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General: NISMAN, LA PANTALLA
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| De: Ruben1919 (Mensaje original) |
Enviado: 16/02/2015 21:24 |
Nisman, la pantalla
 Por Eduardo Aliverti
El 20 de mayo de 1998 se suicidó Alfredo Yabrán. Hay algunas similitudes pero, sobre todo, diferencias notables entre aquel episodio y el de la muerte de Alberto Nisman. Reparar en ambos aspectos puede ser un buen conducto analítico para evaluar las circunstancias actuales y permitirse después ciertas preguntas o afirmaciones que, además de interpelar a sectores políticos y judiciales, lo hagan con nosotros mismos. La sociedad no es un todo homogéneo, desde ya. Estamos hablando de la sociedad interesada en el tema o de la que se manifiesta como tal.
Dicho genéricamente, nadie creyó que Yabrán podía haberse suicidado pero tampoco que lo hubieran asesinado. La certeza popular consistía en que el cadáver era de otro, y que el mafioso estaba a buen resguardo en algún lugar que jamás se revelaría. Aún hoy, a pesar de la certificación absoluta de que el muerto era él por obra de suicidio, hay gente creída de que el tipo anda por ahí, con otro rostro, disfrutando de una fortuna calculada en 600 millones de dólares. Son esos mitos y leyendas urbanas que siempre existirán, no sólo por la necesidad de funcionar como entretenimiento sino también porque suele no confiarse en el desquicio total de poderosos gigantescos. Una similitud con el caso de Nisman es que la duda central –o, quizá, mejor dicho, la propagada– pasa por el cómo. Cuando Yabrán, se trataba de adivinar con quiénes y de qué forma se las había arreglado para montar semejante simulación. Con el fiscal, es lo mismo pero aplicado a terceros. ¿Cómo lo hicieron? Pero una de las diferencias sustanciales es el porqué. Yabrán estaba mediáticamente cercado y a punto de ser detenido por ordenar el asesinato de José Luis Cabezas. No había ninguna duda sobre los motivos de su accionar, cualquiera hubiere sido. El porqué de la hasta ahora “muerte dudosa” de Nisman, en cambio, abre un abanico de hipótesis entre el suicidio a secas, el inducido y el asesinato. Sin embargo, hay una diferencia más grande todavía. En los primeros momentos y días posteriores a la muerte de Yabrán, debe admitirse que cualquier especulación tenía su dosis de lógica. O de alguna verosimilitud. Pero respecto del fiscal, es inconcebible desprender que alguien del Gobierno manda matar a un hombre que a las pocas horas declararía en contra del oficialismo, nada menos que en el Congreso Nacional y para producir el hecho del que casi toda la prensa estaba pendiente. Ese raciocinio va incluso más allá de que las pruebas a presentar por Nisman eran y son un mamarracho inclasificable, del que dieron cuenta con su mutismo los propios juristas de la oposición. No se escuchó ni leyó que alguno de ellos saliera en defensa del escrito del fiscal, porque profesionalmente es imposible hacer eso con un documento que copia y pega testimonios incapaces de aportar una sola prueba.
Este comentarista no tiene intenciones de sumar sospechas a las incontables que circulan. No quiere hacerlo ni en cuanto a sus presunciones personales ni en torno de las que le surgen por las fuentes que maneja. Le interesa muchísimo menos agregar o reforzar datos y deducciones periciales, incluyendo las más básicas que brotan de la causa. Esto no es solamente porque ya tenemos demasiado con la montaña de basura, relatos novelados, pseudoespecialistas y operadores que fluyen a toda hora. Por cierto, hay también quienes encaran el tema con seriedad técnica. Muy pocos, si es que hablamos del seguimiento periodístico de la causa propiamente dicha. Algunos colegas de este diario, La Nación y Tiempo Argentino. Unos más en la radio; en algún blog. Se hace difícil encontrar quién en la televisión, pero tal vez es el prejuicio por el agotamiento y el rechazo que genera ese medio porque en él, y en los foros de las redes, queda concentrado lo peor de lo peor. Tenemos que hablar puramente de política, entonces, porque todo el resto es jugar al detective tocando de oído o simplemente admitir que hay esos pocos, mejores que uno, para adentrarse en los vericuetos investigativos. O en las internas del mundo judicial. Abordar sólo la política significa aplicarse a la data impresionantemente obvia que emana de los hechos comprobados, porque es lo que permite discernir quiénes juegan a qué en medio de esta tragedia. Ha debido ser la mismísima exesposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien rogó en el Senado contra la sobreexposición mediática del tema. Y lo hizo en una audiencia pública convocada por la oposición, a la que le extendió las generales de la ley por su manejo del suceso. Todavía no se sabe quiénes habrán tomado nota de su pedido entre la dirigencia política, pero es seguro que hubo oídos sordos en su comandancia mediática. En una columna de hace pocos días, uno de los editorialistas de Clarín empleó un promedio de tres potenciales por párrafo para especular sobre cómo el Gobierno empioja las cosas. No resistiría un examen básico en un periódico de barrio. Pero esto no es periodismo. Contra ese tipo de negocio, político, arremetió la madre de los hijos de Nisman. Y en cotejo contra actitudes como la de Jorge Capitanich, al romper un diario frente a cámaras, hay una lista extensa de perversiones mucho más profundas, que demuestran con objetividad aquello de quiénes juegan a qué.
Alberto Nisman reportaba directamente a los servicios secretos de Estados Unidos e Israel, a través de sus embajadas aquí y de la franja de los espías locales encabezada por Antonio “Jaime” Stiuso. Las pruebas son abrumadoras y están publicadas en el Argenleaks de Santiago O’Donnell, si es que no bastaba –y claro que no debía bastar– con que sus relaciones eran conocidas y comentadas en voz alta entre el mundillo político y diplomático. Las órdenes directas a Nisman eran no investigar la pista siria ni la conexión local, y dar por cierta la culpabilidad iraní. Llegó a corregir un dictamen por exigencia de La Embajada, a la que le anticipaba sus decisiones y a la que agotó con sus pedidos de disculpas por no advertir que pediría la captura de Carlos Menem. Un fiscal que respondía a una potencia extranjera para que, hoy, otro grupo de fiscales, algunos de los cuales afrontan denuncias y sumarios en causas que incluyen el encubrimiento del atentado a la AMIA, convoque a una marcha en asqueante nombre de la Justicia independiente y del esclarecimiento del crimen. Ni siquiera hace falta recurrir a la chicana fácil de que a los convocantes se adosaron Luis Barrionuevo y Cecilia Pando, o un arco opositor prácticamente completo que, a sabiendas de cómo operaba Nisman, jamás se escandalizó. Por supuesto que el Gobierno también sabía y dejó correr, hasta que el memorándum de entendimiento con Irán empezó a pudrir el escenario –digamos– con la línea Stiuso que dirigía a Nisman. En lo sustancial, ése fue el umbral de los carpetazos serviciales y operaciones de prensa que comenzaron a sucederse contra el kirchnerismo. Lo novedoso no fue eso, sino la frecuencia y origen preciso de los ataques. Cristina terminó por descabezar la cúpula de los servicios y encarar una reforma de su funcionamiento, cuyo debate fue rehuido por la oposición. Su lugar no es el Congreso. Ni la calle, salvo espasmódicamente. Son los medios.
