasores a terroristas y de terroristas a supuestos “defensores” de derechos humanos.

Las operaciones encubiertas de los servicios especiales estadounidenses contra Cuba, se iniciaron en fecha tan temprana como el verano del propio año 1959. Así ha quedado demostrado en informes desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Una prueba contundente al respecto aparece en el documento elaborado en octubre de 1961 por el Inspector General de la Agencia, Lyman Kirkpatrick, con el objetivo de evaluar las razones del fracaso de la invasión de Playa Girón (Bahía de Cochinos).

El 17 de marzo de 1960, en una reunión en la que participaron entre otros, los entonces vicepresidente (Richard Nixon), secretario de Estado (Christian Herter) y director de la CIA (Allen Dulles), el presidente Eisenhower aprobó el llamado “Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro”, sugerido por la CIA, en el que se autorizaba la creación de una organización secreta de inteligencia y acción dentro de Cuba y para ello se asignaban los fondos necesarios.

En un memorando desclasificado acerca del desarrollo de esa reunión, el general Goodpaster anotó: ”El Presidente dijo que él no conocía plan mejor para manejar esta situación. El gran problema es la filtración y la falla de seguridad. Todo el mundo tiene que estar dispuesto a jurar que él [Eisenhower] no sabe nada de esto. [...] Dijo que nuestras manos no deben aparecer en nada de lo que se haga.”[1]

Lo cierto es que Eisenhower, al percatarse que día a día Estados Unidos perdía el control en Cuba, ordenó que se aumentara el apoyo a los grupos contrarrevolucionarios dentro de la Isla y dio luz verde para preparar la invasión a Playa Girón, un asalto militar a gran escala que fue ratificado por su sucesor, John F. Kennedy.

El 17 de abril de 1961, Washington lanzó unos 1 500 mercenarios contra el pueblo cubano, al frente de los cuales situó mayoritariamente a ex militares de la tiranía pronorteamericana de Fulgencio Batista, derrocada dos años antes por el Ejército Rebelde.

El reclutamiento de mercenarios de origen cubano constituía una tarea sencilla en el territorio norteamericano, donde habían recibido cobija y garantía de impunidad tras el triunfo de la Revolución Cubana: personeros de la burguesía antinacional criolla, cliente y beneficiaria de los esquemas de dominación neocolonial a la Isla; asesinos y torturadores que sostuvieron la dictadura de Fulgencio Batista, impuesta y apuntalada por Washington para el enfrentamiento a la insurrección popular; políticos fraudulentos y corruptos, que lucraban con el sudor y la sangre del pueblo; individuos lumpen y antisociales, que vieron interrumpidas sus fuentes de ingreso ilícito con las medidas revolucionarias dirigidas a promover la seguridad ciudadana, la equidad y la justicia social; y otras personas que simplemente no estaban dispuestos a realizar el más mínimo esfuerzo personal para lograr la compatibilidad de sus intereses y aspiraciones individuales con los objetivos del bienestar general de la sociedad.

La invasión a Playa Girón fue derrotada en menos de 72 horas por el Ejército y el pueblo cubanos. El error del gobierno norteamericano, fue subestimar la voluntad de lucha y el arrojo en el combate de un pueblo que defendía su derecho a existir de modo digno e independiente.

Más del 90% de la fuerza invasora fue hecha prisionera. A pesar de la gravedad de los actos cometidos – más de un centenar de patriotas cubanos fueron asesinados por los mercenarios -, todos los invasores detenidos recibieron un trato ejemplar de nuestro pueblo. Ningún invasor fue vejado, ni maltratado. A todos se les respetó rigurosamente su integridad física y su dignidad humana. Cada uno de los mercenarios heridos recibió esmerada atención médica. Una vez más, quedó demostrado el decoro, la bondad, la generosidad y el humanismo de los revolucionarios cubanos, principios que habían glorificado ya la conducta del Ejército Rebelde durante los difíciles años de la guerra de liberación.