Fue falso que el memo con Irán contemplara precondiciones de impunidad y fue comprobadamente ridículo que se tratara de conseguir petróleo. Fue falso que se incrementaran las exportaciones con destino a ese país, en curva descendente desde 2010. Fue falso que la Argentina solicitara la caída de las alertas rojas para beneficiar a los iraníes acusados, según confirmó Interpol. Fue falso que Sergio Berni hubiera llegado antes que nadie a la escena del crimen. Fue falso que hubieran pertenecido a la SI los dos supuestos agentes denunciados en la denuncia de Nisman. Lo más agotador no es esta lista incompleta de falsedades, sino el modo abierto en que se es capaz de ignorarlas hasta el extremo de que otro fiscal opositor redobla la apuesta. Gerardo Pollicita fue secretario del fiscal provincial Raúl Pleé, uno de los convocantes a la manifestación del miércoles próximo y acusado por el CELS y Memoria Activa de cajonear la citación de los imputados por encubrimiento del ataque a la AMIA (la conexión local). Es el mismo Pollicita quien cerró la causa de Gustavo Beliz contra Stiuso. Su pedido de investigación, bien que no imputación, era movida única. No podía hacer otra cosa so pena de que el panfleto de Nisman se cayera. La lectura política no es ésa, sino que la operación viene de atrás. Podrá ser ya un lugar común pero es muy difícil, a esta altura, resistirse a pensar en la plena marcha de un golpe judicial, encabezado formalmente por la parte de la Justicia, que afirma estar viviendo en una dictadura que la maniata. El golpe mediático es aún más obvio. Y al económico tuvieron que dejarlo para más adelante, porque el Gobierno contragolpeó bien, porque no les dio el piné y porque, en todo caso, les resulta más funcional operar desde Comodoro Py.
La opinión del firmante es que la frase de la Presidenta sobre la convocatoria para el miércoles fue desafortunada, dado el muerto que hay mediante. Pero, por fuera de la circunstancia, cabe acordar con que convocan al silencio porque no tienen nada que decir, o porque no pueden decir lo que verdaderamente piensan. ¿A qué llaman? ¿A que la Justicia actúe con las manos libres? ¿Más todavía? El fiscal Ricardo Sáenz, uno de los convocantes, es el jefe de Viviana Fein, quien lleva adelante la causa. ¿Marcha para pedirse justicia a sí mismo? No es el esclarecimiento de la muerte de Nisman lo que hay de por medio. Es otro golpe de una derecha insaciable. Inorgánico, pero golpe al fin. Alberto Nisman es la pantalla de una acción que se pretende desgastante, y que sólo podría parangonarse con la rebelión gauchócrata. El Gobierno superó aquel intento de 2008 con una iniciativa política y capacidad de movilización que también trascendieron a la derrota de 2009. El escenario actual le sugiere la misma receta.
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27.1.2015 Comparto esta esclarecedora declaración de la Asociación Argentina de Juristas y ruego a los visitantes de este blog darle la mayor difusión posible.
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE JURISTAS
Declaración de la AAJ sobre la muerte del fiscal Nisman y la situación argentina
La Asociación Argentina de Juristas -Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización no gubernamental con estatuto consultivo en la ONU- entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del estado democrático y social de derecho; expresa su profunda preocupación por la súbita aparición en nuestro país, de un conjunto de hechos típicos de los procesos de desestabilización institucional. Su característica enmarca a la perfección en la nueva metodología de los llamados "golpes blandos", contra los gobiernos que no se someten al dominio imperial y promueven la integración regional de América Latina y el Caribe, a través del Mercosur, la Unasur, la Celac y el Alba, para enfrentarlo. Se trata de construir en el imaginario social la imputación de responsabilidad en hechos repudiables, de la Presidenta de la República, sus funcionarios de mayor jerarquía, y de los sectores del partido de gobierno más avanzados en su discurso. Los encargados de ejecutar el plan son los medios de comunicación hegemónicos, un sector predominante del aparato de la administración de justicia y políticos de oposición ávidos de sacar ventaja para la próxima contienda electoral.
Todos esos elementos se verifican en este momento, con el agregado de la inescrupulosa intención -expuesta abierta o sibilinamente- de responsabilizar al gobierno de la lamentable muerte del Fiscal Nisman. La imputación a la Presidenta y al canciller Timerman del propósito de levantar el alerta roja de Interpol sobre los acusados iraníes está desmentida abrumadoramente con las declaraciones del Secretario Ejecutivo de Interpol, y, sobre todo, con el propio memorándum firmado con Irán y los hechos posteriores al mismo. No hay delito de encubrimiento, ni siquiera en grado de tentativa. Nisman no podía ignorarlo. Ello explica que se fuera de vacaciones a Europa, teniendo en su poder las escuchas telefónicas, la única base de su denuncia. Su precipitado regreso debe responder a alguna convocatoria, que no pudiese desobedecer. No cabe duda alguna que su muerte, sea suicidio o asesinato, está entrelazada con su “denuncia”, y le otorga el dramatismo necesario para diluir la falta de sustento fáctico y jurídico de esa presentación -que incluso genera dudas sobre su autoría- y en cualquier caso no ameritaba ninguna urgencia. Probablemente determinó su propio destino, porque si la denuncia se desinflaba, la existencia de Nisman resultaba un estorbo para los planes de sus “amigos” desplazados de la Secretaria de Inteligencia, y sus conexiones con otros servicios extranjeros, con los cuales está plenamente acreditado tenía una estrecha relación de años, y consideraron que el clima internacional generado por el atentado terrorista de París, era el momento adecuado para esa denuncia.
Para comprender más cabalmente la situación es preciso señalar otros elementos producidos en los días previos a la denuncia de Nisman:
1. la actuación de la cúpula de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, como punta de lanza de la campaña desestabilizante, que interpuso un amparo para invalidar la correcta designación efectuada por la Procuradora General de la Nación, de 16 fiscales, para cumplir con la ley que modificó el Código Procesal Penal.
2. la denuncia penal infundada, de dos ignotas ONGs contra la Presidenta de la Nación por los acuerdos firmados con China, cuyo único propósito es generar una efímera publicidad, contributiva a la generación del clima antigubernamental. Y en los días posteriores aparece una denuncia del Fiscal Germán Moldes, en la que involucra en encubrimiento de un presunto delito de lavado, a la Presidenta y al Director de la AFIP, y un comunicado firmado por el Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, afirmando que "el contexto de extrema tensión y hostilidad que algunos legisladores oficialistas y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional han generado en derredor de la investigación del fiscal, resulta repugnante al respeto y sometimiento a la labor de la justicia que debe observar cualquier persona y, más aun, los funcionarios públicos" … “la muerte del fiscal Nisman resulta en sí un hecho portador de extrema gravedad institucional, cuyas implicancias -que se proyectan en el ámbito internacional- requieren el pronto y eficiente esclarecimiento de su desaparición física".
La “proyección internacional”, o más bien, la conjura internacional, y desde donde se dirige, se expresa claramente a través de editoriales de los medios de prensa de EEUU. El más medido New York Times, hace un llamado para que se instituya una "investigación internacional" a cargo de juristas sobre el atentado de la AMIA, a la vez que llama la atención sobre la "sospechosa muerte" del fiscal Alberto Nisman”. El conservador The Washington Times dice que EE.UU. y Europa deben sancionar al país por el "asesinato de Alberto Nisman", "La Argentina ha sufrido un proceso de chavización bajo la presidencia de Kirchner y se está convirtiendo en un régimen autoritario” , afirma que “Nisman tenía fuertes conexiones en los Estados Unidos… fue un héroe, un hombre de gran valor en un país donde reina la impunidad" , y reclama que “las naciones occidentales deben sancionar y aislar a los líderes argentinos" … “Los Estados Unidos deben suspender las visas a los miembros del gobierno argentino (así como otros gobiernos de América Latina, principalmente de países del ALBA y Brasil) y sus instituciones de seguridad como un medio para ejercer presión sobre el gobierno argentino" .
Una lectura sistemática de los grandes medios de prensa no deja dudas sobre el riesgo para la democracia y sus instituciones que afrontamos. A mero título ejemplificativo veamos la nota de Rogelio Alaniz, del día de la fecha en la pág. 33 del diario “La Nación”, bajo el título “Del crimen político al Estado mafioso” , en tipo de letra del mayor tamaño de ese medio, con subtítulos del tipo “Este gobierno no sólo no ha controlado a sus perros, sino que les ha enseñado a morder”, y en un texto que imputa directamente al gobierno del asesinato de Nisman, comparando a la Presidenta argentina, con Anastasio Somoza y Benito Musolini. Y termina con un llamado:
“Algo debemos hacer como ciudadanos, antes que a la indignación que hoy nos domina le suceda el miedo paralizante y antes que la hora de la democracia sea desplazada por el tiempo de los gangsters”.
Por tanto, la Asociación Argentina de Juristas, reclama:
1. una profunda investigación de la muerte del fiscal Nisman, y agotar los esfuerzos para encauzar la investigación del atentado a la AMIA, y el juicio y castigo para los responsables materiales y/o intelectuales del atentado a la AMIA, de su encubrimiento y del desvío de la causa.
2. terminar con el manejo y condicionamiento de jueces y fiscales por el Servicio de Inteligencia, eliminar los reductos y las prácticas mafiosas, determinar y denunciarse de cara a la sociedad a qué intereses responden esos "grupos” y quienes lo integran, y sobre todo, esencialmente, impedir que en el desempeño de sus funcionarios, la Secretaria de Inteligencia del Estado se encuentre subordinada a servicios de inteligencia de otros países, convirtiendo el terreno de nuestra seguridad interior, en el campo de batalla de los intereses de potencias extranjeras, poniendo en zozobra la vida y la tranquilidad de todos quienes habitamos el suelo argentino, y violando el principio de soberanía, base sobre la cual se sustentan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los pueblos. Debe investigarse, apartarse y juzgarse hasta el último eslabón de estos enclaves mercenarios al servicio de oscuros intereses extranjeros.
En esta tarea deben estar comprometidos los tres poderes del Estado, conjuntamente con todos los actores políticos, institucionales y sociales, que deben definirse, anteponiendo los intereses nacionales a cualquier rédito partidario; para que nunca más pretenda definirse los destinos de nuestro país mediante asesinatos y operaciones que alteran la convivencia de nuestro pueblo, y su aspiración del respeto pleno de su voluntad popular, expresada a través de elecciones libres y democráticas.
Eugenio Raul Zaffaroni - Presidente AAJ, Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas
Claudia V. Rocca -Vicepresidenta AAJ, Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas
Maria G. de Diaz De Guijarro - Secretaria General AAJ, Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de enero de 2015 |
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Los organizadores de la marcha del próximo miércoles tienen fuertes puntos de contacto con el PRO de Mauricio Macri, el Frente Renovador de Sergio Massa, el Menemismo y el Grupo Clarín. Su rol en las causa de lesa humanidad.
Equipo de Política
Los fiscales que convocaron a la marcha de homenaje a Alberto Nisman aseguran ante cada micrófono que se les presenta que no tienen intencionalidad política y reclaman que los participantes acudan el próximo miércoles sin banderas o símbolos partidarios. Sin embargo, ese discurso entra con contradicción con la realidad, ya que buena parte de los organizadores tiene estrechos vínculos con el PRO de Mauricio Macri, quien ya anunció su presencia en la marcha como ciudadano; el Frente Renovador de Sergio Massa, que también instó a la ciudadanía a participar; y el menemismo, además de aceitados contactos con el Grupo Clarín, que se ha transformado en gran difusor de la convocatoria.
Esos vínculos políticos de algunos de los fiscales se suman a la particularidad de que varios de quienes realizaron la convocatoria fueron denunciados incluso por familiares de las víctimas de la AMIA por entorpecer la investigación, mientras que otros aparecen vinculados a represores en causas por la violación de Derechos Humanos, y todos se enfrentaron abiertamente con los distintos proyectos de reforma y democratización del Poder Judicial que impulsó el gobierno nacional en los últimos meses.
La convocatoria de la marcha para el próximo miércoles profundizó la brecha que en los últimos años se abrió en la familia judicial entre quienes impulsan una modernización de la justicia y aquellos que buscan mantener el statu quo. Esa pelea está cruzada transversalmente por la pertenencia política de los convocantes, que en algunos casos se corporiza incluso a partir del rol de funcionarios de varios de los organizadores en administraciones comandadas por la oposición.
Lo único que queda claro es que todos los convocantes están cruzados por un denominador común: su manifiesto antikirchnerismo, que han hecho público en declaraciones periodísticas, artículos de opinión y hasta en escritos judiciales. El que sigue es apenas un repaso del complejo entramado de relaciones que vincula a los convocantes a la marcha del próximo miércoles.
GERMÁN MOLDES
Germán Moldes es fiscal de la Cámara Federal Porteña y uno de los más fervientes impulsores de la convocatoria. Junto al juez Claudio Bonadio, integrante de la servilleta menemista, conformó el mismo grupo político que José Luis Manzano, Carlos Corach y Hugo Anzorreguy. De hecho fue el propio Anzorreguy, entonces jefe de la SIDE, quien lo nombró en 1994 como fiscal ad hoc para seguir la causa AMIA.
Por su labor en ese cargo está sospechado de integrar un grupo de funcionarios judiciales que entorpecieron la investigación de la voladura de la mutual judía y entorpecieron el trabajo del propio Nisman.
Puntualmente se sospecha que fue el responsable de "plantar" la pista iraní con el objetivo de embarrar la causa. A tal punto que es recordada una aparición televisiva de Moldes en la que exhibió un fragmento que adjudicó a la camioneta Trafic presuntamente utilizada como coche bomba en el atentado, algo que nunca fue probado.
Tres años después, en una devolución de gentilezas, Moldes consiguió que la hija del influyente abogado Jorge Anzorreguy, hermano de Hugo, asumiera como fiscal adjunta de la Cámara Federal, pese al rechazo público de 21 fiscales y 22 secretarios en una nota, en la que expresaban su "repudio y preocupación" por las designaciones. Eso porque la joven Anzorreguy no cumplía con los requisitos básicos que establecía la ley del Ministerio Público que se encontraba en ese momento en discusión en el Parlamento. Casualmente, Moldes era el titular a cargo de esa fiscalía.
Entre los fiscales que en ese momento se opusieron a las designaciones estaban Pablo Lanusse y José María Campagnoli, aunque el próximo miércoles marcharán todos juntos.
En 1991 fue secretario de Población durante la gestión de José Luis Manzano en el Ministerio del Interior. Sus vínculos con el menemismo volvieron a emerger en la historia reciente. En 2012, el juez Ariel Lijo sobreseyó a Carlos Corach, a Carlos Ruckauf y varios funcionarios del juzgado de Juan José Galeano, además de policías de la Federal y la Bonaerense, en la causa por el encubrimiento del atentado. La agrupación Memoria Activa apeló esa decisión y el fiscal Patricio Evers no hizo lugar. Entonces, los familiares de las víctimas del peor atentado terrorista de la historia argentina recurrieron al fiscal Nisman, pero su respuesta fue demoledora, afirmó que "no podía hacer nada porque Moldes sostenía el sobreseimiento", relataron.
En 2013, los integrantes de Memoria Activa fueron ante la procuradora general, Alejandra Gils Carbó y denunciaron que tanto Moldes, como Nisman, Evers y el fiscal Raúl Pleé, no cumplían con el deber constitucional de promover la acción penal y defender los intereses de la sociedad.
Gils Carbó ya tenía idea de a qué se enfrentaba. Página 12 reveló que cuando la procuradora asumió su cargo recibió a Moldes, quien le pidió que "recuerde que Gustavo Beliz quiso fusionar el fuero federal con el de instrucción y tuvo que irse a vivir a otro país".
Tras la muerte de Nisman, Moldes ocupó un espacio destacado en los medios por darle curso a la denuncia presentada en octubre pasado por los diputados del PRO Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo quienes daban cuenta de una presunta estructura de encubrimiento para favorecer al empresario Lázaro Báez en la que –según el periodista Omar Lavieri– podría quedar imputada la presidenta Cristina Fernández. Fue el 20 de enero, horas después de la muerte de Nisman.
Lo llamativo del caso fueron los argumentos de Moldes, que dio a conocer el portal de noticias Infobae, más parecidos a una arenga de oposición al gobierno que a un escrito judicial. "No habrá 'relato' ni argucia, ni reforma capaz de evitar que tarde o temprano todo salga a la luz. Cuanto antes nos pongamos en camino, antes llegaremos a destino. Después de todo, de nosotros depende", sostenía el fiscal.