El Tribunal que juzgó a los prisioneros fue extraordinariamente magnánimo. No se impusieron sanciones extremas, no hubo venganza. Se les exigió el pago de una indemnización que el Gobierno estadounidense no honró siquiera en su totalidad. En diciembre de 1962, Cuba accedió al intercambio de mil ciento trece mercenarios por el valor de 53 millones de dólares en medicinas y compotas para sus niños.

Luego del estruendoso fracaso de las fuerzas mercenarias en Playa Girón, el Presidente Kennedy creó un Comité Especial en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, que se encargaría de aprobar diversas operaciones -como la “Operación Mangosta” -, encaminadas a “utilizar los medios disponibles para ayudar al pueblo de Cuba a derrocar al régimen comunista, desde dentro del país, e instaurar un nuevo gobierno con el cual Estados Unidos pueda vivir en paz”[2].

A partir de ese momento, Estados Unidos priorizó en la ejecución de su política anticubana, las operaciones encubiertas de sus servicios especiales, dirigidas a recrear la falsa imagen de una activa oposición contrarrevolucionaria dentro del territorio cubano. Al no contar con una base social de apoyo en el pueblo cubano para hacer avanzar sus planes anexionistas, sucesivas administraciones norteamericanas siguieron reclutando y financiando mercenarios.

A lo largo de los años, han persistido en un grado extremo de continuidad las motivaciones, métodos de reclutamiento, formas de pago y vías de orientación de tareas a los mercenarios de la política anticubana de Washington. Sólo han sido modificados el ropaje y los instrumentos de agresión suministrados a los mercenarios anti-cubanos.

El ascenso de la administración Reagan al poder en los Estados Unidos, en la década de 1980 del siglo pasado, impuso significativos cambios tácticos en la estrategia estadounidense para el derrocamiento de la Revolución Cubana.

De la noche a la mañana, connotados terroristas y agentes de la CIA de origen cubano aparecieron avituallados con disfraces – y oficinas, “organizaciones” y conexiones a ONGs internacionales -, de defensores de derechos humanos y de “opositores pacíficos anticastristas”.

Para la labor de influencia y “sensibilización” de la opinión pública norteamericana, se exigió a varios grupos de cubano americanos que operaban bajo las órdenes y el financiamiento de la CIA y que hasta entonces habían cumplido tareas básicamente de sabotaje y terrorismo desde el territorio de los Estados Unidos contra Cuba o contra sus propiedades y representantes en el exterior, cambiar su fachada y modos de lucha.

Fue en ese período que se creó la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), con el objetivo declarado de “promover una transición pacífica hacia la democracia en Cuba”. La realidad ha demostrado que la FNCA no abandonó nunca el método de actividades terroristas contra la Revolución Cubana, como lo demuestra la responsabilidad directa de varios de sus principales personeros en planes de atentado contra el Jefe de Estado cubano y la organización y financiamiento de actividades terroristas contra instalaciones turísticas en Cuba a fines de la década pasada.

En el interior de la Isla, involucrando directamente en sus planes subversivos a funcionarios de la Sección de Intereses de los Estados Unidos, fueron creados pequeños grupos de supuestos “disidentes pacíficos” y “defensores de los derechos humanos”, reclutando para ello a individuos que habían estado implicados en actividades violentas, e incluso a antiguos funcionarios y agentes de la policía, ex sargentos políticos y otros elementos de baja condición humana, que estuvieron estrechamente vinculados con el régimen dictatorial de Fulgencio Batista.

Entre esos supuestos “defensores de derechos humanos” descolló Armando Valladares, exmiembro de la policía batistiana sancionado por acciones terroristas en los primeros años de la Revolución, un falso inválido y profesional de la simulación, convertido en “poeta” gracias a los poderosos mecanismos de propaganda del gobierno de los Estados Unidos. El caso del señor Valladares pone de manifiesto claramente la baja catadura moral y el descrédito de las figuras que han sido utilizadas a través de los años para orquestar el circo anticubano en la Comisión de Derechos Humanos. La histeria anticubana ha alcanzado tales niveles, que el terrorista Valladares llegó a ser nombrado Embajador de los Estados Unidos ante la Comisión que funciona en Ginebra.