El texto deja varios interrogantes, como por ejemplo determinar a quiénes se refería con ese "de nosotros depende".
RICARDO SÁENZ
Ricardo Sáenz es el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad y, como tal, será el encargado de revisar la tarea de Mónica Fein en la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Es además vicepresidente de la Asociación de Magistrados, e impulsor de uno de los recursos contra las designaciones de fiscales que efectuó Gils Carbó.
Sáenz es directivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información (CERTAL), una ONG que cobró notoriedad por pagar en 2012 el viaje de jueces y fiscales para participar de un seminario contra la Ley de Medios con todos los gastos incluidos en la ciudad de Miami.
Producto de aquel viaje, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pidió la recusación del juez Francisco Horacio de las Carreras, que participó del tour y debía intervenir en el contencioso por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Coordinadora General de dicha ONG es Ana Recondo, la hija del juez Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados y otro de los promotores de la marcha del silencio convocada para el 18 de febrero.
Sáenz es uno de los fiscales más mediáticos desde la muerte de Nisman, y en los pasillos de Tribunales se sospecha que sería el responsable de las filtraciones de información de la fiscalía que conduce Fein al Grupo Clarín.
El fiscal no oculta su oposición al gobierno nacional, como tampoco esconde su mirada sobre el pasado trágico de la Argentina. Son públicas sus consideraciones en contra de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y además fue defensor del represor ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides en una causa por privaciones de la libertad y desaparición de seis militantes de Montoneros que participaban de la "contraofensiva" en lo que se conoció como la operación "Murciélago".
RAÚL PLEÉ
Raúl Pleé es fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal. En 2013 fue denunciado por el CELS y Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los acusados del encubrimiento por la voladura de la sede de la AMIA.
Memoria Activa incluso advirtió que tanto Pleé como Germán Moldes se resistían a mandar a juicio a "sus ex compañeros de trabajo", en referencia al juez Juan José Galeano y otros funcionarios judiciales involucrados. En la misma línea, el CELS consignaba que "sin explicación, el fiscal de Casación, Raúl Pleé dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia".
Las diferencias con Alejandra Gils Carbó parecen tener sustento en el hecho de que la procuradora lo relevó de la Unidad Fiscal para la Investigación de Lavado de Dinero y creó entonces la Procelac, conducida por Carlos Gonella que en los primeros meses de actividad solicitó más embargos, secuestró más vehículos, inmuebles y dinero que Pleé en años.
El fiscal tiene también buenas relaciones con los medios hegemónicos. Cuando la presidenta Cristina Fernández relevó a Juan Félix Marteau como representante argentino ante el grupo contra el lavado de dinero (GAFI), este especialista pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las varias causa que se le abrieron por ese motivo. En su estudio trabaja María Celeste Pleé, la hija del ex fiscal antilavado.
Antes que eso, fue el propio Carlos Menem quien le solicitó al entonces procurador general Ángel Agüero Iturbe que designara al fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Plee para coordinar las investigaciones en todo el país vinculadas a la causa de la aduana paralela, que luego quedaría en la nada.
Domingo Cavallo le puso la lupa en el contexto de la pelea que lo enfrentó con el empresario Alfredo Yabrán. El ex ministro de Economía lo marcó a fuego al sostener que tanto Marquevich como el fiscal Pleé se encontraban relacionados con el empresario postal.
Otro de los episodios trágicos de la Argentina que lo tuvo como protagonista fue el ataque al cuartel de La Tabalada por los militantes del Movimiento Todos por la Patria. En el momento del inicio de la instrucción de la causa el fiscal federal de Morón era Santiago Blanco Bermúdez, pero en esa fecha estaba de licencia. Llegaron entonces al cuartel Pleé y el defensor oficial del juzgado federal de San Isidro Pablo Quiroga.
Según las crónicas de la época, Pleé y Quiroga formaron un equipo que no le daba espacio para actuar a Blanco Bermúdez, ya que no querían que se integrara a las reuniones que mantenían con los agentes de inteligencia tanto del Ejército como de la SIDE.
El abogado Rodolfo Yanzón, defensor de las víctimas de La Tabalada, mantuvo en el año 2000 un diálogo revelador con el entonces procurador Carlos Becerra. Yanzón le planteó al entonces jefe de los fiscales las irregularidades de la causa y Becerra lo cortó en seco: "Mire Yanzón, hay tres fiscales que trabajan directamente para el Ejército, dos de ellos son Pleé y Quiroga."
Hoy en día Pleé es fiscal de la Cámara de Casación Penal y titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, mientras que Quiroga es Fiscal Federal de la Cámara de Apelaciones de San Martín.
GUILLERMO MARIJUAN
El fiscal federal Guillermo Marijuan tiene motivos para estar enfrentado con el gobierno nacional. Alejandra Gils Carbó lo removió de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises). La procuradora lo acusaba de nombrar "a cualquiera" y hacer concursos de ingresos "no transparentes". Apenas unos días después de eso, Marijuan imputó a su jefa de los supuestos delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad" por su actitud ante el pedido para que removiera al titular de la Procelac, Carlos Gonella.
La labor de Marijuan en el Ministerio Público también aparece marcada por la investigación del atentado a la AMIA, particularmente en la causa que investiga el robo del video de la caja fuerte del ex juez Juan José Galeano.
Marijuan construyó un estrecho vínculo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cuando se desempeñaba al frente de la Anses y el fiscal estaba a cargo de la Ufises, la Unidad Fiscal especializada en delitos contra la Seguridad Social.
En el Frente Renovador reconocen que hoy Marijuan es el candidato que tiene en mente Massa para ocupar el cargo de procurador general de la Nación en el caso de que llegue a la Casa Rosada en las elecciones de octubre.
Cuando Massa estaba al frente de la Anses sufrió un duro revés. Un escrito interno de ese organismo denunció el robo de los datos de 12 millones de jubilados y trabajadores. Según la misiva estaba implicado un gerente de la Anses y un empresario cordobés. Rápido de reflejos, Massa se adelantó al escándalo para evitar la filtración a la prensa y presentó una denuncia precisamente ante Marijuán. "Hizo lo mínimo que se debe para que no digan que no hizo lo que correspondía", dijo entonces una fuente de la Anses al diario La Nación.
La causa no cobró impulso ni por el accionar del fiscal Marijuan ni por el de Massa, sino gracias a una exhaustiva investigación del juez Julián Ercolini. El periodista Horacio Verbitsky lo señala como el hombre más cercano al jefe del Frente Renovador en Comodoro Py.
El fiscal tiene un desempeño asombroso en la causa que investiga el presunto lavado de dinero por parte de 469 empresas –entre ellas el Grupo Clarín, sus principales directivos y compañías satélite– a través de la banca de inversión JP Morgan a partir de la denuncia del arrepentido Hernán Arbizu.
En más de cinco años, Marijuan presentó apenas dos escritos y la causa aún está en su etapa primaria de instrucción pese a que se trata de una evasión multimillonaria a partir de la presunta fuga de divisas.
A fines de la semana pasada su situación se complicó a partir de una presentación judicial que aportó pruebas sobre una presunta "autoamenaza de muerte" que se habría producido en el marco de su disputa con el gobierno nacional.
CARLOS STORNELLI
Carlos Stornelli alterna sus funciones de fiscal federal con sus tareas como jefe de Seguridad de Boca Juniors, puesto en el que fue nombrado por Daniel Angelici que no oculta sus estrechos vínculos con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El alcalde es uno de los más fervorosos convocantes a la movilización del 18F. De hecho, la marcha podría transformarse en el debut de Macri en una movilización masiva, ya que su participación política aparece limitada a actos en lugares cerrados y salpicados de globos de colores.
Stornelli es hijo del teniente coronel Atilio José Stornelli y yerno del general Llamil Reston, ex ministro del Interior y de Trabajo de la dictadura y procesado por delitos de lesa humanidad.
Son públicos los contactos de Stornelli con algunos sectores de la barra de Boca Juniors, pero además aparece vinculado por una investigación del periodista Horacio Verbitsky con un dispositivo armado por Massa durante su paso por la Anses del que participarían también Bonadio y otro funcionario del PRO, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.
Antes, Stornelli tuvo su paso como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. Su mano derecha fue, sorprendentemente, Soledad Spinetto, pareja de Rafael Di Zeo, uno de los históricos jefes de la barra de Boca. Su más resonante decisión fue deshacer la reforma de la Policía Bonaerense que había diseñado su antecesor León Arslanian.
Durante su gestión se sucedieron episodios como la desaparición de Luciano Arruga, caso en el que Stornelli reincorporó a los policías del destacamento de Lomas del Mirador que estarían vinculados al hecho; y la búsqueda de la familia Pomar, sobre la que el entonces ministro ofreció toda clase de explicaciones que quedaron en ridículo cuando se encontró luego el vehículo accidentado a pocos metros de la ruta por la que circulaba.
El fiscal es además autor de una de las frases más polémicas desde que el 18 de enero Nisman fue encontrado muerto en su departamento: "El caso es el primero de estas características y podría no ser el último”, aseveró.
MARTÍN LÓPEZ PERRANDO
El fiscal federal Martín López Perrando fue subsecretario de Seguridad de la provincia durante la gestión de Stornelli. La relación se terminó mal. Stornelli lo despidió luego de que López Perrando organizara una comida en la casa de un empresario de la que participó también el ex presidente Carlos Menem y las fotos del evento generaron alto impacto político.
Después de ese episodio, no dudó en sumarse a la gestión del PRO. De hecho, desembarcó en Vicente López de la mano del primo de Mauricio Macri, cuando Jorge se transformó en el intendente del distrito. López Perrando fue nombrado en 2012 Secretario de Seguridad de Vicente López. Incluso, en la ceremonia de despedida antes de su regreso a la fiscalía, Jorge Macri sostuvo que "a partir de hoy, Martín pasa a ocupar un rol diferente, de todas formas va a seguir formando parte de este proyecto, va a estar dándonos una manos constantemente."
Esa pertenencia al proyecto amarillo no le impide cultivar otros vínculos políticos. En 2005 compartió junto a Juan José "Juanjo" Álvarez –hoy cercano al líder renovador Sergio Massa– un viaje a Nueva York para entrevistarse con el tristemente célebre alcalde Rudolph Giuliani.
Fue denunciado por enriquecimiento ilícito pero el expediente no prosperó, al parecer gracias al lobby que habrían impulsado sus contactos en la justicia y pese a los comentarios habituales en los pasillos de los tribunales sobre el incremento patrimonial del fiscal.
CARLOS DONOSO CASTEX
El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios Nacionales (AFFUN) es Carlos Donoso Castex, titular del juzgado nacional en lo Criminal de Instrucción número 20 de la Justicia Ordinaria de la Ciudad, el mismo fuero en el que trabaja la fiscal Fein que investiga la muerte de Alberto Nisman.
Donoso Castex actuó en la causa por la investigación de la muerte de Lourdes Di Natale, la ex secretaria de Emir Yoma y testigo clave en el expediente por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Di Natale había empezado a recibir amenazas al poco tiempo de denunciar a su antiguo jefe Emir Yoma.
Donoso Castex dictaminó en dos ocasiones que se trató de un "accidente" y se opuso a la reapertura de la causa. Pese a ello, la investigación se reabrió y nuevas pericias permitieron establecer que se habría tratado de un asesinato.
Esa no fue la única participación polémica en causas vinculadas al poder político. En 2001 archivó la causa que trataba de determinar las responsabilidades de la represión policial que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. Donoso Castex archivó la causa por las lesiones a un joven que quedó parapléjico por la represión, pero la denuncia pasó luego al fuero federal donde se avanzó en la investigación por la salvaje represión.
En el pasado reciente fue uno de los testigos que defendió con fervor al fiscal de Núñez Saavedra, José María Campagnoli, se inclinó públicamente en contra del proyecto de democratización del Poder Judicial y militó entre los miembros de AFFUN para conseguir un pronunciamiento explícito con el argumento de las críticas a la posibilidad de que los funcionarios de la justicia paguen el Impuesto a las Ganancias.
Donoso Castex envió a Gils Carbó una carta en la que afirmaba que "se le hizo saber acerca de la gran preocupación existente en relación a las intenciones de querer aplicar el Impuesto a las Ganancias, ya que la Asociación que me toca presidir seguirá defendiendo firmemente el criterio contrario a tal iniciativa como se ha hecho históricamente con fundamentos legales, en forma uniforme, desde su creación".
CARLOS RÍVOLO
El fiscal federal Carlos Rívolo cobró notoriedad por el impulso que le dio al presunto tráfico de influencias y lavado de dinero contra el vicepresidente Amado Boudou, pero fue apartado de la causa por decisión del juez Ariel Lijo quien explicó esa decisión en la "manipulación de la instrucción y filtración de información".
En octubre de 2012, la procuradora general Alejandra Gils Carbó lo acusó de cobrar indebidamente un plus salarial por lo que se le abrió un sumario administrativo y el Estado le reclama la devolución de 97.940 pesos. El ex procurador Esteban Righi había denegado el pedido de Rívolo de cobrar ese plus salarial, pero el fiscal avanzó de todos modos.
Rívolo llegó en la década de los ’90 a la Fiscalía Número 2 de la mano del juez federal Jorge Ballestero, de quien fue secretario. Quienes conocen los pasillos de los tribunales recuerdan que el candidato natural para el cargo era Claudio Navas Rial, un hombre de gran prestigio académico que finalmente quedó como adjunto de la fiscalía.
La buena relación entre Rívolo y el gobierno de Carlos Menem se terminó cuando el fiscal pidió el procesamiento preventivo de Monzer Al Kassar.
El empresario Eduardo Saiegh lo acusa de haber impedido el avance de la investigación penal sobre el desapoderamiento durante la última dictadura cívico-militar del Banco Latinoamericano, del que fue fundador y accionista mayoritario. Saiegh fue secuestrado y torturado para concretar el desapoderamiento de las acciones.
En 2009, el empresario presentó una denuncia contra el ex presidente del Banco Central, Alejandro Reynal y el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz por crímenes de lesa humanidad y antisemitismo, pero asevera que la causa nunca avanzó porque el fiscal no la impulsó "injustificada e ilegalmente" por lo que le pidieron el juicio político.
PABLO LANUSSE
Pablo Lanusse fue fiscal entre 1993 y 2003 y es uno de los más activos impulsores de la convocatoria del próximo miércoles. Pablo es hijo de Jorge Manuel Lanusse, funcionario judicial primo del dictador Alejandro Agustín Lanusse.
Su militancia política en las filas de la oposición no es un secreto. En las elecciones de medio turno de 2011 fue candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en alianza con Francisco de Narváez y acompañado por la periodista Fanny Mandelbaum. Sin embargo desistió de su postulación luego de que el ahora integrante del Frente Renovador de Massa sellara una alianza con el radicalismo e impulsara la lista encabezada por Manuel Garrido.
Fue uno de los principales opositores al anteproyecto del Código Penal y un mes después de su presentación, en abril de 2014 se sumó al Frente Renovador como asesor en materia de seguridad. El romance duró poco. En julio dejó el massismo por diferencias "de forma". Desde entonces evalúa incorporarse a las filas del PRO, para lo que trabaja su amiga la diputada Patricia Bullrich.
Lanusse es abogado de la familia de Ángeles Rawson y fue quien recibió de manos del periodista del Grupo Clarín Roberto Canaletti una grabación en la que una mujer de nombre Beatriz Fuentes aseguraba que Sergio Berni había sobornado a los vecinos del edificio para que mantuvieran silencio sobre el caso, algo que luego se comprobó no era cierto. Fuentes, que había hecho sus declaraciones al diputado de la UCR de Santa Cruz, Eduardo Costa, fue imputada por falso testimonio.