Así aparecieron, como por arte de magia, con el dinero y la orientación del gobierno de los Estados Unidos, los llamados activistas y grupos de derechos humanos en Cuba. Estas personas, reclutadas y financiadas como cualquier otro mercenario, llevan a cabo misiones instruidas por Estados Unidos con el objetivo de destruir el orden constitucional elegido por los cubanos y de hacer cumplir las disposiciones de la Ley Helms-Burton.

La agresividad de estos grupos y la gravedad de su accionar como quinta columna contra el proyecto social y de libre determinación emprendido por el pueblo cubano, se ha incrementado con la presencia decisiva de grupos ultraconservadores y militaristas de la extrema derecha estadounidense en las administraciones republicanas de los presidentes Reagan, Bush (padre) y George W. Bush.

En el caso del actual presidente George W. Bush, a las apetencias imperialistas de los círculos que integran su régimen, se sumaron las cuotas de poder alcanzadas con su administración por los sectores más agresivos y reaccionarios de la mafia terrorista de origen cubano.

En el curso de los últimos años, el régimen impuesto por la administración de George W. Bush a los Estados Unidos ha llevado a cabo un recrudecimiento sin precedentes de las medidas de bloqueo y hostilidad contra Cuba, de las acciones de injerencia públicas y encubiertas, de las declaraciones de amenaza de funcionarios de alto nivel, y en particular, un creciente involucramiento directo de sus funcionarios diplomáticos en La Habana en el fomento a la subversión del orden constitucional cubano y un incremento exponencial de los fondos oficiales destinados a estas operaciones.

Cuba reconoce que los mercenarios reclutados en la Isla por Estados Unidos para llevar a cabo su política de dominación contra el pueblo cubano, carecen de potencial – por el rechazo popular que generan y por carecer de una base social autóctona y de un proyecto independiente – para convertirse por sí mismos en un desafío al proceso revolucionario cubano. Sin embargo, su peligrosidad estriba en la posibilidad de que sus actividades sean utilizadas, aprovechando la demostrada capacidad de manipulación mediática del gobierno estadounidense, como pretexto para llevar adelante o para brindar apoyo, a una eventual agresión militar estadounidense contra Cuba, eventualidad que se ha hecho real y cercana en la actual coyuntura.

El incremento abrumador de los fondos y medios asignados al reclutamiento y financiamiento de sus mercenarios anti-cubanos y la decisión de escalar a niveles sin precedentes el involucramiento de las agencias estadounidenses en la desestabilización, desgaste y estrechamiento del cerco a Cuba, corroboran la gravedad de las amenazas que enfrenta la nación cubana en la defensa de su existencia misma (ver al respecto el análisis que se realiza en el capítulo 2, Parte I de este documento, acerca del informe presentado por la llamada “Comisión para Asistir a una Cuba Libre”).

No sorprende entonces la magnitud y agresividad de las campañas de desinformación y mentiras orquestadas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en los últimos meses, a partir de la justa sanción a un grupo de mercenarios reclutados, pagados, instruidos y dirigidos por el gobierno de la superpotencia.

Ellos cumplían actividades dirigidas al derrocamiento del orden político, económico y social decidido con rango constitucional por los cubanos, en una votación abrumadora de apoyo popular, facilitada por un referéndum universal realizado en 1976, dos siglos después que fuera adopta la Constitución estadounidense. Por cierto, la constitución de la superpotencia se mantiene vigente, aún cuando en la elaboración de su texto no fue consultada una parte significativa de ese pueblo, en particular, los afronorteamericanos, las mujeres y las personas de bajos ingresos económicos.