LUIS CEVASCO
Luis Cevasco es el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), entidad que bajo la figura del "amicus curiae" (amigos del tribunal) se sumó a principios de año al amparo presentado por la Asociación de Magistrados para intentar frenar el nombramiento de 16 fiscales generales designados por Gils Carbó.
Cevasco tiene un largo recorrido en el cargo. Ya en 1998, como fiscal y titular de la Comisión Experimental de Fiscales para Delitos Complejos presentó un informe en el que se oponía a que el genocida Jorge Rafael Videla fuera juzgado por el delito de robo de bebés. Cevasco coincidió en la causa con el argumento de "cosa juzgada" que impulsaba la fiscal de la causa, Rita Ester Molina.
Las crónicas periodísticas de la fecha dan cuenta de la sorpresa de voceros consultados por el diario Clarín, "al comprobar que el dictamen de la fiscal Molina tiene apenas tres carillas y párrafos calcados de la presentación que hicieron los abogados de Videla".
En 1995, Emilio Jaján, enemigo declarado de la accionista mayoritaria del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fue condenado en un juicio que le había iniciado la empresaria acusándolo de adulterar evidencias para sustentar la querella que le había impuesto por el cobro de importantes honorarios.
Cuando el tribunal ya había condenado a Jaján, ingresó la esposa del reo, Ana Elisa Feldman, quien pidió denunciar un delito. En la sala de acuerdos y en presencia de los miembros del tribunal y del fiscal Luis Cevasco, Feldman entregó dos fotocopias de actas de partidas de nacimiento "presentadas por doña Ernestina Laura Herrera de Noble de los niños adoptados respectivamente con los nombres de Marcela y Felipe Noble Herrera, en las cuales no figura ni nombre de padre no nombre de madre." La denunciante recuerda que Cevasco buscaba incomodarla, la interrumpía todo el tiempo e intentaba que se contradijera.
El fiscal aparece también vinculado al PRO, a tal punto que fue quien denunció a los metrodelegados por el conflicto desatado en 2012 en torno al reclamo por las paritarias luego de la transferencia del subterráneo porteño a la esfera de la Ciudad, tal como reclamaba el propio Macri.
Cevasco testa conectado con la asociación civil Unidos por la Justicia, que según reveló Página 12 recibió cuantiosos subsidios del gobierno de la Ciudad en los últimos años, integrada por fiscales y jueces que tuvieron un ascenso fulgurante en la justicia porteña.
También en sintonía con la voluntad del PRO, el año pasado vinculó al kirchnerismo con "una asociación ilícita" durante la toma de terrenos de Villa Lugano.
JOSÉ MARÁ CAMPAGNOLI
José María Campagnoli es el fiscal que tiene el mayor número de denuncias en su contra, 20 en total, la mayoría impulsada por jueces, otros fiscales y abogados. Ese récord negativo incluye desde acusaciones por abuso de autoridad, espionaje ilegal, intimidaciones, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de patente, hostigamiento y discriminación.
A Campagnoli se lo acusó de recibir dictámenes redactados por los abogados del Grupo Clarín. La Justicia Federal tramita una causa penal contra el fiscal y uno de los abogados del estudio Sáenz Valiente (que asesora a Clarín) con el objetivo de determinar si parte de la investigación que surgió de su fiscalía en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez tuvo como origen al propio Grupo Clarín. Como evidencia de esta supuesta maniobra se aportó una prueba documental que implica una situación irregular: el borrador del dictamen que Campagnoli emitió en la causa por supuesta extorsión en perjuicio del financista Federico Elaskar estaba en poder de uno de los abogados del multimedios que lo presentó, incompleto, como prueba oficial en el marco de un juicio civil.
Su fiscalía decía acumular 3900 causas pero tras la suspensión por parte del Consejo de la Magistratura, se demostró que de todas ellas sólo 380 eran reales. Los empleados de su fiscalía responden a características muy precisas: son varones, nacionalistas, ultracatólicos, preferentemente rugbiers y militantes del PRO.
Uno de los expedientes más frondosos es el que se instruyó por su actuación en el Barrio Mitre donde enviaba a su equipo a tomar fotografías de manera ilegal con una cámara oculta, procedimiento que también utilizaba con los propios funcionarios de la fiscalía. Pese a ello, en junio del año pasado fue nombrado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña a instancias del bloque del PRO.
Está claro que estos fiscales tiene motivaciones de sobra para marchar.. «
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Nisman: CFK vinculó a Diego Lagomarsino con el Grupo Clarín
La Presidenta afirmó que el empleado que le prestó el arma al fiscal tiene un hermano que trabaja para un estudio socio del multimedio.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló esta noche por medio de una cadena nacional grabada a Diego Lagomarsino, el técnico informático le prestó el arma que le causó la muerte al fiscal Alberto Nisman, como “un feroz opositor” vinculado al Grupo Clarín.
“Uno de los datos que apareció es que la pistola que había producido la muerte del fiscal Nisman pertenecía a un empleado de su propia fiscalía, experto en informática, que tenía una íntima relación y que fue la última persona que lo vio con vida y que habló con él”, comenzó a relatar la Presidenta.
“Esta persona, además, es un feroz opositor al Gobierno. Pudimos advertir por su cuenta de Twitter, las cantidad de groserías e insultos. Esos agravios, casi con un contenido machista, están dirigidos a la Presidenta de la República”, señaló Cristina.
Sin embargo, la mandataria fue aún más lejos y vinculó directamente a al empleado con Clarín. “El señor Diego Angel Lagomarsino no solamente es un feroz opositor si no que además es el hermano de un importante ejecutivo del estudio Saenz, socio del Grupo Clarín. Es el gerente de informática del Grupo Clarín”.
“La pregunta que me hago es la siguiente: por qué estos datos no salieron a la luz, ningún periodista de investigación mencionó esto. ¿Si en lugar de que el arma perteneciera a Lagomarsino, hermano de un importante ejecutivo de empresas vinculadas al Grupo Clarín, hubiera sido un fervoroso militante del Frente Para la Victoria y hubiera tenido un hermano con un importante cargo en el Poder Ejecutivo, qué se estaría diciendo?”, hipotetizó y comparó.
Por último, la Presidenta explicó que orden: “Por eso pedí especial protección para Diego Ángel Lagomarsino. Uno leía los diarios y decían que estaba en un hotel con más de quince custodios. Al otro día nos enteramos que el señor no tenía custodia, cuando la fiscal no lo podía ubicar y se ordenó su no salida del país”.
En relación a la prohibición de viajar al exterior, Cristina Fernández concluyó: “tenemos información del ministerio del Interior que el señor comenzó a tramitar su pasaporte el día 14 del corriente mes, día en que el fiscal Nisman presentó su denuncia. Por supuesto, ese pasaporte fue retenido y no fue entregado. Seguramente la fiscal le pedirán información al ministerio del interior.”
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www.infonews.com/.../politica-183083-los-tuits-de-lagomarsino-contra-c...
27 de ene. de 2015 - En su cuenta de Twitter, Diego Lagomarsino publicó varios tuits en contra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, durante la ... |
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Muere sólo el 36% de los que sufren un disparo en la cabeza con una .22
Un estudio del Departamento de Policía de Chicago, EE.UU., registra que el nivel de decesos provocados por esta munición es bastante menor de lo pensado. Galería de imágenes.
La muerte del fiscal federal Alberto Nisman no deja de generar dudas que alejan cada vez más la hipótesis de suicidio. El proyectil que terminó con la vida del fiscal de la causa AMIA corresponde a un calibre .22 y coincide con el arma hallada en la escena del hecho, una Bersa que le habría sido entregada por Diego Lagomarsino.
Una estadística de reportes de ataques con armas de fuego elaborada por el Departamento de Policía de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, determinó que sólo el 36% de los impactos de bala en la cabeza provocados por calibres .22 resultaron mortales. La cifra es menor, incluso, que la de los impactos provocados en la zona del pecho o abdomen.
La tasa de mortalidad provocada por un impacto de bala de cualquiera de los otros calibres de pistolas duplica el poder de daño de un calibre .22.
El calibre .22 fue creado en 1857 para el primer revolver de la histórica armería Smith & Wesson. Su poder de impacto es el más bajo de todos los calibres existentes. A fines del siglo XIX, la empresa Stevens desarrolló el proyectil .22RL que aún hoy se utiliza en las pistolas de dicho calibre. Su poder de daño inmediato es el menor de todos, por lo cual nadie la recomienda para defensa personal y es popular en la caza menor y tiro deportivo.
Generalmente, las muertes producidas por los impactos del calibre .22RL se deben a las complicaciones derivadas de las heridas no tratadas con urgencia, con claras excepciones de impactos certeros en zonas vitales.
Conocida en la jerga policial como una bala “caminera”, es un proyectil que una vez que ingresa al cuerpo se “aplasta” y, dependiendo de la distancia del disparo, puede desplazarse internamente. Por ello es que para ser utilizada para la caza menor o la defensa personal, se acostumbra usar proyectiles de punta hueca o chata, que al ingresar al cuerpo se frenan, provocando un daño mayor.
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Cuarto operativo de la Federal en el departamento del fiscal Nisman: dudas en registros del edificio
Las divisiones de Delitos Tecnológicos y Homicidios peritaron las cámaras de seguridad del edificio Le Parc de Puerto Madero.
Desde hace más de cuatro horas, la Policía Federal trabaja en las Torres Le Parc de Puerto Madero para realizar el cuarto operativo en cinco días en el edificio del fiscal Alberto Nisman. Según trascendió, habrían encontrado irregularidades en el registro de visitas de la torre Boulevard, en la que vivía el fiscal federal de la causa AMIA.
Al lugar llegaron las divisiones de Delitos Tecnológicos y de Homicidios para analizar el sistema de las cámaras de seguridad del edificio, vitales en la investigación, que transcurre bajo tres hipótesis: suicidio, suicidio inducido y homicidio.
En el tercer caso, el resultado que arrojan las cámaras de seguridad del edificio es elemental, para concluir quienes estuvieron en las inmediaciones del edificio de Nisman durante el último fin de semana de su vida.
La atención de los investigadores está puesta en todas las inmediaciones del edificio. Por eso, solicitaron los resultados de las 150 cintas de todo el predio, incluídos de las otras dos torres. El operativo comprende también las cámaras e instalaciones de la cochera subterránea.
Se trata del cuarto operativo que se desarrolla en el lugar durante esta semana. Hubo procesos policiales el lunes, el miércoles y jueves. Tanto el juez subrogante Manuel Campos, como la magistrada competente Fabiana Palmaghini; y la fiscal Viviana Fein, que regresó al lugar ayer por la tarde.
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De: OSCARJ |
Enviado: 27/02/2015 12:26 |
ESTAMOS EN
GRACIAS POR TODOS TUS BONITOS APORTES
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EL LLORÓN DIEGO LAGOMARSINO NO ES CUALQUIER " FICHITA " ... ¡ OJO !!
Los que nadie mira:
Hay algunos hechos que rodean la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, que llaman la atención; sin embargo, para la fiscal que investiga la causa de su deceso, no parecen revestir importancia.
El primero es quién le dio el arma al occiso.
Diego Lagomarsino, contratado por la Fiscalía de Nisman, con una facturación mensual de 40.000 pesos, para realizar no se sabe qué.
Este contratado, estuvo en el departamento particular del titular de la fiscalía que lo contrató, un día sábado y le llevó una pistola Bersa calibre 22.
Un arma igual a la que Nisman tenía registrada a su nombre en el RENAR; y que hasta ahora, no aparece.
Diego Lagomarsino, fue presentado ante la prensa como un buen chico, que vive con los padres, que está muy asustado y muy deprimido por lo sucedido.
No es para menos.
Cualquiera empatizaría con él.
Hasta que uno se pone a buscar datos sobre Diego, y encuentra que tiene un hermano, Gerardo que está empleado en el estudio Sáenz Valiente; el mismo que es parte o está asociado al grupo Clarín.
Entre sus méritos, está haber trabajado para el Bank of New York y para el Chase Manhattan Bank, ambos bancos vinculados a la pelea con los fondos buitres; siendo que al primero se le suspendió la licencia para operar en nuestro país.
Recordarán que la representación del BoNY en Argentina, la ejercía la sobrina del que firmó el Megacanje, Federico Sturzenegger, hoy diputado PRO.
Avanzando un poco más sobre la profesión de Diego Lagomarsino, es que aparece la sorpresa.
Su empresa CITOS (Corporate It Outsourcing Services) tiene oficinas en Miami, Santiago de Chile y Buenos Aires.
Esto no sería tan extraño, si no hubiera sido que el auto en el que se movilizaba el fiscal federal Alberto Nisman, estaba a nombre de Fabián Picón y Eugenio Ecke , siendo que este último estuvo vinculado judicialmente al crimen de José Luis Cabezas; y a los saqueos que provocaron el estallido social del 19 y 20 de diciembre en 2001 dejando decenas de muertos en todo el país.
Eugenio Ecke además está vinculado al agente de la CIA, Frank Holder a través de la agencia Kroll; y a Mariano Grondona, (American Task Force Argentina) al haber estado casado con María Grondona Lynch.
Holder y Ecke eran “compañeros de trabajo” en el Grupo Exxel, el que “compró” las empresas de Yabrán, una vez que aparecieron todos los trapitos al sol del empresario vinculado a la AMIA; a tráfico de drogas, armas, correo, distribución, logística y free shops.
El grupo Exxel compró además, entre 1993 y 1999 diferentes empresas entre las cuales había desde supermercados hasta la cadena Musimundo. Hoy redujeron su cartera quedándose con negocios menos visibles, como los aparatos detectores de explosivos.
En los siguientes links se puede avizorar un poco cuáles eran estos negocios y cómo silenciosamente se fueron desprendiendo de ellos, casi, sospecho, coincidentemente con la estatización del servicio de logística del aeropuerto.
Entre los que nadie mira, está el que dio primero la noticia de la muerte del fiscal Nisman.
El día domingo 18 de enero, a las 23,35 horas, cuando apenas había llegado el juez a la casa del fiscal, Damián Pachter, periodista del Buenos Aires Herald, tuitea que tenía información sobre un incidente en la casa de Nisman.
Minutos después, tuitea:
“Encontraron al fiscal Alberto Nisman en el baño de su casa de Puerto Madero sobre un charco de sangre. No respiraba. Los médicos están ahí”.
Nada que no se supiera unos minutos después. Nada raro con esa información, que si bien tuvo el privilegio de ser primicia, no infiere ningún delito que pudiera achacársele al periodista.
Hasta ahí todo bien, nada que ningún otro periodista con semejante información, hubiera hecho de manera diferente.
Hasta hace 48 horas en las que montaron una opereta de “periodista perseguido por el gobierno”aunque no aclara nadie por qué lo persguirían.
Para darle viso de credibilidad a su denuncia, se quedó sin afeitar un par de días, y se sacó las fotos en el aeropuerto, con el pasaje en la mano, “una gorra para no ser reconocido” (sic Infobae).
Es de suponer que si alguien es perseguido por un Estado, trate de huir de ese país, con la mayor discreción posible.
Pues no parece ser el caso de Damian Pachter, quien citó en el aeropuerto a dos periodistas, uno de Clarín y otro de Infobae.
Se sacó al menos 10 fotos ante la policía de seguridad aeroportuaria.
Se paseó ante las cámaras de seguridad que cuentan con el programa de reconocimiento facial.
Y argumenta en la nota que le hacen estos periodistas, que está siendo perseguido por haber publicado la misma información que minutos después recorría el país.