La campaña – que persiste hasta el presente y a la que se han sumado de manera cínica, cómplice y activa varios gobiernos clientes del Imperio, ha recurrido a las sofisticadas técnicas de desinformación desarrolladas por los servicios del nazi-fascismo, atribuyendo de contrabando y reiteradamente a los mercenarios justamente sancionados, falsos calificativos como “disidentes”, “opositores políticos pacíficos”, “defensores de derechos humanos” o “periodistas, bibliotecarios y sindicalistas independientes”. Se intenta hacer creer que los mercenarios habrían sido sancionados “arbitraria e injustamente” por el simple hecho de “ejercer pacíficamente los derechos de libertad de expresión, opinión y asociación”.

El Jefe de la Oficina de Intereses norteamericanos en La Habana santificando la creación de el ala juvenil de una agrupación mercenaria en La Habana

Tanto la Carta de las Naciones Unidas, como los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, reconocen que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud del cual establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural” y que todos los Estados promoverán y respetarán este derecho de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con y en virtud del ejercicio de este derecho, el pueblo cubano ha establecido su Constitución y sus leyes.

Nadie tiene el derecho de cuestionar el orden constitucional que decida darse un pueblo en ejercicio de su soberanía. Nadie tiene tampoco el derecho de juzgar los actos del pueblo cubano, desconociendo las circunstancias de permanente y grave amenaza externa que plantea la hostilidad de Estados Unidos contra su propia existencia independiente como nación.

Al pueblo cubano le asiste en estas circunstancias, como a cualquier otro pueblo, el derecho a defenderse de la agresión política, diplomática, económica, comercial, financiera, radial y televisiva que libra el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 4 décadas.

¿Acaso los propios países europeos no establecieron y aplicaron legislaciones y decretos especiales frente a la amenaza planteada por el fascismo en la región en los años 30 y 40 del siglo pasado? ¿Por qué nadie cuestionó las demenciales y archirrepresivas medidas y disposiciones jurídicas adoptadas en el período de la llamada “Guerra Fría” en Estados Unidos y varios países de Europa Occidental contra el supuesto peligro “comunista”, muchas de las cuales se mantienen aún vigentes?

¿Por qué nadie condena las disposiciones de la Ley Logan, incluida en el capítulo 45, título 18, parte 1, de la codificación de Crímenes y Procedimientos Criminales de los Estados Unidos de América? En esa norma jurídica se plantea que cualquier ciudadano estadounidense, dondequiera que se encuentre, y que sin la autorización del Gobierno de Estados Unidos, directa o indirectamente, comience o mantenga cualquier correspondencia con cualquier gobierno extranjero, oficial o agente del mismo, en relación con cualquier disputa o controversia con los Estados Unidos, será multado de acuerdo con dicho título o encarcelado hasta tres años o ambas cosas.

Estados Unidos impide que sus ciudadanos mantengan correspondencia con cualquier gobierno extranjero en relación con cualquier disputa o simple controversia que los afecte. Pretende sin embargo que Cuba permita el reclutamiento y las actividades de mercenarios que no sólo mantienen correspondencia con el gobierno de una potencia imperialista, sino que cumplen instrucciones y misiones dirigidas a la aplicación contra su pueblo de una política extranjera de hostilidad y agresiones, que persigue el derrocamiento de autoridades legítimamente elegidas y la destrucción de un sistema constitucional refrendado por la voluntad popular.

Los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal como establece su artículo 29, no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, tales como la igualdad soberana, la independencia y la integridad territorial de cualquier país.

Solicitar al Gobierno de Cuba que libere o reduzca las condenas a mercenarios juzgados y sancionados por tribunales competentes e independientes, con apego a leyes adoptadas por su parlamento, equivale a pedirle que interfiera en el funcionamiento de su sistema judicial y abra el camino a la impunidad. Esto no solo violaría la Constitución y las leyes cubanas, sino todos los principios y normas vigentes del Derecho Internacional.

El caso de los mercenarios juzgados y sancionados por actos contra la independencia y la integridad territorial del Estado cubano.

A partir de la decisión y las orientaciones emitidas al respecto por el gobierno de la superpotencia, en el año 2003 se multiplicaron las acciones de los mercenarios al servicio de la política anticubana de Estados Unidos.