Parece que los tres años que el ciudadano israelí, Damián Patcher pasó en el ejército de ese país, no le enseñaron nada. O sí.
Ya que sale del país, 48 horas después de conocerse la noticia de que el auto de Nisman no era de él, sino de un empresario vinculado a la CIA.
Hasta ese momento, Damián Pachter tuiteaba feliz, charlaba con sus amigos, trabajaba normalmente en la redacción de Ambito financiero…
Que haya elegido Clarín (vinculado a Frank Holder y la CIA) y a Infobae, el diario de Daniel Hadad que está vinculado a Mario Montoto el vendedor de armas y elementos de seguridad, que es vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí; tampoco puede ser casualidad.
La operación de Pachter, sigue desde el exterior, más precisamente desde Israel, al igual que la de un amigo de Nisman , así se presenta Gustavo Perednik, que apareció en los medios para hablar mal del gobierno nacional y difundir la nueva supuesta denuncia de Nisman contra la presidenta de la nación.
Metiendo el perro:
Hay otra persona a la que la Fiscal Viviana Fein debería tener en cuenta y aún no la vio.
Es la diputada del PRO, Patricia Bullrich.
Ella estaba a las 2 de la mañana en la puerta de la casa del Fiscal Nisman al conocerse la noticia de su muerte.
Dio datos sobre los llamados que habían intercambiado el día sábado para ponerse de acuerdo con la presentación de la denuncia por encubrimiento que debía exponer ante el Congreso.
Es una de las últimas personas que habló con el occiso.
Aparece en la puerta de su casa al conocerse la noticia.
No dejó canal de TV sin visitar para hablar sobre el supuesto encubrimiento del gobierno hacia los supuestos iraníes, sin aportar más datos que su palabra que proviene de lo dicho por el fiscal que ya no puede hablar.
Carolina Serrano era el nombre de “guerra” de Patricia Bullrich en la organización Montoneros.
Era la hermana de Julieta Bullrich la pareja de Rodolfo Galimberti, jefe montonero encargado junto a Mario Montoto de la compra de armas.
Se las compraban a Monzer Al Kassar, el traficante de armas y drogas que en los 70 les fue presentado por el empresario Jorge Antonio.
Al Kassar, el traficante estaba vinculado no sólo al gobierno de Carlos Saúl Menem, sino también a su ex ministro del Interior José Luis Manzano (hoy en el Grupo UNO, junto a Vila y De Narváez) y a Emir Yoma, con quienes realizaron la venta de armas a Croacia y Ecuador.
Estas transacciones de armas fueron prolijamente descriptas por Mariano Perel (asesinado ) y por Lourdes di Natale (“suicidada”) cuya causa por su extraña muerte fue juzgada y archivada por la jueza Fabiana Palmaghini (la misma que hoy debe investigar la dudosa muerte de Nisman).
El financista de esas maniobras, según dijo Perel , era Rubén Beraja, titular de la DAIA en el momento de la explosión.
Jorge Antonio, además de ¿amigo? de Monser Al Kassar era muy amigo, de la jueza Riva Aramayo.
Jueza que junto al juez Galeano pergeñaron desviar la investigación plantando pistas falsas, y para eso coimearon a Telleldín, y al policía bonaerense Ribelli.
Riva Aramayo es la que hizo nombrar juez a Gabriel Cavallo, hoy abogado de Clarín al igual que Jorge Anzorreguy, el hermano de Hugo, que cuando explotó la AMIA-DAIA, era jefe de la SIDE; de donde salió el dinero para esas coimas.
Cavallo es el juez que sobreseyó a los involucrados en la causa ARMIAS (Jorge Orlando Pacífico, procesado en la causa AMIA y en el robo de armas al ejército)
Riva Aramayo, alias la Piru, falleció. En esos años, tenía como secretario a Ariel Lijo. El mismo juez que debe juzgar el encubrimiento de la causa.
El mismo juez al que Nisman le llevó esta denuncia por el supuesto encubrimiento, de la que hoy nadie habla, pero sigue en el despacho del juez que habilitó la feria para darle curso.
El mismo juez que visita la embajada de EEUU y cuyo hermano era auditor en las reuniones de Galeano con Telleldín y Ribelli.
La Cámara le había pedido a Lijo que eleve a juicio oral este año, dicha causa. Al agregar una nueva denuncia con muchos involucrados y 350 fojas, podría estirar un poco los plazos y así no verse comprometido a resolver este nudo gordiano de pistas falsas que es esta causa.
En la misma causa se juzga por encubrimiento a Fino Palacios, que salvó del allanamiento a los sirios; a Galeano por sembrar pruebas falsas con Telleldín y Ribelli; y ahora el mismo fiscal que investigó todo eso, agrega al estofado el supuesto encubrimiento de los iraníes que la CIA y la SIDE de Anzorreguy le dijeron que debía culpar , pero no presentó nunca una prueba concreta de su responsabilidad en el atentado.
Es extraño que Patricia Bullrich ponga tanto énfasis en culpar a los iraníes, ya que su primo, Abdul Karim Paz, es el imán de la mezquita at Tauhid, donde iba Yusuf Khalil, el de las escuchas telefónicas que motivaron la denuncia de Alberto Nisman contra la presidenta de la nación.
Bueno, el nombre legal no es Abdul Karim Paz, es Santiago Ricardo Paz Zuberbühler Bullrich.
Pero a pesar de las vinculaciones que Nisman decía que había entre Yusuf Khalil y los iraníes que él sindicó a pedido de la CIA como responsables del atentado, jamás se le ocurrió vincularlo a la posible protección que podría haber dado a estos “terroristas” mientras estuvieron en suelo argentino.
Una pregunta posible sería : ¿Fueron los iraníes que culpó Nisman y el primo de Patricia Bullrich es encubridor?
¿ Puede Abdul Karim Paz, la mano derecha de Mohsen Rabbani, imputado por ser la conexión local de los terroristas desde 1987, haber desconocido que se le brindaba protección a los iraníes que perpetraron el atentado?
¿Puede estar detenida la causa por encubrimiento, por encontrarse todos los iraníes en otro país, con pedido de captura, pero no indagarse a la mano derecha del imán Rabbani?
Abdul Paz sostiene la inocencia de los iraníes mencionados por Nisman en sus farragosos e incomprobables dictámenes.
Y aunque se le ocurrió pensar que podía estar en peligro, prefirió reservarse el pensamiento y no intervernir, tal vez para no complicarse. O tal vez, porque ahora que ya pasó, puede aprovechar la ocasión para desmentir a Nisman sin ser objeto de ataques.
A pesar que la lógica indica que el nexo con Irán debería haberse investigado desde la mano derecha de uno de los imputados, en lugar de un asistente a la mezquita, parece que al Poder Judicial argentino, le cuesta mucho incluir en sus informes a las familias patricias, al punto de ni mencionarlos.
Las conexiones entre traficantes de armas, financistas, iraníes, y con los lavadores de dinero unen a Patricia Bullrich.
Uno de los lavadores de dinero españoles a los que les entregó la empresa Aerolíneas Argentinas por la módica suma de UN EURO; terminó creando el diario Crítica de la Argentina, junto a:
Gabriel Cavallo ex juez de la causa de encubrimiento al atentado;
Pablo Jacoby: socio del anterior en el estudio jurídico J-C asociados y abogado de Memoria Activa.
Fernando De Santibáñez: ex jefe de la SIDE, sucesor de Hugo Anzorreguy
Jorge Lanata: empresario fallido en al menos dos ocasiones, con experiencia en fundir medios y no pagar las indemnizaciones correspondientes. Hoy trabajando al igual que Cavallo en el Grupo Clarín con clara intencionalidad política.
Tal vez, debería investigarse cuál es la vinculación real de Patricia Bullrich con la Causa AMIA y estos nefastos personajes que siempre la rodean.
Porque si mueve la cola, tiene cuatro patas y ladra, la lógica indica, que se trata de un perro.
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Y MEJOR SI ES COLOMBIANO Y TOMADO EN ITALIA.
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