Desde su arribo a Cuba, en septiembre del 2002, el actual Jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, incrementó la frecuencia de las reuniones con sus agentes mercenarios reclutados en la Isla. Crecieron también sus declaraciones y acciones injerencistas y provocadoras, violatorias de las normas elementales para el comportamiento de los diplomáticos.

Mediante los canales diplomáticos se advirtió a la representación estadounidense y a su Jefe de las violaciones de las leyes cubanas e internacionales en que estaba incurriendo, tratando de persuadirlos para que cesaran su provocadoras e ilegales conductas. Por el contrario, el Jefe de la Sección norteamericana continuó con ese proceder, estimulando nuevas y más graves acciones subversivas.

Cuba fue paciente y tolerante, pero las cosas habían llegado a un punto insostenible para la seguridad del país, ante la intención deliberada de continuar con el estímulo a la confrontación y a la subversión. Cuba no podía admitir la impunidad y el abierto desacato a las leyes cubanas e internacionales. Cuba debía proteger el orden constitucional establecido por su pueblo y hacer respetar la autoridad de su Gobierno legítimamente elegido. No quedaron abiertas otras alternativas. Hubo que actuar soberana y firmemente en virtud de las leyes, como lo habría hecho cualquier país del mundo.

Teniendo en cuenta la escalada y la gravedad de los hechos cometidos por esas personas, al atentar con sus actos contra la independencia, la integridad territorial y la economía del Estado cubano, fueron detenidas varias decenas de mercenarios los días 18 y 19 de marzo de 2003 y enjuiciados los días 4, 5 y 7 de abril de ese propio año.

En total se celebraron 29 juicios en distintas provincias del país, en los que cada uno fue acusado y enjuiciado en vista pública. Se impusieron por los tribunales sanciones de privación de libertad de entre 6 y 28 años. A pesar de los graves delitos cometidos y los peligros que estos entrañaron para la seguridad nacional del país, en ningún caso se impuso la sanción de pena de muerte, ni cadena perpetua, como se ha difundido fraudulentamente por la propaganda anticubana.

No se utilizó violencia o fuerza alguna - ni siquiera mínima -, por los agentes de la policía que detuvieron a los mercenarios. Conociendo perfectamente la entidad de los delitos cometidos y sin una razón moral o principio de justicia que alentara sus actos, los mercenarios no se resistieron a los arrestos.

En la actualidad, la mayoría de esos mercenarios permanecen en prisión cumpliendo las sanciones correspondientes, mientras catorce de ellos fueron beneficiados con Licencia Extrapenal, a partir de razones estrictamente humanitarias.

Todos los sancionados realizaban actividades para el derrocamiento del orden político, económico y social decidido por el pueblo cubano, y consagrado en la Constitución de su República. A todos le fue probada su responsabilidad en acciones que se tipifican como delitos directamente dirigidos a lesionar la soberanía de la nación. Todos actuaron financiados y bajo instrucciones de una potencia imperialista.

Ninguno fue enjuiciado o sancionado por el ejercicio o la defensa de la libertad de opinión o de expresión. El único denominador común que los une, es la ambición desmedida por el dinero y el desprecio a su patria y a su pueblo. Todos fueron responsables de graves delitos al servicio de la superpotencia que intenta rendir por hambre y enfermedades a su pueblo. Todos servían a las pretensiones imperiales de una administración que ha recrudecido brutalmente el bloqueo genocida que se prolonga por más de cuatro décadas y que ha agravado a niveles sin precedentes la hostilidad y agresiones contra la Isla.

Todos actuaron contra los derechos humanos del pueblo cubano, en particular, contra el ejercicio de sus derechos a la libre determinación, al desarrollo y a la paz, con la circunstancia agravante de haberlos transgredidos bajo instrucciones y con el financiamiento de aquellos que en Estados Unidos de América pretenden crear una crisis artificial que sirva de pretexto a una invasión militar a la Isla.

Todos participaron en la fabricación de falsos pretextos para la profundización y el recrudecimiento de la política de hostilidad, bloqueo y agresiones de Estados Unidos contra el pueblo cubano.

Sigue ....